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CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES

En el procedimiento de arbitraje entre

LEGACY VULCAN, LLC

Demandante

y

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Demandada

Caso CIADI No. ARB/19/1

LAUDO

Miembros del Tribunal
Prof. Albert Jan van den Berg, Presidente del Tribunal
Prof. Sergio Puig, Árbitro
Prof. Guido Santiago Tawil, Árbitro

Secretaria del Tribunal
Sra. Sara Marzal

Asistente del Tribunal
Sra. Emily Hay

Fecha de envío a las Partes: 27 de julio de 2026

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Representación de las Partes

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Índice de Contenidos

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LISTA DE TÉRMINOS DEFINIDOS

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I. INTRODUCCIÓN

1. El presente caso se refiere a una controversia sometida al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI” o el “Centro”) sobre la base del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 de enero de 1994 (“TLCAN”), y del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, que entró en vigor el 14 de octubre de 1966 (el “Convenio del CIADI”).

2. La demandante es Legacy Vulcan, LLC (“Legacy Vulcan” o “Demandante”), sociedad constituida en virtud de la legislación del estado de Delaware, Estados Unidos de América.

3. La demandada es los Estados Unidos Mexicanos (“México” o “Demandada”).

4. La Demandante y la Demandada se denominarán, en conjunto, las “Partes”. Los representantes de las Partes y sus domicilios se encuentran detallados en la página (i) supra.

5. México, los Estados Unidos de América (“Estados Unidos”) y Canadá son las tres Partes Contratantes del TLCAN (cada una, una “Parte Contratante” y, en conjunto, “Partes Contratantes”). Los Estados Unidos y Canadá son Partes Contratantes no contendientes y no son parte en el presente arbitraje (“Partes No Contendientes”). Las Partes No Contendientes tienen derecho a presentar comunicaciones al Tribunal sobre una cuestión de interpretación del TLCAN, de conformidad con el Artículo 1128 del TLCAN.

6. La presente controversia se relaciona con medidas que, según se alega, fueron adoptadas por la Demandada con respecto a la operación de extracción de piedra caliza de la Demandante. La operación de extracción era llevada a cabo por la filial de la Demandante, Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (“CALICA”), en el Estado de Quintana Roo, ubicado en la península de Yucatán, México.

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7. En el año 1986, CALICA, el Gobierno Federal de México y el Estado de Quintana Roo celebraron un acuerdo de inversión (el “Acuerdo de Inversión”)¹.

8. El Acuerdo de Inversión prevé el desarrollo de dos lotes: (i) La Rosita (aprox. 930 hectáreas), donde se ubicarían la cantera principal y la planta de procesamiento; y (ii) Punta Venado, donde se construiría una terminal portuaria². Las operaciones de extracción comenzaron en La Rosita tras su adquisición, y las operaciones portuarias en Punta Venado se encontraban en marcha aproximadamente en el mes de enero de 1990³.

9. En el año 1996, la Demandante adquirió dos lotes adicionales en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo (desde el año 2025, denominado Municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo): El Corchalito (aprox. 369 hectáreas) y La Adelita (aprox. 882 hectáreas), para la expansión de las operaciones de extracción⁴. La Rosita, El Corchalito y La Adelita son colindantes con Punta Venado⁵. Las reclamaciones de la Demandante se refieren a los tres lotes y al puerto.

10. En el año 2001, CALICA inició las operaciones de extracción en El Corchalito⁶. Nunca se iniciaron operaciones de extracción en La Adelita.

11. A partir del año 2013, CALICA entabló conversaciones con las autoridades mexicanas en relación con la posibilidad de llevar a cabo operaciones de extracción en La Adelita. Las conversaciones dieron lugar a la suscripción de determinados documentos en los años 2014 y 2015, cuyo estatus es objeto de controversia en este procedimiento. De conformidad con uno de esos documentos, se inició un proceso para modificar un régimen de zonificación. El proceso de modificación no se completó.

12. En el año 2017, una inspección ambiental determinó que CALICA había excedido los límites de su área de extracción en El Corchalito⁷. En el año 2018, las autoridades

¹ C-0010-SPA, Acuerdo celebrado entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Quintana Roo y CALICA, de fecha 6 de agosto de 1986 (“Acuerdo de Inversión”). ↩

² C-0010-SPA, Acuerdo de Inversión, págs. 2-3. ↩

³ Primera Declaración de [Redacted] ¶ 18. ↩

⁴ C-0034-SPA, Título de Propiedad de El Corchalito, de fecha 28 de agosto de 1996 (“Título de Propiedad de El Corchalito”); C-0035-SPA, Título de Propiedad de La Adelita, de fecha 21 de junio de 1996 (“Título de Propiedad de La Adelita”); Primera Declaración de [Redacted] ¶ 22. ↩

⁵ Memorial, ¶ 38. ↩

⁶ Primera Declaración de [Redacted] ¶ 24. ↩

⁷ C-0115-SPA, Primera Acta de Inspección de la PROFEPA, de fecha 19 de mayo de 2017 (“Primera Acta de Inspección de la PROFEPA, 19 de mayo de 2017”). ↩

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expidieron una orden para el cese de las actividades en ese lugar⁸. A ello le siguió una nueva resolución administrativa en el año 2020⁹.

13. En paralelo, surgió una controversia respecto del pago de tarifas portuarias por parte de CALICA en Punta Venado, que dio lugar a una decisión judicial del año 2015, cuyos efectos son objeto de controversia entre las Partes.

14. En el año 2022, el lote La Rosita fue objeto de una orden de cese de actividades tras una inspección de cumplimiento de la normativa ambiental¹⁰.

15. La Demandante alega que la Demandada ha violado los Artículos 1103 y 1105 del TLCAN en relación con el trato otorgado a las inversiones de la Demandante, incluida CALICA. La Demandada, por su parte, ha presentado una reconvención contra la Demandante en relación con presuntas violaciones de la legislación ambiental y el presunto daño ambiental causado por las operaciones de CALICA.

16. En la Sección II de este Laudo se exponen los detalles de las Partes. La Sección III abarca los antecedentes procesales. La Sección IV presenta los antecedentes de hecho de la controversia. En la Sección V, el Tribunal expone una síntesis de las posiciones respectivas de las Partes y de la reparación pretendida. La Sección VI constituye una introducción al análisis del Tribunal. La Sección VII se ocupa del derecho aplicable. La Sección VIII aborda cuestiones de jurisdicción y admisibilidad en tanto la Sección IX cubre las normas jurídicas aplicables. Las Secciones X y XI determinan las presuntas violaciones en relación con La Adelita y El Corchalito, respectivamente. Las Secciones XII y XIII se refieren a los presuntos incumplimientos en relación con La Rosita y las tarifas portuarias, respectivamente. La Sección XIV se refiere al quantum y a la reparación pretendida, mientras que la Sección XV aborda los intereses y la Sección XVI trata los costos. La Sección XVII incluye las conclusiones del Tribunal y la Sección XVIII expone las decisiones.

⁸ C-0117-SPA, Acuerdo de Emplazamiento, de fecha 22 de enero de 2018 (“Acuerdo de Emplazamiento”). ↩

⁹ R-0005-ESP, PROFEPA, Expediente PFPA/4.1/2C.27.5/00028-17, Resolución, 30 de octubre de 2020 (“Resolución de Octubre de 2020”). ↩

¹⁰ C-0171-SPA, Acta en Materia de Impacto Ambiental de la PROFEPA, 2-5 de mayo de 2022 (“Acta de Impacto Ambiental de la PROFEPA, 2-5 de mayo de 2022”), págs. 71-72 del PDF; C-0172-SPA, Acta de Inspección en Materia de Forestal de la PROFEPA, 2-5 de mayo de 2022) (“Acta de Inspección Forestal de la PROFEPA, 2-5 de mayo de 2022”), págs. 61-62 del PDF. ↩

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II. LAS PARTES

A. DEMANDANTE

17. La Demandante es Legacy Vulcan LLC (“Demandante”), con domicilio social en la siguiente dirección¹¹:

2711 Centerville Road
Suite 400
Wilmington
Delaware 19808
Estados Unidos

18. La Demandante es una sociedad de responsabilidad limitada constituida y en existencia de conformidad con la legislación de Delaware, EE. UU.

19. La Demandante somete sus reclamaciones de inversión a arbitraje en su propio nombre con arreglo al Artículo 1116(1) del TLCAN y, en representación de su filial Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (“CALICA”), en virtud del Artículo 1117(1) del TLCAN¹².

20. La Demandante es una filial de Vulcan Materials Company (“VMC”), sociedad estadounidense que cotiza en bolsa y que es el mayor proveedor de agregados para la construcción (principalmente piedra triturada, arena y grava) en los Estados Unidos, así como un importante productor de materiales de construcción basados en agregados, incluidos asfalto y hormigón premezclado¹³.

21. La Demandante está representada en este arbitraje por sus abogados debidamente autorizados, identificados en la página 2 supra.

B. DEMANDADA

22. La Demandada es los Estados Unidos Mexicanos (“México” o “Demandada”).

¹¹ SdA, ¶ 11. ↩

¹² Memorial, ¶ 20. ↩

¹³ Memorial, ¶ 18, donde se cita C-0005-ENG, Certificación de la Estructura de Propiedad de Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. y Filiales Mexicanas Vinculadas (“Certificación de la Estructura de Propiedad de CALICA”). ↩

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23. La Demandada está representada en este arbitraje por sus abogados debidamente autorizados, identificados en la página 2 supra.

24. La Demandante y la Demandada se denominarán, en forma conjunta, las “Partes”. La Demandante y la Demandada se denominarán, en forma individual, “Parte”.

III. ANTECEDENTES PROCESALES

25. El 3 de diciembre de 2018, el CIADI recibió una solicitud de arbitraje de la Demandante contra la Demandada, complementada por cartas de los días 26 y 28 de diciembre de 2018 (la “Solicitud”). La Solicitud estuvo acompañada de los Anexos Documentales C-0001 a C-0022.

26. El 3 de enero de 2019, la Secretaria General del CIADI registró la Solicitud de conformidad con el Artículo 36(3) del Convenio del CIADI y notificó a las Partes del acto de registro. En la Notificación del Acto de Registro, la Secretaria General invitó a las Partes a que procedieran, en cuanto fuera posible, a constituir un tribunal de arbitraje de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 7(d) de las Reglas Procesales Aplicables a la Iniciación de los Procedimientos de Conciliación y Arbitraje del CIADI.

27. Según lo previsto en el Artículo 1123 del TLCAN, las Partes acordaron que el Tribunal estaría integrado por tres árbitros. Cada una de las partes contendientes nombraría a uno. El tercer árbitro, el presidente del tribunal de arbitraje, sería designado por acuerdo de las partes contendientes.

28. El 8 de marzo de 2019, la Demandante nombró al Prof. Guido Santiago Tawil, nacional de Argentina y Portugal, como árbitro. El Prof. Tawil aceptó su nombramiento el 19 de marzo de 2019.

29. El 22 de marzo de 2019, la Demandada nombró al Prof. Sergio Puig, nacional de México y de los Estados Unidos de América, como árbitro. El Prof. Puig aceptó su nombramiento el 1 de abril de 2019.

30. El 17 de junio de 2019, las Partes solicitaron a la Secretaria General del CIADI que elaborara una lista de al menos cinco candidatos para el nombramiento del Presidente del Tribunal. Cada Parte podía eliminar a los candidatos que considerase necesario y clasificar a los candidatos restantes (procedimiento de eliminación y clasificación). La

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lista fue sometida a consideración de las Partes mediante envío del 6 de septiembre de 2019.

31. El 18 de septiembre de 2019, el Centro informó a las Partes el resultado del procedimiento de eliminación y clasificación, de conformidad con el acuerdo de ellas. En consecuencia, el Centro procedió al nombramiento del Prof. Albert Jan van den Berg, nacional de los Países Bajos, como Presidente del Tribunal. El Prof. van den Berg aceptó su nombramiento el 19 de septiembre de 2019.

32. El 20 de septiembre de 2019, la Secretaria General, de conformidad con la Regla 6(1) de las Reglas Procesales Aplicables a los Procedimientos de Arbitraje del CIADI (las “Reglas de Arbitraje”), notificó a las Partes que los tres árbitros habían aceptado sus nombramientos y que, por lo tanto, el Tribunal se consideraba constituido en esa fecha. La Sra. Sara Marzal, Consejera Jurídica del CIADI, fue designada para fungir como Secretaria del Tribunal.

33. De conformidad con la Regla 13(1) de las Reglas de Arbitraje del CIADI, el 6 de noviembre de 2019, el Tribunal celebró una primera sesión con las Partes por conferencia telefónica.

34. Luego de la primera sesión, el 26 de noviembre de 2019, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 1 (“RP1”) en la que dejó constancia del acuerdo de las Partes sobre cuestiones procesales y de la decisión del Tribunal respecto de las cuestiones controvertidas. La RP1 dispone, inter alia, que las Reglas de Arbitraje aplicables serían aquellas en vigencia desde el 10 de abril de 2006, salvo en la medida en que fueran modificadas por la Sección B del Capítulo Once del TLCAN. Dispone asimismo que los idiomas del procedimiento serían el español y el inglés, y que el lugar del procedimiento sería Washington D. C., Estados Unidos de América. La RP1 también establece un calendario procesal acordado para el procedimiento (el “Calendario Procesal”). Por último, la RP1 dispone en las Secciones 24.1 y 24.3 que el Tribunal, previa consulta con las Partes, emitirá una Orden de Confidencialidad para regir las cuestiones relativas a la confidencialidad y la privacidad del procedimiento de arbitraje, las resoluciones, las órdenes, las decisiones y el Laudo.

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35. El 4 de marzo de 2020, las Partes notificaron al Tribunal que deseaban prorrogar en setenta días todos los plazos y fechas pertinentes del Calendario Procesal a los efectos de explorar la posible resolución de la controversia.

36. El 6 de marzo de 2020, el Tribunal aprobó el acuerdo de las Partes para prorrogar en setenta días todos los plazos y fechas pertinentes.

37. El 18 de mayo de 2020, la Demandante informó al CIADI que las Partes no habían logrado resolver la controversia y presentó su Memorial sobre Jurisdicción y Fondo (“Memorial de la Demandante” o “Memorial”), junto con los Anexos Documentales C-0023 a C-0139, las Autoridades Legales CL-0001 a CL-0106, las Declaraciones Testimoniales de la [Redacted] (“Primera Declaración de [Redacted]”, con los Anexos [Redacted] 0001 a [Redacted]-0003) y del [Redacted] (“Primera Declaración de [Redacted]”, con los Anexos [Redacted]-0001 a [Redacted]-0010), así como los Informes Periciales del [Redacted] (“Primer Informe de [Redacted]”, con los Anexos [Redacted]-0001 a [Redacted]-0038) y del Sr. Darrell Chodorow (“Primer Informe de Brattle”, con los Anexos DC-0001 a DC-0125).

38. El 29 de junio de 2020, el Tribunal consultó a las Partes si estarían de acuerdo con el nombramiento de la Sra. Emily Hay, entonces en la firma de abogados Hanotiau & van den Berg, como Asistente del Tribunal en este caso. Ninguna de las Partes formuló objeciones al nombramiento la Sra. Hay ni a la declaración de independencia, imparcialidad y confidencialidad firmada por ella, que fuera distribuida a las Partes el 7 de julio de 2020.

39. El 30 de junio de 2020, la Demandante presentó al Tribunal el Calendario Procesal revisado y consensuado por las Partes. El 2 de julio de 2020, la Demandada confirmó su acuerdo y, ese mismo día, el Tribunal aprobó el acuerdo de las Partes y emitió un Calendario Procesal revisado.

40. El 20 de julio de 2020, la Demandada presentó un borrador de Orden de Confidencialidad en nombre de las Partes. El borrador presentado receptaba la propuesta conjunta de las Partes respecto de todas las cuestiones comprendidas en la Orden de Confidencialidad, salvo en una sección sobre la cual las Partes no lograron alcanzar un acuerdo.

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41. Ese mismo día, y de conformidad con el Calendario Procesal, según fuera modificado por las Partes, la Demandada presentó al Tribunal sus solicitudes de exhibición de documentos en forma de una Tabla Redfern (incluidas las objeciones de la Demandante a las solicitudes y las respuestas de la Demandada a dichas objeciones), junto con algunas observaciones introductorias que incluían respuestas generales a las objeciones de la Demandante (la “Solicitud de Exhibición de Documentos de la Demandada”).

42. El 21 de julio de 2020, la Demandante confirmó su acuerdo con el borrador de Orden de Confidencialidad presentado por la Demandada y explicó su posición respecto de la sección objeto de controversia.

43. El 30 de julio de 2020, con base en la propuesta conjunta de las Partes y en los intercambios posteriores sobre la cuestión objeto de controversia, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 2, en la que resolvió aquellas cuestiones respecto de las cuales existía desacuerdo entre las Partes (la “Orden de Confidencialidad” o “RP2”).

44. Ese mismo día, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 3 (“RP3”), en la que se pronunció sobre la Solicitud de Exhibición de Documentos de la Demandada

45. El 19 de octubre de 2020, las Partes notificaron al Tribunal que deseaban prorrogar nuevamente todos los plazos y fechas pertinentes del Calendario Procesal. El 20 de octubre de 2020, el Tribunal aprobó el acuerdo de las Partes y emitió un Calendario Procesal revisado.

46. El 23 de noviembre de 2020, y de conformidad con el Calendario Procesal revisado, la Demandada presentó un Memorial de Contestación sobre Jurisdicción y Fondo (“Memorial de Contestación de la Demandada” o “Memorial de Contestación”), junto con los Anexos Documentales R-0001 a R-0075, las Autoridades Legales RL-001 a RL-075, las Declaraciones Testimoniales de la Sra. Margarita Yolanda Balcázar Mendoza (RW-001 o “Primera Declaración de Balcázar”, con los Anexos MYBM-0001 a MYBM-0004), de la Sra. Silvia Rodríguez Rosas (RW-002 o “Primera Declaración de Rodríguez Rosas”, con los Anexos SRR-0001 y SRR-0002), del Sr. Roberto Pérez Marín (RW-003 o “Declaración de Pérez Marín”, con los Anexos RPM-0001 a RPM-0007), del Sr. Salomón Díaz Mondragón (RW-004 o “Declaración de Díaz Mondragón”, con el

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Anexo SDM-0001), del Sr. José Juan Hernández Chávez (RW-005 o “Declaración de Hernández Chávez”, con los Anexos JJHC-0001 a JJHC-0003) y del Sr. José A. Atempa Lobato (RW-006 o “Declaración de Atempa”, con los Anexos JAAL-0001 a JAAL-0015), así como los Informes Periciales de los Sres. Gustavo Carvajal, Gustavo Alanis, Juan Pedro Machado y Carlos del Razo Ochoa (RE-001 o “Primer Informe de SOLCARGO”, con los Anexos CFRO-0001, GAO-0001, GCI-0001 a GCI-0009 y JPMA-0001 a JPMA-0012) y del Sr. Timothy Hart y de la Sra. Rebecca Vélez (RE-002 o “Primer Informe de Credibility”, con los Apéndices A a C, los Anexos 1 a 7 y los Anexos CRED-0001 a CRED-0065).

47. El 4 de enero de 2021, la Demandante presentó al Tribunal sus solicitudes de exhibición de documentos en forma de una Tabla Redfern (incluidas las objeciones de la Demandada a las solicitudes y las respuestas de la Demandante a dichas objeciones), junto con un archivo PDF que incluía las instrucciones y definiciones de la Demandante relativas a sus solicitudes, así como las “objeciones generales” de la Demandada mencionadas en la Tabla Redfern (la “Solicitud de Exhibición de Documentos de la Demandante”).

48. El 8 de enero de 2021, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 4 relativa a la Solicitud de Exhibición de Documentos de la Demandante (“RP4”).

49. El 4 de febrero de 2021, la Demandante solicitó que el Tribunal sacara conclusiones adversas del presunto incumplimiento de la RP4 del Tribunal por parte de la Demandada y, en particular, respecto del hecho de que la Demandada no presentara el “Acuerdo entre el Gobierno de Quintana Roo y el Municipio de Solidaridad para modificar el POEL 2009 en relación con el uso del suelo de los lotes de CALICA a los efectos de permitir la producción previamente autorizada por el POET 2001”. [Traducción del Tribunal]

50. El 20 de febrero de 2021, la Demandada objetó la solicitud de la Demandante alegando, inter alia, que el acuerdo mencionado supra no existía.

51. El 13 de febrero de 2021, el Tribunal tomó nota de las respectivas posiciones de las Partes respecto de la presunta existencia o inexistencia del mencionado acuerdo e indicó que, en su debido momento, el Tribunal ponderará las pruebas de que dispone y realizará las

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inferencias que considere pertinentes, teniendo en cuenta su relevancia, peso e importancia.

52. El 22 de febrero de 2021, la Demandante presentó un Memorial de Réplica sobre Jurisdicción y Fondo (la “Réplica de la Demandante” o “Réplica”), junto con los Anexos Documentales C-0140 a C-0164, las Autoridades Legales CL-0107 a CL-0141, las Declaraciones Testimoniales del [Redacted] (“Declaración de [Redacted]”) y del [Redacted] (“Primera Declaración de [Redacted]”, con los Anexos [Redacted]-0001 a [Redacted]-0003), las Segundas Declaraciones Testimoniales del [Redacted] (“Segunda Declaración de [Redacted]”, con los Anexos [Redacted]-0011 a [Redacted]-0013) y de la [Redacted] (“Segunda Declaración [Redacted]”, con los Anexos [Redacted]-0004 a [Redacted]-0016), los Segundos Informes Periciales del [Redacted] (“Segundo Informe de [Redacted]”, con los Anexos [Redacted]-0039 a [Redacted]-0050) y del Sr. Darrell Chodorow (“Segundo Informe de Brattle”, con los Apéndices E a G, los Anexos DC-0052-Am, DC-0126 a DC-0162 y las Hojas de Trabajo DC-0163 y DC-0164), y los Informes Periciales del [Redacted] (“Informe de [Redacted]”, con los Anexos [Redacted]-0001 a [Redacted]-0041), del [Redacted] (“Informe de [Redacted]”) y de los [Redacted] y [Redacted] (“Informe de [Redacted]”, con los Anexos [Redacted]-001 a [Redacted]-012).

53. El 1 de abril de 2021, el Tribunal invitó a las Partes a conferir y a presentar sus opiniones sobre la posibilidad de celebrar la audiencia de manera remota, habida cuenta de las limitaciones impuestas como consecuencia de la pandemia de COVID-19. El 9 de abril de 2021, las Partes acordaron la posibilidad de una audiencia remota y, el 15 de abril de 2021, el Tribunal confirmó la decisión de celebrar la audiencia de manera remota.

54. El 14 de abril de 2021, el Tribunal tomó nota de que aún se encontraban pendientes las versiones con supresiones de los escritos presentados hasta ese momento por las Partes y solicitó a estas que presentaran una actualización, de conformidad con la Orden de Confidencialidad.

55. A la luz de las respuestas de las Partes de 16 de abril de 2021 a la solicitud de actualización del Tribunal, el 20 de abril de 2021, el Tribunal invitó a las Partes a acordar las supresiones de texto o, en su defecto, a someter al Tribunal cualquier desacuerdo

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pendiente para su resolución, de conformidad con las Secciones 7.2 y 7.3 de la Orden de Confidencialidad, dentro de un plazo de 15 días.

56. El 5 de mayo de 2021, la Demandante presentó los desacuerdos pendientes de resolución sobre las supresiones de texto propuestas. El 13 de mayo de 2021, la Demandada presentó su objeción a las supresiones de texto propuestas por la Demandante. El 18 de mayo de 2021, la Demandante presentó su réplica a las objeciones de la Demandada y, el 27 de mayo de 2021, la Demandada presentó sus comentarios de dúplica.

57. El 14 de abril de 2021, el Tribunal distribuyó un borrador de resolución procesal que incluía un protocolo para la celebración de la audiencia remota e invitó a las Partes a conferir y a presentar sus acuerdos y respectivas posiciones sobre los puntos de disenso.

58. El 24 de mayo de 2021, la Demandada presentó un Memorial de Dúplica sobre Jurisdicción y Fondo (la “Dúplica de la Demandada” o “Dúplica”), junto con los Anexos Documentales R-0076 a R-0123, las Autoridades Legales RL-076 a RL-093, las Segundas Declaraciones Testimoniales de la Sra. Silvia Rodríguez Rosas (RW-007 o “Segunda Declaración de Rodríguez Rosas”, con los Anexos SRR-0003 a SRR-0012) y de la Sra. Margarita Yolanda Balcázar Mendoza (RW-008 o “Segunda Declaración de Balcázar”, con los Anexos MYBM-0001 (nueva presentación), MYBM-0005 y MYBM-0006), las Declaraciones Testimoniales del Sr. José Ángel Durán Desiga (RW-009 o “Declaración de Durán Desiga”) y del Sr. Alfredo Miguel Paz Cetina (RW-010 o “Declaración de Paz Cetina”), los Segundos Informes Periciales de los Sres. Gustavo Carvajal, Juan Pedro Machado y Carlos del Razo Ochoa (RE-003 o “Segundo Informe de SOLCARGO”, con los Anexos GCI-0010 a GCI-0014 y JPMA-0012 a JPMA-0013) y del Sr. Timothy Hart y de la Sra. Rebecca Vélez (RE-004 o “Segundo Informe de Credibility”, con los Apéndices A a C, los Anexos 1 a 4 y los Anexos CRED-0066 a CRED-0083), así como los Informes Periciales del Sr. Carlos Rábago Estela (RE-005 o “Informe de Rábago Estela”, con los Anexos CRE-0001 a CRE-0004) y del Dr. Javier Mijangos y González (RE-006 o “Informe de Mijangos”, con los Anexos JMG-0001 a JMG-0026).

59. El 28 de mayo de 2021, la Demandante presentó los comentarios conjuntos de las Partes al borrador del protocolo para la celebración de la audiencia remota, indicando las

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modificaciones acordadas por las Partes o sus respectivas posiciones, según correspondiera.

60. El 3 de junio de 2021, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 5 (“RP5”), en la que decidió los desacuerdos pendientes de resolución sobre las supresiones de texto propuestas.

61. El 4 de junio de 2021, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 6 (“RP6”), relativa a la organización de la audiencia remota, en la que estableció las reglas procesales acordadas por las Partes y/o determinadas por el propio Tribunal para regir el desarrollo de la audiencia remota.

62. El 7 de junio de 2021, tanto los Estados Unidos como Canadá formularon presentaciones escritas sobre cuestiones de interpretación del tratado en calidad de Estados Partes no contendientes, de conformidad con el Artículo 1128 del TLCAN (“Presentaciones del Artículo 1128”).

63. El 18 de junio de 2021, el Tribunal celebró una reunión organizativa preliminar con las Partes mediante videoconferencia.

64. El 28 de junio de 2021, la Demandante presentó sus comentarios sobre las Presentaciones del Artículo 1128, junto con los Anexos Documentales C-0165 a C-0166 y las Autoridades Legales CL-0147 a CL-0166.

65. El 9 de julio de 2021, la Demandante solicitó (i) que se agregara una hora adicional a cada día de audiencia a fin de contar con tiempo suficiente para presentar su argumento de manera efectiva y (ii) autorización para incorporar documentos adicionales al expediente, de conformidad con la Sección 16.3 de la RP1.

66. El 15 de julio de 2021, tras considerar las observaciones de la Demandada sobre la solicitud de la Demandante, el Tribunal decidió rechazar ambas solicitudes de la Demandante.

67. Entre los días 26 y 30 de julio de 2021, el Tribunal celebró una audiencia sobre jurisdicción y fondo mediante videoconferencia (la “Audiencia”). Las personas que se mencionan a continuación estuvieron presentes en la Audiencia:

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Tribunal:
Prof. Albert Jan van den Berg Presidente
Prof. Sergio Puig Árbitro
Prof. Guido Santiago Tawil Árbitro

Secretariado del CIADI:
Sra. Sara Marzal Secretaria del Tribunal
Sr. Federico Salon-Kajganich Paralegal

Asistente del Tribunal:
Sra. Emily Hay Asistente del Tribunal

Por la Demandante:
Sr. Miguel López Forastier Covington & Burling LLP
Sr. José E. Arvelo Covington & Burling LLP
Sra. Clovis Trevino Covington & Burling LLP
Sr. Santiago Zalazar Covington & Burling LLP
Sra. Kate McNulty Covington & Burling LLP
Sr. Alex Ely Covington & Burling LLP
Sr. Gabriel Gates Covington & Burling LLP
Sr. Roy Goldsman Covington & Burling LLP
Sr. Carlos Martínez Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.
Sr. Luis M. Jardón Piña Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.
Sra. Gabriela Schafler Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.
Sra. Pamela Payró Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.
Sra. Mariana Westendarp Palacios Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.
Sr. Ernesto Enríquez Vulcan Materials Company
Sr. Gregg McCormick Vulcan Materials Company
Sr. Denson Franklin Vulcan Materials Company
Sr. Jason Nabors Vulcan Materials Company

Por la Demandada:
Sr. Orlando Pérez Gárate Secretaría de Economía
Sra. Cindy Rayo Zapata Secretaría de Economía
Sr. Francisco Diego Pacheco Román Secretaría de Economía
Sr. Rafael Rodríguez Maldonado Secretaría de Economía
Sr. Miguel Ángel Galindo Vega Secretaría de Economía
Sra. Pamela Hernández Mendoza Secretaría de Economía
Sra. Imelda Aime Anaid Silva Pacheco Secretaría de Economía
Sr. Fabián Arturo Trejo Bravo Secretaría de Economía
Sr. Stephan E. Becker Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP
Sra. David J. Stute Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP
Sr. Greg Tereposky Tereposky y DeRose
Sr. Alejandro Barragán Tereposky & DeRose
Sra. Ximena Iturriaga Tereposky y DeRose
Sra. Blanca Alicia Mendoza Vera Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA
Sra. Margarita Yolanda Balcázar Mendoza Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA

[Page 34]

Sr. Juan Manuel Torres Burgos Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT
Sr. José Juan Hernández Chávez Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT
Sra. Natalia García Nieto Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT

Estenógrafos:
Sr. Dante Rinaldi Estenógrafo en idioma español
Sr. Paul Pelissier Estenógrafo en idioma español
Sr. David Kasdan Estenógrafo en idioma inglés
Sra. Dawn Larson Estenógrafa en idioma inglés

Intérpretes:
Sr. Daniel Giglio Intérprete
Sra. Silvia Colla Intérprete
Sr. Charles Roberts Intérprete

Partes Contratantes del TLCAN No Contendientes:
Sra. Lisa J. Grosh Departamento de Estado de EE. UU.
Sr. John D. Daley Departamento de Estado de EE. UU.
Sra. Nicole C. Thornton Departamento de Estado de EE. UU.
Sr. Nathaniel E. Jedrey Departamento de Estado de EE. UU.
Sra. Anne K. Cusick Departamento de Estado de EE. UU.
Sra. Julia H. Brower Departamento de Estado de EE. UU.
Sr. David B. Sullivan Departamento de Estado de EE. UU.
Sra. Catherine H. Gibson Oficina del Representante Comercial de EE. UU.

