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A la República de Panamá – Órgano Ejecutivo

[C-0092]

CONSORCIO OMEGA

v.

República de Panamá

Notificación de Controversia

bajo el Convenio entre la República de Panamá y Los Estados Unidos de América sobre el
trato y la protección de la inversión del 27 de octubre de 1983, según enmendado.

3 de marzo de 2015

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OMEGA ENGINEERING, LLC, una sociedad de responsabilidad limitada, organizada y existente ante la leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, territorio de Estados Unidos de América, con domicilio en 954 Avenida Ponce de León, Miramar Plaza Center, Oficina 400, San Juan, Puerto Rico (D-2), según Convenio de Consorcio suscrito entre las partes el 5 de marzo de 2012 (D-3) (en adelante, “Omega” o el “Inversor”), representada por su Representante Legal en la República de Panamá, el ingeniero Frankie J. López, varón, ciudadano estadounidense, con pasaporte No. 404583183, en su capacidad como la matriz del CONSORCIO OMEGA, el cual incluye a OMEGA ENGINEERING, INC., una sociedad anónima debidamente constituida conforme a las Leyes de la República, y registrada en el Registro Público de Panamá, a la Ficha 679896, Documento 1672002, Sección de Micropelículas (Mercantil) con domicilio en Plaza Banco General, Oficina 16AC, Calle Aquilino de la Guardia esquina Calle 50 en Bella Vista, Ciudad, República de Panamá (D-1) se dirige al Órgano Ejecutivo de la República de Panamá para notificarle la existencia de una controversia bajo los términos del Artículo VII del Convenio Bilateral entre la República de Panamá y Los Estados Unidos de América sobre el trato y la protección de la inversión, del 27 de octubre de 1982, según enmendado en los términos que se describen a continuación:

El Covenio Bilateral no requiere una notificación formal de controversia. No obstante, Omega, sin renunciar a ninguno de sus derechos, realiza la presente notificación con el objetivo de que, en la medida posible, las partes de la controversia puedan alcanzar un acuerdo amistoso que evite la necesidad de someterse a arbitraje.

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I. CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE EL TRATO Y LA PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN

1. La República de Panamá y Los Estados Unidos América (en adelante, “EEUU”) subscribieron un Convenio Bilateral sobre el trato y la protección de la inversión el 27 de octubre de 1983, publicado en la Gaceta Oficial de Panamá número 20380 del 29 de agosto de 1985 (D-4) como Ley 12 de 27 de octubre de 1983, enmendada mediante la Ley 2 del 10 de enero de 2001, publicada en la Gaceta Oficial de Panamá número 24219 del 15 de enero de 2001 (D-5), y publicado en los Estados Unidos bajo el título "Treaty Between the United States of America and the Republic of Panamá Concerning the Treatment and Protection of Investments, October 27, 1982, S. Treaty Doc. 99-14 (1986)"(en adelante, el “Convenio Bilateral"). Bajo el Artículo II(2) del Convenio Bilateral, Panamá está obligada a dar a los inversionistas Estadounidenses un trato justo y equitativo, concediendo protección y seguridad total en su territorio, conforme con las leyes nacionales aplicables y el Derecho Internacional.

2. Asimismo, el Artículo II(2) del Convenio Bilateral, también le prohíbe a Panamá entorpecer en forma alguna, por medidas arbitrarias y discriminatorias, la administración, operación, mantenimiento, uso, usufructo, adquisición, expansión o enajenación de las inversiones protegidas por el Convenio Bilateral.

3. Además, el Artículo II(3) del Convenio Bilateral le prohíbe a Panamá dar un trato distinto a las inversiones bajo el Convenio que estén en competencia con inversiones de sociedades panameñas.

4. El Artículo IV(1) del Convenio Bilateral prohíbe a Panamá someter cualquier medida directa o indirecta que tenga el efecto equivalente a la expropiación o nacionalización de inversiones protegidas bajo el Convenio Bilateral, salvo por motivos de utilidad

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pública o de interés social, mediante el pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva.

II. LA INVERSIÓN DE OMEGA A LA QUE SE REFIERE LA NOTIFICACIÓN: PROYECTO CIUDAD DE LAS ARTES (PANAMÁ)

1. La inversión de Omega en Panamá a la que se refiere la presente notificación es la relativa al Contrato que contempla los estudios, diseño, suministro de materiales, mano de obra, equipo, administración, financiación y construcción del proyecto Ciudad de las Artes por un monto de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO BALBOAS con 00/100 (B/.54,527,345.00) (en adelante, el “Proyecto").

2. El diseño y la ejecución del Proyecto representa la primera obra de estas características en Panamá, el mismo se ubica en un predio de 12 hectáreas de terreno donde actualmente reside el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (en adelante, “MARTA”), en el Sector de Llanos de Curundú y busca establecer un núcleo central para el desarrollo de las bellas artes, con miras a convertirse en el polo artístico y educativo más importante de la región. Esta iniciativa está inspirada en las ciudades creativas del United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), basada en la idea de darle vital importancia a la gestión cultural de masas y el cultivo de las artes para el desarrollo humano social.

3. La obra tendrá un impacto directo en las próximas generaciones de jóvenes talentos al abrirse espacios en un campus donde la creatividad será el ente propulsor de miles de estudiantes que transitarán diariamente, formando una relación inescindible entre la educación y cultura.

4. El Proyecto se desarrolla en un polígono de propiedad del Instituto Nacional de Cultura, localizado en el Sector de Llanos de Curundú. El Proyecto está compuesto

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por las diferentes escuelas del Instituto Nacional de Cultura (en adelante el "INAC"), a saber:

• Edificio de la Escuela de Teatro y Edificio de Exposiciones – Auditorio (Remodelación del MARTA)
• Edificio de la Escuela de Danzas y Ballet
• Edificio del Instituto Superior de Música (Escuela de Música y Sede de la Sinfónica Nacional)
• Edificio de la Escuela de Artes Plásticas
• Edificio de Teatro Multifuncional y Biblioteca
• Estacionamientos

5. Omega ostenta dicha inversión a través de un acuerdo de consorcio entre OMEGA ENGINEERING, INC., en carácter de Sociedad de otra Parte, a tenor con lo establecido en el Artículo VII (5) del Convenio Bilateral, según enmendado por la Ley 2 del 10 de enero de 2001; y OMEGA ENGINEERING, LLC, en carácter de Sociedad de una Parte, conforme a la definición otorgada en el Artículo I(1)(c) y VII (5) del BIT.

6. A fin de llevar a cabo el Proyecto, Omega hizo una inversión de esfuerzo y recursos económicos con el objetivo de cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato.

7. Se trata, por tanto, de una inversión en el sentido de los Artículos I y VII del BIT que resulta estrictamente protegida por dicho Tratado (en adelante, la “Inversión”). Sin las protecciones establecidas en el Convenio Bilateral, el Consorcio Omega no hubiera invertido en Panamá ni hubiera subscrito el Contrato.