68. Las siguientes personas fueron interrogadas en la Audiencia:

En representación de la Demandante:
[Redacted]
[Redacted]
Sr. Darrell Chodorow The Brattle Group
Sr. Fabricio Núñez The Brattle Group

En representación de la Demandada:
Sra. Silvia Rodríguez Rosas Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA
Sr. José Ángel Durán Desiga Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

[Page 35]

Sr. Carlos Rábago Estela Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, S.C.
Sr. Carlos Federico Del Razo Ochoa SOLCARGO
Sr. Gustavo Carvajal Isunza SOLCARGO
Sr. Juan Pedro Machado SOLCARGO
Sr. Jorge Gómez de Silva SOLCARGO
Dr. Javier Mijangos y González Mijangos y González Abogados
Sr. Timothy Hart Credibility International
Sr. Rebecca Vélez Credibility International

69. De conformidad con la Sección 64 de la RP6, el 11 de agosto de 2021, el Tribunal distribuyó una lista de preguntas a las Partes. A instancia de la Demandante, el 30 de septiembre de 2021, el Tribunal proporcionó orientación sobre la pregunta 15.

70. El 1 de octubre de 2021, la Demandante solicitó autorización para incorporar al expediente el dictamen pericial del Capitán de Corbeta Juan Martín Ramírez Miranda, del Servicio de Ingenieros de la Armada de México (el “Dictamen Pericial de la Armada”).

71. El 4 de octubre de 2021, la Demandada presentó sus observaciones sobre la solicitud de la Demandante. El 8 de octubre de 2021, la Demandante presentó una respuesta a las observaciones de la Demandada. El 11 de octubre de 2021, la Demandada presentó observaciones adicionales.

72. El 20 de octubre de 2021, el Tribunal decidió aceptar la solicitud de la Demandante y la invitó a presentar el Dictamen Pericial de la Armada, junto con cualquier comentario, a más tardar el 25 de octubre de 2021. El Tribunal también brindó a la Demandada la oportunidad de formular sus observaciones sobre el Dictamen Pericial de la Armada y de presentar sus comentarios, junto con cualquier prueba en refutación, el 8 de noviembre de 2021.

73. El 25 de octubre de 2021, la Demandante presentó el Dictamen Pericial de la Armada (como Anexo Documental C-0167), junto con sus comentarios.

74. El 1 de noviembre de 2021, la Demandada solicitó autorización para incorporar al expediente la sentencia de 9 de abril de 2021 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de México, relativa al recurso de revisión interpuesto por CALICA y una de sus filiales contra una decisión que desestimó un amparo (la “Sentencia”).

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75. El 8 de noviembre de 2021, la Demandante presentó observaciones sobre la solicitud de la Demandada de 1 de noviembre de 2021, y la Demandada presentó observaciones al Dictamen Pericial de la Armada, junto con los Anexos Documentales R-0125 y R-0126.

76. El 9 de noviembre de 2021, el Tribunal decidió aceptar la solicitud de la Demandada y la invitó a presentar la Sentencia, junto con cualquier comentario, a más tardar el 11 de noviembre de 2021. El Tribunal también brindó a la Demandante la oportunidad de formular sus observaciones sobre la Sentencia y de presentar sus comentarios, junto con cualquier prueba en refutación, el 16 de noviembre de 2021.

77. El 11 de noviembre de 2021, la Demandada presentó la Sentencia, junto con sus comentarios.

78. El 16 de noviembre de 2021, la Demandante presentó observaciones sobre la Sentencia.

79. El 17 de noviembre de 2021, las Partes presentaron escritos posteriores a la audiencia simultáneos, junto con sus respuestas a las preguntas del Tribunal a las Partes de 11 de agosto de 2021 (“PHM”). La presentación de la Demandante estuvo acompañada por las Autoridades Legales CL-0167 a CL-0170. La presentación de la Demandada estuvo acompañada de las Autoridades Legales RL-094 a RL-098.

80. El 16 de diciembre de 2021, las Partes presentaron escritos de réplica posteriores a la audiencia simultáneos, junto con sus comentarios sobre las respuestas de la otra Parte a las preguntas del Tribunal de 11 de agosto de 2021 (“RPHM”). La presentación de la Demandante estuvo acompañada de las Autoridades Legales CL-0171 y CL-0172.

81. Las Partes efectuaron sus presentaciones sobre costos el 11 de febrero de 2022. La presentación de la Demandante estuvo acompañada de las Autoridades Legales CL-0173 y CL-0174. La presentación de la Demandada estuvo acompañada de las Autoridades Legales RL-099 a RL-113.

82. El 8 de mayo de 2022, la Demandante presentó una Solicitud de Medidas Provisionales y de Autorización para Presentar una Demanda Subordinada.

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83. El 26 de mayo de 2022, la Demandada presentó su Respuesta a la Solicitud de Medidas Provisionales y de Autorización para Presentar una Demanda Subordinada de la Demandante.

84. El 2 de junio de 2022, la Demandante presentó su Réplica a la Respuesta de la Demandada a su Solicitud de Medidas Provisionales y de Autorización para Presentar una Demanda Subordinada.

85. El 7 de junio de 2022, la Demandada presentó su Dúplica a la Solicitud de Medidas Provisionales y de Autorización para Presentar una Demanda Subordinada de la Demandante.

86. De conformidad con las instrucciones del Tribunal, los días 21 y 22 de junio de 2024, las Partes incorporaron al expediente los siguientes Anexos Documentales y Autoridades Legales en sustento de sus presentaciones de los días 8 y 26 de mayo y 2 y 7 de junio de 2024: C-0168 a C-0199 y CL-0175 a CL-0200, para la Demandante, y R-0127 a R-0135 y RL-0116 a RL-0144, para la Demandada.

87. El 11 de julio de 2022, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 7 (“RP7”) relativa a la Solicitud de Medidas Provisionales y de Autorización para presentar una Demanda Subordinada. La RP7 establece, inter alia, una recomendación en concepto de medidas provisionales de que “México se abstenga de tomar cualquier medida que pudiera agravar o prolongar aún más la controversia entre las Partes, incluidos nuevos ataques públicos que exacerben la controversia entre las Partes, ejerzan una presión indebida sobre CALICA o Legacy Vulcan, o eventualmente dificulten la resolución de la controversia” [Traducción del Tribunal]. Asimismo, decide, por mayoría, permitir que la Demandante presente una demanda subordinada relativa al supuesto cierre ilícito por parte de México de las operaciones de extracción de Legacy Vulcan en México (la “Demanda Subordinada”). Por último, la RP7 aplaza cualquier decisión sobre la reconvención que pueda presentar la Demandada, siempre que la Demandada presente una solicitud motivada de autorización. La RP7 contiene adjunta una opinión parcialmente disidente del árbitro Prof. Puig, en relación con la decisión de la mayoría de permitir que la Demandante presente una Demanda Subordinada.

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88. De conformidad con el calendario procesal acordado por las Partes para la Demanda Subordinada, el 28 de septiembre de 2022, la Demandante presentó un Memorial de Demanda Subordinada (“Memorial de Demanda Subordinada de la Demandante” o “Memorial de Demanda Subordinada”), junto con los Anexos Documentales C-0200 a C-0279, la Autoridad Legal CL-0201, la Tercera Declaración Testimonial del [Redacted] (“Tercera Declaración [Redacted]”), la Segunda Declaración Testimonial [Redacted] (“Segunda Declaración [Redacted]”, con los Anexos [Redacted]-00 a [Redacted]-0019), los Terceros Informes Periciales del [Redacted] (“Tercer Informe de [Redacted]”, con los Anexos [Redacted]-0051 a [Redacted]-0067), y de los Sres. Darrell Chodorow y Fabricio Núñez (“Tercer Informe de Brattle”, con los Anexos DC-0163 a DC-0245 y los Documentos de Trabajo DC-0246 a DC-0252)¹⁴.

89. El 19 de diciembre de 2022, la Demandada presentó un Memorial de Contestación a la Demanda Subordinada (“Memorial de Contestación a la Demanda Subordinada de la Demandada” o “Memorial de Contestación Subordinada”), junto con los Anexos Documentales R-0136 a R-0190, las Autoridades Legales RL-0145 a RL-0181, las Declaraciones Testimoniales del Sr. Iván Rico (RW-0011 o “Declaración de Rico”, con los Anexos IRL-0001 a IRL-0004), el Sr. Patricio Rodolfo Vilchis (RW-0013 o “Declaración de Vilchis”, con los Anexos PRVN-0001 a PRVN-0005), y del Sr. Enrique Castañeda Sánchez (RW-0014 o “Declaración de Castañeda Sánchez”), la Tercera Declaración Testimonial de la Sra. Margarita Yolanda Balcázar Mendoza (RW-0012 o “Tercera Declaración de Balcázar”, con los Anexos MYBM-0008 a MYBM-0013), los Terceros Informes Periciales del Sr. Timothy Hart y de la Sra. Rebecca Vélez (RE-0007 o “Tercer Informe de Credibility”, con el Apéndice A al Apéndice C, los Anexos CRED-0084 a CRED-0096), y de los Sres. Gustavo Carvajal, Juan Pedro Machado, Carlos Rábago Estela y Carlos del Razo Ochoa (RE-0008 o “Tercer informe de SOLCARGO”, con los Anexos JPMA-0014 a JPMA-0015). En la Sección IV de su Memorial de Contestación a la Demanda Subordinada, la Demandada incluyó una solicitud para presentar una reconvención contra la Demandante por los supuestos daños medioambientales causados por ella durante el desarrollo de su inversión (la “Reconvención”).

¹⁴ Con el consentimiento de la Demandada, el 9 de diciembre de 2024, la Demandante presentó una versión corregida del Tercer Informe de Brattle y un Documento de Trabajo O actualizado. ↩

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90. El 20 de febrero de 2023, la Demandante presentó una Réplica sobre la Demanda Subordinada (“Réplica sobre la Demanda Subordinada de la Demandante” o “Réplica Subordinada”), junto con el Apéndice A, los Anexos Documentales C-0280 a C-0331, las Autoridades Legales CL-0202 a CL-0229, la Cuarta Declaración Testimonial del [Redacted] (“Cuarta Declaración [Redacted]”, con los Anexos [Redacted]-0014 a [Redacted]-0017), la Tercera Declaración Testimonial del [Redacted] (“Tercera Declaración [Redacted]”, con los Anexos [Redacted]-0020 a [Redacted]-0032), la Primera Declaración Testimonial del [Redacted] (“Declaración de [Redacted]”, con los Anexos [Redacted]-0001 a [Redacted]-0009), y del [Redacted] (“Declaración de [Redacted]”, con los Anexos [Redacted] 0001 a [Redacted]-0010), los Cuartos Informes Periciales del [Redacted] (“Cuarto Informe de [Redacted]”, con los Anexos [Redacted]-0068 a [Redacted]-0073), y de los Sres. Darrell Chodorow y Fabricio Núñez (“Cuarto Informe de Brattle”, con los Anexos DC-0253 a DC-0276 y el Documento de Trabajo DC-0246 (actualizado)), y el Primer Informe Pericial del Dr. Gino Bianchi Mosquera (“Primer Informe de GSI”, con los Anexos GSI-0001 a GSI-0031). En su Réplica sobre la Demanda Subordinada, la Demandante se opuso a la solicitud de la Demandada de que se la autorizara a presentar la Reconvención.

91. El 23 de febrero de 2023, el Tribunal señaló que, en el párrafo 203 de su Memorial de Contestación a la Demanda Subordinada, la Demandada solicitó al Tribunal que realizara una visita in situ a La Rosita y a otros predios de la Demandante, y que, en la nota al pie 192 de su Réplica sobre la Demanda Subordinada, la Demandante indicó que no tenía objeciones a dicha visita si el Tribunal lo consideraba necesario. El Tribunal informó a las Partes que consideraba que una visita in situ podría contribuir a comprender mejor la controversia entre ellas y propuso dos opciones para la fecha de la visita, en aras de que las Partes las examinaran.

92. Tras oír a ambas Partes, el 10 de marzo de 2023, el Tribunal propuso que se llevara a cabo una visita in situ de dos días de duración a los tres predios de la Demandante entre los días 18 y 20 de julio de 2023 (la “Visita in Situ”). En cuanto a la solicitud de la Demandada de presentar una Reconvención, el Tribunal decidió aplazar su decisión sobre la admisibilidad y sobre su jurisdicción respecto a la Reconvención, y la acumuló al fondo de la Reconvención, debiéndose resolver todo ello en el laudo definitivo. En

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consecuencia, el Tribunal invitó a las Partes a deliberar y acordar un calendario de presentación de escritos sobre la Reconvención ante el Tribunal.

93. El 21 de marzo de 2023, la Demandante informó al Tribunal que la Demandada había supuestamente agravado la controversia al ingresar por la fuerza en Punta Venado, infringiendo la RP7, y solicitó la asistencia del Tribunal.

94. El 23 de marzo de 2023, tras oír a ambas Partes, el Tribunal impartió nuevas instrucciones sobre el calendario procesal para la presentación de escritos sobre la Reconvención ante el Tribunal.

95. El 24 de marzo de 2023, la Demandada propuso un calendario para la presentación de escritos sobre su Reconvención, solicitando la bifurcación de las cuestiones de daños relacionados con la Reconvención.

96. El 28 de marzo de 2023, la Demandada presentó sus observaciones sobre la solicitud de la Demandante de 21 de marzo de 2023 relativa a la supuesta violación de la RP7 por parte de la Demandada.

97. El 29 de marzo de 2023, la Demandante se opuso al calendario propuesto por la Demandada para la presentación de escritos sobre la Reconvención y la solicitud de bifurcación. La Demandante solicitó al Tribunal que se pronunciara sobre el alcance de la Reconvención de la Demandada como cuestión preliminar.

98. El 3 de abril de 2023, la Demandante presentó una respuesta a las observaciones de la Demandada de 28 de marzo de 2023.

99. Ese mismo día, el Tribunal impartió instrucciones sobre la cuestión del calendario procesal para la presentación de escritos sobre la Reconvención. El Tribunal admitió la solicitud de la Demandada de bifurcar las cuestiones de daños relacionados con la Reconvención. El Tribunal decidió además que no disponía de elementos suficientes en esa fase para impartir instrucciones sobre el alcance de la Reconvención, e invitó a las Partes a presentar sus respectivos escritos sobre jurisdicción, admisibilidad y responsabilidad con respecto a la Reconvención según la presentación de la Demandada.

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100. El 6 de abril de 2023, la Demandada presentó nuevas observaciones sobre la solicitud de la Demandante de 21 de marzo de 2023 relativa a la supuesta violación de la RP7 por parte de la Demandada.

101. Ese mismo día, las Partes presentaron nuevos comentarios sobre el calendario procesal para la presentación de escritos sobre la Reconvención. La Demandante propuso que se bifurcara el fondo de la Reconvención (y no solo las cuestiones de daños) a fin de que se abordara más adelante, si procediera. La Demandada aceptó la propuesta de bifurcación de la Demandante el 12 de abril de 2023.

102. El 13 de abril de 2023, tras examinar el acuerdo de las Partes de bifurcar el fondo de la Reconvención, el Tribunal confirmó que se bifurcarían las cuestiones relativas al fondo y a la cuantificación de daños de la Reconvención. El Tribunal indicó que, en esa fase, se limitaría a determinar la jurisdicción y la admisibilidad de la Reconvención. Sobre esta base, el Tribunal confirmó el calendario procesal para la presentación de escritos sobre la Reconvención, así como las fechas de la audiencia sobre la Demanda Subordinada y sobre la Jurisdicción y Admisibilidad de la Reconvención.

103. El 19 de abril de 2023, el Tribunal emitió una decisión sobre las supuestas violaciones de la RP7. El Tribunal autorizó a ambas Partes a incorporar al expediente, a más tardar el 26 de abril de 2023, los documentos que respaldaban su correspondencia e invitó a las Partes a abstenerse de tomar cualquier medida que pudiera agravar o prolongar aún más la controversia entre ellas.

104. El 21 de abril de 2023, la Demandada presentó una Dúplica sobre la Demanda Subordinada (“Dúplica sobre la Demanda Subordinada de la Demandada” o “Dúplica Subordinada”), junto con los Anexos Documentales R-0191 a R-0219, las Autoridades Legales RL-0182 a RL-0201, las Declaraciones Testimoniales de la Sra. Gloria Fermina Tavera Alonso (RW-0015 o “Declaración de Tavera Alonso”, con los Anexos GFTA-0001 a GFTA-0017), del Sr. Adrián Pedrozo Acuña (RW-0016 o “Declaración de Pedrozo Acuña”, con los Anexos APA-0001 a APA-0006), los Cuartos Informes Periciales del Sr. Timothy Hart y de la Sra. Rebecca Vélez (RE-0009 o “Cuarto Informe de Credibility”, con el Apéndice A al Apéndice C y los Anexos CRED-0097 a CRED-0105) y de los Sres. Gustavo Carvajal, Juan Pedro Machado y Carlos del Razo Ochoa (RE-0010 o “Cuarto Informe de SOLCARGO”, con los Anexos JPMA-0016 a

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JPMA-0030) y el Segundo Informe Pericial del Sr. Carlos Rábago Estela (RE-0011, o “Segundo Informe de Rábago Estela”, con los Anexos CRE-0005 a CRE-0012).

105. El 26 de abril de 2023, las Partes presentaron documentos adicionales en sustento de su correspondencia relativa a la supuesta violación de la RP7 por parte de la Demandada: Del Anexo Documental C-0332 al C-0350 para la Demandante y del Anexo Documental R-0220 al R-0230 y del RL-0202 al RL-0206 para la Demandada.

106. El 28 de abril de 2023, tras deliberaciones mantenidas entre las Partes sobre un protocolo para la Visita in Situ, las Partes presentaron un borrador de protocolo de la Visita in Situ, en el que se recogían una serie de desacuerdos y sus respectivas posiciones.

107. El 12 de mayo de 2023, la Demandada presentó un Memorial sobre Admisibilidad y Jurisdicción de la Reconvención (“Memorial sobre Admisibilidad y Jurisdicción de la Reconvención de la Demandada” o “Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención”), junto con las Autoridades Legales RL-0207 a RL-0231.

108. El 18 de mayo de 2023, el Tribunal celebró una conferencia relativa a la gestión del caso con las Partes por videoconferencia en relación con el borrador de protocolo de la Visita in Situ.

109. Se presentaron nuevos borradores del protocolo de la Visita in Situ y de sus Anexos los días 2 y 9 de junio de 2023, respectivamente, en relación con los cuales el Tribunal impartió nuevas instrucciones el 14 de junio de 2023.

110. El 14 de junio de 2023, el Tribunal recibió correspondencia del Sr. Quetzal Tzab González en nombre de “cientos de residentes de comunidades marginadas e indígenas de Playa del Carmen, en el Estado de Quintana Roo, México” [Traducción del Tribunal], que fue remitida a las Partes al día siguiente.

111. El 21 de junio de 2023, las Partes presentaron el borrador definitivo del protocolo de la Visita in Situ, a reserva de una última discrepancia sobre la composición de las delegaciones de las Partes para dicha visita.

112. El 22 de junio de 2023, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 8 (“RP8”) relativa a la Visita in Situ, adjuntando una versión en inglés y otra en español del protocolo de la

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Visita in Situ y sus Anexos (“Protocolo de la Visita in Situ”). Ese mismo día, el Tribunal invitó asimismo a las Partes a presentar sus observaciones sobre una serie de cuestiones relacionadas con la organización de la audiencia sobre la Demanda Subordinada y la jurisdicción/admisibilidad de la Reconvención, que se celebraría de manera remota entre los días 7 y 10 de agosto de 2023, con el 10 de agosto como día de reserva.

113. Ese mismo día, y a petición del Tribunal, las Partes presentaron sus comentarios sobre la correspondencia del Sr. Tzab.

114. El 27 de junio de 2023, la Demandante presentó una Respuesta sobre Admisibilidad y Jurisdicción de la Reconvención (“Respuesta sobre Admisibilidad y Jurisdicción de la Reconvención de la Demandante” o “Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención”), junto con los Anexos Documentales C-0332 a C-0353 y las Autoridades Legales CL-0230 a CL-0253. El Tribunal observa que la Demandante utilizó números de anexos documentales que ya se habían asignado a anexos presentados con anterioridad (véase ¶ 105 supra). Por consiguiente, a los efectos del presente Laudo, el Tribunal se referirá a estos Anexos Documentales como C-0332a a C-0350a, según proceda.

115. El 30 de junio de 2023, el Sr. Tzab presentó una solicitud para efectuar una presentación escrita de conformidad con la Regla 37(2) de las Reglas de Arbitraje del CIADI (la “Carta de 30 de Junio de 2023”). Adjunto a la Carta de 30 de Junio de 2023 constaba un documento correspondiente a una acción colectiva presentada ante los tribunales mexicanos por el Sr. Tzab en el asunto Quetzal Tzab González y Otros, Todos Integrantes de la Colectividad Actora vs Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (SAC TUN) y Rancho Piedra Caliza S.A. de C.V. (“Escrito de Acción Colectiva”).

116. El 7 de julio de 2023, cada una de las Partes presentó sus observaciones sobre la Carta de 30 de Junio de 2023 y el Escrito de Acción Colectiva. Las observaciones de la Demandante estaban acompañadas de los Anexos Documentales C-0354 a C-0356 y las Autoridades Legales CL-0254 a CL-0264.

117. El 13 de julio de 2023, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 9 (“RP9”) por la que se estimaba la solicitud del Sr. Tzab de presentar un escrito en calidad de parte no

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contendiente, de conformidad con la Regla 37(2) de las Reglas de Arbitraje del CIADI, e invitaba a las Partes a presentar sus comentarios escritas el 24 de septiembre de 2023.

118. El 14 de julio de 2023, la Demandante solicitó autorización para incorporar al expediente la transcripción y un fragmento de video de la conferencia de prensa matutina (Mañanera) del presidente Andrés Manuel López Obrador de 13 de julio de 2023.

119. El 18 de julio de 2023, se celebró una audiencia preliminar en persona entre el Tribunal y las Partes en Playa del Carmen (México), para discutir la organización de la audiencia sobre la Demanda Subordinada y la jurisdicción/admisibilidad de la Reconvención.

120. Entre los días 18 y 20 de julio de 2023, el Tribunal y las Partes visitaron los lugares de Playa del Carmen (México) relacionados con la controversia, de conformidad con la Regla 37(1) de las Reglas de Arbitraje del CIADI. Durante la Visita in Situ, la Demandante solicitó que se incorporaran al expediente (i) el Oficio 401-7-1/958, de 29 de noviembre de 2010, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (“INAH”) y (ii) el folleto de la Guía de Ruinas Mayas.

121. El 21 de julio de 2023, los Estados Unidos de América realizaron una segunda presentación escrita en calidad de Estado Parte no contendiente de conformidad con el Artículo 1128 del TLCAN (“Segunda Presentación de los Estados Unidos de América en virtud del Artículo 1128”).

122. Ese mismo día, la Demandada presentó una respuesta a la solicitud de la Demandante de 14 de julio de 2023 de incorporar la transcripción y un fragmento de video de la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador de 13 de julio de 2023.

123. El 25 de julio de 2023, la Demandada presentó una respuesta a la solicitud formulada por la Demandante durante la Visita in Situ para que se incorporaran al expediente: (i) el Oficio 401-7-1/958 del INAH de 29 de noviembre de 2010 y (ii) el folleto de la Guía de las Ruinas Mayas.

124. El 26 de julio de 2023, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 10 (“RP10”), relativa a la organización de la audiencia sobre la Demanda Subordinada y a la jurisdicción/admisibilidad de la Reconvención, en la que se establecían las reglas

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procesales acordadas por las Partes y/o decididas por el Tribunal que regirían el desarrollo de la audiencia.

125. Ese mismo día, y dado que la Demandada no se opuso a la solicitud de la Demandante, el Tribunal autorizó a la Demandante a presentar los nuevos documentos solicitados el 14 de julio de 2023 y durante la Visita in Situ. De conformidad con las instrucciones del Tribunal, la Demandante incorporó estos nuevos documentos al expediente el 28 de julio de 2023 con los números C-0357 a C-0360.

126. Asimismo, el 28 de julio de 2023, la Demandante informó que, en respuesta a la pregunta del Presidente sobre el desglose del inventario existente en CALICA por grados formulada durante la Visita in Situ, estaba dispuesta a incorporar al expediente informes que indicaran los inventarios de Legacy Vulcan, tanto en la Terminal Portuaria como en la Planta de CALICA, al 25 de julio de 2023, desglosados por tipo de producto. Además, la Demandante solicitó autorización para incorporar al expediente la transcripción y un fragmento de video de la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador (Mañanera) de 27 de julio de 2023.

127. El 31 de julio de 2023, el Tribunal distribuyó el borrador del acta de la Visita in Situ elaborado por la Secretaria del Tribunal, e invitó a las Partes a presentar sus comentarios, si los hubiera, a más tardar, el 4 de agosto de 2023.

128. Ese mismo día, el Tribunal acogió la solicitud de la Demandante de presentar la transcripción y un fragmento de video de la Mañanera del presidente López Obrador de 27 de julio de 2023, ante la falta de objeciones por parte de la Demandada¹⁵. Además, el Tribunal invitó a la Demandada a presentar observaciones sobre la solicitud de la Demandante de incorporar al expediente informes sobre los inventarios de Legacy Vulcan en la Terminal Portuaria y la Planta de CALICA al 25 de julio de 2023, desglosados por tipo de producto. En respuesta a la invitación del Tribunal, la Demandada se opuso a la solicitud de la Demandante el 2 de agosto de 2023.

¹⁵ Estas nuevas pruebas se incorporaron al expediente como Anexos Documentales C-0361 y C-0362 el 2 de agosto de 2023. ↩

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129. El 4 de agosto de 2023, las Partes presentaron sus comentarios sobre el acta de la Visita in Situ distribuida por el Tribunal el 31 de julio de 2023.

130. Ese mismo día, el Tribunal desestimó la solicitud de la Demandante de incorporar al expediente los informes sobre el inventario de CALICA desglosados por producto, sobre la base de que no se cumplía el requisito de circunstancias excepcionales establecido en la Sección 16.3 de la RP1.

131. El 6 de agosto de 2023, el Tribunal invitó a cada una de las Partes a efectuar comentarios sobre las observaciones formuladas por la otra Parte en relación con el acta de la Visita in Situ. Las Partes presentaron sus comentarios respectivos el 9 de agosto de 2023.

132. Entre los días 7 y 11 de agosto de 2023, el Tribunal celebró una audiencia sobre la Demanda Subordinada y la jurisdicción/admisibilidad de la Reconvención por videoconferencia (la “Audiencia sobre la Demanda Subordinada y la Jurisdicción/Admisibilidad de la Reconvención”). Estuvieron presentes las siguientes personas:

Tribunal:

Secretariado del CIADI:

Asistente del Tribunal:

Por la Demandante:

[Page 47]

Por la Demandada:

Estenógrafos:

Intérpretes:

Partes Contratantes del TLCAN No Contendientes:

[Page 48]

133. Durante la Audiencia sobre la Demanda Subordinada y Jurisdicción/Admisibilidad de la Reconvención, las siguientes personas fueron sometidas a interrogatorio:

En representación de la Demandante:

[Redacted]

En representación de la Demandada:

134. El 14 de agosto de 2023, el Tribunal, inter alia, distribuyó el acta de la Visita in Situ, en la que se incorporaban los cambios acordados por las Partes (el “Acta de la Visita in Situ”), e invitó a las Partes a que expusieran los comentarios u opiniones adicionales sobre el contenido del Acta de la Visita in Situ en sus respectivos escritos posteriores a la Visita in Situ. El Tribunal también informó a las Partes que, de conformidad con el

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párrafo 64 de la RP6, les formularía preguntas, a más tardar, el 25 de agosto de 2023 y las invitó a responder dichas preguntas en sus escritos posteriores a la audiencia.

135. El 15 de agosto de 2023, la Demandante solicitó autorización para incorporar al expediente la transcripción y un fragmento de video de la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador (Mañanera) de 14 de agosto de 2023. El 21 de agosto de 2023, la Demandada presentó sus observaciones sobre la solicitud de la Demandante. El 23 de agosto de 2023, habida cuenta de que la Demandada no presentó objeciones, el Tribunal decidió estimar la solicitud de la Demandante y la invitó a presentar, a más tardar, el 25 de agosto de 2023, la transcripción y el video completos de la conferencia de prensa matutina de 14 de agosto de 2023.

136. El 23 de agosto de 2023, el Tribunal formuló preguntas a las Partes de conformidad con el párrafo 64 de la RP6.

137. El 25 de agosto de 2023, la Demandante presentó la transcripción completa y un video de la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador (Mañanera) de 14 de agosto de 2023 como Anexos Documentales C-0363 y C-0364.

138. El 20 de septiembre de 2023, cada una de las Partes presentó un Escrito Posterior a la Visita in Situ (“Escritos Posteriores a la Visita in Situ”) y las respuestas a las preguntas del Tribunal.

139. El 25 de septiembre de 2023, cada Parte presentó sus comentarios sobre la Segunda Presentación de los Estados Unidos de América en virtud del Artículo 1128 y la Carta de 30 de Junio de 2023, junto con los Anexos Documentales C-0365 a C-0367 y las Autoridades Legales CL-0265 a CL-0287 y RL-0232 a RL-0233, respectivamente.

140. El 6 de octubre de 2023, la Demandada solicitó autorización para incorporar al expediente un oficio emitido por el INAH de México el 6 de septiembre de 2023 (Oficio No. 401.2C.7-2023/857), junto con sus respectivos anexos.

141. El 11 de octubre de 2023, la Demandante solicitó autorización para incorporar al expediente la transcripción y un fragmento de video de la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador (Mañanera) de 6 de octubre de 2023. Ese mismo día, la Demandante presentó sus observaciones sobre la solicitud de la Demandada de 6 de

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octubre de 2023, en las que aceptaba la presentación del oficio emitido por el INAH el 6 de septiembre de 2023 (Oficio No. 401.2C.7-2023/857), siempre que el Tribunal permitiera a la Demandante presentar otro oficio emitido por el INAH en el mes de agosto de 2021.

142. El 16 de octubre de 2023, la Demandada presentó sus observaciones sobre la solicitud de la Demandante de 11 de octubre de 2023, indicando que no se oponía a dicha solicitud, siempre y cuando se incorporaran al expediente el video y la transcripción completos.

143. El 19 de octubre de 2023, tras examinar las observaciones de las Partes y la falta de objeción a la solicitud de la otra Parte, el Tribunal decidió estimar: (i) la solicitud de la Demandada de presentar el Oficio No. 401.2C.7-2023/857 y (ii) la solicitud de la Demandante de presentar el oficio emitido por el INAH en el mes de agosto de 2021 y la transcripción y el video completos de la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador de 6 de octubre de 2023. El Tribunal invitó a las Partes a presentar los documentos, a más tardar, el 20 de octubre de 2023.

144. El 20 de octubre de 2023, la Demandante presentó: (i) la transcripción y el video completos de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (Mañanera) de 6 de octubre de 2023 como Anexos Documentales C-0368 y C-0369, y (ii) un oficio emitido por el INAH en el mes de agosto de 2021 como Anexo Documental C-0370. Ese mismo día, la Demandada presentó el oficio emitido por el INAH el 6 de septiembre de 2023 (Oficio No. 401.2C.7-2023/857) como Anexo Documental R-0236.

145. El 24 de octubre de 2023, la Demandante solicitó autorización para incorporar al expediente la transcripción y un fragmento de video de la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador (Mañanera) de 20 de octubre de 2023. La Demandante también solicitó al Tribunal que reiterara su orden por la que recomendaba a la Demandada “absten[erse] de tomar cualquier medida que pudiera agravar o prolongar aún más la controversia” de conformidad con la RP7. [Traducción del Tribunal]

146. El 27 de octubre de 2023, las Partes presentaron sus Escritos Posteriores a la Audiencia sobre la Demanda Subordinada y la Jurisdicción/Admisibilidad de la Reconvención

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(“PHM sobre la Demanda Subordinada y la Reconvención” o “PHM AC”), junto con las Autoridades Legales CL-0288 a CL-0297 y RL-0234 a RL-0253.