8. El Órgano Ejecutivo de la República de Panamá tiene pleno conocimiento de todas las cuestiones relativas al Proyecto. A estos efectos, Omega y Panamá, a través del INAC, celebraron el Contrato, enmendado mediante Adenda No.1 que fue debidamente perfeccionada y refrendada por la Contraloría General de la República de Panamá, el 22 de abril de 2013 (en adelante, la “Adenda") (D-6)(D-8). El INAC

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es una dependencia oficial del Órgano Ejecutivo y es parte del gobierno unitario de Panamá.

9. De modo resumido, a continuación enumeramos los principales hitos administrativos relativos a dicha Inversión, a efectos de realizar una mera descripción de los hechos sin introducir todavía valoración alguna por parte del Inversor:

• Mediante Licitación por Mejor Valor No.2012-1-30-0-08-LV-002784, convocada el día 5 de enero de 2012 y celebrada el día 21 de marzo de 2012, el INAC publicó una convocatoria a los proponentes interesados en participar en el Acto Público de Selección de Contratista y Pliego de Cargos, para la "Contratación de los Estudios, Diseño, Suministro de Materiales, Mano de Obra, Equipo, Administración y Construcción del Proyecto Ciudad de las Artes" (en adelante, el “Pliego”) (D-9), con fundamento en lo establecido en el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 (en adelante, “Ley 22”)(D-7), en el que participaron como oferentes cinco (5) empresas y/o consorcios.
• En la oferta presentada por Omega al INAC en respuesta al Pliego, y aceptada por el INAC, Omega incluyó un cronograma de pagos parciales (Formulario No.6) (D- 10) que definía cómo se proponía llevar el flujo financiero del Proyecto. En la misma explícitamente se detalló una partida por concepto de un pago anticipado a tenor con las disposiciones de la Ley 22. Además, en el cronograma de ejecución estaba identificada la actividad No.10 Anticipo (20%) (D-11).
• Mediante Resolución No.184-12 DG/DAJ de 11 de mayo de 2012, se adjudicó la Licitación por Mejor Valor No.2012-1-30-0-08-LV-002784 a Omega para la "CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CIUDAD DE LAS ARTES", por la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO BALBOAS con 00/100 (B/.54,527,345.00), incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes

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Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE BALBOAS CON 49/100 (B/.3,567,209.49) (D-12).

• Como consecuencia de la adjudicación antes mencionada, el INAC suscribió el Contrato con Omega.
• Para garantizar las obligaciones de Omega, a tenor con la Ley 22 y el Contrato, Omega consignó la Fianza de Cumplimiento No. 85B64510, otorgada por ASSA Compañía de Seguros, SA, (en adelante, “ASSA”) el 26 de junio de 2012, por el valor de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS BALBOAS CON 50/100 (B/.27,263,672.50) (D-13).
• Las Fianzas otorgadas por ASSA a favor de Omega son a su vez reaseguradas por Travelers Casualty and Surety Company of America (en adelante, “Travelers”), quienes garantizan todas la fianzas de Omega en Panamá, como en todas las jurisdicciones donde opera Omega, como sí o a través de alguna de sus afiliadas.
• El Contrato fue debidamente refrendado por la Contraloría General de la República de Panamá el 19 de septiembre de 2012.
• El Contrato establece en su Cláusula No. 5, un plazo de entrega final de la obra de seiscientos cuarenta y cinco (645) días calendarios, contados a partir de la fecha de la orden de proceder.
• El 29 de enero de 2013, el INAC adjudicó a Sosa Arquitectos Urbanistas y Consultores S.A. (en adelante, el “Inspector”) los servicios de Inspección y Control de Obras para la ejecución del Proyecto (D-14).
• El 14 de junio de 2013, Omega cedió a Credit Suisse AG, Cayman Island Branch (en adelante, “Credit Suisse"), la cantidad de CINCUENTA MILLONES

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NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO BALBOAS con 51/100 (B./50,960,135.51), mediante Contrato de Cesión, otorgado por escritura pública 15,671 (en adelante, el “Contrato de Cesión”) (D-15). Dicha cesión de créditos fue debidamente registrada y notificada, según se hace constar por el refrendo de la Contraloría General de la República con fecha de 9 de julio de 2013 (D-16).

• Credit Suisse designó al Banco HSBC (Panamá) S.A., (ahora Banistmo S.A.), su Agente Local de Gestión de Cobros.
• La Orden de Proceder requerida por la Cláusula No. 5 del Contrato fue debidamente emitida por el INAC y notificada a Omega el 27 de septiembre de 2012 (en adelante, la “OP”). La OP estableció que los trabajos relacionados con el Contrato y el término de seiscientos cuarenta y cinco (645) días calendarios antes descrito, deberían comenzar a partir del 1ro de octubre de 2012 (D-17).
• A tenor con la OP, los trabajos relacionados con el Contrato debían ser concluidos durante el mes de julio de 2014. No obstante, el INAC notificó a Omega que habían sido informados por el Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante, el “MEF”), mediante nota N DdCP/AL/238 del 20 de marzo de 2012, que no contarían con la asignación presupuestaria para hacerle frente al pago de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO BALBOAS con 00/100 (B/.54,527,345.00) durante el periodo fiscal 2014 y que, por ende, se debía establecer una fecha de terminación y/o pago durante la vigencia del presupuesto 2015 (D-18). Por consiguiente, el INAC no podía cumplir con sus obligaciones de pago bajo el Contrato.
• Con posterioridad a la notificación de la OP, Omega advino conocimiento de que el INAC no podía cumplir con las obligaciones del Contrato, en específico que estaba impedida de autorizar las Cuentas de Pago Parcial (en adelante, los “CPP”)

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por no contar con un reglamento interno, debidamente autorizado, que regulara el uso de estos instrumentos.

• El 22 de noviembre del 2012, el INAC emitió la Resolución No. 016-12 J.D., la cual fue aprobada y publicada en la Gaceta Oficial No. 27193-B, del 28 de diciembre de 2012, mediante la cual el INAC reglamentó, por primera vez, el reconocimiento de créditos resultantes de proyectos que desarrolla el INAC cuyo financiamiento haya sido aportado por el propio contratista y se adoptaron procedimientos para el registro y notificación de cesiones de dichos créditos y para la gestión de cobro de los mismos, incluyendo lo relativo a los CPP (en adelante, el Reglamento) (D-19).
• Posterior a la OP, el INAC informó también que para poder autorizar el CPP por concepto de pago anticipado, según lo contemplado en la oferta de licitación presentada por Omega y aceptada por el INAC, se requeriría que Omega prestara una fianza de pago de anticipo que no había sido estipulada en el Contrato.
• Para garantizar el reintegro del pago anticipado, en respuesta a la solicitud del INAC, Omega consignó la Fianza de Pago Anticipado No. 87B50808, otorgada por ASSA, el 17 de enero de 2013, por el valor de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE BALBOAS con 00/100 (B/.10,905,469.00) (D-20).
• En aras de atender y subsanar los problemas que impedían el cumplimiento de las obligaciones del INAC con el Contrato y con Omega, en el mes de febrero de 2013 el INAC formalizó la Adenda que fue debidamente firmada por las partes del Contrato y refrendada por la Contraloría General de la República de Panamá el 22 de abril de 2013.
• El INAC notificó a Omega una segunda Orden a Proceder efectiva el día 23 de abril de 2013 (en adelante la “OP2”), con la cual ha pretendido dejar sin efecto la OP del 1ro de octubre de 2012 (D-21), en absoluta contravención al requerimiento

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establecido en el inciso “J” de la página 69 del Decreto 128-2013-DM y SC del 18 de abril de 2013 a los efectos de que: “En un contrato se puede dar una sola orden de proceder...”