147. El 30 de octubre de 2023, la Demandada presentó sus observaciones sobre la solicitud de la Demandante de 24 de octubre de 2023, indicando que no se oponía a dicha solicitud, siempre y cuando se incorporaran al expediente el video y la transcripción completos. El 2 de noviembre de 2023, la Demandante presentó una respuesta a las observaciones de la Demandada de 30 de octubre de 2023, en la que mantenía su solicitud de que el Tribunal reiterara la orden de medidas provisionales emitida en la RP7, por la que se recomendaba que la Demandada se abstuviera de agravar aún más la controversia.

148. El 8 de noviembre de 2023, habida cuenta de que la Demandada no formuló objeciones, el Tribunal decidió acoger la solicitud de la Demandante de presentar, a más tardar, el 10 de noviembre de 2023, la transcripción y un video de la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador (Mañanera) de 20 de octubre de 2023. Ese mismo día, la Demandante presentó la transcripción y el video completos de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (Mañanera) de 20 de octubre de 2023 como Anexos Documentales C-0371 y C-0372.

149. El 9 de noviembre de 2023, la Demandante solicitó al Tribunal: i) autorización para incorporar al expediente un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2023 por el que se iniciaba el proceso para declarar los predios de CALICA como área natural protegida (el “Aviso”) y (ii) que reiterara la orden del Tribunal recogida en la RP7 en la que se recomendaba a la Demandada que se abstuviera de agravar aún más la controversia.

150. El 16 de noviembre de 2023, la Demandada presentó sus observaciones sobre la solicitud de la Demandante de 9 de noviembre de 2023, indicando que no se oponía a la solicitud de la Demandante de incorporar el Aviso, siempre y cuando se incorporaran al expediente otros documentos a los que la Demandada hacía referencia en su carta.

151. El 17 de noviembre de 2023, la Demandante solicitó autorización para presentar una réplica a la comunicación de la Demandada de 16 de noviembre de 2023 relativa a la presentación de nuevos documentos. Ese mismo día, la Demandada solicitó autorización

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para incorporar al expediente dos Acuerdos de Emplazamiento emitidos el 23 de octubre de 2023.

152. El 22 de noviembre de 2023, la Demandante solicitó autorización para presentar sus observaciones en relación con: i) la solicitud de la Demandada de 17 de noviembre de 2023 relativa a la presentación de los Acuerdos de Emplazamiento, a más tardar, el 28 de noviembre de 2023, y (ii) la solicitud de la Demandada de 16 de noviembre de 2023 sobre la presentación de los documentos adicionales, a más tardar, el 5 de diciembre de 2023.

153. Ese mismo día, el Tribunal (i) invitó a la Demandante a presentar sus observaciones sobre la solicitud de la Demandada de 17 de noviembre de 2023 relativa a los Acuerdos de Emplazamiento, a más tardar, el 28 de noviembre de 2023, (ii) informó a las Partes que, salvo que la Demandada tuviera alguna objeción, también invitaría a la Demandante a presentar sus observaciones sobre los documentos adicionales a los que se refería la Demandada en su carta de 16 de noviembre de 2023 y que la Demandada había puesto a disposición de la Demandante el 21 de noviembre de 2023, a más tardar, el 5 de diciembre de 2023, y (iii) solicitó a la Demandada que informara al Tribunal si tenía alguna objeción.

154. Ese mismo día, la Demandada comunicó que tenía objeciones respecto a la solicitud de la Demandante de presentar sus observaciones, a más tardar, el 5 de diciembre de 2023 e informó que no se opondría a que la Demandante las presentara, a más tardar, el 28 de noviembre de 2023, junto con sus observaciones sobre los Acuerdos de Emplazamiento.

155. El 23 de noviembre de 2023, la Demandante presentó una respuesta a las observaciones de la Demandada de 22 de noviembre de 2023.

156. El 27 de noviembre de 2023, el Tribunal estimó la solicitud de la Demandante de presentar el Anuncio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2023 e invitó a la Demandante a presentarlo, a más tardar, el 28 de noviembre de 2023. Ese mismo día, tras examinar las comunicaciones de ambas Partes, el Tribunal modificó el calendario procesal en pos de dar respuesta a las solicitudes de las Partes relativas a la presentación de nuevos documentos por parte de la Demandada.

157. El 28 de noviembre de 2023, la Demandante presentó el Aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2023. Ese mismo día, la Demandante

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presentó sus observaciones a la solicitud de la Demandada de 17 de noviembre de 2023, relativa a los Acuerdos de Emplazamiento.

158. El 4 de diciembre de 2023, la Demandante presentó sus observaciones a la solicitud de la Demandada de 16 de noviembre de 2023, relativa a la presentación de nuevos documentos que la Demandada había puesto a disposición de la Demandante el 21 de noviembre de 2023.

159. El 7 de diciembre de 2023, la Demandada presentó sus observaciones a la objeción de la Demandante respecto de la admisión de cualquiera de los documentos.

160. El 12 de diciembre de 2023, el Tribunal impartió instrucciones sobre la admisibilidad de nuevas pruebas. En relación con la solicitud de la Demandada de 16 de noviembre de 2023, el Tribunal decidió modificar sus instrucciones de 27 de noviembre de 2023, ordenando: (i) a la Demandada que facilitara a la Demandante los expedientes de la PROFEPA correspondientes a los años 2005, 2012 y 2014, a más tardar, el 13 de diciembre de 2023, (ii) a la Demandada que presentara un escrito en el que identificara los documentos específicos en los que pretendía basarse, junto con una explicación de la relevancia de dichos documentos, así como los documentos correspondientes, a más tardar, el 20 de diciembre de 2023, (iii) a la Demandante que presentara un escrito en respuesta al escrito de la Demandada, a más tardar, el 29 de enero de 2024, y (iv) a las Partes que presentaran simultáneamente sus escritos de réplica posteriores a la audiencia, a más tardar, el 12 de febrero de 2024. En relación con la solicitud de la Demandada de 17 de noviembre de 2023, y habida cuenta de que la Demandante no se opuso a la presentación de los Acuerdos de Emplazamiento, el Tribunal invitó a la Demandada a presentar dichos documentos, a más tardar, el 13 de diciembre de 2023.

161. El 13 de diciembre de 2023, la Demandada presentó los Acuerdos de Emplazamiento como Anexos Documentales R-0237 y R-0238.

162. El 14 de diciembre de 2023, la Demandante presentó sus observaciones a la resolución del Tribunal de 12 de diciembre de 2023 relativa a los expedientes de la PROFEPA, alegando que dichos documentos estaban incompletos. Ese mismo día, la Demandada presentó sus observaciones a los comentarios de la Demandante.

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163. El 15 de diciembre de 2023, el Tribunal aclaró su solicitud relativa a los expedientes de la PROFEPA y ordenó a la Demandada que facilitara a la Demandante las páginas que faltaban en los expedientes de la PROFEPA correspondientes a los años 2003, 2008 y 2014. El Tribunal también ordenó a la Demandada que remitiera a la Demandante los expedientes de la PROFEPA correspondientes a los años 2005, 2012 y 2016, y que completara los documentos que faltaban para los años 2003, 2008 y 2014, a más tardar, el 18 de diciembre de 2023.

164. El 19 de diciembre de 2023, el Tribunal emitió la Resolución Procesal No. 11 (“RP11”) por la que desestimaba las dos solicitudes pendientes de la Demandante: (i) en relación con la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador (Mañanera) de 20 de octubre de 2023, que el Tribunal reiterara su orden recogida en la RP7 de que la Demandada “se abstenga de tomar cualquier medida que pudiera agravar o prolongar aún más la controversia”, y (ii) en relación con el Aviso, que el Tribunal reiterara su orden recogida en la RP7 “por la que se recomienda que la Demandada se abstenga de agravar aún más la controversia”. [Traducción del Tribunal]

165. El 20 de diciembre de 2023, la Demandada presentó su escrito relativo a su solicitud de presentación de nuevos documentos de 16 de noviembre de 2023, junto con los documentos correspondientes, que se adjuntaron como Anexos Documentales R-0239 a R-0242.

166. El 12 de febrero de 2024, cada una de las Partes presentó un Escrito de Réplica Posterior a la Audiencia sobre la Demanda Subordinada y la Jurisdicción/Admisibilidad de la Reconvención (“PHM de Réplica sobre la Demanda Subordinada y la Reconvención” o “RPHM AC”). El escrito de la Demandante estuvo acompañado de las Autoridades Legales CL-0298 y CL-0299. El escrito de la Demandada estuvo acompañado de las Autoridades Legales RL-0254 a RL-0258.

167. El 15 de marzo de 2024, cada Parte presentó un Escrito sobre Costos (“Escritos sobre Costos” o “CS”). El escrito de la Demandante estuvo acompañado de las Autoridades Legales CL-0300 a CL-0304.

168. Mediante carta de 13 de junio de 2024, la Demandante informó al Tribunal sobre nuevos acontecimientos y solicitó autorización para incorporar nuevos documentos al

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expediente. El 20 de junio de 2024, a invitación del Tribunal, la Demandada presentó observaciones sobre la solicitud de la Demandante de 13 de junio de 2024.

169. El 25 de junio de 2024, el Tribunal autorizó a la Demandante a incorporar al expediente, a más tardar el 28 de junio de 2024, los documentos incluidos en su solicitud de 13 de junio de 2024. El 28 de junio de 2024, la Demandante presentó dichos documentos como Anexos Documentales C-0374 a C-0399.

170. Mediante carta de 27 de agosto de 2024, la Demandante informó al Tribunal de acontecimientos adicionales relativos a la declaración de los lotes de CALICA como áreas naturales protegidas y solicitó autorización para incorporar nuevos documentos al expediente. El 2 de septiembre de 2024, a invitación del Tribunal, la Demandada presentó observaciones sobre la solicitud de la Demandante y solicitó autorización para incorporar documentos adicionales al expediente. El 9 de septiembre de 2024, la Demandante presentó su respuesta a la solicitud de la Demandada de 2 de septiembre de 2024.

171. El 13 de septiembre de 2024, el Tribunal autorizó a las Partes a incorporar al expediente los documentos solicitados en sus respectivas solicitudes. El 17 de septiembre de 2024, dentro del plazo fijado por el Tribunal, la Demandante presentó los Anexos Documentales C-0400 a C-0402, y la Demandada presentó los Anexos Documentales R-0243 a R-0247 y la Autoridad Legal RL-0259.

172. El 4 de octubre de 2024, la Demandante informó al Tribunal que, el 23 de septiembre de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador había firmado un decreto mediante el cual declaraba los lotes de CALICA como área natural protegida (“Decreto ANP”), y solicitó autorización para incorporar el Decreto ANP al expediente. Mediante carta de 15 de octubre de 2024, a invitación del Tribunal, la Demandada presentó observaciones sobre la solicitud de la Demandante de 4 de octubre de 2024 y, a su vez, solicitó autorización para incorporar los siguientes documentos al expediente: (i) Memorial de Contestación sobre el Fondo y Jurisdicción presentado por Canadá el 15 de julio de 2024 en el caso Ruby River Capital LLC c. Canadá (Caso CIADI No. ARB/23/5) (“Memorial de Contestación de Canadá en Ruby River”); y (ii) el “Estudio Previo Justificativo para el Establecimiento del ANP, Felipe Carrillo Puerto” de SEMARNAT y CONANP, de julio de 2024 (“Estudio Previo Justificativo”).

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173. En respuesta a la invitación del Tribunal, el 21 de octubre de 2024, la Demandante presentó observaciones sobre la solicitud de la Demandada de 15 de octubre de 2024 y, el 30 de octubre de 2024, la Demandada presentó su respuesta a las observaciones de la Demandante de 21 de octubre de 2024.

174. El 3 de noviembre de 2024, el Tribunal autorizó a las Partes a incorporar al expediente los documentos solicitados en sus respectivas solicitudes de 4 de octubre de 2024 y 15 de octubre de 2024. Asimismo, el Tribunal invitó a la Demandante a solicitar autorización, a más tardar el 7 de noviembre de 2024, si deseaba presentar documentos en respuesta al Memorial de Contestación de Canadá en Ruby River.

175. El 4 de noviembre de 2024, la Demandada presentó el Estudio Previo Justificativo y el Memorial de Contestación de Canadá en Ruby River como Anexo Documental R-0248 y Autoridad Legal RL-0260, respectivamente. En la misma fecha, la Demandante presentó el Decreto ANP como Anexo Documental C-0403.

176. El 7 de noviembre de 2024, la Demandante solicitó autorización para incorporar al expediente documentos en respuesta al Memorial de Contestación de Canadá en Ruby River. A invitación del Tribunal, el 13 de noviembre de 2024, la Demandada presentó observaciones sobre la solicitud de la Demandante de 7 de noviembre de 2024.

177. El 15 de noviembre de 2024, el Tribunal autorizó a la Demandante a incorporar al expediente los documentos enumerados en su comunicación de 7 de noviembre de 2024. El 19 de noviembre de 2024, dentro del plazo fijado por el Tribunal, la Demandante presentó dichos documentos como Autoridades Legales CL-0305 a CL-0308.

178. El 17 de diciembre de 2024, la Demandada presentó una solicitud para que el Tribunal (i) le autorizara a incorporar documentos adicionales al expediente y (ii) se pronunciara sobre la admisibilidad y jurisdicción de la Reconvención de la Demandada antes de dictar un laudo respecto de la demanda original y Subordinada. El 27 de diciembre de 2024, a invitación del Tribunal, la Demandante presentó observaciones sobre la solicitud de la Demandada de 17 de diciembre de 2024.

179. El 31 de diciembre de 2024, el Tribunal resolvió lo siguiente: (i) autorizar a la Demandada a incorporar al expediente los documentos solicitados, a más tardar el 3 de enero de 2025; y (ii) rechazar la solicitud de la Demandada de que el Tribunal se pronunciara primero

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sobre la admisibilidad y jurisdicción de la Reconvención de la Demandada. El 3 de enero de 2025, la Demandada presentó los documentos adicionales como Anexos Documentales R-0249 a R-0252.

180. El 4 de diciembre de 2025, la Demandada solicitó autorización para incorporar al expediente el laudo de fecha 21 de noviembre de 2025 dictado en Access Business Group LLC c. Estados Unidos Mexicanos (Caso CIADI No. ARB/23/15) (“Laudo ABG”). De conformidad con la invitación del Tribunal, el 10 de diciembre de 2025, la Demandante presentó observaciones sobre la solicitud de la Demandada de 4 de diciembre de 2025. El 16 de diciembre de 2025, el Tribunal autorizó a la Demandada a incorporar al expediente el Laudo ABG, a condición de incluir también la opinión disidente del Prof. Franco Ferrari. El 19 de diciembre de 2025, dentro del plazo fijado por el Tribunal, la Demandada presentó el Laudo ABG y la opinión disidente del Prof. Ferrari como Autoridades Legales RL-0261 y RL-0262.

181. El 16 de junio de 2026, la Demandada presentó una solicitud para que el Tribunal autorizara incorporar al expediente el laudo dictado en Silver Bull Resources, Inc. c. Estados Unidos Mexicanos (Caso CIADI No. ARB/23/24) (el “Laudo Silver Bull”). El 22 de junio de 2026, a invitación del Tribunal, la Demandante presentó observaciones a la solicitud de la Demandada de 16 de junio de 2026. El 30 de junio de 2026, el Tribunal concedió la solicitud de la Demandada y, el 1 de julio de 2026, la Demandada incorporó al expediente el Laudo Silver Bull.

182. El procedimiento se declaró cerrado el 27 de julio de 2026.

IV. ANTECEDENTES DE HECHO

183. En esta Sección, el Tribunal esboza los principales antecedentes de hecho de la controversia entre las Partes.

A. EL CONTRATO DE INVERSIÓN, LA CONCESIÓN PORTUARIA, Y LA ADQUISICIÓN Y EL DESARROLLO INICIAL DE LA ROSITA, PUNTA VENADO, EL CORCHALITO Y LA ADELITA POR PARTE DE LA DEMANDANTE

184. A mediados de la década de 1980, la Demandante se asoció con un conglomerado industrial y de la construcción mexicano denominado Grupo Ingenieros Civiles

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Asociados (“Grupo ICA”) en una empresa conjunta para (i) establecer una cantera de piedra caliza en Quintana Roo; (ii) construir una planta de extracción y procesamiento; (iii) construir un puerto cercano a la planta; (iv) desplegar una flota de buques de carga para exportar la producción a los Estados Unidos; y (v) crear una red de patios de distribución en los Estados Unidos diseñada para recibir la producción de CALICA y comercializarla en toda la Costa del Golfo de EE. UU¹⁶.

185. Solo a efectos de conveniencia, la red de aprovechamiento, transporte y distribución de la Demandante se denomina en este Laudo el “Proyecto” o la “Red CALICA”. Cabe señalar que “Red CALICA” es un término controvertido, y el uso de este lenguaje no prejuzga cualquier determinación del Tribunal con respecto a la jurisdicción, la responsabilidad o cualquier pérdida relativa a las reclamaciones de la Demandante.

186. La Demandante y Grupo ICA constituyeron tres entidades operativas para la empresa conjunta:

(i) CALICA: responsable de las operaciones de aprovechamiento, procesamiento y portuarias del Proyecto en México, incluida la construcción de la planta de procesamiento y del puerto¹⁷.

(ii) Vulica Shipping Company, Limited (“Vulica”): responsable de transportar la producción de CALICA desde México a los Estados Unidos con su flota de buques¹⁸.

(iii) Vulica/ICA Distribution Company (“Vulica/ICA”): hasta el año 2001, responsable de las operaciones de venta y comercialización del Proyecto en los Estados Unidos. Dicha función es ahora desempeñada por Vulcan Construction Materials, LLC¹⁹.

187. El 6 de agosto de 1986, CALICA, el Gobierno Federal de México y el Estado de Quintana Roo celebraron un acuerdo (“Acuerdo de Inversión”) de conformidad con el cual las autoridades gubernamentales: (i) confirmaron que se habían realizado estudios de impacto ambiental y que el Proyecto se consideraba viable; (ii) se comprometieron, en la

¹⁶ C-0026-ENG, Vulcan Materials Company, The CALICA Story, VIMEO, subido el 13 de mayo de 2020. ↩

¹⁷ C-0010-SPA, Acuerdo de Inversión; Primera Declaración de [Redacted], ¶¶ 20, 27, 46. ↩

¹⁸ Primera Declaración de [Redacted], ¶ 47; Memorial, ¶ 24. ↩

¹⁹ Primera Declaración de [Redacted], ¶ 14. ↩

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esfera de sus respectivas competencias, a coordinar sus funciones y a dar las facilidades para la obtención de los permisos requeridos para la realización del Proyecto; y (iii) manifestaron que el periodo de extracción estaría sujeto a las condiciones del mercado y a la factibilidad económica²⁰.

188. El Acuerdo de Inversión prevé el desarrollo de dos lotes: (i) La Rosita, donde se ubicarían la cantera principal y la planta de procesamiento; y (ii) Punta Venado, donde se construiría una terminal portuaria²¹.

189. La Rosita, El Corchalito y La Adelita colindan con Punta Venado como muestra la siguiente vista aérea de los lotes de CALICA²². Las reclamaciones de la Demandante se refieren a los tres lotes y al puerto.

[Redacted]

190. A efectos del desarrollo de los lotes, el Acuerdo de Inversión obliga a CALICA a mantener informadas a las autoridades de sus trabajos, incluida su potencial expansión, y a obtener los permisos y autorizaciones necesarios. Sin embargo, el Gobierno Federal definiría el uso y aprovechamiento del área, como mínimo al final del Proyecto²³:

TERCERA. - La EMPRESA hará del conocimiento de SEDUE [a saber, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología], SCT [a saber, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes] y del GOBIERNO DEL ESTADO [a saber,

²⁰ C-0010-SPA, Acuerdo de Inversión. ↩

²¹ C-0010-SPA, Acuerdo de Inversión, págs. 11-12. ↩

²² Memorial, ¶ 38. ↩

²³ C-0010-SPA, Acuerdo de Inversión, págs. 6, 14-16. ↩

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el Gobierno del Estado de Quintana Roo] el calendario conforme al cual se realizarán los distintos trabajos que comprende e1 Proyecto, y se obliga a informarles bimestralmente, o cuando así se le requiera, sobre el avance de los mismos.

CUARTA. - SEDUE, SCT y el GOBIERNO DEL ESTADO, en el ámbito de sus respectivas competencias, inspeccionarán y vigilarán el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la EMPRESA derivadas de este instrumento o de los permisos, licencias o autorizaciones que hubieren otorgado para la ejecución de los trabajos comprendidos en el Proyecto.

QUINTA. - La EMPRESA deberá someter a la consideración de la SEDUE, SCT y al ESTADO, con dos meses de anticipación cuando menos, toda acción que modifique las características del Proyecto en los términos en que fue manifestado, evaluado o autorizado; o la suspensión o abandono de los trabajos antes de los plazos aprobados, para que intervengan de acuerdo con sus facultades.

[…]

OCTAVA. - El GOBIERNO DEL ESTADO definirá con base en sus Planes de Desarrollo para esa zona, el uso y aprovechamiento del escenario resultante al término de la vida útil del Proyecto, o en su caso durante alguna de las etapas del mismo, siendo del conocimiento de las partes el Anteproyecto de Desarrollo Turístico que forma parte de este Acuerdo como anexo 6²⁴ y que se incluye como una alternativa del uso probable de1 área.

NOVENA. - La EMPRESA con base en lo establecido en la cláusula anterior, deberá presentar a consideración de las partes que intervienen en este Acuerdo, el proyecto integral de restauración y aprovechamiento de la infraestructura creada durante el desarrollo del Proyecto que es motivo de este mismo Acuerdo.

DECIMA.- SEDUE, SCT y el GOBIERNO DEL ESTADO se comprometen, en la esfera de sus respectivas competencias, a coordinar sus funciones y a dar las facilidades para la obtención de los permisos requeridos para la realización del Proyecto a que se refiere el presente Acuerdo.

DECIMA PRIMERA.- La Empresa se obliga, antes de iniciar el Proyecto, a obtener con apego a las disposiciones legales aplicables, la expedición de los permisos, licencias y autorizaciones que fueren necesarios para la ejecución de1 referido Proyecto.

[…]

²⁴ C-0010-SPA, Acuerdo de Inversión, págs. 15, 411. ↩

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DECIMA TERCERA. - La duración de este Acuerdo dependerá de los plazos y tiempos establecidos en los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones a que se refiere la cláusula Décima Primera.

191. En este contexto, el Acuerdo de Inversión prevé que el Proyecto se coordinaría con el “Plan Nacional de Desarrollo” vigente entre los años 1983 y 1988, incluidas sus disposiciones legales y lineamientos estratégicos²⁵:

El Gobierno Federal, por conducto de SEDUE y de SCT, y el GOBIERNO DEL ESTADO, estiman conveniente, por las razones consignadas en estos antecedentes, coordinar y concertar sus acciones para la factibilidad del Proyecto, en los términos de las disposiciones legales que norman su actividad y competencia conforme a los lineamientos estratégicos que para la zona establece el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 para asegurar que en la industria extractiva y de construcción, los empleos y las exportaciones estén vinculados con la conservación del ambiente y la calidad de vida de la región.

192. Por ende, el Acuerdo de Inversión prevé que la zona del Proyecto abarcará las actividades de explotación y transporte relacionadas de CALICA y, al término de su vida útil, un estudio para su posible uso turístico²⁶:

La EMPRESA ha elaborado y presentado a la consideración de la SEDUE y del GOBIERNO DEL ESTADO, un Proyecto para la explotación del banco de materiales, para obtener agregados para la fabricación de materiales de construcción y para la utilización directa de la piedra caliza con los mismos fines. Los productos citados se destinarán, principalmente a la exportación por vía marítima. El Proyecto comprende también la construcción, en el mismo sitio, de las obras e instalaciones de infraestructura portuaria necesarias para el manejo y exportación de los productos, por medio de embarcaciones idóneas para el transporte de grandes volúmenes.

El proyecto elaborado por la EMPRESA, comprende los siguientes rubros: 1.- Explotación del yacimiento; 2.- Explotación de la mina. - 2.- Transporte del material extraído para su trituración; 3.- Instalación de la planta de trituración y clasificación; 4.-Almacenamiento, y 5.- Carga a bordo de los barcos. Dicho proyecto se agrega como anexo número 1.

Asimismo, contiene un estudio para el aprovechamiento del área excavada al término de la vida útil del banco de material pétreo con la posibilidad de utilizarlo como lago propicio para un desarrollo inmobiliario turístico.

²⁵ C-0010-SPA, Acuerdo de Inversión, pág. 13 (mayúsculas en el original). ↩

²⁶ C-0010-SPA, Acuerdo de Inversión, pág. 12. El Anexo 6 dispone que el aprovechamiento de los terrenos se basará en aspectos económicos y el desarrollo que exista en la zona: “el aprovechamiento de los terrenos sobre los cuales la empresa desarrollará la explotación de agregados a que se refiere este convenio, estará en función de aspectos económicos y del desarrollo que exista en la zona en el momento en que decida utilizarlos”. C-0010-SPA, pág. 411. ↩

[Page 62]

Además se cuenta con una propuesta de arquitectura del paisaje que se realizará en algunas partes en torno a la zona del Proyecto.

193. A todo evento, el Acuerdo de Inversión establece que el incumplimiento de las obligaciones allí contenidas dará lugar a la rescisión del Acuerdo y del Proyecto²⁷:

DECIMA SEGUNDA. - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que la Empresa contrae en este Acuerdo, así como de las que a su cargo deriven de los documentos anexos al mismo, dará lugar a la rescisión del Acuerdo.

Las faltas y omisiones de la EMPRESA serán sancionadas por las autoridades competentes, con arreglo a las disposiciones legales aplicables.

La Empresa no solamente se obliga a lo expresamente pactado en este Acuerdo y sus anexos, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza son conformes a la buena fe [] el uso o la ley.

194. El 10 de noviembre de 1986, la Demandada otorgó a CALICA un permiso provisional que autorizaba la construcción de una terminal portuaria para la carga de materiales pétreos en Punta Venado (“Terminal Portuaria”)²⁸.

195. El 21 de abril de 1987, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México (“SCT”) otorgó a CALICA una concesión para construir y usar una terminal portuaria particular destinada a la carga de materiales pétreos (“Concesión Portuaria de CALICA”). De conformidad con la Concesión Portuaria de CALICA, CALICA se comprometió a donar seis hectáreas de terreno a la SCT para la construcción de una terminal pública y se comprometió a mantener y reparar la Terminal Portuaria según fuere necesario²⁹.

196. En los años 1986 y 1987, una filial mexicana de CALICA (Rancho Piedra Caliza, S.A. de C.V., “RAPICA”) adquirió dos lotes, La Rosita y Punta Venado, en el Municipio de Cozumel, Quintana Roo, y se los arrendó a CALICA³⁰.

²⁷ C-0010-SPA, Acuerdo de Inversión, pág. 16. ↩

²⁸ C-0028-SPA, Permiso Provisional para el Inicio de la Construcción del Proyecto No. 28/86, de fecha 10 de noviembre de 1986 (“Permiso Provisional del Proyecto No. 28/86”). ↩

²⁹ C-0012-SPA, Concesión otorgada por el Ejecutivo por conducto de la SCT a CALICA, de fecha 21 de abril de 1987, págs. 1-3. ↩

³⁰ C-0029-SPA, Título de Propiedad de Punta Venado, de fecha 18 de diciembre 1986 (“Título de Propiedad de Punta Venado”); C-0030-SPA, Título de Propiedad de La Rosita, de fecha 22 de mayo de 1987 (“Título de Propiedad de La Rosita”). ↩

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197. CALICA inició las operaciones de extracción en La Rosita en el año 1987. La Rosita es la ubicación de la primera cantera y planta de procesamiento de CALICA, que comprende aproximadamente 930 hectáreas.

198. Alrededor del mes de enero de 1990, CALICA inició sus operaciones portuarias en Punta Venado, como sede de la Terminal Portuaria³¹. Punta Venado linda con La Rosita y tiene una superficie aproximada de 202 hectáreas. La Rosita y Punta Venado están separadas por una carretera federal pero conectadas por un puente (para la circulación de vehículos) y un túnel subterráneo (para el traslado de la producción de la cantera) construidos por CALICA³². La Demandante obtuvo un permiso aduanero para las operaciones en la Terminal Portuaria, el cual autorizaba la exportación de la producción directamente de Punta Venado a los Estados Unidos, sin la necesidad de pasar por un puerto aduanero oficial mexicano para despachar aduanas³³. Este permiso aduanero se renovaba generalmente cada tres años³⁴.

199. Para el año 1991, la Demandante había exportado sus primeros cargamentos de agregados de CALICA a los Estados Unidos³⁵.

200. El 17 de marzo de 1993, la PROFEPA realizó una inspección a La Rosita “con el fin de verificar y comprobar el cumplimiento [de CALICA] de las disposiciones contenidas en la [LGEEPA], de las normas técnicas ecológicas y demás disposiciones jurídicas aplicables, al otorgamiento de permisos, autorizaciones, y concesiones”³⁶. Los inspectores de la PROFEPA observaron e informaron sobre el proceso de producción de CALICA y procedieron a expresar que CALICA³⁷:

presenta Manifestación de Impacto Ambiental de 1986 así como recomendaciones técnicas y medidas de mitigación principalmente para [...]

³¹ Primera Declaración de [Redacted], ¶ 18. ↩

³² Primera Declaración de [Redacted], ¶ 22. ↩

³³ Véase, por ejemplo, C-0201-SPA, Oficio No. DGJA.2022-0981 de Leonardo Contreras Gómez (Agencia Nacional de Aduanas de México) a CALICA, 30 de marzo de 2022 (“Oficio DGJA.2022-0981, 30 de marzo de 2022”), pág. 9. ↩

³⁴ Véase, por ejemplo, C-0175-ENG, Vulcan Materials Co., Vulcan Reports Fourth Quarter & Full Year 2021 Results (16 de febrero de 2022), pág. 7 del PDF. ↩

³⁵ C-0031-ENG, Vulcan Materials Company, Form 10-K for the 1991 fiscal year, de fecha 27 de marzo de 1992. ↩

³⁶ C-0280-SPA, Acta de Inspección de la PROFEPA, 17 de marzo de 1993 (“Acta de Inspección de la PROFEPA, 17 de marzo de 1993”), págs. 3-4, 11-12. ↩

³⁷ C-0280-SPA, Acta de Inspección de la PROFEPA, 17 de marzo de 1993, págs. 6, 14. ↩

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el proceso de explotación, [estas últimas fueron verificadas durante la visita observándose que se le da cumplimiento].

201. En su resolución de fecha 29 de marzo de 1993, la PROFEPA concluyó lo siguiente³⁸:

En atención a lo expuesto y del análisis de la documentación legal y aprovechamiento físico de la empresa, manifestamos de manera preliminar que la citada persona moral realiza el aprovechamiento conforme a las normas aplicables.

202. El 19 de julio de 1993, México promulgó la Ley de Puertos que exigía que todas las concesiones portuarias estuvieran en manos de entidades estatales denominadas Administración Portuaria Integral (“API”)³⁹. En consecuencia, en el año 1994, el Estado de Quintana Roo y sus municipios crearon la Administración Portuaria Integral del Estado de Quintana Roo (Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., “API Quintana Roo”)⁴⁰.