• Durante el periodo comprendido entre el 1ro de octubre de 2012 y el 23 de abril de 2013 (204 días), Omega mantuvo vigentes los respectivos seguros, pólizas y fianzas del Proyecto requeridos por el Contrato, y retuvo el personal técnico y administrativo que había contratado para ejecutar el Contrato, sufragando todos los gastos asociados a esto y limitando su capacidad de fianzas por el monto contratado de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO BALBOAS con 00/100 (B/.54,527,345.00) (D-22), a tenor con la OP y el Contrato, sin que se pudiera proceder con el Proyecto por causas enteramente atribuibles al INAC.
• La segunda oración del Artículo No. 85 de la Ley 22, lee así: “Antes de expedir la orden de proceder, la entidad contratante verificará la regularidad de todas las situaciones existentes, desde el punto de vista legal, presupuestario, técnico y físico del sitio en el cual se realizarán las obras contratadas, que permitan la ejecución ininterrumpida de la obra.” El INAC incumplió con sus obligaciones en ley según lo indicado en el precitado Artículo 85 de la Ley 22 y el Contrato, para luego intentar unilateral y arbitrariamente exculpar sus acciones de manera retroactiva, mediante la emisión de una segunda orden de proceder que simplemente no procedía en derecho. Por consiguiente, el INAC estaba obligado a reconocer una extensión de tiempo para realizar el Proyecto de no menos de 204 días, que cubriera el tiempo perdido a consecuencia de sus propias actuaciones, solicitar la extensión de la vigencia de las correspondientes fianzas, pólizas y seguros, y compensar a Omega por ese tiempo, conforme al Contrato, la Ley 22 y los más básicos principios de equidad. El INAC no lo hizo.
• Según mencionáramos anteriormente, con la Resolución No.184-12 DG/DAJ de 11 de mayo de 2012, el INAC concluyó el procedimiento de selección de contratista para el Proyecto y 143 días más tarde, se hizo efectiva la OP. A tenor con lo

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dispuesto en la Cláusula No. 5 del Contrato, “EL CONTRATISTA tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del Contrato o la entrega de la Orden de Proceder se efectué con posterioridad a los ciento veinte (120) días de concluido el procedimiento de selección de contratista...” Ese derecho no ha sido reconocido por el INAC.

• En la Solicitud de Extensión de Término presentada por Omega el 15 de julio de 2014 fueron extensamente documentadas las actividades que afectaron la ejecución del cronograma de trabajo y el respectivo avance de la obra (D-23). En dicha solicitud se reclamaban 278 días adicionales al cronograma original y se explicaban las razones detrás de dicho reclamo, entre otros eventos adversos, no imputables a Omega. La solicitud detallaba los acontecimientos que impidieron el acceso a las facilidades existentes del MARTA, que forma parte integral del Proyecto y la falta de acción del INAC en desalojar la instalación, según debió haberlo hecho a tenor con el Contrato (D-24). A tenor con lo dispuesto en la sección 9.2.2 del Pliego “No se responsabilizará al Contratista por demoras justificadamente imputables al INAC...” El INAC ha ignorado las gestiones e intentos de Omega para formalizar una extensión de tiempo al Contrato, sin justificar su posición, en desprecio a las recomendaciones del Inspector y en claro incumplimiento a la Cláusula No. 5 del Contrato que establece que: "También darán derecho a que se extienda el plazo del Contrato por un periodo no mayor al retraso, cuando los retrasos fueran producidos por causas no imputables a EL CONTRATISTA...” .
• En el periodo comprendido entre enero a abril de 2013 durante el desarrollo del diseño conceptual de la obra, Omega realizo reuniones con los directores de las escuelas (D-25) a tenor con lo dispuesto en el Capítulo III sección 2.1.1 del Pliego de cargos y el Formulario No. 16 de la propuesta (D-35) " Para esta actividad, el Contratista realizará reuniones con las Autoridades designadas para la Coordinación del Proyecto por parte de El Instituto Nacional de Cultura, a fin de identificar sus requerimientos y necesidades de espacio físico e incorporarlos en el desarrollo de los planos. La Entidad Contratante celebrara reuniones de coordinación con el Contratista a fin de realizar las revisiones

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necesarias y las aprobaciones correspondientes a cada fase. Adicionalmente según lo confirma el Inspector en nota No. SA-CDA-078-14, el 28 de mayo de 2014, el INAC solicitó a Omega “cambios en la distribución de espacios en los edificios de Música, Danzas, Auditorio y Artes Plásticas...” (D-46), conforme a lo establecido en la Cláusula No. 36 del Contrato: "EL ESTADO tendrá el derecho en todo momento de realizar cambios en el TRABAJO incluidas alteraciones, modificaciones, adiciones 0 reducciones que considere necesarios. EL CONTRATISTA no podrá rehusarse a ejecutar dichos cambios, alteraciones, modificaciones, adiciones o reducciones, siempre que ellos estén relacionados con el alcance general del TRABAJO y sean técnicamente factibles.” Omega siguió las instrucciones del INAC y atendió las solicitudes del programa de diseño para acomodar espacios adicionales no contemplados en el Pliego. Mediante la Propuesta Económica del 15 de julio de 2014, (“PCO No 06-01”) (D-26), Omega consignó ante el INAC los costos relacionados a los cambios solicitados e incorporados a los planos conforme a las instrucciones impartidas por el INAC.

• El 9 de septiembre de 2014, el INAC en su Nota DG/107, informó a Omega su cambió de parecer y de su falta de interés en materializar las mencionadas adiciones y cambios (D-27). A tales efectos, Omega solicitó una extensión de tiempo adicional por 120 días, para conformar y atemperar el programa de diseño del Proyecto a las nuevas instrucciones (eliminando los cambios previamente solicitados). Hasta la fecha, el INAC ha ignorado la correspondiente extensión de tiempo, ni ha justificado su posición al respecto.
• En la referida Nota DG/107, el INAC indica, de manera sumaria y arbitraria, que “no autoriza el tiempo adicional solicitado de 180 días ni los gastos operacionales.”
• La referida Nota DG/107, también indica que: “Para el análisis de la viabilidad de la prórroga por parte de El Instituto, es necesario que El Contratista presente el cálculo de los costos operacionales diarios.” Nada en el Contrato o la ley aplicable condiciona el derecho de Omega a que se extienda el plazo del Contrato cuando

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los retrasos fueran producidos por causas no imputables a el Contratista, a los costos operacionales diarios. Pretender que la viabilidad de una prórroga, debidamente justificada, dependa del costo que la misma implica al INAC, lo cual no está contenido en el Contrato, es una clara demostración de abuso y desviación de poder. A tenor con las cláusulas del Contrato, el INAC viene obligado a extender el término de ejecución del Contrato por retrasos no imputables a Omega, cueste lo cueste. La ley también así lo exige. Sobre el particular, el Artículo 47 de la Ley 38 del 2000, dicta que: “Se prohíbe establecer requisitos o trámites que no se encuentren previstos en las disposiciones legales y en los reglamentos dictados para su debida ejecución.” (D-28)