203. La SCT otorgó a la API Quintana Roo una concesión para que operara todas las instalaciones portuarias del Estado de Quintana Roo (“Concesión de la API Quintana Roo”) con excepción de la Terminal Portuaria de CALICA, la cual quedó sujeta a la Concesión Portuaria de CALICA⁴¹. La Concesión Portuaria de CALICA estará vigente hasta el 20 de abril de 2037, con una posible prórroga de 50 años. En su versión modificada, faculta a CALICA a operar las terminales públicas y particulares⁴².

³⁸ C-0281-SPA, Resolución de Inspección de la PROFEPA, 29 de marzo de 1993, pág. 2. ↩

³⁹ C-0047-SPA, Diario Oficial de la Federación, Ley de Puertos, de fecha 19 de julio de 1993 (“Ley de Puertos”). ↩

⁴⁰ C-0048-SPA, Periódico Oficial de Quintana Roo, Decreto por el que se constituye la API Quintana Roo, de fecha 15 de marzo de 1994. ↩

⁴¹ C-0049-SPA, Diario Oficial de la Federación, Concesión de la API Quintana Roo, de fecha 26 de agosto de 1994. ↩

⁴² C-0047-SPA, Ley de Puertos; C-0013-SPA, Modificación a la Concesión otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la SCT a CALICA, de fecha 13 de agosto de 1993; C-0014-SPA, Modificación a la Concesión otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la SCT a CALICA, de fecha 7 de junio de 1994; C-0015-SPA, Modificación a la Concesión otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la SCT a CALICA, de fecha 30 de septiembre de 1994; C-0016-SPA, Modificación a la Concesión otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la SCT a CALICA, de fecha 13 de mayo de 2015; C-0050-SPA, Oficio No. 7.3.1355.15 de Alejandro Hernández Cervantes (SCT) a [Redacted] (CALICA), de fecha 22 de mayo de 2015. ↩

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204. En el año 1994, se arribó a un acuerdo entre el Gobierno Federal, el Estado de Quintana Roo y los municipios pertinentes para coordinar e implementar un programa de ordenamiento ecológico para el corredor Cancún-Tulum⁴³.

205. En los meses de junio y agosto de 1996, la Demandante adquirió dos lotes adicionales en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo (desde el año 2025, denominado Municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo): El Corchalito (aprox. 369 hectáreas) y La Adelita (aprox. 882 hectáreas), para la expansión de las operaciones de extracción⁴⁴. A pesar de encontrarse formalmente en un municipio diferente, La Rosita se encuentra físicamente ubicada entre El Corchalito y La Adelita y, por consiguiente, une los tres lotes de canteras.

206. En el año 2001, la Demandante adquirió la participación de Grupo ICA en CALICA, Vulica y Vulica/ICA⁴⁵.

B. ANTECEDENTES DE HECHO DE LAS RECLAMACIONES ORIGINALES

1. El Corchalito y La Adelita: Autorizaciones y Zonificaciones

207. La Adelita y El Corchalito están sujetos a regulación ambiental a nivel federal, estatal y municipal a través de programas de ordenamiento ecológico (“POE”). Estos POE repercuten en las autorizaciones y zonificaciones obtenidas para La Adelita.

208. A manera de antecedente, a nivel federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (“SEMARNAT”) formula POE territoriales generales para determinar lineamientos y estrategias a efectos de, inter alia, la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales⁴⁶, así como POE marinos para hacer lo propio en las zonas marinas mexicanas⁴⁷.

⁴³ [illegible]-0004, Diario Oficial de la Federación, Acuerdo de Coordinación para el Ordenamiento Ecológico de la Región denominada Corredor Cancún-Tulum 1994 - Programa de Ordenamiento Ecológico, de fecha 26 de octubre de 1994. ↩

⁴⁴ C-0034-SPA, Título de Propiedad de El Corchalito; C-0035-SPA, Título de Propiedad de La Adelita; Primera Declaración de [Redacted], ¶ 22. ↩

⁴⁵ C-0046-ENG, Vulcan Materials Company, Form 10-K for the 2001 Fiscal Year, de fecha 27 de marzo de 2002 (“Vulcan Form 10-K 2001”), pág. 5; Primera Declaración de [Redacted], ¶ 26. ↩

⁴⁶ C-0127-SPA, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (“LGEEPA”), Art. 20. ↩

⁴⁷ C-0127-SPA, LGEEPA, Art. 20 BIS 6. ↩

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209. A nivel estatal, los POE regionales pueden ser formulados y expedidos por los gobiernos estaduales, excepto cuando incluyan un área de competencia federal, en cuyo caso el POE regional debe ser elaborado y aprobado en forma conjunta con la SEMARNAT⁴⁸.

210. A nivel municipal, las autoridades locales pueden expedir POE locales de conformidad con las leyes ambientales locales, excepto cuando incluyan un área de competencia federal, en cuyo caso el POE regional debe ser elaborado y aprobado en forma conjunta con la SEMARNAT⁴⁹. La finalidad de los POE locales consiste en regular los usos del suelo “fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos”⁵⁰ y, con ese propósito, pueden controlar, vigilar y modificar el uso del suelo⁵¹.

211. Los POE se elaboran mediante un proceso de varias etapas y, una vez adoptados, son susceptibles de revisión y ajuste. El proceso del POE comienza con la suscripción de convenios de coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal (dependiendo del tipo de POE de que se trate) con el objeto de: (i) determinar su finalidad, cobertura, resultados previstos, etc.⁵²; y (ii) establecer un comité de ordenamiento ecológico que gestione las acciones necesarias para llevar a cabo el POE, los estudios ecológicos/técnicos y la bitácora ambiental que registre el avance del proceso del POE⁵³. A continuación, se realiza un estudio técnico en cuatro etapas a fin de: (i) describir el área de estudio, incluidos los atributos ambientales y los intereses sectoriales⁵⁴; (ii) identificar y analizar los conflictos ambientales en el área de estudio⁵⁵; (iii) examinar la evolución de los conflictos ambientales a partir de variables naturales, sociales y económicas⁵⁶; y (iv) proponer un modelo de ordenamiento ecológico⁵⁷. Luego, se propone un POE, basado en el modelo resultante del estudio técnico y en las estrategias ecológicas

⁴⁸ C-0127-SPA, LGEEPA, Art. 20 BIS 2. ↩

⁴⁹ C-0127-SPA, LGEEPA, Art. 20 BIS 5. ↩

⁵⁰ C-0127-SPA, LGEEPA, Art. 20 BIS 4. ↩

⁵¹ C-0127-SPA, LGEEPA, Art. 8. ↩

⁵² R-0015-ESP, Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico, Diario Oficial de la Federación, México, 8 de agosto de 2003 (“Reglamento de la LGEEPA”), Art. 8. ↩

⁵³ R-0015-ESP, Reglamento de la LGEEPA, Arts. 11, 71. ↩

⁵⁴ R-0015-ESP, Reglamento de la LGEEPA, Art. 42. ↩

⁵⁵ R-0015-ESP, Reglamento de la LGEEPA, Art. 43. ↩

⁵⁶ R-0015-ESP, Reglamento de la LGEEPA, Art. 44. ↩

⁵⁷ R-0015-ESP, Reglamento de la LGEEPA, Arts. 3, 6-7. ↩

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aplicables⁵⁸. El POE propuesto se somete a consulta pública⁵⁹ antes de publicarse en el diario oficial. Una vez publicado, el POE se implementa, y las autoridades competentes llevan a cabo la vigilancia y las inspecciones necesarias para verificar su cumplimiento. Una fase de evaluación sigue a la implementación a fin de determinar si el POE necesita modificaciones teniendo en cuenta su eficacia y sus objetivos⁶⁰.

212. En vista de estos antecedentes, a continuación, se exponen determinadas regulaciones vigentes a cada nivel que son pertinentes en este caso.

213. A nivel estatal, los lotes de la Demandante se encuentran en el Estado de Quintana Roo. A nivel local, El Corchalito y La Adelita se encuentran en el Municipio de Solidaridad. Si bien son contiguas, La Rosita y Punta Venado se encuentran en el Municipio de Cozumel⁶¹.

214. El régimen de Quintana Roo vigente de 2001 a 2009 fue el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (“POET 2001”). El Corchalito y La Adelita se zonificaron como Unidad de Gestión Ambiental “UGA 30”, que enumera, como uso predominante, “flora y fauna”, y, como usos condicionados, “infraestructura, minería, turismo”⁶². Una de las condiciones para la extracción en virtud de la UGA 30 era que se exigía la conservación del 20 % de la vegetación⁶³. Entre los usos incompatibles para la UGA 30 se encuentra el “forestal”⁶⁴. La Rosita fue zonificada como UGA 19, con “minería” como uso predominante y usos incompatibles que incluyen el “forestal”⁶⁵.

215. El 25 de mayo de 2009, el Estado de Quintana Roo sustituyó el régimen de zonificación del POET 2001 por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (“POEL 2009”), aplicable al Municipio de Solidaridad. En virtud del POEL 2009, alrededor del 90 % de La Adelita está zonificada como UGA 5, destinada a la conservación, donde está

⁵⁸ R-0015-ESP, Reglamento de la LGEEPA, Arts. 3, 6-7. ↩

⁵⁹ R-0013-ESP, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Curso de Ordenamiento Ecológico, disponible en: https://proyectos.cuaed.unam.mx/educacion_continua/ordenamientoecologico/Nivel03/index.html. ↩

⁶⁰ R-0015-ESP, Reglamento de la LGEEPA, Art. 6. ↩

⁶¹ Véase Memorial, ¶ 78, Mapa 2; Memorial, ¶ 80, Mapa 3. ↩

⁶² C-0078-SPA, POET (Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial), de fecha 16 de noviembre de 2001 (“POET 2001”), págs. 42, 44-45. ↩

⁶³ C-0078-SPA, POET 2001, págs. 42, 53, condición “MAE 58”. ↩

⁶⁴ C-0078-SPA, POET 2001, pág. 42. ↩

⁶⁵ C-0078-SPA, POET 2001, pág. 39. ↩

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prohibida la minería⁶⁶. El 9 % restante, aproximadamente, de la superficie de La Adelita está zonificado como UGA 12 para “aprovechamiento sustentable”, donde la minería es un uso condicionado. Dentro de la zona UGA 12, solo el 30 % de la superficie puede utilizarse para la minería, y el 70 % debe mantenerse con vegetación natural⁶⁷.

216. En virtud del POEL 2009, El Corchalito fue zonificado como UGA 14, también para “aprovechamiento sustentable”⁶⁸. Según la Demandante, en el año 2011, El Corchalito quedó sujeto al Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Solidaridad del año 2010, el cual no impide las actividades mineras en ese lote⁶⁹.

217. El POEL 2009 especifica que sus disposiciones no se aplicarían retroactivamente⁷⁰ y, en la disposición “Control de Constitucionalidad” del POEL, establece lo siguiente⁷¹:

Es muy importante precisar que este POEL, no se aplicará retroactivamente a los casos en concreto, que cuentan con documentos oficiales y vigentes hasta antes de su entrada en vigor, ni en lo general, ni en lo que toca a la futura renovación de los mismos, por parte de las autoridades competentes. Se reconocen y respetan pues, los derechos adquiridos concernientes, en los términos aquí precisados. (Énfasis agregado)

218. A nivel estatal, con anterioridad a la compra de La Adelita y El Corchalito, la Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente y Pesca del Estado de Quintana Roo confirmó en el mes de abril de 1996 la factibilidad de realizar actividades mineras en dichos lotes (en ese entonces, parte del POE regional del Corredor Cancún-Tulum de 1994), sin excluir que pudieran requerirse otras licencias, permisos y autorizaciones, al igual que reservándose la posibilidad de que las autoridades revisaran e inspeccionaran los lotes y ordenaran su clausura o solicitaran medidas de protección⁷²:

1^a: La presente FACTIBILIDAD se otorga sin perjuicio de que el titular tramite y en su caso obtenga de las entidades competentes otras Licencias,

⁶⁶ C-0080-SPA, POEL (Programa de Ordenamiento Ecológico Local), de fecha 25 de mayo de 2009 (“POEL 2009”), págs. 45, 62, 76. Véase Memorial, ¶ 80, Mapa 3. ↩

⁶⁷ C-0080-SPA, POEL 2009, pág. 83. ↩

⁶⁸ C-0080-SPA, POEL 2009, págs. 45, 85. Véase Memorial, ¶ 80, Mapa 3. ↩

⁶⁹ C-0081-SPA, Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Solidaridad 2010-2050, pág. III-27. Véase Memorial, ¶ 80, nota al pie 171. ↩

⁷⁰ C-0080-SPA, POEL 2009, págs. 20-21. ↩

⁷¹ C-0080-SPA, POEL 2009, pág. 69. ↩

⁷² C-0071-SPA, Oficio No. SIMAP/792/996 de Sergio Pérez Perales (SIMAP) a Ricardo Dehesa Toledo (CALICA), de fecha 19 de abril de 1996 (“Oficio SIMAP/792/996, 19 de abril de 1996”), págs. 6-7; C-0072-SPA, Oficio No. SIMAP/791/1996 de Sergio Pérez Perales (SIMAP) a Jorge E. Ortega Joaquin (CALICA), de fecha 19 de abril de 1996 (“Oficio SIMAP/791/1996, 19 de abril de 1996”). ↩

[Page 69]

Permisos, Autorizaciones, Concesiones y similares que para el caso se requieran.

[. . .]

4^a: El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente y Pesca, tendrá en todo momento la facultad de revisar e inspeccionar las instalaciones y las áreas de los predios de referencia, y podrá ordenar la clausura parcial o total, temporal o definitiva. Así como también, requerir la realización de las medidas de protección que estime necesarias para prevenir de riesgos y daños graves e inminentes al medio ambiente.

219. El 2 de septiembre de 1996, el Municipio de Solidaridad dirigió una carta a CALICA en la que afirmaba que “no tiene ningún inconveniente” en relación con la “factibilidad para la industria extractiva y conexas” en La Adelita y El Corchalito⁷³.

220. El 11 de diciembre de 1996, la Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente y Pesca del Estado de Quintana Roo expidió la Autorización de Impacto Ambiental Estatal de Corchalito/Adelita, otorgando una autorización de impacto ambiental para que CALICA extrajera materiales pétreos por encima del manto freático en El Corchalito y La Adelita (la “AIA Estatal”), sin perjuicio de obtener otras autorizaciones necesarias para llevar a cabo las operaciones y reservándose la posibilidad de que las autoridades revisaran e inspeccionaran los lotes y ordenaran su clausura o solicitaran medidas de protección⁷⁴:

12.- Esta autorización se otorga sin perjuicio de que el titular tramite y en su caso obtenga otras autorizaciones, concesiones, licencias, permisos y similares que sean requisitos para la realización de las obras y su operación motivo de la presente.

[. . .]

15.- El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente y Pesca, tendrá en todo momento la facultad de revisar e inspeccionar las instalaciones y las áreas y trabajos de explotación y restauración que se efectúen; y podrá ordenar la clausura parcial, total, temporal o definitiva si se infringen los principios y condiciones fijados en el presente documento y en la Ley de la materia, independientemente de los daños y perjuicios en que incidiera el titular de la presente; así como también, requerir la realización de las medidas de protección que estime necesarias para prevenir de riesgos y daños graves e inminentes al medio ambiente.

⁷³ C-0073-SPA, Oficio de Rafael Ernesto Medina Rivero (Municipio de Solidaridad) a CALICA, de fecha 2 de septiembre de 1996 (“Oficio del Municipio de Solidaridad, 2 de septiembre de 1996”), pág. 5. ↩

⁷⁴ C-0018-SPA, Autorización de Impacto Ambiental Estatal de Corchalito/Adelita, de fecha 11 de diciembre de 1996 (“AIA Estatal de Corchalito/Adelita, 11 de diciembre de 1996”), pág. 10 del PDF. ↩

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221. La AIA Estatal tenía una validez inicial de cinco años⁷⁵ y ha sido revisada y/o modificada en los años 2006, 2011 y 2016⁷⁶. La renovación del año 2016 prorroga el plazo de operación de cinco a 20 años, es decir, hasta el año 2036⁷⁷.

222. Mientras tanto, el POE regional del Corredor Cancún-Tulum de 1994 fue sustituido por el POE regional del Corredor Cancún-Tulum de 2001, que identificó a La Adelita y El Corchalito como predios “UGA 50”, correspondientes a suelo convenientemente de conservación con uso minero condicionado, que requerían un proceso de revisión y evaluación en un plazo de 3 a 5 años⁷⁸.

223. A nivel federal, los terrenos están sujetos a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (“LGEEPA”)⁷⁹. La LGEEPA tiene por objeto establecer un marco general de distribución de competencias entre las autoridades municipales, estatales y federales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones en materia ambiental previstas en la Constitución Federal de México⁸⁰.

224. El 30 de noviembre de 2000, la SEMARNAT (autoridad competente en la materia) otorgó a CALICA la Autorización de Impacto Ambiental Federal para el aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático en El Corchalito y La Adelita (la “AIA Federal”). La AIA Federal, que hace referencia a la LGEEPA, especifica, inter alia, lo siguiente⁸¹:

PRIMERO.- La presente resolución en materia de Impacto Ambiental, permite a [CALICA] realizar la operación y mantenimiento del proyecto “Aprovechamiento de Roca Caliza por Debajo del Manto Freático en los

⁷⁵ C-0018-SPA, AIA Estatal de Corchalito/Adelita, 11 de diciembre de 1996, pág. 5. ↩

⁷⁶ C-0074-SPA, Primera Modificación a la Autorización de Impacto Ambiental Estatal de Corchalito/Adelita, de fecha 3 de marzo de 2006 (“Primera Modificación a la AIA Estatal de Corchalito/Adelita, 3 de marzo de 2006”); C-0075-SPA, Segunda Modificación a la Autorización de Impacto Ambiental Estatal de Corchalito/Adelita, de fecha 19 de mayo de 2011 (“Segunda Modificación a la AIA Estatal de Corchalito/Adelita, 19 de mayo de 2011”), C-0076-SPA, Tercera Modificación a la Autorización de Impacto Ambiental Estatal de Corchalito/Adelita, de fecha 8 de marzo de 2016 (“Tercera Modificación a la AIA Estatal de Corchalito/Adelita, 8 de marzo de 2016”). ↩

⁷⁷ C-0076-SPA, Tercera Modificación a la AIA Estatal de Corchalito/Adelita, 8 de marzo de 2016, pág. 12 del PDF. ↩

⁷⁸ C-0078-ENG, POET 2001; R-0023-ESP, Modelo Cartográfico del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región denominada Corredor Cancún-Tulum, Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, 16 de noviembre de 2001. ↩

⁷⁹ C-0127-SPA, LGEEPA. ↩

⁸⁰ C-0127-SPA, LGEEPA, Arts. 1, 4. ↩

⁸¹ C-0017-SPA, Autorización de Impacto Ambiental Federal de Corchalito/Adelita, de fecha 30 de noviembre de 2000 (“AIA Federal de Corchalito/Adelita, 30 de noviembre de 2000”), págs. 31, 35, 36, 42-44. ↩

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Predios El Corchalito y La Adelita en Solidaridad, Quintana Roo”, en una superficie total de 1,251.43 ha dividido en dos predios La Adelita de 882.13 ha y El Corchalito de 369.30 ha[.]

SEGUNDO.- La presente autorización tendrá una vigencia de veinte años para las obras de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento del proyecto. Dicho plazo [. . .] será prorrogable a juicio de esta Secretaría, siempre y cuando [CALICA] lo solicite por escrito a esta Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, con treinta días naturales de antelación a la fecha de su vencimiento. Dicha solicitud deberá presentarse con la validación de la [PROFEPA], al último informe del cumplimiento de condicionantes.

[…]

CUARTO.- [CALICA] deberá hacer del conocimiento de esta Dirección General, de manera previa, cualquier eventual modificación a los términos previstos en [el proyecto después de la publicación de la autorización de impacto ambiental por SEMARNAT], para que con toda oportunidad se determine lo procedente. Queda prohibido desarrollar obras y actividades de preparación, construcción, operación y mantenimiento distintas a las señaladas en la presente autorización.

QUINTO.- [L]a presente autorización sólo se refiere a los aspectos ambientales de las obras y actividades descritas en el Término PRIMERO[,] por lo que es la obligación de [CALICA] tramitar y obtener otras autorizaciones, concesiones, licencias, permisos y similares que sean requisito para la realización de las mismas y su operación[.]

SEXTO.- La operación y mantenimiento del proyecto “Aprovechamiento de Roca Caliza por Debajo del Manto Freático en los Predios El Corchalito y La Adelita en Solidaridad, Quintana Roo”, se deberán sujetar a la descripción contenida en la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional, y en los planos incluidos en ésta, así como en lo dispuesto en la presente resolución, conforme a las siguientes CONDICIONANTES[.]

[…]

OCTAVO.- [CALICA] deberá elaborar y presentar para su análisis y validación a la Delegación de [PROFEPA] del Estado de Quintana Roo, la información del cumplimiento de los términos y las condicionantes aquí señalados en forma cuatrimestral a partir del día siguiente a la recepción del presente. Los informes deberán ser complementados con anexos fotográficos y/o videocintas, y enviar con copia del acuse de recibo correspondiente a esta Dirección General y a la Delegación de la [SEMARNAT].

[…]

[Page 72]

DECIMOTERCERO.- La [SEMARNAT] podrá evaluar nuevamente la Manifestación de Impacto Ambiental, de considerarlo necesario, con el fin de revalidar la autorización otorgada, modificarla, suspenderla, anular o revocarla si estuviera en riesgo el equilibrio ecológico o se produjeran afectaciones negativas imprevistas en el ambiente[.]

[…]

DECIMOQUINTO.- El incumplimiento de cualquiera de los Términos resolutivos y/o la modificación del proyecto en las condiciones en que fue expresado en la documentación presentada, podrá invalidar la presente resolución, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en la [LGEEPA] y demás ordenamientos que resulten aplicables.

DECIMOSEXTO.- La [SEMARNAT], a través de la [PROFEPA], vigilará el cumplimiento de los términos establecidos en el presente instrumento, así como los ordenamientos aplicables en materia de Impacto Ambiental. Para ello ejercitará, entre otras, las facultades que le confieren los Artículo[s] 55, 59 y 61 del Reglamento en materia de Impacto Ambiental de la [LGEEPA]. (Énfasis en el original)

225. La AIA Federal especifica además el área a explotar en los predios La Adelita y El Corchalito, de la siguiente manera⁸²:

226. En el año 2001, CALICA inició las operaciones de extracción en El Corchalito⁸³.

227. El 15 de junio de 2009, CALICA inició una acción legal en contra del Estado de Quintana Roo y del Municipio de Solidaridad para confirmar sus derechos con respecto a la extracción en La Adelita, dado que el POEL 2009 zonificó La Adelita como UGA 5 —prohibiendo la extracción y promoviendo la conservación—, por oposición a la UGA 30

⁸² C-0017-SPA, AIA Federal de Corchalito/Adelita, 30 de noviembre de 2000, pág. 32. ↩

⁸³ Primera Declaración de [Redacted], ¶ 24. ↩

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en virtud del POET 2001 (véase ¶ 215 supra). En concreto, CALICA impugnó la aprobación del POEL 2009 por parte del Municipio de Solidaridad y el decreto estatal que lo publicó⁸⁴. El 25 de marzo de 2010, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo desestimó la reclamación, por considerarla improcedente debido a que “no se afectan los intereses [de CALICA], al no serle aplicable el [POEL 2009]”⁸⁵.

228. El 19 de mayo de 2011, en la renovación de la AIA Estatal, se indicó que los lotes estaban regulados por la zonificación prevista en el POET 2001⁸⁶.

229. El 14 de abril de 2013, los abogados de CALICA se reunieron con el Director General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT para analizar, entre otras cuestiones, los planes de CALICA para iniciar sus operaciones en La Adelita⁸⁷. Parte de las conversaciones se refirieron a la Autorización de Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales (“CUSTF”) a fin de remover vegetación en La Adelita. El CUSTF es necesario para la remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos o inducirlos a actividades no forestales⁸⁸.

2. Los Acuerdos de 2014 y el Proceso de Modificación del POEL 2009

230. A partir del mes de mayo de 2013, CALICA, la SCT, el Estado de Quintana Roo, la API Quintana Roo y el Municipio de Solidaridad participaron en negociaciones en relación con diversos asuntos pendientes⁸⁹.

231. El 12 de junio de 2014, CALICA, la SCT, el Estado de Quintana Roo, la API Quintana Roo y el Municipio de Solidaridad suscribieron dos documentos (los “Acuerdos de 2014”), seguidos de una modificación el 13 de mayo de 2015, tal como se establece a continuación. La naturaleza de estos documentos es materia controvertida en el presente arbitraje, pero, en aras de simplificar, el Tribunal se refiere a ellos como “acuerdos”.

⁸⁴ C-0080-SPA, POEL 2009. ↩

⁸⁵ C-0087-SPA, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, de fecha 25 de marzo de 2010 (“Sentencia del Tribunal Superior de Quintana Roo, 25 de marzo de 2010”), págs. 19-20. Véase Memorial, ¶ 83. ↩

⁸⁶ C-0075-SPA, Segunda Modificación a la AIA Estatal de Corchalito/Adelita, 19 de mayo de 2011, pág. 25. ↩

⁸⁷ Primera Declaración de [Redacted], ¶ 25. ↩

⁸⁸ R-0026-ESP, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Diario Oficial de la Federación, 5 de junio de 2018 (“Ley de Desarrollo Forestal Sustentable de 2018”). ↩

⁸⁹ Memorial, ¶ 87. ↩

[Page 74]

232. En primer lugar, se suscribió el Esquema de Regularización Total entre la SCT, CALICA y la API Quintana Roo (en calidad de testigo) (“Esquema de Regularización Total”) con el propósito de determinar acciones para resolver las controversias jurídicas relacionadas con la Concesión Portuaria de CALICA⁹⁰.

233. En el marco del Esquema de Regularización Total, CALICA se comprometió a pagar la contraprestación de la concesión que determinara el INDAABIN y a no interponer recursos, y la SCT se comprometió a dejar sin efectos el procedimiento de revocación de la Concesión Portuaria de CALICA⁹¹.

234. Además, CALICA se comprometió a renunciar a sus derechos de concesión sobre la terminal pública y a seguir operando la terminal particular en los términos de la concesión original. A fin de que CALICA y la API Quintana Roo tuvieran mayor certeza respecto de las áreas que a cada una les corresponden, la SCT modificaría la Concesión de la API Quintana Roo para precisar qué áreas corresponderían a CALICA o a la API Quintana Roo y qué área sería de uso común⁹².

235. El antecedente décimo primero del Régimen de Regularización Total establece lo siguiente⁹³:

La celebración y cumplimiento del MOU es motivo determinante de la voluntad para que CALICA celebre los términos y condiciones de este ESQUEMA DE REGULARIZACIÓN TOTAL.

236. En segundo lugar, se suscribió un Memorándum de Entendimiento (“MoU”) entre CALICA, la API Quintana Roo, el Estado de Quintana Roo y el Municipio de Solidaridad, actuando como testigo la SCT. Su propósito consistía en lo siguiente⁹⁴:

. . . llegar a un arreglo mutuo de los conflictos originados por el uso y explotación de la infraestructura portuaria localizada en Punta Venado Quintana Roo, principalmente, con respecto al uso y explotación por CALICA, de la Terminal Portuaria de Uso Particular, y por [API Quintana

⁹⁰ C-0020-SPA, Esquema de Regularización Total suscrito entre la SCT y CALICA, de fecha 12 de junio de 2014 (“Esquema de Regularización Total”), pág. 12 del PDF. ↩

⁹¹ C-0020-SPA, Esquema de Regularización Total, pág. 13 del PDF, Art. 2. ↩

⁹² C-0020-SPA, Esquema de Regularización Total, págs. 13-14 del PDF, Art. 3(i). ↩

⁹³ C-0020-SPA, Esquema de Regularización Total, págs. 5, 12. ↩

⁹⁴ C-0021-SPA, Memorándum de Entendimiento Vinculante celebrado entre CALICA, API Quintana Roo, el Estado de Quintana Roo y el Municipio de Solidaridad, de fecha 12 de junio de 2014 (“MoU”), págs. 3, 11 del PDF. ↩

[Page 75]

Roo], de la Terminal Portuaria de Uso Público, así como la resolución de otros temas pendientes en relación con las operaciones de CALICA en su actual ubicación de Quintana Roo, México.

237. En los antecedentes, se afirmaba, en relación con el Esquema de Regularización Total, lo siguiente⁹⁵:

La ejecución y cumplimiento por parte de la SCT del ESQUEMA DE REGULARIZACIÓN TOTAL es el motivo determinante de la voluntad para que CALICA celebre este Memorándum de Entendimiento.

238. Las partes del MoU acordaron, inter alia, en la Sección 3, lo siguiente⁹⁶:

Llevar a cabo las acciones necesarias ante las autoridades municipales o estatales, conforme a la legislación vigente, tendientes a promover la ejecución del objeto social y de negocios de CALICA y/o afiliadas en la Terminal de Uso Particular, consistentes en lo siguiente:

a) Programa de Ordenamiento Ecológico Local (“POEL”) de Solidaridad.- El Municipio de Solidaridad y la Secretaría de Ecología, revisarán EL POEL para el Municipio de Solidaridad para gestionar ante los órganos técnico y ejecutivo la incorporación del “Uso de Minería y explotación de material pétreo” con respecto a los inmuebles propiedad y/o en posesión de CALICA y/o afiliadas, conocidos como “LA ROSITA”, “EL CORCHALITO” y “LA ADELITA”.

Adicionalmente, el Municipio de Solidaridad y la Secretaría de Ecología gestionarán ante dichos órganos técnico y ejecutivo que el POEL permita que en cada uno de los referidos predios se lleve a cabo la extracción y explotación de piedra caliza, materiales pétreos, agregados y derivados, incluyendo cemento, en una superficie de 50 ha por año, y que dicha extracción y explotación pueda realizarse por un plazo de 20 años, con derecho a prorroga en términos de la legislación aplicable, lo cual se gestionará ante el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA).

Para lo anterior CALICA proporcionará la información técnica necesaria y coadyuvará en la elaboración de los estudios técnicos para que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y el Municipio de Solidaridad, otorguen lo anterior, por lo que procederá a la actualización del POEL de Solidaridad, lo cual demora de 2 a 4 meses, los cuales correrían a partir del momento que se emita la convocatoria lo que se hará en julio de 2014.

239. Asimismo, el MoU contiene acuerdos relativos a varios otros asuntos, entre los que se encuentran: (i) la emisión de una AIA Estatal nueva o modificada; (ii) los actos

⁹⁵ C-0021-SPA, MoU, págs. 3, 11 del PDF. ↩

⁹⁶ C-0021-SPA, MoU, págs. 4-5, 13 del PDF. ↩

[Page 76]

administrativos necesarios para la reforestación; (iii) el impuesto de extracción; y (iv) el impuesto predial⁹⁷.