• Existen varios cambios técnicos que ya han sido discutidos y reconocidos por el INAC, relacionados al punto de conexión del sistema sanitario requerido por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y la variación a las condiciones con el límite de colindancia de la estructura del edificio de estacionamientos, los cuales resultan en un impacto por concepto de diseño, permisos y ejecución de trabajos de 210 días adicionales al Contrato. Al momento, el INAC no ha atendido las reiteradas gestiones de Omega para formalizar el asunto.
• En base a la más reciente revisión del cronograma de trabajo, los impactos no atribuibles a Omega y ampliamente documentados, requieren de una extensión de tiempo de 582 días (D-29) a partir del perfeccionamiento de la requerida adenda al Contrato. A la fecha, a pesar de reiteradas gestiones de Omega, el INAC no se ha expresado al respecto a las solicitudes de extensión de tiempo, en clara violación a lo dispuesto en la Cláusula No. 4 del Contrato que: “Cuando no haya plazos estipulados para la revisión de documentos, planos e informes por parte de El Instituto Nacional de Cultura, se entenderá que este plazo será de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO...”
• La Adenda establece que: “Las Cuentas de Pago Parcial no incluirán los montos correspondientes al Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación

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de Servicios (ITBMS), los cuales serán pagados por EL INSTITUTO directamente a EL CONTRATISTA, una vez aprobada la factura que acompañe el Informe de Avance Parcial del Proyecto...” Inexplicablemente, esto nunca ha ocurrido así. El INAC ha ignorado las numerosas gestiones de Omega para cobrar estos montos y unilateralmente ha decidido pagarlos a su discreción, en claro incumplimiento a la obligación principal del Contrato y la Ley 22 en sus Artículos 13 y 95. Este último dicta que “La obligación principal que asume el Estado en los contratos llave en mano es el pago del precio de la obra...” Al día de hoy, el INAC adeuda los montos correspondientes a ITBMS para todos los informes de avance parcial y facturas aprobadas desde enero de 2014 al presente los cuales ascienden a una suma de TRES CIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS BALBOAS CON 35/100 CENTAVOS (B/.321,246.35) (D-30).

• La Adenda, de igual forma enmienda la Cláusula No. 35 del Contrato, estableciendo que: “La aprobación por parte de EL INSTITUTO de cada informe de Avance Parcial del Proyecto y de la factura relativa al pago anticipado en este Contrato, deberá hacerse dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de entrega del Informe de Avance Parcial del Proyecto...” Esto tampoco ha ocurrido así ya que no se ha cumplido con el plazo de treinta días indicado. Lo que es peor, el INAC reconoce que tiene Informes de Avance Parcial debidamente aprobados por el Inspector y personal del INAC destacado en la obra, que datan desde abril de 2014 y arbitrariamente se niegan a autorizar los correspondientes CPP que a la fecha suman la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NUEVE BALBOAS CON 17/100 CENTAVOS (B/.2,597,009.17), en otra innegable demostración de abuso y desviación de poder (D-31).
• El 8 de septiembre de 2014, el MEF presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto 56 que dicta el presupuesto general del Estado para vigencia fiscal de 2015, el cual excluyó del presupuesto del INAC la partida necesaria para hacerle frente a las obligaciones del Contrato (D-32), en claro desafío a lo establecido en el Articulo 5 del Reglamento que lee: “Una vez expedida, cada Cuenta de Pago

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Parcial constituirá una obligación autónoma, incondicional e irrevocable del INAC, sujeta tan sólo a la Ley y este Reglamento. Con la expedición de cada Cuenta de Pago Parcial, nace una obligación de pago por el INAC por el monto indicado en la Cuenta de Pago Parcial correspondiente, pagadero por el INAC al Contratista o a las Cesionarias, según corresponda, sin deducción, retención o afectación alguna, en la fecha que se estipule en dicha Cuenta de Pago Parcial, incluso en caso de terminación anticipada, suspensión o resolución administrativa del respectivo contrato por cualquier causa e independientemente de que exista o no disputa entre el INAC y/o cualquier otra entidad gubernamental y el contratista y/o cualquier fiador del mismo con respecto a cualquier asunto, relacionado o no con el proyecto, incluyendo sin limitación, que el proyecto no haya sido terminado y/o entregado o que los bienes entregados objeto del contrato no se hayan ajustado a las especificaciones previstas..." y las disposiciones incluidas en la Adenda a los efectos que: "EL INSTITUTO realizará un sólo pago de todas las Cuentas de Pago Parcial que sean emitidas conforme al Contrato y el Reglamento y por el precio acordado en este Contrato, el día treinta y uno (31) de marzo de 2015...”.

• Al 8 de septiembre de 2014, el INAC ya estaba en conocimiento que no contaría con la partida presupuestaria durante la vigencia del Presupuesto Fiscal 2015 para poder hacerle frente a las obligaciones del Contrato.
• A tenor con el Artículo 22, de la Ley 22, la interpretación “de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrán en consideración los intereses públicos, los fines y los principios de esta Ley, así como la buena fe, la igualdad y el equilibrio entre las obligaciones y los derechos que caracterizan los contratos conmutativos."
• El Artículo 34 de la Ley 38 de 2000, establece que: “Las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectuarán con arreglo a normas de informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa, sin menoscabo del debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio de

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estricta legalidad. Los Ministros y las Ministras de Estado, los Directores y las Directoras de entidades descentralizadas, Gobernadores y Gobernadoras, Alcaldes y Alcaldesas y demás Jefes y Jefas de Despacho velarán, respecto de las dependencias que dirijan, por el cumplimiento de esta disposición. Las actuaciones de los servidores públicos deberán estar presididas por los principios de lealtad al Estado, honestidad y eficiencia, y estarán obligados a dedicar el máximo de sus capacidades a la labor asignada.”

• A tenor con lo dispuesto en los dos párrafos anteriores y en base a los más básicos principios de buena fe y honestidad, el INAC venía obligado a comunicarle a Omega que estaría imposibilitada de cumplir con las obligaciones del Contrato, inmediatamente obtuvo el conocimiento que el MEF no incluiría la partida presupuestaria necesaria durante el periodo fiscal 2015. Bajo esos mismos principios, el INAC debió suspender los trabajos para los cuales no contaría con el presupuesto adecuado, a tenor con la Cláusula No. 37 del Contrato y el Artículo 73 de la Ley 22. Aun así no lo hizo, en su contumaz abuso y desviación de poder.
• Desde mayo del pasado año (2014), el INAC ha ignorado y no ha respondido a las numerosas gestiones y comunicaciones que Omega ha hecho en aras de que se atiendan los problemas que afectan el progreso de la obra y permitan la ejecución oportuna, según el programa de trabajo. Al mismo tiempo, tampoco ha realizado los pagos que le correspondían hacer hace más de un año atrás relacionados al ITBMS, ni ha procesado las correspondientes extensiones de tiempo al Contrato y/o aprobado los costos adicionales y se niega a autorizar los CPP por avance de obra realizada aprobadas por el Inspector, el Coordinador de Proyecto del INAC y el Fiscalizador de Obra de la Contraloría General. No fue hasta el 23 de octubre de 2014 que el INAC accedió a una reunión donde al ser abordados al respecto, el INAC se negó a dar respuestas categóricas y se limitaron a comentar que se encontraban cuestionando la procedencia y validez jurídica del Contrato, su obligación antes los CPP emitidos y las respectivas solicitudes de extensión de tiempo al Contrato (D-33). Para proteger sus intereses, ante la postura oficial del

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INAC, Omega se vio imposibilitado de cumplir con el programa de trabajo establecido.