240. El MoU disponía además lo siguiente⁹⁸:

Una vez que CALICA haya obtenido todos los permisos, autorizaciones, aprobaciones de autocorrección y aprobaciones y/o modificaciones de descuentos señalados en los subincisos a), b), c), d) y e) anteriores en esta Sección 3, y una vez que los compromisos aquí adquiridos por [API Quintana Roo], el Gobierno del Estado de Quintana Roo y el Municipio de Solidaridad hayan sido cumplid[o]s, CALICA (i) otorgará a la [API Quintana Roo] en comodato por 18 meses, prorrogables por el mismo plazo, el edificio que actualmente es utilizado como terminal de ferry ubicado en terrenos que son propiedad de CALICA o sus afiliadas y que no son parte de la Terminal Pública, cuyas áreas de dicho edificio se identificarán de manera conjunta entre CALICA y [API Quintana Roo] en un Anexo que se agregará como parte integrante de este MOU y del Convenio de Comodato que en su oportunidad se celebre, y (ii) se desistirá de los litigios existentes y promovidos por CALICA en relación con el Impuesto de Extracción y el Impuesto Predial.

Asimismo, CALICA entregará al Gobierno Federal la Terminal Pública de Punta Venado la cual se compone por 49,363.315 m2 de tierra y 34,889.871 m2 de agua según el ESQUEMA DE REGULARIZACIÓN TOTAL y el Plano denominado SCT-CALICA-APIQROO, mismo que se adjunta al presente como Anexo, el cual ambas partes reconocen coma válido para efectos de este instrumento y en su caso para cualquier otro instrumento que derive del presente asunto.

Una vez que CALICA haya obtenido todos los permisos, autorizaciones, aprobaciones de autocorrección y aprobaciones y/o modificaciones de descuentos señalados en los subincisos a), b), c), d) y e) anteriores en esta Sección 3, y una vez que compromisos aquí adquiridos por [API Quintana Roo], el Gobierno del Estado de Quintana Roo y el Municipio de Solidaridad hayan sido cumplidas, las Partes [a saber, las partes del MoU] acuerdan desistirse de los juicios o acciones legales generadas con anterioridad a la celebración del presente documento o renunciarán a la ejecución de sentencia que corresponda, así como la liberación por escrito incondicional e irrevocable de todas y cada una de las reclamaciones pendientes o que generen una posible acción legal respecto de las obligaciones antes señaladas, por lo que no se reservarán ningún tipo de acción o reclamación una parte para con la otra.

⁹⁷ C-0021-SPA, MoU, págs. 5, 13-14 del PDF. ↩

⁹⁸ C-0021-SPA, MoU, págs. 6-7, 15-16 del PDF. ↩

[Page 77]

241. Luego de la suscripción del Esquema de Regularización Total y del MoU, la Demandante realizó nuevas inversiones para asegurar el éxito del Proyecto. A modo de ejemplo, en el mes de julio de 2014, la Demandante encargó la construcción de dos buques graneleros diseñados a medida por un valor de [Redacted] para atender las operaciones de CALICA⁹⁹.

242. En tercer y último lugar, tras nuevas negociaciones, el 13 de mayo de 2015, las partes del MoU suscribieron un Addendum al MoU (“MoU Modificado”)¹⁰⁰. El MoU Modificado abordaba dos cuestiones interrelacionadas, a saber, la modificación del POEL 2009 y el pago del impuesto predial impugnado por parte de CALICA.

243. La Sección 1 del MoU Modificado establece un calendario detallado para las etapas de la modificación del POEL 2009, vinculada al pago del impuesto predial impugnado¹⁰¹:

Se modifican el inciso a) Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del Municipio de Solidaridad de la sección 3 del “MOU”, para quedar en los términos siguientes:

3. Llevar a cabo las acciones necesarias ante las autoridades municipales y estatales, conforme a la legislación vigente, tendientes a promover la ejecución del objeto social y de negocios de CALICA y/o afiliadas en la Terminal de Uso Particular, consistentes en lo siguiente:

a) Programa de Ordenamiento Ecológico Local (“POEL”) del Municipio de Solidaridad.- El Municipio de Solidaridad y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la SEMA [Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo], instalarán el Comité de Ordenamiento Ecológico Local para la actualización del POEL del Municipio de Solidaridad (el “Comité de Ordenamiento Ecológico”), conformado por un órgano ejecutivo y un órgano técnico, con el objeto que dentro de este proceso se proponga, gestione y actualice el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (“POEL”) del Municipio de Solidaridad para que en esta actualización se reconozca el uso de minería y explotación de material pétreo en los inmuebles propiedad y/o en posesión de CALICA y/o afiliadas, conocidos como “LA ROSITA”, “EL CORCHALITO” y “LA ADELITA”.

⁹⁹ C-0088-ENG, Memorándum para la Asamblea del Consejo de Administración, de fecha 11 de julio de 2014 (“Memorándum del Consejo de Administración, 11 de julio de 2014”). ↩

¹⁰⁰ C-0022-SPA, Addendum al Memorándum de Entendimiento Vinculante celebrado entre CALICA, API Quintana Roo, el Estado de Quintana Roo y el Municipio de Solidaridad, de fecha 13 de mayo de 2015 (“MoU Modificado”). ↩

¹⁰¹ C-0022-SPA, MoU Modificado, págs. 3-5, 10-12 del PDF [El uso de mayúsculas en el texto citado refleja el original]. ↩

[Page 78]

Adicionalmente, el Municipio de Solidaridad y la SEMA gestionarán ante el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA), previa solicitud de CALICA, la modificación de los términos y condicionantes de las autorizaciones mediante la emisión de los actos administrativos al efecto necesarios para que en cada uno de los referidos predios se lleve a cabo la extracción y explotación de piedra caliza, materiales pétreos, agregados y derivados, incluyendo cemento, en una superficie total de 50 hectáreas por año y que dicha extracción y explotación pueda realizarse por un plazo de 20 años, con derecho a prórroga en términos de la legislación aplicable. Todo lo anterior con el fin de hacer congruentes entre sí las distintas autorizaciones en materia ambiental y portuaria de carácter federal y local con lo dispuesto en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Solidaridad.

Para lo anterior, CALICA hará la petición de parte ante el INIRA, proporcionará la información técnica necesaria y elaborará los estudios técnicos para que la SEMA y el Municipio de Solidaridad, gestionen lo anteriormente mencionado.

En virtud de lo anterior, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la SEMA y el Municipio de Solidaridad se comprometen a gestionar ante el Comité de Ordenamiento Ecológico todas las acciones necesarias hasta la aprobación y publicación de las propuestas de modificación establecidas en el presente inciso a) de esta sección 3 del MOU de la manera siguiente:

(i) En las reuniones que celebre el Comité de Ordenamiento Ecológico se deberán documentar las discusiones y acuerdos de cada una, a través del acta correspondiente, emitida y firmada por los miembros del comité.

(ii) La reunión de instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico para la actualización del POEL del Municipio de Solidaridad, deberá realizarse del 25 al 29 de mayo de 2015, por lo que el 26 de mayo de 2015, CALICA pagará al Municipio de Solidaridad la cantidad de $3,572,497.98, correspondientes al ejercicio de 2012 por concepto de actividades de reforestación.

(iii) La primera etapa, de caracterización, (que incluye la actualización, la presentación ante el Comité y su validación respectiva) y la segunda etapa, de diagnóstico, (que incluye actualización, presentación ante Comité y validación) se llevarán a cabo de manera conjunta del 15 de Junio al 31 de julio de 2015, por lo que el 14 de julio de 2015, CALICA pagaría al Municipio de Solidaridad la cantidad de $3,036,249.00, más actualizaciones y recargos, correspondientes al pago de predial de los primeros tres bimestres del ejercicio de 2013.

(iv) La tercera etapa, de pronóstico, (que incluye actualización, presentación ante Comité y validación), se llevará a cabo del 10 de Agosto al 4 de Septiembre de 2015.

[Page 79]

(v) La cuarta y última etapa, de modelo, (que incluye propuesta, presentación ante Comité y validación), se llevará a cabo del 17 de Septiembre al 12 de Octubre de 2015.

(vi) El periodo de consulta pública de la propuesta de Modelo del POEL se llevará a cabo del 14 al 27 de Octubre de 2015, por lo que el 14 de octubre de 2015, CALICA pagaría al Municipio de Solidaridad la cantidad de $3,036,249.00, más actualizaciones y recargos, correspondientes al pago de predial de los últimos tres bimestres del ejercicio de 2013.

(vii) La reunión del Comité para la aprobación del Modelo del POEL se llevará a cabo el 11 de Noviembre de 2015.

(viii) El Municipio de Solidaridad entregará al Cabildo del Ayuntamiento el POEL actualizado, aprobado por el Comité, el 13 de Noviembre de 2015 mismo que será analizado para su aprobación entre el 16 y el 19 de Noviembre de 2015.

(ix) Ya aprobado el POEL actualizado por el Cabildo del Ayuntamiento, el Municipio de Solidaridad lo enviará entre el 23 y el 27 de Noviembre al Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

(x) A más tardar el 5 de Diciembre de 2015 deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado Quintana Roo el POEL actualizado del Municipio de Solidaridad. Al día inmediato siguiente a la publicación aquí referida, CALICA pagará al Municipio de Solidaridad la cantidad de $6,072,498.00, más actualizaciones y recargos, correspondientes al pago de predial del ejercicio de 2014.

La SEMA y el Municipio de Solidaridad se darán a la tarea de cumplir con el calendario propuesto, conforme vayan avanzando los dos órganos del Comité de Ordenamiento Ecológico (órgano técnico y órgano ejecutivo), en la validación de las etapas previstas en el procedimiento de actualización del POEL del Municipio de Solidaridad.

244. El 30 de octubre de 2014, se constituyó el “Comité para la Modificación del POEL” (“Comité para la Modificación del POEL”), conformado por un órgano ejecutivo y un órgano técnico¹⁰². El órgano ejecutivo estaba integrado por representantes de la SEMARNAT, del Estado de Quintana Roo y del Municipio de Solidaridad. El órgano técnico estaba integrado por miembros de otras entidades gubernamentales mexicanas, de la sociedad civil y del sector privado, incluida CALICA¹⁰³.

¹⁰² C-0090-SPA, Acta de Instalación del Comité para la Modificación del POEL, de fecha 30 de octubre de 2014 (“Acta de Instalación del Comité del POEL, 30 de octubre de 2014”). ↩

¹⁰³ C-0090-SPA, Acta de Instalación del Comité del POEL, 30 de octubre de 2014, págs. 7-9. ↩

[Page 80]

245. El 10 de noviembre de 2014, el Comité para la Modificación del POEL se reunió por primera vez para sentar las bases del proceso de modificación del POEL 2009¹⁰⁴.

246. El 21 de noviembre de 2014, el Comité para la Modificación del POEL se reunió por segunda vez, ocasión en la que CALICA solicitó apoyo para modificar el POEL 2009 y permitir a CALICA obtener el permiso CUSTF para remover la vegetación e iniciar las actividades de extracción al amparo de sus autorizaciones previas¹⁰⁵.

247. Tras la suscripción del MoU Modificado, el 29 de mayo de 2015, el Comité para la Modificación del POEL se reunió por tercera vez y resolvió llevar a cabo la actualización del POEL 2009, en los siguientes términos¹⁰⁶:

Acuerdo 1/29/2015/: Se llevará a cabo la actualización del Programa[a] de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Solidaridad, publicado en 2009.

248. El 30 de octubre de 2015, en la cuarta reunión del Comité para la Modificación del POEL, el Sr. Gerardo Gómez Nieto, experto ambiental contratado por el Comité para colaborar en las fases de caracterización y diagnóstico del proceso de modificación del POEL 2009, presentó un informe intitulado “Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Solidaridad: Fase de diagnóstico”¹⁰⁷. El informe marcaba las zonas de El Corchalito y La Adelita como las más aptas para la extracción de materiales en un mapa del Municipio de Solidaridad¹⁰⁸.

249. El 28 de enero de 2016, el Comité para la Modificación del POEL se reunió por quinta vez y aprobó formalmente por mayoría las fases de caracterización y diagnóstico¹⁰⁹.

¹⁰⁴ C-0091-SPA, Acta de la Primera Sesión del Comité para la Modificación del POEL, de fecha 10 de noviembre de 2014. ↩

¹⁰⁵ C-0092-SPA, Acta de la Segunda Sesión del Comité para la Modificación del POEL, de fecha 21 de noviembre de 2014 (“Acta de la Segunda Sesión del Comité del POEL, 21 de noviembre de 2014”), págs. 5-6. ↩

¹⁰⁶ C-0093-SPA, Acta de la Tercera Sesión del Comité para la Modificación del POEL, de fecha 29 de mayo de 2015, pág. 5. ↩

¹⁰⁷ C-0097-SPA, Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Solidaridad: Fase de Diagnóstico, de fecha 30 de octubre de 2015 (“Informe de Diagnóstico”). ↩

¹⁰⁸ C-0097-SPA, Informe de Diagnóstico, pág. 136. ↩

¹⁰⁹ C-0095-SPA, Acta de la Quinta Sesión del Comité para la Modificación del POEL, de fecha 28 de enero de 2016 (“Acta de la Quinta Sesión del Comité del POEL, 28 de enero de 2016”), pág. 7. ↩

[Page 81]

250. El 19 de abril de 2016, se celebró una sexta reunión del Comité para la Modificación del POEL, pero sin presentar el texto destinado a la modificación del POEL 2009. El Comité para la Modificación del POEL no celebró más reuniones formales¹¹⁰.

251. El 7 de junio de 2016, se celebraron elecciones estatales y municipales en México. El 25 de septiembre de 2016, el Sr. Carlos Manuel Joaquín González asumió el cargo de Gobernador del Estado de Quintana Roo (2016-2022), y, el 30 de septiembre de 2016, la Sra. Cristina Torres asumió el cargo de Presidenta del Municipio de Solidaridad (2016-2018)¹¹¹.

252. El 3 de abril de 2017, la Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó un Punto de Acuerdo presentado por la legisladora estatal (y posteriormente Presidenta Municipal de Solidaridad) Sra. Laura Beristain, en el que se oponía a la modificación del POEL 2009 para permitir a CALICA la realización de actividades mineras en La Adelita¹¹².

253. El 5 de abril de 2017, la presidenta municipal Torres declaró en conferencia de prensa que estaba a la espera de un informe de situación del Comité para la Modificación del POEL, luego de lo cual tomaría una decisión definitiva sobre el Punto de Acuerdo presentado por la Sra. Beristain¹¹³.

254. El 2 de agosto de 2017, el gobernador Joaquín informó a CALICA en una reunión acerca de los Acuerdos de 2014 que modificar el POEL 2009 sería difícil¹¹⁴.

¹¹⁰ C-0096-SPA, Acta de la Sexta Sesión del Comité para la Modificación del POEL, de fecha 19 de abril de 2016 (“Acta de la Sexta Sesión del Comité del POEL, 19 de abril de 2016”). ↩

¹¹¹ C-0098-SPA, Rotunda victoria para Carlos Joaquín en elecciones de Q. Roo, SIPSE.COM, de fecha 6 de junio de 2016; C-0099-SPA, Cristina Torres conformará un gabinete ciudadano, SIPSE.COM, de fecha 7 de junio de 2016; C-0101-SPA, Recibimos un municipio con muchos problemas, EL UNIVERSAL, de fecha 30 de septiembre de 2016. ↩

¹¹² C-0102-SPA, Legislatura de Quintana Roo, Sesión Ordinaria No. 15, Diario de los Debates, de fecha 3 de abril de 2017 (“Sesión de la Legislatura de Quintana Roo, 3 de abril de 2017”), págs. 19-40. ↩

¹¹³ C-0104-SPA, No existe ninguna petición de Calica, Q.Roo para el cambio de uso de suelo: Cristina Torres, NOTICIAS CANAL 10, de fecha 5 de abril de 2017. ↩

¹¹⁴ Primera Declaración de [Redacted] ¶ 52. ↩

[Page 82]

255. Mientras tanto, grupos ambientalistas locales y organizadores comunitarios habían empezado a oponerse al proceso de modificación del POEL 2009 bajo la dirección del Comité para la Modificación del POEL¹¹⁵.

256. El 8 de julio de 2018, la Sra. Beristain fue electa Presidenta del Municipio de Solidaridad. Bajo su administración, el Comité para la Modificación del POEL no reanudó sus tareas, y un nuevo Consejo de Ordenamiento Municipal se encargó de emitir un nuevo POEL, en el que CALICA no participó¹¹⁶.

3. Cese de las Operaciones en El Corchalito

257. El 12 de mayo de 2017, la PROFEPA ordenó una inspección para verificar el cumplimiento de la AIA Federal por parte de CALICA¹¹⁷. Entre los días 15 y 19 de mayo de 2017, los inspectores de la PROFEPA visitaron El Corchalito y La Adelita, inter alia, para medir la superficie que CALICA había explotado en El Corchalito¹¹⁸.

258. En el Acta de Inspección emitida el 19 de mayo de 2017 (“Primera Acta de Inspección de la PROFEPA”), los inspectores de la PROFEPA señalaron que CALICA había excedido los límites del área de extracción establecidos en la AIA Federal¹¹⁹. Asimismo, se revisó la documentación presentada por CALICA y la PROFEPA otorgó a CALICA un plazo de cinco días para subsanar cierta documentación faltante relativa al volumen de roca caliza extraído en el año 17 del Proyecto¹²⁰.

259. El 26 de mayo de 2017, CALICA presentó ante la PROFEPA un escrito con comentarios sobre la Primera Acta de Inspección de la PROFEPA. Afirmó, inter alia, que los inspectores de la PROFEPA: (i) no habían establecido un protocolo de inspección; (ii) habían reconocido que sus mediciones eran “estimadas” y “aproximadas”; y (iii) habían

¹¹⁵ R-0050-ESP, Underwood, Carlos. “Calica: La minera que arrasa con todo e[n] playa del Carmen”, Revés, 15 de febrero de 2018; R-0051-ESP, Pacheco, Daniel. “‘Solo pedimos que se respete el uso de suelo previo’ Calica”. Novedades Quintana Roo, 27 de marzo de 2017; R-0052-ESP, Carta de organizaciones ambientalistas, 3 de febrero de 2016 (“Carta de ONG Ambientalistas, 3 de febrero de 2016”). ↩

¹¹⁶ C-0105-SPA, Laura Beristain asegura que trabajará con la sociedad, SIPSE.COM, de fecha 10 de julio de 2018. ↩

¹¹⁷ C-0114-SPA, Primera Orden de Inspección de la PROFEPA, de fecha 12 de mayo de 2017 (“Primera Orden de Inspección de la PROFEPA, 12 de mayo de 2017”). ↩

¹¹⁸ C-0115-SPA, Primera Acta de Inspección de la PROFEPA, 19 de mayo de 2017. ↩

¹¹⁹ C-0115-SPA, Primera Acta de Inspección de la PROFEPA, 19 de mayo de 2017. ↩

¹²⁰ C-0117, Acuerdo de Emplazamiento, págs. 284-287. ↩

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utilizado instrumentos inadecuados y mal calibrados, incluido un dispositivo de Sistema de Posicionamiento Global (GPS)¹²¹.

260. CALICA ofreció presentar un dictamen pericial que abordara la cuestión de si sus observaciones sobre la inspección de la PROFEPA eran correctas¹²², lo cual fue permitido por la PROFEPA. CALICA nombró al Sr. Tomás de la Cruz, ingeniero civil, para revisar las conclusiones de la PROFEPA¹²³. La PROFEPA contrató a su propio perito, el Sr. David May, para revisar adicionalmente la inspección realizada por la PROFEPA¹²⁴.

261. El dictamen del Sr. May se presentó el 25 de octubre de 2017¹²⁵, y el dictamen del Sr. de la Cruz se presentó el 26 de octubre de 2017¹²⁶.

262. El 24 de noviembre de 2017, la PROFEPA ordenó otra inspección¹²⁷, que se llevó a cabo entre los días 27 y 29 de noviembre de 2017¹²⁸.

263. Con respecto a El Corchalito, el 22 de enero de 2018, la PROFEPA emitió un Acuerdo de Emplazamiento ordenando la suspensión de actividades en El Corchalito con base en las conclusiones de la inspección adicional (“Acuerdo de Emplazamiento”¹²⁹). El Acuerdo de Emplazamiento impuso la clausura parcial temporal del Sitio El Corchalito como una “medida de seguridad” debido al¹³⁰

probable incumplimiento [de CALICA] detectado durante las visitas de inspección realizadas, al presuntamente haberse rebasado en 2.15 hectáreas el área autorizada para la extracción de roca caliza por debajo del manto freático, aunado a que la empresa ya realizó el aprovechamiento total de la superficie de extracción de roca caliza por

¹²¹ C-0116-SPA, Observaciones de CALICA a la Primera Acta de Inspección de la PROFEPA, de fecha 26 de mayo de 2017 (“Observaciones de CALICA a la PROFEPA, 26 de mayo de 2017”), págs. 24-25. ↩

¹²² C-0116-SPA, Observaciones de CALICA a la PROFEPA, 26 de mayo de 2017, págs. 31-32. ↩

¹²³ Véase C-0117-SPA, Acuerdo de Emplazamiento, pág. 16. ↩

¹²⁴ C-0144-SPA, Designación por parte de la PROFEPA de David Antelmo May Gutiérrez, de fecha 13 de septiembre de 2017. ↩

¹²⁵ C-0145-SPA, Dictamen Pericial de David Antelmo May Gutiérrez, de fecha 25 de octubre de 2017 (“Dictamen de May Gutiérrez”). ↩

¹²⁶ C-0120-SPA, Dictamen Pericial de De la Cruz Hernández, de fecha 26 de octubre de 2017 (“Dictamen de De la Cruz Hernández”). ↩

¹²⁷ C-0121-SPA, Orden de Inspección Complementaria de la PROFEPA, de fecha 24 de noviembre de 2017 (“Orden Complementaria de la PROFEPA, 24 de noviembre de 2017”). ↩

¹²⁸ C-0118-SPA, Segunda Acta de Inspección de la PROFEPA, de fecha 27 de noviembre de 2017 (“Segunda Acta de Inspección de la PROFEPA, 27 de noviembre de 2017”). ↩

¹²⁹ C-0117-SPA, Acuerdo de Emplazamiento. ↩

¹³⁰ C-0117-SPA, Acuerdo de Emplazamiento, pág. 280 (énfasis en el original). ↩

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debajo del nivel freático el cual le fue autorizado en anualidades hasta el 2020.

264. El Acuerdo de Emplazamiento señalaba que, si CALICA no procedía al cierre temporal de El Corchalito, ello constituiría “delitos, de conformidad con [el] Código Penal Federal”¹³¹.

265. El Acuerdo de Emplazamiento también impuso medidas correctivas a CALICA, y le ordenó presentar, dentro de un plazo de diez días, una copia certificada de cualquier autorización que hubiera recibido de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para llevar a cabo el Proyecto¹³².

266. El 24 de enero de 2018, la PROFEPA notificó el Acuerdo de Emplazamiento a CALICA¹³³. Ese mismo día, el personal de la PROFEPA dio cumplimiento al Acuerdo de Emplazamiento en las instalaciones de CALICA¹³⁴.

267. El 14 de febrero de 2018, CALICA presentó un dictamen pericial en el que alegó deficiencias en la metodología y en los instrumentos utilizados por los inspectores de la PROFEPA¹³⁵.

268. El 30 de octubre de 2018, la PROFEPA se negó a considerar el dictamen pericial de CALICA y señaló lo siguiente¹³⁶:

En virtud de lo anterior, esta Dirección General considera procedente desechar la prueba pericial en materia de Ingeniería Civil ofrecida por el promovente, al no estar directamente relacionada con las actuaciones realizadas por esta autoridad, al no haberse realizado en ningún momento un “levantamiento topográfico” en el predio materia de la visita de inspección en cita. (Énfasis en el original)

269. El 6 de noviembre de 2020, la PROFEPA notificó a CALICA la Resolución Administrativa No. PFPA/4.1/2C.27.5/00028-17/012/2020, de fecha 30 de octubre de

¹³¹ C-0117-SPA, Acuerdo de Emplazamiento, pág. 280. ↩

¹³² C-0117-SPA, Acuerdo de Emplazamiento, pág. 281. ↩

¹³³ R-0007-ESP, PROFEPA, Expediente PFPA/4.1/2C.27.5/00028-17, Cédula de Notificación, 24 de enero de 2018 (“Notificación de la PROFEPA, 24 de enero de 2018”). ↩

¹³⁴ C-0122-SPA, PROFEPA clausura proyecto de la empresa Calica en Playa, SIPSE.COM, de fecha 24 de enero de 2018. ↩

¹³⁵ C-0124-SPA, Observaciones de CALICA al Acuerdo de Emplazamiento, de fecha 14 de febrero de 2018 (“Observaciones de CALICA al Acuerdo de Emplazamiento, 14 de febrero de 2018”). ↩

¹³⁶ C-0125-SPA, Expediente PROFEPA PFPA/4.1/2C.27.5/00028-17, de fecha 30 de octubre de 2018 (“Expediente PROFEPA, 30 de octubre de 2018”), pág. 18. ↩

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2020 (la “Resolución de Octubre de 2020”)¹³⁷. Esta resolución determinó que, dado que las 2,15 hectáreas explotadas en El Corchalito más allá de las 140 hectáreas autorizadas para las actividades extractivas de CALICA no podían ser restituidas a su condición natural¹³⁸, la PROFEPA impuso a CALICA lo siguiente:

• Multas por un monto de MXN 7.985.053,92 por incumplimiento de la ley y daño ambiental¹³⁹.
• La imposición, como sanción, de la clausura temporal parcial de El Corchalito por lo que se refiere a las 2,15 hectáreas adicionales explotadas por CALICA¹⁴⁰.
• Medidas correctivas a los efectos de ordenar a CALICA lo siguiente: (i) ajustarse a su AIA Federal en la realización de sus actividades; (ii) presentar a la PROFEPA la AIA Federal emitida por la SEMARNAT que certifique el área de extracción correspondiente a las 2,15 hectáreas adicionales explotadas, o una modificación a la AIA Federal que amplíe la superficie total autorizada por debajo del manto freático y autorice la extracción exclusivamente en El Corchalito; y (iii) llevar a cabo la reforestación y demás acciones necesarias para recargar el acuífero afectado por las actividades de CALICA¹⁴¹.

270. Además, la Resolución de Octubre de 2020 señaló que CALICA no acreditó contar con lo siguiente: (i) un sistema de señalización con objeto de evitar accidentes con anterioridad a la Primera Acta de Inspección de la PROFEPA; (ii) un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros causados por sus transportistas; (iii) los resultados de la evaluación de los impactos de su actividad de extracción, con apoyo de video; o (iv) la entrega semestral de resultados a la SEMARNAT durante el periodo del Programa de Restauración del Área Reforestada¹⁴². Se ordenó a CALICA presentar determinada documentación ante la PROFEPA respecto de estos aspectos¹⁴³.

¹³⁷ R-0005-ESP, Resolución de Octubre de 2020. ↩

¹³⁸ R-0005-ESP, Resolución de Octubre de 2020, págs. 198-200, 231-232. ↩

¹³⁹ R-0005-ESP, Resolución de Octubre de 2020, pág. 234. ↩

¹⁴⁰ R-0005-ESP, Resolución de Octubre de 2020, págs. 169-198, 219-223, 234. ↩

¹⁴¹ R-0005-ESP, Resolución de Octubre de 2020, págs. 230-234. ↩

¹⁴² R-0005-ESP, Resolución de Octubre de 2020, págs. 162, 163. ↩

¹⁴³ R-0005-ESP, Resolución de Octubre de 2020, págs. 230-234. ↩

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4. Litigios relativos a la Concesión Portuaria de CALICA

271. En paralelo a las cuestiones ambientales analizadas supra, surgieron controversias entre las Partes en relación con la Concesión Portuaria de CALICA. Sobre este particular, existen dos conjuntos de litigios.

272. El primero se refiere a las tarifas portuarias.

273. En el mes de febrero de 2003, la SCT modificó la Concesión de la API Quintana Roo para incluir las terminales que CALICA había construido y estaba operando, y ordenó a CALICA ceder parcialmente sus derechos sobre la terminal pública a la API Quintana Roo¹⁴⁴.

274. Tras impugnar CALICA las medidas de la SCT, el 5 de julio de 2006, un Tribunal Federal de México resolvió que dichas medidas eran ilegales y nulas¹⁴⁵.

275. El 25 de junio de 2007, la SCT modificó nuevamente la Concesión de la API Quintana Roo, excluyendo de los derechos de la API Quintana Roo las áreas concesionadas a CALICA. Sin embargo, en el mes de julio de 2007, la SCT emitió oficios en los que señaló que, conforme a la concesión modificada, la API Quintana Roo tenía derecho a cobrar tarifas portuarias a las embarcaciones que atracaran en las terminales portuarias de Punta Venado, incluida la terminal privada de CALICA¹⁴⁶.

276. CALICA impugnó la medida en sede judicial, pero pagó las tarifas portuarias mientras el litigio se encontraba pendiente.

¹⁴⁴ C-0051-SPA, Primera Modificación a la Concesión de la API Quintana Roo, de fecha 27 de febrero de 2003, pág. 2; C-0052-SPA, Oficio No. 500.0194 de Francisco J. Ávila Camberos (SCT) a Armando Real Rueda (CALICA), de fecha 3 de marzo de 2003. ↩

¹⁴⁵ C-0053-SPA, Sentencia del Tribunal Federal Administrativo, Expediente No. 9566/03-17-10-6/51/06-PL-09-04, de fecha 5 de julio de 2006, pág. 176. ↩

¹⁴⁶ C-0054-SPA, Diario Oficial de la Federación, Segunda Modificación a la Concesión de la API Quintana Roo emitida por SCT, de fecha 25 de junio de 2007, págs. 43, 45; C-0055-SPA, Oficio No. API.DG.GJ.0405.07 de Javier F. Zetina González (Estado de Quintana Roo) a Oscar Amable Tenorio (Agencia Consignataria del Sureste, S.A. de C.V.), de fecha 4 de julio de 2007 (“Oficio de Quintana Roo a Agencia Consignataria, 4 de julio de 2007”); C-0056-SPA, Oficio No. API.DG.GJ.0405.07 de Javier F. Zetina González (Estado de Quintana Roo) a [Redacted] (CALICA), de fecha 9 de julio de 2007 (“Oficio de Quintana Roo a CALICA, 9 de julio de 2007”); C-0057-SPA, Oficio No. 7.3.3033.07 de Ángel González Rul A. (SCT) a [Redacted] (CALICA), de fecha 24 de julio de 2007 (“Oficio de la SCT a CALICA, 24 de julio de 2007”); C-0058-SPA, Oficio No. 7.3.-1679.09.4257 de Alejandro Hernández Cervantes (SCT) a Leonel Pereznieto del Prado (CALICA), de fecha 2 de julio de 2009 (“Oficio de la SCT a CALICA, 2 de julio de 2009”). ↩

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277. El 25 de enero de 2015, la Suprema Corte de México dictó una decisión¹⁴⁷ que la Demandante ha interpretado en el sentido de que la API Quintana Roo no podía cobrar tarifas a las embarcaciones de la Demandante que atracaran en Punta Venado. La Demandada discrepa de la interpretación de la Demandante.

278. Con base en la interpretación que la Demandante hizo de la decisión de la Suprema Corte de México, el 2 de enero de 2018, CALICA inició un procedimiento judicial para recuperar aproximadamente [Redacted] en tarifas portuarias que la API Quintana Roo había cobrado y recaudado en relación con Punta Venado¹⁴⁸.

279. El segundo conjunto de litigios se refiere a los derechos de concesión y a los procedimientos de revocación.

280. En virtud de la Concesión Portuaria de CALICA, los derechos de concesión son determinados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (“INDAABIN”). En el mes de mayo de 2010, el INDAABIN llevó a cabo un avalúo que CALICA consideró superior al permitido conforme a la Concesión Portuaria de CALICA¹⁴⁹.