• A esa misma fecha el INAC cursó a Omega la nota DG/149, en la cual informaba que: "En atención a su solicitud de información en relación al pago de Cuentas Parciales (CPP) a través de un correo electrónico el pasado 13 de octubre de 2014, y de su petición de prórroga de tiempo en nota INAC-N16-2014 de 16 de octubre de 2014, la cual se haría a través de una Adenda; tengo a bien informarle que hemos girado las instrucciones correspondientes a fin de evaluar la procedencia legal de ambas solicitudes, conforme a las disposiciones legales que regulan los contratos llave en mano con el Estado.”(D-34)(D-35)(D-36).
• Simultáneamente, el 23 de octubre de 2014, el diario local La Prensa publicaba declaraciones donde la Directora General del INAC expresaba que aunque había solicitado un presupuesto para el año 2015 que ascendía a los US$119MM, la Asamblea Nacional sólo le asignó US$33 millones (D-37). Además, explicó que del monto asignado, una partida de US$18.6 millones sería para funcionamiento y los otros US$14.6 millones para inversión capital. En esa misma reseña se limitó a confirmar que US$10 millones estarían comprometidos para la Ciudad de las Artes, cuyo costo sobrepasa los US$54 millones. Sin embargo, según el Contrato, los fondos para el pago del precio del Contrato estaban asignados en la partida presupuestaria No. 1.30.1.1.703.02.10.511 del periodo fiscal 2015. A tenor con la Sección 9.24 del Pliego, “La obligación principal que asume el Estado en los Contratos Llave en Mano es el pago del precio de la obra, previamente negociado con los proponentes y regulado en el pliego de cargos. A fin de garantizar el espíritu de la contratación Llave en Mano, El Instituto Nacional de Cultura reservará los fondos que correspondan para el desarrollo y perfeccionamiento de proyecto Ciudad de las Artes, garantizando que las obligaciones contraídas a razón del contrato se hagan exigibles para las Partes dentro del ejercicio y en la vigencia fiscal correspondiente...”(Énfasis suplido.) Evidentemente el INAC incumplió con el Pliego, el Contrato y el ordenamiento jurídico.

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• La Sala Tercera de los Contencioso Administrativo de Panamá, en un fallo de 17 de agosto de 1990 define la desviación de poder así: “La desviación de poder es un vicio de los actos de la administración que se genera como señalan los tratadistas De Laubadere Venecia y Gaudermet cuando la autoridad administrativa ejecuta o expide un acto de su competencia pero en desarrollo de una finalidad distinta de aquella por lo cual podría ser legalmente expedido...”
• Ante la falta de asignación presupuestaria para hacerle frente a las obligaciones del Contrato, el INAC necesitaba buscar una salida. Por ende, se dedicó a evaluar la procedencia legal de sus propios actos y a crear obstáculos que impidieran a Omega cumplir con la oportuna ejecución del Contrato, para luego atribuirle los incumplimientos a Omega. Sin lugar a dudas, las actuaciones del INAC se tratan de un burdo intento de evadir su responsabilidad de pagar el Contrato, por no contar con el dinero para hacerlo. Naturalmente, esa es una finalidad distinta a aquella para la cual existen los remedios en ley que el INAC abusivamente pretende invocar.
• Habiéndose confirmado que el INAC no contaba con el presupuesto para hacerle frente a sus obligaciones bajo el Contrato y ante la negativa del INAC a incorporarse al equipo de trabajo con Omega para atender los temas apremiantes del Proyecto, Omega intentando su mejor esfuerzo para mitigar los daños y perjuicios que pudiese sufrir se vio forzado a suspender temporalmente las actividades de construcción hasta poder llegar a un entendido con el INAC que le garantizara a ambas partes los derechos adquiridos por el Contrato, la Ley y en equidad.
• El 26 de noviembre de 2014, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 36 de 2 de diciembre del 2014 que dicta el presupuesto general del Estado para vigencia fiscal de 2015, sin la partida presupuestaria necesaria para cumplir con las obligaciones del Contrato.

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• En nota del 15 de enero de 2015, Banistmo informa que: “...luego de varias comunicaciones enviadas al INAC con relación a la presentación de gestiones de cobros, para las cuales no se obtuvo respuesta, se procedió a presentar ante el Instituto Nacional de Cultura [...]fuimos atendidos por el Director Jurídico, licenciado Andrés Pérez, quien[...]nos comunicó lo siguiente, basados en la posición de la Institución: [...] El INAC no procederá con el Pago de las Gestiones de Cobro [...] "(D-38)
• Mediante Resolución No. 007 J.D. de 15 de diciembre de 2014, la Junta Directiva del INAC autorizó a la Directora General y Representante legal del INAC, a rescindir unilateralmente el Contrato (D-39).
• El 22 de diciembre de 2014, el INAC notificó a ASSA su Nota No. 212-DG del 18 de diciembre de 2014, en la cual notificaban formalmente que habían tomado la decisión de invocar la Cláusula No. 45 del Contrato sobre Resolución Administrativa (D-40). Esta nota nunca fue notificada por el INAC a Omega.
• El 27 de diciembre de 2014, el INAC notificó la nota No. 364-14/D.A.J. a ASSA, para informar su decisión de rescindir el Contrato (D-41).
• EI INAC, ASSA y Omega, concretaron una reunión el 13 de enero de 2015 para discutir la situación del Proyecto, y a pesar de expresar su interés de que Omega continuara en el Proyecto, el INAC categóricamente y reiteradamente informó que no estaría pagando los CPP emitidos y cedidos a un tercero, conforme a lo pactado en el Contrato de Cesión.
• EI INAC, ASSA y Omega se volvieron a reunir el 16 de enero de 2015, esta vez ante la presencia de representantes de Credit Suisse, representantes del MEF y del Ministerio de la Presidencia. Las partes reiteraron nuevamente su interés en resolver sus diferencias y llegar a un acuerdo satisfactorio para terminar el Proyecto. El INAC expuso cinco (5) puntos que le resultaban esenciales para poder formalizar un acuerdo que diera por terminada la controversia. Omega

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expresó que no tenía objeción a cuatro (4) de esos requisitos, siempre y cuando el INAC cumpliera a cabalidad con sus obligaciones bajo el Contrato, lo cual el INAC continua negándose a hacer. No obstante, Omega estableció no estar de acuerdo con la postura del INAC en cuanto a la fecha de pago de los CPP refrendados y perfeccionados reiterando que el pago de los mismos es una obligación soberana, irrevocable, no negociable, con fecha de vencimiento el 31 de marzo de 2015.