281. El 11 de junio de 2010, la SCT exigió el pago de los derechos de concesión con base en la valuación del INDAABIN¹⁵⁰.

282. El 1 de septiembre de 2010, CALICA impugnó el avalúo ante los tribunales¹⁵¹, y obtuvo una resolución favorable en el mes de febrero de 2016¹⁵².

¹⁴⁷ C-0059-SPA, Decisión de la Suprema Corte de México, Recurso de reclamación 1256/2016, de fecha 25 de enero de 2017 (“Decisión de la Suprema Corte”). ↩

¹⁴⁸ C-0107-SPA, Presentación de CALICA relativa a las tarifas portuarias, de fecha 2 de enero de 2018 (“Presentación de CALICA por tarifas portuarias, 2 de enero de 2018”). ↩

¹⁴⁹ C-0060-SPA, Avalúo de INDAABIN, No. Genérico G-40071-B, Secuencial No. 06-10-0648, de fecha 4 de mayo de 2010. ↩

¹⁵⁰ C-0061-SPA, Oficio No. 7.3.2327.010 de Alejandro Hernández Cervantes (SCT) a Leonel Pereznieto del Prado (CALICA), de fecha 11 de junio de 2010. ↩

¹⁵¹ C-0062-SPA, Presentación de CALICA por la que se solicita la Nulidad del Avalúo de INDAABIN, de fecha 1 de septiembre de 2010. ↩

¹⁵² C-0063-SPA, Sentencia del Tribunal Federal Administrativo, Caso No. 20699/10-17-08-9/130/12-PL-05-04, de fecha 10 de febrero de 2016. ↩

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283. En el ínterin, el 7 de mayo de 2013, la SCT inició un procedimiento administrativo para revocar la Concesión Portuaria de CALICA sobre la base de que CALICA no había pagado los derechos de concesión¹⁵³.

284. En el mes de junio de 2013, CALICA pagó aproximadamente USD 15 millones en concepto de derechos de concesión¹⁵⁴.

C. ANTECEDENTES DE HECHO DE LA DEMANDA SUBORDINADA

1. Turismo en el Sureste de México

285. Desde hace mucho tiempo, ha sido parte de la política de desarrollo de México fomentar el turismo en el Sureste del país. Esta política opera en los ámbitos federal, estatal y municipal, a través de los “Planes Nacionales de Desarrollo”, los “Planes Estatales de Desarrollo” y los “Planes Municipales de Desarrollo”, respectivamente.

286. El 31 de mayo de 1983 se publicó en el Diario Oficial el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 1983-1988, que incluía como objetivos el “uso eficiente de la capacidad instalada para el turismo social” y “fomentar el mejor y más amplio aprovechamiento del potencial turístico nacional,” por ejemplo, mediante la apertura de nuevas zonas recreativas¹⁵⁵.

287. El 12 de noviembre de 1984, el gobierno federal y el gobierno del Estado de Quintana Roo suscribieron un “Convenio Único de Desarrollo”, cuyo objetivo era impulsar el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 al reconocer que Quintana Roo constituía una zona estratégica para el desarrollo del sector turístico¹⁵⁶:

El Plan Nacional de Desarrollo considera a Quintana Roo como una zona estratégica en la región sureste del país, por su diversidad de recursos y potencialidades de crecimiento, entre los que destacan: el turismo, la pesca y

¹⁵³ C-0064-SPA, Oficio de Alejandro Hernández Cervantes (SCT) a Jorge Mario Chabolla Marquez (CALICA), de fecha 7 de mayo de 2013. ↩

¹⁵⁴ C-0065-SPA, Carta de Leonel Pereznieto del Prado (CALICA) a la SCT, de fecha 18 de junio de 2013. ↩

¹⁵⁵ R-0145-ESP, Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1983, págs. 8, 105. ↩

¹⁵⁶ R-0146-ESP, Convenio Único de Desarrollo de Quintana Roo que suscriben el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 1984, pág. 1. Véanse también págs. 8-9 y R-0147-ESP, Convenio Único de Desarrollo que suscriben el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, 22 de agosto de 1986, págs. 1, 11. ↩

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la explotación forestal. Por ello, será necesario impulsar estas actividades para lograr el fortalecimiento integral de la Entidad.

Atendiendo a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, se pretende orientar la inversión pública hacia la realización de programas como: construcción de sistemas de agua potable; ampliación y mejoramiento de los servicios públicos de salud y educación; apoyo a la construcción de viviendas, ampliación de la red estatal de carreteras; fomento a la actividad pesquera y realización de proyectos de cabotaje turístico.

288. El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y el Convenio Único de Desarrollo estaban vigentes cuando se celebró el Acuerdo de Inversión, y dicho Acuerdo de Inversión hace referencia expresa al Plan Nacional de Desarrollo (véase ¶ 191 supra).

289. En el año 1989, cuando CALICA inició las actividades extractivas en La Rosita, se encontraba vigente el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. Este contemplaba la modernización del sector turístico como una de sus prioridades¹⁵⁷:

México se encuentra situado favorablemente para la expansión de su comercio externo, y sus bellezas naturales y tradiciones culturales le proveen de un gran potencial para el turismo.

290. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 procuraba garantizar el empleo, la educación, la salud y el bienestar a través de diferentes proyectos regionales, entre ellos, el denominado “Tren Maya”¹⁵⁸:

[L]a creación de puestos de trabajo, el cumplimiento del derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior, la inversión en infraestructura y servicios de salud y por medio de los programas regionales, sectoriales y coyunturales de desarrollo: […] Tren Maya.

291. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 describía el Tren Maya como “el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio”, con el objetivo de desarrollar el turismo en la Península de Yucatán mientras que, entre otras cosas, se consultara a las comunidades locales e Indígenas¹⁵⁹:

El Tren Maya es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo

¹⁵⁷ R-0148-ESP, Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1989, pág. 29 del PDF. ↩

¹⁵⁸ R-0142-ESP, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019 (“Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”), págs. 15-16. ↩

¹⁵⁹ R-0142-ESP, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pág. 29. ↩

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sostenible, proteger el medio ambiente de la zona –desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies– y propiciar el ordenamiento territorial de la región. Se procurará integrar a la obra y a sus beneficios a los pobladores; se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos; se buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas.

2. Las Conferencias de Prensa Matutinas del Presidente

292. El presidente López Obrador celebraba conferencias de prensa matutinas cinco días a la semana a las 7:00 a. m., conocidas generalmente en México (y en este Laudo) como “mañaneras”¹⁶⁰. Durante el periodo comprendido entre el 31 de enero de 2022 y el 2 de mayo de 2022, en aproximadamente 16 de sus mañaneras, el presidente López Obrador formuló declaraciones relativas, inter alia, a las actividades de CALICA en La Rosita y al impacto de dichas actividades en el medio ambiente¹⁶¹.

¹⁶⁰ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 62. ↩

¹⁶¹ C-0176-SPA, Transcripción de la Conferencia de Prensa Matutina del Presidente, 31 de enero de 2022; C-0177-SPA, Transcripción de la Conferencia de Prensa Matutina del Presidente, 1 de febrero de 2022, págs. 16-17; C-0178-SPA, Transcripción de la Conferencia de Prensa Matutina del Presidente, 2 de febrero de 2022 (“Conferencia de Prensa de 2 de febrero de 2022”), pág. 22; C-0246-SPA, Andrés Manuel López Obrador, Baja incidencia delictiva en Hidalgo, YouTube (subido el 3 de febrero de 2022, https://www.youtube.com/watch?v=OyjJQJxJtrc; C-0215-SPA, Transcripción de la Conferencia de Prensa Matutina del Presidente, 7 de febrero de 2022, pág. 17; C-0247-SPA, Andrés Manuel López Obrador, Llamado al diálogo entre normalistas de Ayotzinapa y autoridades, YouTube (subido el 7 de febrero de 2022), https://www.youtube.com/watch?v=oBi2EPCTCKU; C-0216-SPA, Transcripción de la Conferencia de Prensa Matutina del Presidente, 10 de febrero de 2022, págs. 30-31; C-0248-SPA, Andrés Manuel López Obrador, Justicia para jubilados de Luz y Fuerza. Acuerdo de pensiones, YouTube (subido el 10 de febrero de 2022), https://www.youtube.com/watch?v=UlTcgvrhzR0; C-0217-SPA, Transcripción de la Conferencia de Prensa Matutina del Presidente, 7 de marzo de 2022 (“Conferencia de Prensa de 7 de marzo de 2022”), pág. 31; C-0249-SPA, Andrés Manuel López Obrador, Inicia entrega de fertilizantes nacionales en nueve estados, YouTube (subido el 7 de marzo de 2022), https://www.youtube.com/watch?v=VtVoDxv3ba4; C-0220-SPA, Transcripción de la Conferencia de Prensa Matutina del Presidente, 23 de marzo de 2022 (“Conferencia de Prensa de 23 de marzo de 2022”), págs. 21-23; C-0250-SPA, Andrés Manuel López Obrador, Sembramos árboles en toda la ruta del Tren Maya, YouTube (subido el 23 de marzo de 2022), https://www.youtube.com/watch?v=xxLNbEHmR9o; C-0221-SPA, Transcripción de la Conferencia de Prensa Matutina del Presidente, 24 de marzo de 2022 (“Conferencia de Prensa de 24 de marzo de 2022”), págs. 44-45; C-0251-SPA, Andrés Manuel López Obrador, Acertada decisión asignar aduanas a Secretaría de Marina, YouTube (subido el 24 de marzo de 2022), https://www.youtube.com/watch?v=QjSJy-5lINM; C-0227-SPA, Transcripción de la Conferencia de Prensa Matutina del Presidente, 28 de marzo de 2022 (“Conferencia de Prensa de 28 de marzo de 2022”), pág. 48; C-0252-SPA, Andrés Manuel López Obrador, Gobierno prepara plan para fortalecer economía popular, YouTube (subido el 28 de marzo de 2022), https://www.youtube.com/watch?v=NJQdhL7uBto; C-0182-SPA, Transcripción de la Conferencia de Prensa Matutina del Presidente, 30 de marzo de 2022; C-0183-SPA, Transcripción de la Conferencia de Prensa Matutina del Presidente, 31 de marzo de 2022 (“Conferencia de Prensa de 31 de marzo de 2022”), págs. 7-8; C-0254-SPA, Andrés Manuel López Obrador, Aseguramiento de drogas previene daños a la población, YouTube (subido el 31 de marzo de 2022), https://www.youtube.com/watch?v=le04l59MZJg; C-0228-SPA, Transcripción de la Conferencia ↩

[Page 91]

293. Por ejemplo, el 2 de febrero de 2022, en su mañanera, el presidente López Obrador declaró, inter alia, lo siguiente¹⁶²:

Y, desde luego, que quiten las demandas y, si no, pues vamos a defendernos legalmente, como se está haciendo, y se va a proceder porque no tienen autorización, tienen vencidos permisos y no tienen tampoco autorización para sacar material, el gobierno federal tiene que autorizar la, en este caso, exportación.

294. El 6 de febrero de 2022, la SEMARNAT emitió un comunicado de prensa. El comunicado de prensa se refirió a la autorización otorgada a CALICA en el año 2000 para realizar actividades extractivas por debajo del manto freático, concedida el último día de la administración del entonces Presidente Ernesto Zedillo y del Secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y señaló, en parte lo siguiente¹⁶³:

Así, la responsabilidad de la Semarnap [es decir, la predecesora de la SEMARNAT] respecto a los impactos al medio ambiente es ineludible, y resulta incongruente manifestar que se vela por la protección de los recursos naturales a través de condicionantes a una actividad cuyo desarrollo es irreparable en términos ambientales.

Como se señaló en el comunicado de prensa de fecha 3 de febrero de 2022 de esta Secretaría, la minería debajo del manto freático representa la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, afectaciones a los acuíferos y a los ecosistemas, entre otros elementos que, aunados a los impactos previos en la superficie por la minería a cielo abierto que destruyó la flora y la fauna, han representado un daño insalvable a la zona.

de Prensa Matutina del Presidente, 4 de abril de 2022 (“Conferencia de Prensa de 4 de abril de 2022”), págs. 26-27; C-0255-SPA, Andrés Manuel López Obrador, La democracia debe ser parte de la vida del país, YouTube (subido el 4 de abril de 2022), https://www.youtube.com/watch?v=b_xqxPrB40U; C-0184-SPA, Transcripción de la Conferencia de Prensa Matutina del Presidente, 19 de abril de 2022 (“Conferencia de Prensa de 19 de abril de 2022”); C-0185-SPA, Transcripción de la Conferencia de Prensa Matutina del Presidente, 20 de abril de 2022 (“Conferencia de Prensa de 20 de abril de 2022”), págs. 8-9; C-0257-SPA, Andrés Manuel López Obrador, Seguridad y bienestar, fundamentales para instaurar la paz, YouTube (subido el 20 de abril de 2022), https://www.youtube.com/watch?v=RoONYTUVQ-I; C-0186-SPA, Transcripción de la Conferencia de Prensa Matutina del Presidente, 22 de abril de 2022 (“Conferencia de Prensa de 22 de abril de 2022”), págs. 9-10; C-0258-SPA, Andrés Manuel López Obrador, Inversión pública y privada impulsa desarrollo en Veracruz, YouTube (subido el 22 de abril de 2022), https://www.youtube.com/watch?v=8qwS_raNJo4; C-0229-SPA, Transcripción de la Conferencia de Prensa Matutina del Presidente, 29 de abril de 2022 (“Conferencia de Prensa de 29 de abril de 2022 ”), págs. 32, 64, 65; C-0259-SPA, Andrés Manuel López Obrador, Comunidades confían en proyecto del Tren Maya del Gobierno de México, YouTube (subido el 29 de abril de 2022), https://www.youtube.com/watch?v=ABXBAf5I_JI_raNJo4.

¹⁶² C-0178-SPA, Conferencia de Prensa de 2 de febrero de 2022, pág. 23; C-0246-SPA, Andrés Manuel López Obrador, Baja incidencia delictiva en Hidalgo, YouTube (subido el 3 de febrero de 2022), https://www.youtube.com/watch?v=OyjJQJxJtrc. ↩

¹⁶³ C-0214-SPA, Comunicado de Prensa de la SEMARNAT, Las decisiones ambientales trascienden en el tiempo, caso Calica, 6 de febrero de 2022, págs. 3-4. ↩

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Por otro lado, la modificación que hizo el gobierno del estado en 2009 a su plan de ordenamiento ecológico fue para no permitir ese tipo de actividades extractivas en la zona, lo que pone en evidencia el conocimiento de que la autorización fue en detrimento del medio ambiente y la conciencia de que las responsabilidades al emitir autorizaciones de tal tipo trascienden en el tiempo y van más allá de lo que en papel se registra, pues sus efectos son directos en el territorio.

Actualmente, el Estado mexicano hace frente a un arbitraje internacional para detener estas prácticas que ponen en riesgo el patrimonio natural de las y los mexicanos y atentan contra el derecho a un medio ambiente sano para estas y las futuras generaciones.

295. En el transcurso de los meses de marzo y abril de 2022, el presidente López Obrador formuló una serie de declaraciones en contra de las actividades de CALICA y de exfuncionarios mexicanos que habían otorgado las autorizaciones a CALICA, criticando asimismo a esos funcionarios y a ambientalistas por oponerse a su proyecto de construir el “Tren Maya” por motivos ambientales¹⁶⁴. La SEMARNAT siguió la misma línea en ciertas declaraciones públicas¹⁶⁵. El 20 de abril de 2022, el Presidente indicó, por tanto, que CALICA tenía tres opciones: la clausura, la reconversión para fines turísticos o la venta del terreno¹⁶⁶:

La clausura, porque ya no se permite que extraigan material, eso ya no se puede permitir. Que tienen muchas influencias en el Departamento de Estado, porque es una empresa que se llama Vulcan, es de las empresas constructoras más importantes de Estados Unidos, pero yo creo que hasta los mismos accionistas de Vulcan van a entender que esto no es posible, no puede haber un doble discurso de decir que nos preocupa el cambio climático y que estemos haciendo esta destrucción.

Entonces, si se van a tribunales, porque además hay denuncias, pues vamos a tribunales y vamos a hacer la denuncia formal en organismos internacionales. A ver qué van a hacer los de la ONU, a ver qué va a hacer Greenpeace, que nos ayuden en esto.

¹⁶⁴ C-0217-SPA, Conferencia de Prensa de 7 de marzo de 2022, pág. 31; C-0220-SPA, Conferencia de Prensa de 23 de marzo de 2022, págs. 21-23; C-0221-SPA, Conferencia de Prensa de 24 de marzo de 2022, págs. 44-45; C-0227-SPA, Conferencia de Prensa de 28 de marzo de 2022, pág. 48; C-0183-SPA, Conferencia de Prensa de 31 de marzo de 2022, págs. 7-8; C-0228-SPA, Conferencia de Prensa de 4 de abril de 2022, págs. 26-27; C-0184-SPA, Conferencia de Prensa de 19 de abril de 2022, pág. 7; C-0185-SPA, Conferencia de Prensa de 20 de abril de 2022, pág. 8; C-0186-SPA, Conferencia de Prensa de 22 de abril de 2022, págs. 9-10; C-0229-SPA, Conferencia de Prensa de 29 de abril de 2022, págs. 32, 64-65. ↩

¹⁶⁵ C-0226-SPA, Comunicado de Prensa de la SEMARNAT, ¿Dónde estaban los pseudoambientalistas cuando hace años empezó la verdadera devastación en el sureste de México?, 25 de marzo de 2022. ↩

¹⁶⁶ C-0185-SPA, Conferencia de Prensa de 20 de abril de 2022, pág. 9. ↩

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Esa es una opción.

La otra opción, que es importante para ellos y para todos, es buscar un acuerdo para que esa área impactada, más otras dos mil hectáreas que tienen ahí, se puedan convertir en un parque turístico. Tienen también pegado al mar la concesión de un puerto que puede ser utilizado como puerto de cruceros. Estamos hablando de una de las zonas más bellas del mundo en cuanto a playas, es el Caribe. Eso es lo segundo.

Y lo tercero es que les compramos el terreno completo, hacemos un avalúo de cuánto cuesta y tenemos recursos para convertir esto en un parque natural.

296. El 2 de mayo de 2022, el presidente López Obrador anunció que había impartido instrucciones a la SEMARNAT de detener las actividades extractivas de CALICA¹⁶⁷:

[E]s otra empresa, Calica, Vulcan, la empresa constructora más importante de Estados Unidos, que tiene un banco aquí, que está extrayendo grava para las carreteras de Estados Unidos y recibió permisos de los gobiernos neoliberales, y los ambientalistas nunca jamás dijeron nada, y es una destrucción al territorio sin precedente y lo siguen haciendo.

Acabo de estar el fin de semana. Y me habían engañado en que ya no estaban extrayendo material, y pasaba yo por ahí, sobrevolaba, siempre, como tres veces, y, en efecto, estaba todo parado, las grúas paradas, todo parado; pero ahora pasé, quizá no sabían o fue porque pasamos el viernes y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material y cómo están cargando un barco. Entonces, he dado instrucciones a la secretaria [de SEMARNAT] para proceder de inmediato.

[…]

Se va a proceder legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente. Además, es un atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país.

[…]

Sí, hasta que se detenga la extracción[.]

297. Durante la mañanera del 28 de junio de 2022, el Presidente —al ser informado por un miembro de la prensa sobre una denuncia presentada contra CALICA por comunidades

¹⁶⁷ C-0168-SPA, Transcripción de la Conferencia de Prensa Matutina del Presidente, 2 de mayo de 2022, pág. 14; C-0188-SPA, Andrés Manuel López Obrador, Tren Maya prioriza cuidado de zonas arqueológicas y del ambiente, YouTube (subido el 2 de mayo de 2022), https://www.youtube.com/watch?v=VeiERG4QXhI (captura de pantalla en 2:14:09). ↩

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locales por motivos ambientales— afirmó que el “problema con CALICA” le impediría “hacer tratos”¹⁶⁸:

Si no tuviésemos el problema con Calica —el problema me refiero a que están destruyendo el territorio y no vamos a cambiar una cosa por otra— pues de aquí a aquí no tendríamos problema, porque este puerto de Calica tiene calado suficiente, tiene 12 metros; pero como tenemos aquí la denuncia, porque están destruyendo, no podemos hacer tratos.

3. Certificados de Industria Limpia

298. La PROFEPA expidió seis Certificados de Industria Limpia a CALICA en el período comprendido entre los años 2003 y 2016, en el marco del Programa Nacional de Auditoría Ambiental, específicamente, en los años 2003, 2005, 2008, 2012, 2014 y 2016¹⁶⁹.

299. El programa de Certificados de Industria Limpia fue desarrollado y administrado por la PROFEPA para auditar el desempeño ambiental de “las empresas en operación, que por su ubicación, dimensiones, características y alcances puedan causar efectos o impactos negativos al ambiente”¹⁷⁰. Estas auditorías son realizadas por auditores certificados por la PROFEPA, encargados de verificar que “la empresa cumpla con las Leyes Ambientales Federales y Locales, los Reglamentos Ambientales Federales y Locales, las Normas Oficiales Mexicanas ordenadas por Materia (NOMs) dictadas por la SEMARNAT y los requerimientos que cada municipio aplique”¹⁷¹. El informe resultante se presenta a la PROFEPA para su revisión. Si no se detectan irregularidades importantes, la PROFEPA

¹⁶⁸ C-0232-SPA, Transcripción de la Conferencia de Prensa Matutina del Presidente, 28 de junio de 2022, págs. 65-66. ↩

¹⁶⁹ C-0208-SPA, Informe de Auditoría Ambiental, marzo de 2016 (“Informe de Auditoría Ambiental de Marzo de 2016”), págs. 17-18; C-0037-SPA, Certificado de Industria Limpia, de fecha 23 de junio de 2003 (“Certificado de Industria Limpia, 23 de junio de 2003”); C-0038-SPA, Certificado de Industria Limpia, de fecha 16 de diciembre de 2005; C-0039-SPA, Certificado de Industria Limpia, de fecha 31 de julio de 2008; C-0040-SPA, Certificado de Industria Limpia, de fecha 28 de febrero de 2012; C-0041-SPA, Certificado de Industria Limpia, de fecha 2 de junio de 2014; C-0042-SPA, Certificado de Industria Limpia, de fecha 27 de julio de 2016 (“Certificado de Industria Limpia, 27 de julio de 2016”). ↩

¹⁷⁰ C-0209-SPA, Circular Explicativa del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (“Circular del Programa de Auditoría Ambiental”), pág. 5; C-0210-SPA, Reglamento de la LGEEPA en materia de Auditorías Ambientales, 29 de abril de 2010 (“Reglamento de la LGEEPA en materia de Auditorías”), Art. 6. Véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 21. ↩

¹⁷¹ C-0209-SPA, Circular del Programa de Auditoría Ambiental, pág. 6; C-0210-SPA, Reglamento de la LGEEPA en materia de Auditorías, Arts. 2(XXII), 6. Véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶¶ 21-22. ↩

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expide un Certificado de Industria Limpia¹⁷². El valor de los Certificados de Industria Limpia es impugnado por la Demandada¹⁷³.

300. En el mes de noviembre de 2012 —uno de los años en que se expidió un Certificado de Industria Limpia a favor de CALICA— la PROFEPA llevó a cabo una inspección formal de las operaciones de CALICA con el fin de¹⁷⁴:

verificar física y documentalmente que el o los responsables de [CALICA] […] hayan dado cumplimiento con sus obligaciones ambientales en materia de impacto ambiental, en lo referente a sus autorizaciones, permisos o licencias, otorgadas por [SEMARNAT]; y si cuenta con autorización en materia de impacto ambiental vigente.

301. El informe de inspección de la PROFEPA del año 2012 señaló que, si bien el Acuerdo de Inversión no constituía técnicamente una autorización de impacto ambiental conforme a la LGEEPA, se consideraba que CALICA había cumplido con sus obligaciones ambientales porque inició operaciones en La Rosita antes de la entrada en vigor de dicha ley en el año 1988¹⁷⁵. Al respecto, la PROFEPA informó que no había “detectado hechos u omisiones presuntamente constitutivos de infracción a la normatividad ambiental” por parte de CALICA¹⁷⁶. PROFEPA afirmó además que CALICA “sí cuenta con el resolutivo o la autorización previa en materia de impacto ambiental para llevar-a cabo las obras o actividades que se realizan” en La Rosita¹⁷⁷. La PROFEPA concluyó que “no existen irregularidades por las cuales se proceda a emplazar a procedimiento y en su caso, sancionar al establecimiento denominado [CALICA] por incumplimiento a sus obligaciones ambientales en materia de impacto ambiental”¹⁷⁸.

302. En el año 2016 —otro de los años en que se expidió un Certificado de Industria Limpia— una auditoría ambiental realizada por auditores certificados por la PROFEPA concluyó que CALICA cumplía con las regulaciones y los parámetros ambientales respecto de

¹⁷² C-0210-SPA, Reglamento de la LGEEPA en materia de Auditorías, Art. 16. Véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶¶ 21-22. ↩

¹⁷³ Véase, por ejemplo, Memorial de Contestación Subordinada, ¶¶ 9, 218. ↩

¹⁷⁴ C-0043-SPA, Oficio No. PFPA03.2/2C27.5/0006/12/0037 de Arturo Estrada Rangel (PROFEPA) a CALICA, de fecha 10 de diciembre de 2012 (“Oficio PROFEPA a CALICA, 10 de diciembre de 2012”), pág. 2 del PDF. ↩

¹⁷⁵ C-0043-SPA, Oficio PROFEPA a CALICA, 10 de diciembre de 2012, págs. 6-7 del PDF. ↩

¹⁷⁶ C-0043-SPA, Oficio PROFEPA a CALICA, 10 de diciembre de 2012, pág. 57 del PDF. ↩

¹⁷⁷ C-0043-SPA, Oficio PROFEPA a CALICA, 10 de diciembre de 2012, pág. 7 del PDF. ↩

¹⁷⁸ C-0043-SPA, Oficio PROFEPA a CALICA, 10 de diciembre de 2012, págs. 56-57 del PDF. ↩

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todas sus operaciones, incluida La Rosita¹⁷⁹. El informe del año 2016 señalaba que las actividades extractivas de CALICA en La Rosita normalmente requerirían de una autorización de impacto ambiental, pero se consideraba que CALICA cumplía con sus obligaciones ambientales porque seguía los requerimientos en materia ambiental que le eran aplicables cuando comenzó sus actividades¹⁸⁰:

[L]as actividades de extracción de mineral pétreo (roca caliza) que realiza CALICA, requieren de procedimiento de evaluación de la manifestación de impacto ambiental. No obstante se debe considerar que la empresa inició operaciones en 1987, antes de que entrara en vigor la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente (LGEEPA); se comenta que la empresa cumplió con los requerimientos en materia ambiental que le eran aplicables cuando comenzó sus actividades, con el paso del tiempo y de acuerdo a las necesidades de crecimiento de la auditada se han ido haciendo ajustes a las autorizaciones originales, para ello se han elaborado las respectivas manifestaciones de impacto ambiental.

Respecto a lo anterior, la empresa cuenta con autorizaciones en materia de Impacto Ambiental y Recursos Naturales.

303. El Certificado de Industria Limpia de 2016 venció en el mes de julio de 2018¹⁸¹. No fue renovado. (A modo de contexto, cabe señalar que El Corchalito fue clausurado en el año 2018; véase ¶¶ 263-270 supra).

4. Inspecciones de la PROFEPA y la Clausura de La Rosita

304. El 29 de abril de 2022 —el mismo día en que el presidente López Obrador había anunciado que la SEMARNAT debía detener las actividades extractivas de CALICA (véase ¶ 295 supra)— la PROFEPA expidió dos órdenes de inspección relacionadas con La Rosita. Una se centró en los impactos ambientales y la otra en materia forestal y de uso del suelo¹⁸².

¹⁷⁹ C-0208-SPA, Informe de Auditoría Ambiental de Marzo de 2016, págs. 12, 14, 61-385. Véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 24. ↩

¹⁸⁰ C-0208-SPA, Informe de Auditoría Ambiental de Marzo de 2016, pág. 21. ↩

¹⁸¹ C-0042-SPA, Certificado de Industria Limpia, 27 de julio de 2016, págs. 2-3. ↩

¹⁸² R-0127-ESP, Orden de inspección forestal No. OC00158RN2022 de 29 de abril de 2022, expedida por la Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal de la PROFEPA, pág. 2; R-0128-ESP, Orden de inspección de impacto ambiental No. PFPA/4.1/2C.27.5/024/2022 de 29 de abril de 2022, expedida por la Directora General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre de la PROFEPA, pág. 2. ↩

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305. El 2 de mayo de 2022, inspectores de la PROFEPA llegaron por la noche al sitio de CALICA¹⁸³. Los inspectores de la PROFEPA iban acompañados por más de treinta infantes de la marina mexicana armados, vehículos blindados, drones y embarcaciones navales, que se apostaron en la entrada principal y en el acceso marítimo de las instalaciones de CALICA¹⁸⁴. En el acta de inspección, la PROFEPA consignó que el despliegue de personal y vehículos blindados se debió a la negativa de CALICA de permitir el acceso de los inspectores de la PROFEPA a La Rosita¹⁸⁵.

306. Ese mismo día (2 de mayo de 2022), CALICA promovió un juicio de amparo , en el que hizo referencia a lo siguiente: (i) la mañanera del Presidente de 2 de mayo de 2022 “en [la] que manifestó que dio instrucciones a la Secretaría para proceder legalmente en contra de la moral quejosa, para que no continúe con la operación del proyecto”; y (ii) la orden de clausura y/o suspensión y/o cancelación y/o revocación del proyecto denominado “Aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático en los predios el Corchalito y la Adelita”¹⁸⁶. El amparo procuraba mantener el statu quo, es decir, que la autoridad responsable se abstuviera de clausurar, suspender, cancelar o revocar el proyecto identificado en el punto (ii) de este párrafo¹⁸⁷.

307. El 3 de mayo de 2022, el juez que conocía del amparo determinó que la protección solicitada por CALICA solo procedía respecto de El Corchalito y La Adelita, conforme al marco del proyecto tal como se establecía en la AIA Federal¹⁸⁸.

308. El 5 de mayo de 2022, los inspectores de la PROFEPA clausuraron La Rosita¹⁸⁹. Ello obedeció a que, al concluir sus inspecciones, los inspectores de la PROFEPA determinaron que CALICA operaba sin contar con lo siguiente: (i) una autorización de

¹⁸³ C-0169-SPA, Fotografías de la Incursión de México en las Instalaciones de CALICA, 2-5 de mayo de 2022 (“Fotografías de la incursión”), págs. 1-6; R-0129-ESP, Acta de visita de inspección No. PFPA/4.1/2C.27.5/024/2022 de fecha 2 de mayo de 2022 y Acta de Inspección en Materia de Forestal No. AI0158RN2022 (“Acta de Inspección de 2 de mayo de 2022”), págs. 2, 8. ↩

¹⁸⁴ C-0169-SPA, Fotografías de la incursión, págs. 7-11. ↩

¹⁸⁵ R-0129-ESP, Acta de Inspección de 2 de mayo de 2022, págs. 2-4. ↩

¹⁸⁶ C-0173-SPA, Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, Poder Judicial de la Federación, Suspensión Provisional, Incidente de Suspensión 431/2022-I (“Juicio de amparo”), pág. 2 del PDF. ↩

¹⁸⁷ C-0173-SPA, Juicio de amparo, pág. 2. ↩

¹⁸⁸ R-0130-ESP, Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, Amparo Indirecto 431/2022, Suspensión Provisional, 3 de mayo de 2022. ↩

¹⁸⁹ C-0171-SPA, Acta de Impacto Ambiental de la PROFEPA, 2-5 de mayo de 2022, págs. 71-72; C-0172-SPA, Acta de Inspección Forestal de la PROFEPA, 2-5 de mayo de 2022, págs. 61-62. Véase Réplica Subordinada, ¶ 14. ↩

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impacto ambiental; y (ii) un CUSTF para la remoción de vegetación en La Rosita¹⁹⁰. En este sentido, los inspectores de la PROFEPA no consideraron suficiente la documentación que CALICA les había presentado para acreditar las autorizaciones ambientales correspondientes a La Rosita, a saber: una copia del Acuerdo de Inversión y sus anexos pertinentes, así como una copia de la AIA Federal de 2000¹⁹¹.

309. El 6 de mayo de 2022, la SEMARNAT emitió un comunicado de prensa en el que señalaba que, en 1986, los gobiernos federal y estatal habían otorgado a CALICA una autorización para la explotación de roca caliza por debajo del manto freático en La Rosita, sin determinar un plazo de vigencia, ni volumen de explotación específico¹⁹².

310. Si bien CALICA pretendió ampliar el juicio de amparo de modo tal que abarcara La Rosita, el 9 de mayo de 2022, el juez determinó que las medidas aplicadas en La Rosita no eran idénticas ni estaban relacionadas con la suspensión concedida para El Corchalito y La Adelita, y ordenó que se tramitara por separado un nuevo juicio de amparo respecto de las medidas impuestas en La Rosita¹⁹³.

311. El 25 de octubre de 2022, integrantes de una comunidad Indígena maya interpusieron una acción colectiva en contra de CALICA ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo (“Demanda de Acción Colectiva”)¹⁹⁴. Informes periodísticos contemporáneos se refieren a las preocupaciones expresadas por la comunidad Indígena y otros sectores con respecto a¹⁹⁵:

¹⁹⁰ C-0171-SPA, Acta de Impacto Ambiental de la PROFEPA, 2-5 de mayo de 2022, págs. 71-72; C-0172-SPA, Acta de Inspección Forestal de la PROFEPA, 2-5 de mayo de 2022, pág. 62. Véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 64. ↩

¹⁹¹ C-0171-SPA, Acta de Impacto Ambiental de la PROFEPA, 2-5 de mayo de 2022, págs. 13-16; 77; C-0010-SPA, Acuerdo de Inversión, págs. 6, 14, 37, 401. Véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 70. ↩

¹⁹² C-0174-SPA, Comunicado de Prensa de la PROFEPA, 6 de mayo de 2022, pág. 3. ↩

¹⁹³ R-0131-ESP, Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, Amparo Indirecto 431/2022, Acuerdo, 9 de mayo de 2022. ↩

¹⁹⁴ C-0283-SPA, Acción Colectiva Difusa (Quetzal Tzab González y otros) contra CALICA, 25 de octubre de 2022 (“Juicio de Acción Colectiva”). Véanse también R-0162-ESP, Ramírez Ana, QRoo: Movimiento indígena interpone acción colectiva contra Calica, La Jornada Maya, 24 de octubre de 2022; R-0165-ESP, Rosales Sánchez, Juan José, Acciones Colectivas. Reflexiones desde la judicatura, Coords. Leonel Castillo González y Jaime Murillo Morales, Mexico, 1.^a edición, Editorial del Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial, 2013, pág. 12. Véase Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 139. ↩

¹⁹⁵ R-0167-ESP, Aristegui Noticias. Presentan demanda colectiva contra Calica por daños a salud y medio ambiente en Quintana Roo, 25 de octubre de 2022; R-0162-ESP, Ramírez Ana, QRoo: Movimiento indígena interpone acción colectiva contra Calica, La Jornada Maya, 24 de octubre de 2022. Véase Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 139. ↩

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(i) La protección de los derechos de los pueblos Indígenas, mismos que estaban siendo afectados por el polvo calizo liberado por las actividades extractivas en CALICA;

(ii) Siete comunidades aledañas afectadas por el resultado de la actividad de CALICA; y

(iii) Explosivos utilizados por CALICA afectando a casas construidas de concreto.

312. La comunidad Indígena pidió además la clausura de las instalaciones de CALICA y una indemnización por parte de CALICA por los presuntos daños al medio ambiente y a la salud de los niños¹⁹⁶.

5. Permiso Aduanero: Retraso en la Renovación y Procedimiento de Cancelación

313. En el curso de sus operaciones, CALICA obtuvo y renovó, aproximadamente cada tres años, un permiso aduanero que autorizaba la exportación de su producción directamente desde Punta Venado hacia los Estados Unidos¹⁹⁷.

314. El permiso aduanero de CALICA, cuyo vencimiento estaba previsto para el 2 de enero de 2022, no se renovó sino hasta después de su vencimiento, en el mes de abril de 2022¹⁹⁸.

315. El fundamento de la no renovación del permiso aduanero es objeto de controversia entre las Partes.

316. Según la Demandante, el permiso aduanero no se renovó debido a una supuesta falta de recertificación, por parte de la Marina mexicana, del cumplimiento del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias de México¹⁹⁹. De acuerdo con la versión de la Demandante, la Marina se negó a actuar frente a las múltiples solicitudes de CALICA para renovar dicha certificación. Como resultado del retraso en la renovación, CALICA no pudo exportar agregados durante

¹⁹⁶ R-0162-ESP, Ramírez Ana, QRoo: Movimiento indígena interpone acción colectiva contra Calica, La Jornada Maya, 24 de octubre de 2022. Véase Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 139. ↩

¹⁹⁷ C-0278-SPA, Ley Aduanera, 15 de diciembre de 1995, Art. 11; C-0201-SPA, Oficio DGJA-2022-0981, 30 de marzo de 2022, pág. 9. Véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 18. ↩

¹⁹⁸ Tercera Declaración de [Redacted] ¶¶ 12-22. Véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 19. ↩

¹⁹⁹ Tercera Declaración de [Redacted] ¶ 12. Véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 32. ↩

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aproximadamente seis semanas, desde principios del mes de enero hasta mediados del mes de febrero de 2022²⁰⁰.

317. El 2 de febrero de 2022, CALICA recibió la certificación de la Marina; sin embargo, la Agencia Nacional de Aduanas de México (“ANAM”) no renovó el permiso aduanero de manera inmediata²⁰¹.

318. Según la Demandada, la autoridad aduanera no se negó a renovar el permiso, sino que únicamente se le requirió a CALICA presentar su solicitud con todos los requisitos legales²⁰². En consecuencia, siempre de acuerdo con la Demandada, una vez que se cumplieron dichos requisitos la autoridad aduanera emitió una autorización “para la salida de mercancías del territorio nacional por lugar distinto al autorizado” y de conformidad con las Reglas de Comercio Exterior aplicables²⁰³.

319. El 10 de febrero de 2022, la agencia de aduanas de la Demandada otorgó una renovación temporal de dos meses del permiso aduanero de CALICA. Según la Demandante, esta renovación temporal se concedió después de que solicitara la intervención de las autoridades mexicanas de más alto nivel para atender dicho retraso²⁰⁴.

320. Según la Demandante, durante las negociaciones en torno a la renovación de su permiso aduanero, la Secretaría de Gobernación exigió que CALICA se abstuviera de llevar a cabo operaciones de extracción en La Rosita a cambio de renovar dicho permiso. CALICA no aceptó esta propuesta²⁰⁵. La Demandada niega la versión de la Demandante y afirma que el permiso aduanero ya había sido expedido un día antes de la comunicación de Legacy Vulcan en la que se alegaba la existencia de dicha condición²⁰⁶.

321. En el período comprendido entre los días 11 de febrero de 2022 y 13 de marzo de 2022, la Demandante concentró temporalmente sus operaciones en el envío de materiales

²⁰⁰ Tercera Declaración de [Redacted] ¶ 13. Véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 32. ↩

²⁰¹ Tercera Declaración de [Redacted], ¶ 14. Véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 33. ↩

²⁰² R-0177-ESP, Administración General de Aduanas, Requerimiento OF.G.800.02.03.00.00.00.21-526, 7 de diciembre de 2021. Véase Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 378. ↩

²⁰³ Véase Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 378, donde se cita R-0180-ESP, SAT, Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022, Regla 2.4.1. ↩

²⁰⁴ Tercera Declaración de [Redacted] ¶¶ 15-16. Véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 33. ↩

²⁰⁵ Tercera Declaración de [Redacted] ¶ 15. Véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 33. ↩

²⁰⁶ Dúplica Subordinada, ¶ 246. Véanse C-0179-ENG, Carta de [Redacted] al Embajador Esteban Moctezuma, 11 de febrero de 2022 (“Carta de [Redacted] 11 de febrero de 2022”); Tercera Declaración de [Redacted] ¶ 17. ↩

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acumulados que ya habían sido extraídos de su cantera, en lugar de continuar con la extracción de más material²⁰⁷. Según la Demandante, ello se hizo para dar espacio a las conversaciones entonces en curso con el gobierno y como un gesto voluntario de buena fe²⁰⁸. Según la Demandada, la Demandante acordó verbalmente suspender sus actividades extractivas y trabajar en la propuesta de desarrollo turístico²⁰⁹.

322. Después del 13 de marzo de 2022, la Demandante afirma que reanudó las actividades extractivas en La Rosita y que comunicó este hecho a la Demandada²¹⁰.

323. En el mes de abril de 2022, según la Demandante, el permiso aduanero de CALICA fue renovado por un plazo de tres años²¹¹.

324. El 10 de mayo de 2022, la agencia de aduanas de la Demandada suspendió el permiso aduanero renovado de CALICA e inició un procedimiento administrativo para revocarlo. El documento que dio inicio al procedimiento de suspensión y cancelación hace referencia a la clausura temporal total de La Rosita impuesta por PROFEPA y a las conclusiones formuladas en relación con irregularidades ambientales en ese predio. Establece, en parte, lo siguiente²¹²:

En razón de lo expuesto y fundado, [CALICA], se encuentra dentro del supuesto de cancelación, descrito en la fracción VI del artículo 144-A de la Ley Aduanera, en relación con el resolutivo Décimo Numeral 8, de la Autorización para la salida de mercancías de territorio nacional por lugar distinto al autorizado, contenida en el oficio DGJA.2022 0981 de 30 de marzo de 2022, puesto que existe evidencia de que cometió actos contrarios a las disposiciones establecidas en los artículos [lista de los artículos] de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; [lista de los artículos] de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, lo que vulnera el interés general, y que en consecuencia de ello fueron suspendidas por la SEMARNAT las actividades y las obras relacionadas con la autorización en cita atento a los documentos que obran en el expediente ANAM-3S.3.2022.5 “2” por lo cual se da inicio a un procedimiento de cancelación, ordenando la suspensión de operaciones de la autorizada y se le otorgará un plazo de diez días para que el interesado ofrezca las pruebas y alegatos que a su derecho convengan, debiendo dictar la resolución que corresponda en un plazo que no

²⁰⁷ C-0179-ENG, Carta de [Redacted] 11 de febrero de 2022. Véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 34. ↩

²⁰⁸ C-0179-ENG, Carta de [Redacted] 11 de febrero de 2022. Véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 34. ↩

²⁰⁹ Véase Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 114. ↩

²¹⁰ Véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 34, donde se cita Tercera Declaración de [Redacted] ¶ 16. ↩

²¹¹ Véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 35. ↩

²¹² C-0194-SPA, Agencia Nacional de Aduanas de México, Oficio DGJA.2022.1658, 10 de mayo de 2022, pág. 18. Véanse Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 35; Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 380. ↩

[Page 102]

excederá de cuatro meses a partir de la notificación del inicio del procedimiento.

6. Dictamen de la SEMARNAT

325. El 18 de agosto de 2022, la SEMARNAT publicó el Dictamen de impactos ambientales derivados del proyecto de extracción industrial de roca caliza a cargo de la empresa Calica (hoy SAC-TUN) en los municipios de Solidaridad y Cozumel, Quintana Roo (“Dictamen de la SEMARNAT”)²¹³. Ese mismo día, la SEMARNAT publicó en su sitio web una presentación en PowerPoint en la que describía, inter alia, el propósito y las conclusiones del Dictamen de la SEMARNAT (“Presentación en PowerPoint del Dictamen de la SEMARNAT”)²¹⁴. Según la Presentación en Power Point, el Dictamen de la SEMARNAT se realizó con el objeto de cuantificar el impacto ambiental causado por las actividades de CALICA²¹⁵.

326. El Dictamen de la SEMARNAT fue coordinado por la SEMARNAT, con la participación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (“IMTA”), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (“CONANP”) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (“INECC”)²¹⁶.

327. Según la Presentación en PowerPoint del Dictamen de la SEMARNAT, los hallazgos relativos a los impactos ambientales atribuibles a la Demandante incluían, inter alia, los siguientes: (i) la pérdida de vegetación; (ii) la pérdida de hábitat para especies en peligro de extinción; (iii) la fragmentación del corredor biológico; (iv) la pérdida de suelo; (v) alteraciones en el flujo del agua subterránea; (vi) la contaminación del agua; y (vii) la deforestación²¹⁷.

²¹³ C-0237-SPA, SEMARNAT, Dictamen de impactos ambientales derivados del proyecto de extracción industrial de roca caliza a cargo de la empresa Calica (hoy SAC-TUN) en los municipios de Solidaridad y Cozumel, Quintana Roo, 18 de agosto de 2022 (“Dictamen de la SEMARNAT”). Véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 86. ↩

²¹⁴ C-0235-SPA, SEMARNAT, Desastre Ambiental Violatorio del Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano, 18 de agosto de 2022 (“PowerPoint del Dictamen de la SEMARNAT”). Véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 86. ↩

²¹⁵ C-0235-SPA, PowerPoint del Dictamen de la SEMARNAT, pág. 17. ↩

²¹⁶ C-0235-SPA, PowerPoint del Dictamen de la SEMARNAT, pág. 17. ↩

²¹⁷ C-0235-SPA, PowerPoint del Dictamen de la SEMARNAT, págs. 20-22. ↩

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V. SÍNTESIS DE LAS POSICIONES DE LAS PARTES Y DE LA REPARACIÓN PRETENDIDA

A. POSICIÓN DE LA DEMANDANTE Y REPARACIÓN PRETENDIDA

1. Reclamación Original

328. La Demandante sostiene que la Demandada adoptó tres medidas ilícitas, a saber: (i) incumplió los Acuerdos de 2014 cuando la SEMARNAT no expidió el permiso CUSTF que permitiera a la Demandante remover vegetación (y, por ende, realizar actividades extractivas) en La Adelita, y abandonó el proceso de modificación del POEL 2009 que se había acordado para conducir a la expedición de dicho permiso²¹⁸; (ii) incumplió las decisiones de su propio poder judicial cuando la API Quintana Roo cobró a CALICA por el atraque en la Terminal Portuaria privada de CALICA, pese a que los tribunales habían determinado que tal cobro era ilegal²¹⁹; y (iii) clausuró ilegalmente las operaciones en El Corchalito y, de facto, impidió la continuación de las operaciones en La Adelita debido a la conclusión de que la Demandante había rebasado los límites de su área de extracción conforme a la AIA Federal²²⁰.

329. La Demandante sostiene, por lo tanto, que la Demandada ha violado el TLCAN al no otorgar a sus inversiones un trato justo y equitativo, en contravención de su Artículo 1105. Mediante la cláusula de nación más favorecida (“Cláusula de NMF”) del Artículo 1103 del TLCAN, la Demandante sostiene además que la Demandada no ha observado las obligaciones internacionales que ha asumido respecto de las inversiones de la Demandante.

330. En el Memorial, la Demandante solicita que se dicte un laudo a su favor en los siguientes términos²²¹:

1. Que ratifique las reclamaciones formuladas por la Demandante en este procedimiento.
2. Que declare que la Demandada ha violado el TLCAN y los principios de derecho internacional aplicables:

²¹⁸ Memorial, ¶¶ 111-131. ↩

²¹⁹ Memorial, ¶¶ 132-137. ↩

²²⁰ Memorial, ¶¶ 138-159. ↩

²²¹ Memorial, ¶ 347. ↩

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1. Al no otorgar a las inversiones de la Demandante, incluida CALICA, un trato justo y equitativo, en violación de su Artículo 1105.
2. Al no observar las obligaciones que ha asumido respecto de las inversiones de la Demandante (una obligación internacional aplicable mediante la cláusula de nación más favorecida del Artículo 1103 del TLCAN).
3. Que determine que esta violación ha causado daños a la Demandante.
4. Que condene a la Demandada a pagar a la Demandante una indemnización, conforme al TLCAN y al derecho internacional consuetudinario, por un monto suficiente para otorgar reparación íntegra a la Demandante por los daños sufridos como consecuencia de la conducta de la Demandada en violación del TLCAN, que incluya:
   1. Una indemnización por los daños derivados del incumplimiento por parte de México de los Acuerdos de 2014, por un monto de [Redacted].
   2. Una indemnización por los daños derivados de la clausura de las operaciones de CALICA en El Corchalito por parte de México, por un monto de [Redacted].
   3. Una indemnización por las tarifas de puerto que México cobró ilegalmente a CALICA y nunca reembolsó, por un monto de [Redacted].
   4. Una indemnización de [Redacted] para compensar la doble tributación que resultaría de una parte de este Laudo.
   5. Intereses compuestos anteriores al laudo a una tasa que refleje el costo del endeudamiento a corto plazo del Gobierno de México desde la fecha de cada incumplimiento hasta la fecha del laudo, e intereses compuestos posteriores al laudo que también reflejen el costo del endeudamiento a corto plazo del Gobierno de México desde la fecha del Laudo hasta el pago efectivo e íntegro por parte de México, aun cuando el Laudo se convierta en una sentencia de un tribunal de un Estado parte del Convenio del CIADI.
5. Que otorgue a la Demandada la opción de pagar un monto inferior al total ordenado anteriormente respecto de los puntos (i), (ii), (iv) y (v) si los organismos de México, (x) dentro de los tres meses siguientes al dictado del Laudo, modifican el POEL para permitir expresamente las operaciones extractivas de CALICA en La Adelita; y (y) cierran de inmediato todos los procedimientos administrativos y judiciales en contra de CALICA derivados de la inspección de El Corchalito, permitiendo que CALICA reanude sus operaciones normalmente sin imponer sanciones a CALICA ni a ninguna de sus sociedades relacionadas ni a sus respectivos empleados, agentes, asesores u otros

[Page 105]

representantes (conjuntamente, las “Medidas de Avenimiento”), en cuyo caso la Demandada deberá pagar únicamente los daños efectivamente incurridos hasta cumplimiento de las Medidas de Avenimiento.

f. Que condene a la Demandada a pagar todos los costos y gastos de este procedimiento de arbitraje, incluidos los honorarios y gastos del Tribunal y el costo de la representación legal, con más los intereses correspondientes.

g. Que otorgue cualquier otra reparación adicional que resulte apropiada conforme al derecho aplicable o que sea justa y procedente.
[Traducción del Tribunal]

331. En la Réplica, la Demandante solicitó al Tribunal que “desestime las defensas planteadas en el Memorial de Contestación de la Demandada” y, por lo demás, reiteró los mismos petitorios, con una pequeña adición al punto d.iii del ¶ 330 supra, según se subraya a continuación: “Indemnización por las tarifas de puerto que México cobró ilegalmente a CALICA y a Vulica y nunca reembolsó, por un monto de [Redacted]”²²². [Traducción del Tribunal]

2. Demanda Subordinada y Reconvención

332. La Demanda Subordinada de la Demandante se refiere a la clausura, por parte de la Demandada, de las operaciones restantes de extracción y exportación de CALICA en La Rosita y Punta Venado.

333. En el Memorial de Demanda Subordinada, la Demandante solicita la siguiente reparación²²³:

1. Admitir la demanda subordinada de [la Demandante].
2. Declarar que [la Demandada] ha violado el TLCAN y los principios aplicables del derecho internacional al no otorgar a las inversiones de [la Demandante], incluida CALICA, un trato justo y equitativo en violación del Artículo 1105.
3. Determinar que esta violación ha ocasionado daños a [la Demandante].
4. Ordenar a [la Demandada] que abone a [la Demandante] una indemnización, de conformidad con el TLCAN y el derecho internacional consuetudinario, de cuantía suficiente para proporcionar

²²² Réplica, ¶ 288. ↩

²²³ Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 185. ↩

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una reparación íntegra a [la Demandante] por los daños sufridos como consecuencia de la conducta ilícita en cuestión con respecto a esta demanda subordinada, incluidos los siguientes rubros:

1. Una indemnización por daños derivados de las medidas ilícitas adoptadas por [la Demandada], por un importe de [Redacted]
2. Una indemnización de [Redacted] para compensar la doble tributación que se aplicaría a una parte de este Laudo.
3. Intereses compuestos anteriores al Laudo, a una tasa que refleje el costo de endeudamiento a corto plazo del Gobierno de México, desde la fecha de la violación hasta la fecha del Laudo, e intereses compuestos posteriores al Laudo, que reflejen igualmente el costo del endeudamiento a corto plazo del Gobierno de México, desde la fecha del Laudo hasta el pago efectivo y total por parte de [la Demandada], incluso en caso de que el Laudo se convierta en una sentencia de un tribunal de un Estado parte del Convenio del CIADI.

e. Ordenar a [la Demandada] el pago de todas los costos y gastos del presente procedimiento de arbitraje (incluida esta demanda subordinada), incluidos los honorarios y gastos del Tribunal y los gastos de representación legal, más los intereses correspondientes.

f. Cualquier otra reparación o reparación adicional que resulte adecuada con arreglo al derecho aplicable o que, por cualquier otro motivo, resulte justa y apropiada. [Traducción del Tribunal]

334. En la Réplica sobre la Demanda Subordinada, la Demandante reiteró un petitorio similar, con los siguientes cambios y adiciones, según se subrayan a continuación²²⁴:

1. Admitir la demanda subordinada de [la Demandante] y desestimar la excepción jurisdiccional formulada por [la Demandada] respecto a esta demanda.
2. Declarar que [la Demandada] ha violado el TLCAN y los principios aplicables del derecho internacional al no conceder a las inversiones de [la Demandante], incluida CALICA, un trato justo y equitativo en contravención del Artículo 1105.
3. Determinar que esta violación ha ocasionado daños a [la Demandante].
4. Ordenar a [la Demandada] que abone a [la Demandante] una indemnización, de conformidad con el TLCAN y el derecho internacional consuetudinario, de cuantía suficiente para proporcionar

²²⁴ Réplica Subordinada, ¶ 281. ↩

[Page 107]

una reparación integral a [la Demandante] por los daños sufridos como consecuencia de la conducta ilícita en cuestión con respecto a esta demanda subordinada, incluidos los siguientes rubros:

1. Una indemnización por daños derivados de las medidas ilícitas adoptadas por [la Demandada], por un importe de [Redacted].
2. Una indemnización de [Redacted] para compensar la doble tributación que se aplicaría a una parte de este Laudo.
3. Intereses compuestos previos al Laudo, a un tipo que refleje el costo de endeudamiento a corto plazo del Gobierno de México, desde la fecha de la violación hasta la fecha del Laudo, e intereses compuestos posteriores al Laudo, que reflejen igualmente el costo de endeudamiento a corto plazo del Gobierno de México, desde la fecha del Laudo hasta el pago efectivo y total por parte de [la Demandada], incluso en caso de que el Laudo se convierta en una sentencia de un tribunal de un Estado parte del Convenio del CIADI.

e. Ordenar a [la Demandada] el pago de todas las costas y gastos del presente procedimiento de arbitraje (incluida esta demanda subordinada), incluidos los honorarios y gastos del Tribunal y los gastos de representación legal, más los intereses correspondientes.

f. Denegar la solicitud de [la Demandada] de autorización para presentar su reconvención.

g. Ordenar cualquier otra reparación o reparación adicional que resulte adecuada con arreglo al derecho aplicable o que, por cualquier otro motivo, resulte justa y apropiada [Traducción del Tribunal].
(cita omitida; énfasis agregado a fin de reflejar las adiciones incluidas en la Réplica sobre la Demanda Subordinada)

335. En su Contestación sobre la Reconvención en materia de Jurisdicción, la Demandante solicita al Tribunal que dicte un Laudo a su favor otorgando las siguientes medidas²²⁵:

1. Desestimar la reconvención de México por falta de jurisdicción o por ser inadmisible por otros motivos.
2. Ordenar a México que abone todas las costas y gastos en que haya incurrido la Demandante en relación con la reconvención de México, incluidos los honorarios y gastos del Tribunal y los gastos de representación legal, más los intereses correspondientes.

²²⁵ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 185. ↩

[Page 108]

c. Ordenar cualquier otra reparación o reparación adicional que resulte adecuada con arreglo al derecho aplicable o que, por cualquier otro motivo, resulte justa y apropiada. [Traducción del Tribunal]

336. En su C-PHM AC, la Demandante solicita al Tribunal que “desestime la reconvención de México y ordene a México abonar todas las costas y gastos derivados de esta táctica procesal abusiva”²²⁶. [Traducción del Tribunal]

B. POSICIÓN DE LA DEMANDADA Y REPARACIÓN PRETENDIDA

1. Reclamación Original

337. La Demandada niega que las medidas en las que se basa la reclamación original de la Demandante sean ilícitas. En concreto, la Demandada alega que: (i) no incumplió los Acuerdos de 2014, al considerar que dichos Acuerdos no son jurídicamente vinculantes²²⁷; (ii) ha cumplido con las resoluciones de los tribunales mexicanos relativas al pago de las tarifas de puerto, considerando que dichas resoluciones, contrariamente a lo que afirma la Demandante, no sostienen la tesis de que API Quintana Roo hubiera estado cobrando ilegalmente tarifas por el uso que la Demandante hacía de la terminal privada de CALICA²²⁸; y (iii) clausuró legalmente las operaciones en El Corchalito, considerando que el Acuerdo de Emplazamiento fue, inter alia, debidamente notificado, justificado por el incumplimiento de la AIA Federal por parte de CALICA, y necesario como medida de seguridad para proteger el medio ambiente²²⁹.

338. La Demandada refuta las aseveraciones de la Demandante y solicita al Tribunal que desestime las reclamaciones de la Demandante. Solicita lo siguiente²³⁰:

541. La Demandada solicita a este Tribunal ordenar a la Demandante a pagar los costos y gastos en los que ha incurrido a raíz de este arbitraje, incluidos:

(i) la parte de los gastos del Tribunal que corresponden a México;

(ii) la parte de los gastos de administración del procedimiento ante el CIADI que corresponden a México;

²²⁶ C-PHM AC, ¶ 95. ↩

²²⁷ Memorial de Contestación, ¶¶ 205-206. ↩

²²⁸ Memorial de Contestación, ¶¶ 245-270. ↩

²²⁹ Memorial de Contestación, ¶¶ 71-125. ↩

²³⁰ Memorial de Contestación, ¶¶ 541-542. ↩

[Page 109]

(iii) los honorarios de los asesores legales externos de México; y

(iv) el pago de los expertos contratados por México.

542. La Demandada tiene derecho a un laudo de costos a su favor por las siguientes razones:

• La Demandada no violó ninguna de sus obligaciones conforme al TLCAN.
• La Demandante ha presentado una reclamación carente de méritos para tratar de obtener un beneficio indebido.

339. La Demandada reitera las solicitudes mencionadas supra en su Dúplica²³¹.

2. Demanda Subordinada

340. La Demandada refuta las aseveraciones de la Demandante y solicita al Tribunal que desestime las reclamaciones de la Demandante. Solicita lo siguiente²³²:

633. La Demandada solicita respetuosamente a este Tribunal resolver:

(i) Que la reclamación de la Demandante es inadmisible porque se basa en conductas irregulares en contravención de la normativa ambiental; y, en su caso,

(ii) Que carece de competencia ratione temporis respecto a las reclamaciones formuladas por la Demandante porque se basan en hechos que ocurrieron cuando el TLCAN ya no se encontraba vigente; o, en su caso,

(iii) Que la reclamación de la Demandante carece de méritos y, en consecuencia, México no es responsable de ninguna supuesta violación al TLCAN; o en su caso,

(iv) Que el monto de daños equivale al cálculo que presentó la Demandada.

634. La Demandada también solicita respetuosamente al Tribunal que, en caso de que determine alguno de los supuestos señalados en los incisos (i), (ii) o (iii) supra, ordene a la Demandante a pagar los costos y gastos en los que la Demandada ha incurrido a raíz de este arbitraje, incluidos:

²³¹ Dúplica, ¶¶ 502-503. Véase también R-PHM, ¶ 191. ↩

²³² Memorial de Contestación Subordinada, ¶¶ 633-635. ↩

[Page 110]

(i) la parte de los gastos del Tribunal que corresponden a México;

(ii) la parte de los gastos de administración del procedimiento ante el CIADI que corresponden a México;

(iii) los honorarios de los asesores legales externos de México;

(iv) el pago de los expertos contratados por México;

(v) y cualquier otro gasto incurrido por el Gobierno de México en relación con este procedimiento; y

(vi) el pago de los intereses que se generen derivado de la falta de pago inmediato de los conceptos antes referidos.

635. La Demandada tiene derecho a un laudo de costos a su favor por las siguientes razones: (i) la Demandante presentó una reclamación respecto a la cual el Tribunal carece de jurisdicción; y, en su caso, (ii) la Demandada no violó ninguna de sus obligaciones conforme al TLCAN; y (iii) la Demandante ha presentado una reclamación carente de méritos con la única intención de obtener un indebido beneficio.

341. La Demandada reitera las solicitudes mencionadas supra en su Dúplica sobre la Demanda Subordinada, con las siguientes adiciones, según se subrayan a continuación²³³:

492. La Demandada tiene derecho a un laudo de costos a su favor dado que: (i) la Demandante presentó una reclamación inadmisible por no tener las “manos limpias” al incumplir con la legislación nacional; (ii) el Tribunal carece de jurisdicción, dado que la Demandada no consintió en arbitrar estas reclamaciones al amparo del TLCAN; (iii) la Demandada no cometió ninguna violación a sus obligaciones previstas en el TLCAN; y (iv) la Demandante ha presentado una reclamación carente de méritos con la única intención de obtener un indebido beneficio.

493. La Demandada considera que, al tomar su decisión sobre costos, el Tribunal debe tener presente la evidencia aportada por la Demandada respecto a ilicitudes cometidas por la Demandante en el curso de sus actividades en México; la solicitud de la Demandante de sustanciar una nueva etapa de arbitraje, a pesar de estar claramente fuera de la jurisdicción de este Tribunal; y el ocultamiento de información para hacer creer al Tribunal que la Demandada incumplió la RP 7, mediante las comunicaciones de la Demandante del 21 de marzo y 3 de abril del año en curso. (énfasis agregado para reflejar las adiciones en la Dúplica sobre la Demanda Subordinada)

342. En relación con la reconvención, la Demandada solicita al Tribunal lo siguiente²³⁴:

²³³ Dúplica Subordinada, ¶¶ 490-493. Véase también R-PHM AC, ¶ 225. ↩

²³⁴ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 248. ↩

[Page 111]

… [D]eterminar que tiene jurisdicción y competencia sobre la demanda reconvencional de la Demandada, y que es admisible, al cumplirse los requisitos para que un tribunal tenga jurisdicción sobre una reconvención: (i) estar dentro de los límites del consentimiento de las partes; (ii) caer dentro de la jurisdicción del CIADI, y (iii) relacionarse directamente con la reclamación principal.