• Por medio de la Nota No. 032/D.A.J. con fecha del 21 de enero de 2015 y notificada a ASSA el 23 de enero de 2015, el INAC reconoció que la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 391-14 DG/DAJ (en adelante, la “Resolución”) (D-42) no se encontraba debidamente diligenciada y por ende que los términos de ASSA para responder no habían comenzado.
• Por razones hoy todavía ajenas al conocimiento de Omega pero que, en cualquier caso, han violado sus derechos y garantías procesales, el INAC en abierta infracción a los principios de legalidad y transparencia contenidos en la Ley 22 de 27 de junio de 2006, fijó en el domicilio de las oficinas de Omega el día 27 de enero de 2015 a las 11:46 a.m. el Edicto No. 001 de la misma fecha (D-43).
• Cuál no sería la sorpresa de Omega al encontrarse que, conjuntamente con el Edicto No. 001, le fue "adjuntada" la Resolución, por la cual el INAC toma la decisión, unilateral e ilegal de rescindir el Contrato.
• La Resolución que resuelve administrativamente el Contrato se notificó por edicto, cuando según la Ley 22 y el Decreto Ejecutivo No. 366 de 28 de diciembre de 2006 disponen que las notificaciones deben llevarse a cabo mediante el sistema electrónico de contrataciones públicas "Panamá Compra." La notificación en los procedimientos de rescisión de contratos debe realizarse mediante el portal "Panamá Compra" tal y como lo señala los Artículos 116 y 129 de la Ley 22 y sólo para que quede también dicho, si este proceso admitiera (que no lo admite) la notificación mediante el procedimiento establecido en la Ley 38, observamos con

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gran preocupación, que tampoco se hizo correctamente. No constan en el expediente ni informes de visita ni tampoco certificación del correo remitido a la dirección postal de Omega. La Ley 38 de 2000 sólo se aplica cuando haya vacíos de procedimiento en la Ley 22 y en el caso que nos ocupa la Ley 22 y el Decreto No. 366 son claros al establecer el procedimiento de notificación de "todas las resoluciones que emitan las entidades contratantes dentro del proceso de selección del contratista y en la ejecución del contrato...". (Cfr. artículo 147 del Decreto Ejecutivo No. 366).

• A tenor con lo dispuesto en el Artículo 129 de la Ley 22: “Transcurrido un día hábil después de que la entidad contratante haya publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "Panamá Compra" las resoluciones, el cuadro de cotizaciones de compras menores o los actos administrativos mencionados en este artículo, se darán por notificados...” Eso no ha ocurrido, por tanto la Resolución no se encuentra debidamente notificada.
• El Artículo 116 de la Ley 22 establece el proceso y las reglas que obligan al INAC en casos de resolución administrativa del Contrato, y dicta como sigue:

  "Procedimiento de resolución.

  La resolución administrativa del contrato se ajustará a lo establecido en el artículo anterior, con sujeción a las siguientes reglas:

  1. Cuando exista alguna causal para la resolución administrativa del contrato, la entidad contratante adelantará las diligencias de investigación y ordenará la realización de las actuaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, que pudiesen comprobar o acreditar la causal correspondiente. No obstante, cuando sea factible, la entidad contratante podrá otorgarle, al contratista, un plazo para que corrija los hechos que determinaron el inicio del procedimiento.

  2. Si la entidad contratante considera resolver administrativamente el contrato, se lo notificará al afectado o a su representante, señalándole las razones de su decisión y concediéndole un término de cinco días hábiles, para que conteste y, a la vez, presente las pruebas que considere pertinentes.

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3. Debe contener una exposición de los hechos comprobados, de las pruebas relativas a la responsabilidad de la parte, o de la exoneración de responsabilidad en su caso, y de las disposiciones legales infringidas.

4. Podrá ser recurrible ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, dentro de un plazo de cinco días hábiles, contado a partir de la notificación de la resolución, que se surtirá en el efecto suspensivo, con lo cual se agotará la vía gubernativa.

5. La decisión final, una vez agotada la vía gubernativa, será recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con las disposiciones que regulan la materia.

6. Una vez ejecutoriada la resolución, se remitirá a la Dirección General de Contrataciones Públicas, para los efectos del registro correspondiente”. (Énfasis suplido.)

• A tenor con el numeral 1, del citado Artículo 116, el INAC venía obligado a adelantar las diligencias de investigación y ordenar la realización de las actuaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos. Si la discutida investigación se hubiese realizado con la diligencia, seriedad y complejidad que amerita las consecuencias contempladas bajo la misma, y bajo los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y con apego al principio de estricta legalidad que exige la Ley 22, inevitablemente la conclusión hubiese sido que los retrasos al Proyecto son totalmente imputables al propio INAC.
• Una prudente investigación bajo el citado a Artículo 116, también hubiese concluido que el INAC ha tenido ante sí sustentadas reclamaciones por parte de Omega solicitando la extensión al plazo para la entrega de la obra, producto del incumplimiento del Contrato por parte del INAC, que se ha negado a atender oportunamente. Bajo la doctrina de los actos propios que en latín es conocida como "venire contra factum proprium non valet", se establece un principio general de derecho que norma la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos. Por ende, el INAC está impedido de rescindir el Contrato bajo la premisa que Omega

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incumplió con los plazos de ejecución del Proyecto, cuando tal incumpliendo es producto de los retrasos provocados por el propio INAC.

• Según consta en el expediente, el Inspector recomendó en repetidas ocasiones al INAC a “concertar una reunión con el Contratista para llegar a un acuerdo entre las partes...". Esta recomendación por su naturaleza, infiere que era factible otorgarle al Contratista, un plazo para que corrija los hechos que determinaron el inicio del procedimiento. Tomando en cuenta los manifiestos incumplimientos al Contrato y retrasos imputables al INAC, no sólo era factible otorgarle a Omega un plazo adicional, era una obligación bajo el Contracto y la ley. Eso no sucedió.
• Antes que se proceda con la rescisión de un contrato administrativo la entidad contratante tiene la obligación y el deber legal de notificar al Contratista para que éste, a su vez, pueda defenderse. Del expediente contentivo del proceso podemos colegir que sólo no se le otorgó oportunidad alguna a Omega para que corrija los hechos que determinaron el inicio del procedimiento (que como explicaremos ante el foro arbitral que ha de presentarse en forma y término, no son imputables a Omega) sino que más grave aún, tampoco se les notificó del inicio del procedimiento de rescisión y mucho menos se le dio el término de cinco (5) días hábiles para contestar a los cargos y, a la vez, presentar las pruebas que considerase pertinentes. La obligación contenida en el Numeral 2 del Artículo 116 no es de carácter discrecional y en consecuencia de ello, el INAC no tenía la facultad para rescindir el Contrato sin haber dado estricto cumplimiento al debido proceso establecido en el Artículo 116 de la Ley 22 y garantizar el derecho de defensa de Omega.
• Ante el contumaz afán del INAC por obviar lo procesos requeridos en Ley, no sorprende que la Resolución ignora la existencia de las justificadas reclamaciones de extensión de tiempo presentadas por Omega, los hechos probados (como la existencia de dos órdenes a proceder) y la sustancial prueba que obra en el expediente exonerando a Omega de los retrasos en el Proyecto.

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• Como explicáramos anteriormente: (i) el INAC se negó en atender las necesidades técnicas, económicas y financieras del Proyecto en el menor tiempo posible (ii) los retrasos al Proyecto son imputables al INAC; (iii) el INAC actuó en infracción a su ordenamiento jurídico; (iv) la Resolución se dictó con prescindencia y omisión absoluta a los trámites fundamentales requeridos por el Artículo 116 de la Ley 22, lo que implica violación del debido proceso legal; (v) la Resolución se dictó en desviación de poder; y (vi) la Resolución no fue debidamente notificada.
• A tenor con lo expuesto en el párrafo anterior y lo dispuesto en el Artículo 52 de la Ley 38 de 2000, el INAC incurrió en vicio de nulidad absoluta al emitir la Resolución. Por tal razón, el INAC viene obligado a dejar sin efecto y revocar la Resolución.
• Mediante nota de Omega a la Directora General del INAC, del 3 de febrero de 2015, Omega solicitó al INAC que corrigiera sus actuaciones y dejara sin efecto la Resolución. Habiendo transcurrido el término de diez (10) días hábiles, concedidos en la referida nota, sin respuesta del INAC a la solicitud de Omega, nos vemos forzados a realizar la presente notificación (D-44).
• Expuestos sucintamente los antecedentes de las actuaciones públicas de las que trae causa la presente notificación, a continuación nos referimos a las infracciones del BIT que han sido cometidas en perjuicio del Inversor.

III. SUSCINTA DESCRIPCIÓN DE LOS AGRAVIOS SUFRIDOS POR EL INVERSOR

1. Omega ha demostrado estar en disposición de cumplir cabal y diligentemente con todas sus obligaciones desde el comienzo de la vigencia del Contrato. Ha constituido todas las garantías y aportado todos los recursos contractualmente exigidos y ha realizado las obras conforme a las necesidades técnicas, demás

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requisitos del Contrato y actuado de buena fe. Sin embargo, el Contrato no se pudo ejecutar conforme al cronograma incluido en la propuesta de Omega por demoras fuera de su control y justificablemente imputables al INAC, incluyendo pero sin limitarse a: (i) el diferimiento de la partida presupuestaria para hacerle frente a las obligaciones del Contracto, de la vigencia originalmente establecida en el Contrato para 2014, al año 2015; (ii) el retraso en la aprobación del Reglamento; (iii) el requerimiento a Omega que prestara una fianza de pago de anticipo que no había sido estipulada en el Contrato; (iv) el incumplimiento del INAC con lo dispuesto en el Artículo No. 85 de la Ley 22; (v) el retraso del INAC en el perfeccionamiento del Contrato y la entrega de la OP; (vi) el impedimento de acceso a las facilidades existentes del MARTA; (vii) los eventos enumerados en la Solicitud de Extensión de Término presentada por Omega el 15 de julio de 2014; (viii) los cambios en la distribución de espacios en los edificios de Música, Danzas, Auditorio y Artes Plásticas solicitados por el INAC el 28 de mayo de 2014; (ix) los cambios relacionados al punto de conexión del sistema sanitario requerido por el IDAAN; (x) la variación a las condiciones con el límite de colindancia de la estructura del edificio de estacionamientos; (xi) el incumplimiento del INAC con la Cláusula No. 4 del Contrato, con respecto a su obligación de responder en un plazo de quince (15) días calendario; (xii) el incumplimiento del INAC con los pagos a Omega, por concepto de ITBMS, según establecido en la Adenda; y (xiii) el incumplimiento del INAC con el término para emitir los CPP.

2. Además, el INAC incumplió el Contrato, en evidente abuso y desviación de poder cuando: (i) se rehusó a atender las solicitudes de extensión de tiempo al Contrato; (ii) se rehúsa a pagar conforme a lo acordado en el Contrato, la Adenda, el Reglamento, el Contrato de Cesión y los CPP; (iii) se rehusó a procesar los CPP conforme a lo acordado en el Contrato y la Adenda; (iv) cuestionó la procedencia jurídica de sus propios actos; (v) se negó a procesar la gestiones de cobros conforme al Contrato de Cesión; (vi) modificó unilateralmente la forma de pago del Contrato; (vii) negó a Omega el debido proceso de ley conforme Artículo 116 de la Ley 22; y (viii) emitió la Resolución, rescindiendo el Contrato, arbitrariamente y negligentemente, con innegables vicios de nulidad absoluta.

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3. A diferencia de Omega, la actitud del INAC ha consistido en entorpecer la administración, operación y desarrollo del Proyecto y privar a Omega del debido proceso de ley en un tenaz ejercicio de desviación de poder con el fin de liberarse de su obligación de pagar lo contratado. Especialmente desde la llegada al cargo en 2014 de la señora Mariana Cecilia Nuñez, Directora General y Representante Legal del INAC, en evidente desafío a las disposiciones de la Ley 38 de 2000.

IV. VIOLACIONES AL CONVENIO BILATERAL

1. Las actuaciones del INAC van más allá de las violaciones contractuales y parecen reflejar la decisión del gobierno unitario de Panamá de no proseguir con el Proyecto según originalmente contratado, en perjuicio de Omega. Sólo así, se puede explicar que el Presupuesto General de Panamá no haya incluido los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones financieras del INAC bajo el Contrato.

• EL MEF debió haber asignado al INAC fondos suficientes para hacerle frente al pago de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO BALBOAS con 00/100 (B/.54,527,345.00) durante el periodo fiscal 2014. Este pago se pospuso para el presupuesto del periodo 2015, en perjuicio de Omega quien se vio forzada a aceptar este incumplimiento contractual. La falta de asignación presupuestaria para el periodo 2015 viola todas las normas más elementales de buena fe y viola las protecciones que Panamá está obligada a extenderle a Omega bajo el Convenio Bilateral.
• Cabe notar, que el Presupuesto General de Panamá con vigencia fiscal 2015, cuenta con partidas significativas para inversión en infraestructura. La decisión del MEF de no incluir dinero suficiente para cumplir con el Contrato, dentro de la partida presupuestaria asignada al INAC para la vigencia fiscal 2015 y disponer de esos fondos para otras partidas, fue claramente una de carácter discrecional, arbitraria y por ende, discriminatoria. La intención queda claramente evidenciada

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por las expresiones del Viceministro del MEF, Iván A. Zarak Arias, al diario La Prensa, según reseñado el 10 de septiembre de 2014. La reseña cita al mencionado viceministro, incluyendo al Proyecto junto a otros seis (6) proyectos no relacionados a Omega, que “fueron identificados como “de alto riesgo” por tener fallas, baja ejecución y ser de cuestionable necesidad.” También menciona que “Entre las alternativas se plantea la corrección de los defectos, la aceleración de los trabajos y no se descarta la suspensión de algunos.” (D-45)

2. A tenor con lo dispuesto en el Artículo II(2) del Convenio Bilateral, Panamá está obligada a dar a Omega un trato justo y equitativo, concediendo protección y seguridad total en su territorio. Las conductas sucintamente descritas en ante, por parte de Panamá en perjuicio de Omega, constituyen una violación clara y palpable de este artículo.

3. Según expresado en antes, Panamá a través del INAC, se ha dedicado a entorpecer e impedir la oportuna ejecución del Contrato por parte de Omega, en violación explícita del Artículo II(2) del Convenio Bilteral.

4. El Artículo II(3) del Convenio Bilateral prohíbe a Panamá dar un trato distinto a las inversiones de Omega que estén en competencia con inversiones de sociedades panameñas. Como expresamos en la sección II(1) aquí, la Inversión de Omega resulta del Contrato. El Contrato está regulado por la Ley 22 que es de aplicación general a toda contratación pública que compita con la Inversión de Omega. Las actuaciones del INAC en el ejercicio administrativo del Contrato, han ignorado las disposiciones del ordenamiento jurídico aplicable a cualquier contratista nacional panameño, de manera arbitraria y en discriminación de Omega.

5. El Artículo IV(1) del Convenio Bilateral prohíbe a Panamá someter cualquier medida directa o indirecta que tenga el efecto equivalente a la expropiación o nacionalización de la Inversión realizada por Omega, salvo por motivos de utilidad pública o de interés social, mediante el pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva. La

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Resolución tiene precisamente un efecto equivalente al tomar posesión de la Inversión de Omega, en benéfico de Panamá, sin la requerida y apropiada compensación.

6. A raíz de las actuaciones arbitrarias e ilegales aca expuestas, Omega ha sufrido los siguientes agravios:

1. Aumento de costos por presencia extendida
2. Aumento de costos por merma en productividad
3. Aumento de costos de financiamiento por descuentos, intereses y taza de disponibilidad
4. Costos adicionales por el incumplimiento del cronograma de flujos
5. Ejecución ilegal de fianza de cumplimiento
6. Ejecución ilegal de fianza de pago anticipado
7. Laceración de relación con fiadoras e instituciones financieras
8. Daños a la imagen
9. Pérdida de oportunidad comercial por inhabilitación
10. Pérdida de oportunidad comercial por negación de fianzas
11. Ganancias dejadas de percibir

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V. REPARACIÓN SOLICITADA

1. A tenor con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Ley 22, el INAC incurrió en vicio de nulidad absoluta al emitir la Resolución. Por tal razón, solicitamos al INAC dejar sin efecto y revocar la Resolución inmediatamente.

2. El INAC ha retenido pagos por concepto de ITBMS, de manera arbitraria, en infracción al ordenamiento jurídico y al Contrato. Solicitamos se hagan los pagos correspondientes de manera inmediata.

3. El INAC se ha rehusado a emitir los CPP correspondientes a los informes de avance de obra realizado, inspeccionado, fiscalizado y aprobado, de manera arbitraria, en infracción al ordenamiento jurídico y al Contrato. Solicitamos que se emitan los CPP de manera inmediata.

4. El INAC se ha rehusado a procesar las gestiones de cobro presentadas por Banistmo en representación de Credit Suisse, de manera arbitraria, en infracción al ordenamiento jurídico, al Contrato de Cesión y el Reglamento. Solicitamos se atiendan la mencionadas gestiones de cobro, se procesen diligentemente y se emitan los pagos correspondientes el 31 de marzo de 2015.

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5. A tenor con el cronograma de trabajo revisado y a consecuencia de los retrasos imputables al INAC, solicitamos que se conceda una extensión de tiempo para la ejecución del Contrato, de quinientos ochenta y dos días (582) calendario, a partir de la notificación del debido perfeccionamiento de la adenda que contemple la extensión.

6. A tenor con las disposiciones del Contrato y la Ley 22, solicitamos se emita una adenda para aumentar el monto del Contrato, a los efectos de cubrir los incrementos de costos aprobados por el INAC en la nota DG/107, del 9 de septiembre de 2014.

7. A tenor con las disposiciones del Contrato y la Ley 22, solicitamos que el INAC reconozca y negocie de buena fe el pago de los siguientes agravios causados a Omega:

1. Aumento de costos por presencia extendida por el periodo comprendido a partir de julio 9 de 2014, a la fecha que resulte los 582 días después del perfeccionamiento de la adenda de extensión de tiempo
2. Aumento de costos por merma en productividad
3. Aumento de costos de materiales, equipos y labor (equilibrio contractual)
4. Costos adicionales por el incumplimiento del cronograma de flujos
5. Aumento de costos relacionados al financiamiento
6. Costos relacionados a la laceración de relación de Omega con ASSA, Travelers, Credit Suisse y Banistmo como resultado de las actuaciones ilegales del INAC
7. Costos relacionados a los daños a la imagen de Omega como resultado de las actuaciones ilegales del INAC
8. Pérdida de oportunidad comercial por inhabilitación provocada por las actuaciones ilegales del INAC
9. Pérdida de oportunidad comercial por negación de fianzas a consecuencia de las actuaciones ilegales del INAC
10. Costas legales y procesales

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8. Que a tenor con lo dispuesto en la Sección 9.24 del Pliego, solicitamos que el INAC reserve los fondos que correspondan para el desarrollo y perfeccionamiento de Proyecto, garantizando que las obligaciones contraídas a razón del Contrato se hagan exigibles para las Partes dentro del ejercicio y en la vigencia fiscal correspondiente.

9. Solicitamos también que el INAC trabaje diligentemente en la otorgación de cualquier documento necesario para viabilizar la extensión del requerido financiamiento para completar el Proyecto.

10. Si por cualquier razón estuviese el INAC impedido de causar alguna de las reparaciones necesarias para cumplir con las obligaciones bajo el Contrato (que enumeramos en esta sección), y poner a Omega en posición de completar el Proyecto, solicitamos que: (i) se produzcan de inmediato las reparaciones incluidas en los numerales 1, 2, 3 y 4, bajo esta sección; (ii) se resuelva el Contrato según lo dispuesto en la Cláusula No. 37 del Contrato y el Artículo 73 de la Ley 22; y (iii) se inicien de inmediato, negociaciones de buena fe para determinar las prestaciones necesarias para resolver cualquier obligación o derecho que existiera entre las partes, a tenor con el ítem (ii) de este numeral 10.

De acuerdo con todo lo expuesto,

Solicitamos que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo VII del Convenio Bilateral, tengan por formulada la notificación en nombre del inversor estadounidense Consorcio Omega, para abrir el período de consultas de seis (6) meses encaminado a la búsqueda de una solución amistosa que permita evitar el arbitraje.

Es el interes de Omega que las partes de la controversia puedan alcanzar un acuerdo amistoso que evite la necesidad de someterse a arbitraje.

Hecho en los Estados Unidos de América para ser presentado en la República de Panamá a 3 de marzo de 2015.

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Frankie J. López
Representante Legal
Consorcio Omega

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VI. RELACIÓN DE DOCUMENTOS ADJUNTOS EN FORMATO ELECTRÓNICO

Se acompaña a la presente notificación un dispositivo de almacenamiento de datos electrónicos que contiene la siguiente documentación. Todos los documentos originales están a disposición de la República de Panamá.

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