VI. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL TRIBUNAL

A. ALEGACIONES DE LAS PARTES

343. En el análisis que se efectúa infra, el Tribunal ha tenido en cuenta no solo las posiciones de las Partes, tal como se sintetizan en el presente Laudo, sino también los numerosos argumentos detallados expuestos en las presentaciones escritas de las Partes y durante la Audiencia. En la medida en que no se hace referencia expresa a estos argumentos, se han incorporado al análisis del Tribunal.

B. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ESTE LAUDO

344. En las Secciones siguientes, el Tribunal expone las posiciones de las Partes con respecto a los distintos aspectos de la controversia, junto con su análisis y sus resoluciones sobre cada cuestión. La Sección VIII se refiere a la jurisdicción y la admisibilidad. La Sección IX aborda los estándares jurídicos aplicables. Las Secciones X, XI y XII tratan las reclamaciones de la Demandante por supuestos incumplimientos en relación con La Adelita, El Corchalito y La Rosita, respectivamente. La Sección XIV aborda la cuantificación de daños y la reparación solicitada. La Sección XV trata sobre los intereses y la Sección XVI aborda las costas. Las conclusiones del Tribunal se sintetizan en la Sección XVII y las resoluciones se recogen en la Sección XVIII.

VII. DERECHO APLICABLE

345. El Artículo 1131(1) del TLCAN se intitula “Derecho aplicable” y establece lo siguiente: “Un tribunal establecido conforme a esta sección decidirá las controversias que se sometan a su consideración de conformidad con este Tratado y con las reglas aplicables del derecho internacional”.

346. Del mismo modo, el Artículo 102(2) del TLCAN, que se refiere a los objetivos del TLCAN, establece que “[l]as Partes interpretarán y aplicarán las disposiciones de este Tratado a la luz de los objetivos establecidos en el párrafo 1 y de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional”.

[Page 112]

347. El Artículo 42 del Convenio del CIADI dispone lo siguiente:

(1) El Tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de derecho acordadas por las partes. A falta de acuerdo, el Tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho internacional que pudieren ser aplicables.

(2) El Tribunal no podrá eximirse de fallar so pretexto de silencio u oscuridad de la ley.

(3) Las disposiciones de los precedentes apartados de este Artículo no impedirán al Tribunal, si las partes así lo acuerdan, decidir la diferencia ex aequo et bono.

348. A los efectos del Artículo 42(1) del Convenio del CIADI, el Tribunal considera que, de conformidad con el Artículo 1131(1) del TLCAN, las Partes han acordado que su controversia se resolverá con arreglo a las disposiciones del TLCAN y a las reglas aplicables del derecho internacional. Esto concuerda con lo expuesto por la Demandante a este respecto²³⁵.

349. Asimismo, el Tribunal toma nota de lo dispuesto en el Artículo 1112(1) y el Artículo 103(2) del TLCAN, que aportan mayor claridad sobre el derecho aplicable pertinente en caso de que exista alguna incompatibilidad entre: (i) el Capítulo 11 del TLCAN y otros capítulos del Tratado; o (ii) el TLCAN y otros acuerdos. A este respecto, el Artículo 1112(1) establece lo siguiente: “En caso de incompatibilidad entre una disposición de este capítulo y la disposición de otro, prevalecerá la de este último en la medida de la incompatibilidad”. El Artículo 103(2) dispone lo siguiente: “En caso de conflicto entre tales acuerdos [del que sean parte las Partes del TLCAN] y el presente Tratado, éste prevalecerá en la medida de la incompatibilidad, salvo que en el mismo se disponga otra cosa”.

350. También resulta relevante el Artículo 1131(2) del TLCAN, que establece lo siguiente: “La interpretación que formule la Comisión [de Libre Comercio del TLCAN] sobre una disposición de este Tratado, será obligatoria para un tribunal establecido de conformidad con esta sección”. A este respecto, el Tribunal señala que la Comisión adoptó, inter alia,

²³⁵ Memorial, ¶ 186. ↩

[Page 113]

interpretaciones del Artículo 1105(1) del TLCAN el 31 de julio de 2001 (“Nota de la CLC”)²³⁶.

351. De la Nota de la CLC se desprende claramente, en lo que respecta al Artículo 1105(1) del TLCAN, que un tribunal que resuelva una controversia relativa, inter alia, a la interpretación y aplicación de esta disposición debe tener en cuenta, como mínimo, el derecho internacional consuetudinario en pos de determinar, con arreglo a ese derecho, el contenido del requisito del nivel mínimo de trato a efectos, inter alia, de interpretar y aplicar los conceptos de “trato justo y equitativo” y “protección y seguridad plenas”. De ello se deduce —y, en opinión del Tribunal, esto concuerda con una interpretación llana tanto del Artículo 1131(1) como del Artículo 102(2) del TLCAN— que la expresión “reglas aplicables del derecho internacional” incluida en el Artículo 1131(1) del TLCAN no se refiere únicamente, por ejemplo, a las reglas de interpretación de los tratados, como aquellas recogidas en los Artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (“CVDT”), sino también a cualquier otra regla aplicable del derecho internacional que pueda ser pertinente para el caso que se le ha sometido. Esto incluiría, por ejemplo, las reglas pertinentes y aplicables sobre la responsabilidad del Estado en cuestiones de atribución de la conducta, así como otras reglas pertinentes y aplicables del derecho internacional que sirven de base para la interpretación y aplicación de las disposiciones, inter alia, de la Sección A del Capítulo 11 del TLCAN que son objeto del presente procedimiento. Corresponderá a cada tribunal constituido en virtud de la Sección B del Capítulo 11 del TLCAN evaluar, con la ayuda de las alegaciones de las partes al respecto, el alcance exacto de la expresión “reglas aplicables del derecho internacional” en las circunstancias del caso que se le haya sometido.

²³⁶ En el epígrafe “Nivel mínimo de trato conforme al derecho internacional”, la Comisión adoptó las siguientes interpretaciones: “1. El artículo 1105(1) establece el nivel mínimo de trato a los extranjeros propio del derecho internacional consuetudinario, como el nivel mínimo de trato que debe otorgarse a las inversiones de los inversionistas de otra Parte. 2. Los conceptos de ‘trato justo y equitativo’ y ‘protección y seguridades plenas’ no requieren un trato adicional al requerido por el nivel mínimo de trato a los extranjeros propio del derecho internacional consuetudinario, o que vaya más allá de éste. 3. Una resolución en el sentido de que se haya violado otra disposición del TLCAN o de un acuerdo internacional distinto no establece que se haya violado el artículo 1105(1)”. C-0132-ENG, CLC del TLCAN, Notas interpretativas de ciertas disposiciones del Capítulo 11, de fecha 31 de julio de 2001 (“Nota de la CLC”), pág. 2. ↩

[Page 114]

352. En lo que respecta a la interpretación del TLCAN, el Tribunal se basará en las reglas de interpretación de los tratados del derecho internacional consuetudinario comúnmente aceptadas, tal como se recogen en los Artículos 31 y 32 de la CVDT.

353. La Demandante no basa sus reclamaciones en el derecho mexicano, salvo en la medida en que lo considera necesario para exponer el contexto fáctico de la controversia²³⁷. El Tribunal confirma que el derecho mexicano es pertinente, incluso para determinar los hechos relacionados con la controversia entre las Partes. En el presente caso, ambas Partes formulan alegaciones sobre la posición del derecho mexicano que son objeto de controversia. El derecho mexicano no rige las resoluciones del Tribunal sobre el fondo de la controversia. Salvo que se indique lo contrario, en la medida en que el Tribunal deba resolver la controversia entre las Partes sobre la posición del derecho mexicano en relación con una cuestión concreta objeto de litigio, lo hará como cuestión de hecho.

VIII. JURISDICCIÓN Y ADMISIBILIDAD

354. En esta Sección, el Tribunal se pronunciará sobre diversas cuestiones relativas a su jurisdicción y a la admisibilidad de las demandas y la reconvención. En la Sección A el Tribunal expone las disposiciones legales pertinentes para su análisis. Las Secciones B y C recogen las posiciones de la Demandada y de la Demandante sobre la jurisdicción y la admisibilidad, respectivamente. La Sección D sintetiza la Presentación de PNC de los Estados Unidos y las observaciones de las Partes al respecto, en lo que se refiere a la jurisdicción y la admisibilidad. La Sección E recoge el análisis del Tribunal sobre las cuestiones de jurisdicción y admisibilidad planteadas.

A. DISPOSICIONES PERTINENTES

355. El Artículo 201(1) del TLCAN establece, en parte, lo siguiente:

Para los efectos de este Tratado, salvo que se especifique otra cosa:

[…]

empresa significa cualquier entidad constituida u organizada conforme a la legislación vigente, tenga o no fines de lucro y sea de propiedad privada o

²³⁷ Memorial, ¶ 186; Transcripción de la Audiencia de 2021 (español), Día 1, 93:16-94:6 (Pregunta del Tribunal a la Demandante). ↩

[Page 115]

gubernamental, incluidas las compañías, fideicomisos, participaciones, empresas de propietario único, coinversiones u otras asociaciones;

empresa de una Parte significa una empresa constituida u organizada conforme a la legislación de una Parte;

[…]

356. El Artículo 1101(1) del TLCAN se refiere al ámbito de aplicación y la extensión del Capítulo 11 del TLCAN y establece lo siguiente:

Este capítulo se aplica a las medidas que adopte o mantenga una Parte relativas a:

a) los inversionistas de otra Parte [Contratante];

b) las inversiones de inversionistas de otra Parte [Contratante] realizadas en el territorio de la Parte [Contratante]; y

c) en lo relativo al Artículo 1106, todas las inversiones en el territorio de la Parte [Contratante].

357. El Artículo 1116 del TLCAN se intitula “Demanda del inversionista de una Parte, por cuenta propia” y dispone lo siguiente:

1. De conformidad con esta sección el inversionista de una Parte [Contratante] podrá someter a arbitraje una demanda en el sentido de que otra Parte [Contratante] ha violado una obligación establecida en:

a) la Sección A o el Artículo 1503 (2), “Empresas del estado”; o

b) el párrafo 3 a) del Artículo 1502, “Monopolios y empresas del estado”, cuando el monopolio ha actuado de manera incompatible con las obligaciones de la Parte [Contratante] de conformidad con la Sección A;

y que el inversionista haya sufrido pérdidas o daños en virtud de la violación o a consecuencia de ella.

2. El inversionista no podrá presentar una demanda si han transcurrido más de tres años a partir de la fecha en la cual el inversionista tuvo conocimiento por primera vez o debió haber tenido conocimiento de la presunta violación, así como de las pérdidas o daños sufridos.

358. El Artículo 1117 del TLCAN se intitula “Demanda del inversionista de una Parte, en representación de una empresa” y establece lo siguiente:

[Page 116]

1. El inversionista de una Parte [Contratante], en representación de una empresa de otra Parte [Contratante] que sea una persona moral propiedad del inversionista o bajo su control directo o indirecto, podrá someter a arbitraje, de conformidad con esta sección, una demanda en el sentido de que la otra Parte [Contratante] ha violado una obligación establecida en:

a) la Sección A; o el Artículo 1503(2) “Empresas del estado” o

b) el Artículo 1502(3) a) “Monopolios y empresas del estado”, cuando el monopolio haya actuado de manera incompatible con las obligaciones de la Parte [Contratante] de conformidad con la Sección A;

y que la empresa haya sufrido pérdidas o daños en virtud de esa violación o a consecuencia de ella.

2. Un inversionista no podrá presentar una demanda en representación de la empresa a la que se refiere el párrafo 1, si han transcurrido más de tres años a partir de la fecha en la cual la empresa tuvo conocimiento por primera vez, o debió tener conocimiento de la presunta violación y de las pérdidas o daños sufridos.

3. Cuando un inversionista presente una demanda de conformidad con este artículo y de manera paralela el inversionista o un inversionista que no tenga el control de una empresa, presente una demanda en los términos del Artículo 1116 como consecuencia de los mismos actos que dieron lugar a la presentación de una demanda de acuerdo con este artículo, y dos o más demandas se sometan a arbitraje en los términos del Artículo 1120, el Tribunal establecido conforme al Artículo 1126, examinará conjuntamente dichas demandas, salvo que el Tribunal determine que los intereses de una parte contendiente se verían perjudicados.

4. Una inversión tal como se define en este Capítulo no podrá presentar una demanda conforme a est[a] sección.

359. El Artículo 1118 del TLCAN se intitula “Solución de controversias mediante consulta y negociación” y establece que “[l]as partes contendientes intentarán primero dirimir la controversia por vía de consulta o negociación”.

360. El Artículo 1119 del TLCAN se intitula “Notificación de la intención de someter la reclamación a arbitraje” y dispone lo siguiente:

El inversionista contendiente notificará por escrito a la Parte [Contratante] contendiente su intención de someter una reclamación a arbitraje, cuando menos 90 días antes de que se presente formalmente la demanda, y la notificación señalará lo siguiente:

[Page 117]

a) el nombre y domicilio del inversionista contendiente y cuando la demanda se haya realizado conforme el Artículo 1117, incluirá el nombre y la dirección de la empresa;

b) las disposiciones de este Tratado presuntamente incumplidas y cualquier otra disposición aplicable;

c) los hechos en que se funda la demanda; y

d) la reparación que se solicita y el monto aproximado de los daños reclamados.

361. El Artículo 1120 del TLCAN establece, en parte:

1. Salvo lo dispuesto en el Anexo 1120.1 y siempre que hayan transcurrido seis meses desde que tuvieron lugar los actos que motivan la reclamación, un inversionista contendiente podrá someter la reclamación a arbitraje de acuerdo con:

a) el Convenio de CIADI, siempre que tanto la Parte [Contratante] contendiente como la Parte [Contratante] del inversionista, sean Estados parte del mismo;

[…]

2. Las reglas aplicables al procedimiento arbitral seguirán ese procedimiento salvo en la medida de lo modificado en esta sección.

362. El Artículo 1121 del TLCAN establece lo siguiente, en su parte pertinente:

1. Un inversionista contendiente podrá someter una reclamación al procedimiento arbitral de conformidad con el Artículo 1116, sólo si:

a) consiente someterse al arbitraje en los términos de los procedimientos establecidos en este Tratado; y

b) tanto el inversionista como una empresa de otra Parte [Contratante] que sea una persona moral propiedad del inversionista o bajo su control directo o indirecto, renuncien a su derecho de iniciar o continuar cualquier procedimiento ante un tribunal administrativo o judicial con respecto a la medida presuntamente violatoria de las disposiciones a las que se refiere el Artículo 1116, salvo los procedimientos en que se solicite la aplicación de medidas precautorias de carácter suspensivo, declaratorio o extraordinario, que no impliquen el pago de daños ante el tribunal administrativo o judicial, conforme a la legislación de la Parte [Contratante] contendiente.

[Page 118]

2. Un inversionista contendiente podrá someter una reclamación al procedimiento arbitral de conformidad con el Artículo 1117, solo si tanto el inversionista como la empresa:

a) consienten en someterse al arbitraje en los términos de los procedimientos establecidos en este Tratado; y

b) renuncian a su derecho de iniciar o continuar cualquier procedimiento con respecto a la presunta medida violatoria adoptada por la Parte [Contratante] contendiente ante cualquier tribunal administrativo o judicial de acuerdo a la legislación de la Parte [Contratante] contendiente, de conformidad con el Artículo 1117 salvo los procedimientos en que se solicite la aplicación de medidas precautorias de carácter suspensivo, declarativo o extraordinario, que no impliquen el pago de daños ante el tribunal administrativo o judicial, conforme a la legislación de la Parte [Contratante] contendiente.

3. El consentimiento y la renuncia requeridos por este Artículo se manifestarán por escrito, se entregarán a la Parte contendiente y se incluirán en el sometimiento de la reclamación a arbitraje.

[…]

363. El Artículo 1122 del TLCAN se intitula “Consentimiento al arbitraje” y dispone lo siguiente:

1. Cada una de las Partes [Contratantes] consiente en someter reclamaciones a arbitraje con apego a los procedimientos establecidos en este Tratado.

2. El consentimiento a que se refiere el párrafo 1 y el sometimiento de una reclamación a arbitraje por parte de un inversionista contendiente cumplirá con los requisitos señalados en:

a) el Capítulo II del Convenio del CIADI (Jurisdicción del Centro) y las Reglas del Mecanismo Complementario que exigen el consentimiento por escrito de las Partes;

[…]

364. El Artículo 1139 del TLCAN incluye una serie de definiciones, entre las que se encuentran las siguientes:

Para efectos de este capítulo:

empresa significa una “empresa” tal como se define en el Artículo 201, y las sucursales de esa empresa;

[Page 119]

empresa de una Parte [Contratante] significa una empresa constituida u organizada de conformidad con la ley de una Parte [Contratante]; y una sucursal ubicada en territorio de una Parte [Contratante] y que desempeñe actividades comerciales en el mismo;

[…]

inversión significa;

a) una empresa;

[…]

e) una participación en una empresa, que le permita al propietario participar en los ingresos o en las utilidades de la empresa;

[…]

g) bienes raíces u otra propiedad, tangibles o intangibles, adquiridos o utilizados con el propósito de obtener un beneficio económico o para otros fines empresariales; y

h) beneficios provenientes de destinar capital u otros recursos para el desarrollo de una actividad económica en territorio de otra Parte [Contratante] entre otros, conforme a:

1. contratos que involucran la presencia de la propiedad de un inversionista en territorio de otra Parte [Contratante], incluidos, […] las concesiones […].

inversionista de una Parte [Contratante] significa una Parte [Contratante] o una empresa de la misma, o un nacional o empresa de dicha Parte [Contratante], que pretende realizar, realiza o ha realizado una inversión.

365. El Artículo 1121 del TLCAN se intitula “Condiciones previas al sometimiento de una reclamación al procedimiento arbitral”. El Artículo 1121(1) dispone lo siguiente:

1. Un inversionista contendiente podrá someter una reclamación al procedimiento arbitral de conformidad con el Artículo 1116, sólo si:

a) consiente someterse al arbitraje en los términos de los procedimientos establecidos en este Tratado; y

b) tanto el inversionista como una empresa de otra Parte [Contratante] que sea una persona moral propiedad del inversionista o bajo su control directo o indirecto, renuncien a su derecho de iniciar o continuar cualquier procedimiento ante un tribunal administrativo o judicial con respecto a la medida presuntamente violatoria de las disposiciones a las que se refiere el

[Page 120]

Artículo 1116, salvo los procedimientos en que se solicite la aplicación de medidas precautorias de carácter suspensivo, declaratorio o extraordinario, que no impliquen el pago de daños ante el tribunal administrativo o judicial, conforme a la legislación de la Parte [Contratante] contendiente.

366. El Artículo 2103(1) del TLCAN establece que “[s]alvo lo dispuesto en este artículo, ninguna disposición de este Tratado se aplicará a medidas tributarias”.

367. El Artículo 25 del Convenio del CIADI dispone, en su parte pertinente:

(1) La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente retirado.

(2) Se entenderá como “nacional de otro Estado Contratante”:

[…]

(b) toda persona jurídica que, en la fecha en que las partes prestaron su consentimiento a la jurisdicción del Centro para la diferencia en cuestión, tenga la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del Estado parte en la diferencia, y las personas jurídicas que, teniendo en la referida fecha la nacionalidad del Estado parte en la diferencia, las partes hubieren acordado atribuirle tal carácter, a los efectos de este Convenio, por estar sometidas a control extranjero.

[…]

368. Asimismo, el Artículo 41 del Convenio del CIADI establece lo siguiente:

(1) El Tribunal resolverá sobre su propia competencia.

(2) Toda alegación de una parte que la diferencia cae fuera de los límites de la jurisdicción del Centro, o que por otras razones el Tribunal no es competente para oírla, se considerará por el Tribunal, el que determinará si ha de resolverla como cuestión previa o conjuntamente con el fondo de la cuestión.

369. El Artículo 46 del Convenio del CIADI dispone lo siguiente:

Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal deberá, a petición de una de ellas, resolver las demandas incidentales, adicionales o reconvencionales que se relacionen directamente con la diferencia, siempre que estén dentro de

[Page 121]

los límites del consentimiento de las partes y caigan además dentro de la jurisdicción del Centro.

370. El Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá (“Protocolo por el que se Sustituye el TLCAN”) es relevante para la jurisdicción del Tribunal en relación con la Demanda subordinada de la Demandante y la reconvención de la Demandada. Aborda la relación entre el TLCAN y el Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá (“T-MEC”). El Protocolo que sustituye al TLCAN establece lo siguiente en su Artículo 1²³⁸:

A la entrada en vigor de este Protocolo, el T-MEC, adjunto como un Anexo a este Protocolo, sustituirá el TLCAN, sin perjuicio de aquellas disposiciones establecidas en el T-MEC que refieran a disposiciones del TLCAN.

371. El Anexo 14-C del T-MEC se intitula “Transición para Reclamaciones de Inversiones Existentes y Reclamaciones Pendientes”, y dispone lo siguiente en el párrafo 1²³⁹:

Cada Parte [Contratante] consiente, con respecto a una inversión existente, en someter una reclamación a arbitraje de conformidad con la Sección B del Capítulo 11 (Inversión) del TLCAN de 1994 y este Anexo alegando una violación de una obligación establecida en:

(a) la Sección A del Capítulo 11 (Inversión) del TLCAN de 1994;

(b) el Artículo 1503(2) (Empresas del Estado) del TLCAN de 1994; y

(c) el Artículo 1502(3)(a) (Monopolios y empresas del Estado) del TLCAN de 1994 cuando el monopolio ha actuado de manera incompatible con las obligaciones de la Parte de conformidad con la Sección A del Capítulo 11 (Inversión) del TLCAN de 1994²⁴⁰.

²³⁸ C-0313-ENG, Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá, 30 de noviembre de 2018 (“Protocolo por el que se Sustituye el TLCAN”), Art. 1. ↩

²³⁹ C-0314-ENG, T-MEC, Anexo 14-C. ↩

²⁴⁰ La nota al pie 20 del Anexo 14-C del T-MEC dispone lo siguiente: “Para mayor certeza, se aplican las disposiciones pertinentes del Capítulo 2 (Definiciones generales), el Capítulo 11 (Sección A) (Inversión), el Capítulo 14 (Servicios financieros), el Capítulo 15 (Política en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado), el Capítulo 17 (Propiedad intelectual), el Capítulo 21 (Excepciones) y los Anexos I a VII (Reservas y excepciones a los capítulos de Inversión, Comercio transfronterizo de servicios y Servicios financieros) del TLCAN de 1994 con respecto a tal reclamación”. La nota al pie 21 del Anexo 14-C del T-MEC establece lo siguiente: “México y Estados Unidos no otorgan su consentimiento conforme al párrafo 1 con respecto a un inversionista de la otra Parte que sea elegible para someter reclamaciones a arbitraje conformidad con el párrafo 2 del Anexo 14-E (Solución de Controversias de Inversión México-Estados Unidos Relacionadas con Contratos de Gobierno Cubiertos)”. C-0314-ENG, T-MEC, Anexo 14-C. ↩

[Page 122]

372. El párrafo 2 del Anexo 14-C del T-MEC establece que “[e]l consentimiento conforme al párrafo 1 y el sometimiento de una reclamación a arbitraje de conformidad con la Sección B del Capítulo 11 (Inversión) del TLCAN de 1994 y con este Anexo deberán satisfacer los requisitos señalados en”, inter alia, el Capítulo II del Convenio del CIADI²⁴¹.

373. El párrafo 3 del Anexo 14-C del T-MEC dispone que “[e]l consentimiento de una Parte [Contratante] conforme al párrafo 1 expirará tres años después de la terminación del TLCAN de 1994”²⁴².

374. El párrafo 4 del Anexo 14-C del T-MEC establece lo siguiente²⁴³:

Para mayor certeza, un arbitraje iniciado tras el sometimiento de una reclamación conforme al párrafo 1 podrá proceder hasta su conclusión de conformidad con la Sección B del Capítulo 11 (Inversión) del TLCAN de 1994, la jurisdicción del tribunal con respecto a tal reclamación no es afectada por la expiración del consentimiento a que se refiere el párrafo 3 y el Artículo 1136 (Definitividad y ejecución del laudo) del TLCAN de 1994 (con excepción del párrafo 5) aplica con respecto a cualquier laudo emitido por el tribunal.

375. El párrafo 5 del Anexo 14-C del T-MEC dispone lo siguiente:

Para mayor certeza, un arbitraje iniciado tras el sometimiento de una reclamación conforme a la Sección B del Capítulo 11 (Inversión) del TLCAN de 1994 mientras el TLCAN de 1994 esté en vigor podrá proceder hasta su conclusión de conformidad con las disposiciones de la Sección B del Capítulo 11 (Inversión) del TLCAN de 1994, la jurisdicción del tribunal con respecto a tal reclamación no es afectada por la terminación del TLCAN de 1994, y el Artículo 1136 (Definitividad y ejecución del laudo) del TLCAN de 1994 (con excepción del párrafo 5) aplica con respecto a cualquier laudo emitido por el tribunal.

376. El párrafo 6 del Anexo 14-C del T-MEC establece que, para los efectos del Anexo 14-C:

(a) “inversión existente” significa una inversión de un inversionista de otra Parte [Contratante] en el territorio de la Parte [Contratante] establecida o adquirida entre el 1 de enero de 1994 y la fecha de la terminación del TLCAN de 1994, y en existencia en la fecha de entrada en vigor de este Tratado;

²⁴¹ C-0314-ENG, T-MEC, Anexo 14-C, ¶ 2. ↩

²⁴² C-0314-ENG, T-MEC, Anexo 14-C, ¶ 3. ↩

²⁴³ C-0314-ENG, T-MEC, Anexo 14-C, ¶ 4. ↩

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(b) “inversión”, “inversionista” y “Tribunal” tienen los significados otorgados en el Capítulo 11 (Inversión) del TLCAN de 1994; y

(c) “Convención del CIADI”, “Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI”, “Convención de Nueva York” y “Convención Interamericana” tienen los significados acordados en el Artículo 14.D.1 (Definiciones).

B. POSICIÓN DE LA DEMANDADA

1. Jurisdicción Ratione Temporis

377. En relación con la jurisdicción ratione temporis, la Demandada alega que el Tribunal no tiene jurisdicción para analizar reclamaciones basadas en hechos anteriores al mes de diciembre de 2015, debido al plazo de prescripción de tres años previsto en el TLCAN. La Demandada se basa, en este sentido, en los Artículos 1116(2) del TLCAN (demanda del inversionista por cuenta propia) y 1117(2) (demanda del inversionista en representación de una empresa) (véanse ¶¶ 357 y 358 supra).

378. Según la Demandada, el relato de los hechos que realiza la Demandante se remonta al año 1986, y la Demandante dedica casi cuarenta páginas a hechos anteriores al año 2000. Si bien la Demandante argumenta que se trata de referencias meramente contextuales, la Demandada alega que el Tribunal debe ser cuidadoso y evitar basarse en estos hechos para admitir las reclamaciones de la Demandante²⁴⁴. En concreto, la Demandada afirma que cualquier compromiso asumido por las autoridades mexicanas con respecto al establecimiento de La Rosita y el puerto no es relevante para los esfuerzos de la Demandante por expandir sus operaciones en El Corchalito y La Adelita²⁴⁵. En su Dúplica, la Demandada reconoce la confirmación de la Demandante de que no está afirmando que algún hecho anterior al mes de diciembre de 2015 constituya violación del TLCAN²⁴⁶.

379. La Demandada también alega que el requisito de someter reclamaciones a arbitraje dentro de un plazo de tres años es una cuestión de jurisdicción, y no de admisibilidad²⁴⁷. La Demandada invoca, en sustento de ello, las decisiones de varios tribunales de arbitraje de

²⁴⁴ Memorial de Contestación, ¶¶ 271, 273; véase Memorial, ¶¶ 6-109. ↩

²⁴⁵ Memorial de Contestación, ¶ 281. ↩

²⁴⁶ Dúplica, ¶ 300. Véase Réplica, ¶¶ 117, 120. ↩

²⁴⁷ Memorial de Contestación, ¶¶ 275-276, donde se cita RL-002-ENG, Merrill & Ring Forestry L.P. c. Gobierno de Canadá, Dictamen del Prof. W. Michael Reisman con respecto al efecto del Artículo 1116(2) del TLCAN, ¶ 16; Dúplica, ¶ 301. ↩

[Page 124]

tratados²⁴⁸, incluidos tribunales en virtud del TLCAN²⁴⁹, así como las posiciones de los Estados Unidos y México en las presentaciones en virtud del Artículo 1128 del TLCAN²⁵⁰.

2. Inversionista e Inversión

380. La Demandada afirma que el Tribunal no tiene jurisdicción respecto de las inversiones realizadas en las Bahamas y los Estados Unidos. En la medida en que la Demandante describe la Red CALICA en el sentido de incluir (i) tres buques de carga, propiedad y operados por Vulica Shipping Company Ltd, una empresa de las Bahamas; (ii) patios estadounidenses de distribución de ventas localizados a lo largo de la costa del Golfo de EE. UU.; y (iii) las operaciones de venta y comercialización realizadas por Vulcan Construction Materials, LLC, una compañía estadounidense, la Demandada argumenta que estas no son inversiones en México, y cualquier reclamación con respecto al trato de dichas inversiones no mexicanas está fuera de la jurisdicción de este Tribunal²⁵¹.

381. En este sentido, la Demandada argumenta que, de conformidad con el Artículo 1117(1) del TLCAN, la Demandante solo puede presentar una reclamación en representación de “una empresa de otra Parte que sea una persona moral propiedad del inversionista o bajo su control directo o indirecto”. En opinión de la Demandada, la Red CALICA no es una empresa de otra Parte en virtud de esa disposición, sino un concepto utilizado por la Demandante²⁵². La Demandada se basa en la definición de “empresa” (Artículo 201 del TLCAN) y de “empresa de una Parte” (Artículo 1139 del TLCAN) en sustento de ello²⁵³.

²⁴⁸ Memorial de Contestación, ¶ 277, donde se cita RL-003-ENG, Rusoro Mining Limited c. La República Bolivariana de Venezuela, Caso CIADI No. ARB(AF)/12/5, Laudo, 22 de agosto de 2016 (Rusoro c. Venezuela, Laudo), ¶¶ 203-240, donde también se cita RL-004-ESP, Corona Materials LLC c. República Dominicana, Caso CIADI No. ARB(AF)/14/3, Laudo, 31 de mayo de 2016 (“Corona Materials c. República Dominicana, Laudo”), ¶¶ 57, 238. ↩

²⁴⁹ Memorial de Contestación, ¶ 278, donde se cita RL-005-ENG, Resolute Forest Products Inc. c. Gobierno de Canadá, Caso CPA No. 2016-13, Decisión sobre Jurisdicción y Admisibilidad, 30 de enero de 2018 (“Resolute Forest Products c. Canadá, Decisión sobre Jurisdicción”), ¶¶ 83, 85. ↩

²⁵⁰ Memorial de Contestación, ¶¶ 279-280, donde se citan RL-006-ENG, Eli Lilly and Company c. Gobierno de Canadá, CNUDMI, Caso CIADI No. UNCT/14/2, Presentación de los Estados Unidos de América, 18 de marzo de 2016, ¶ 83; RL-007-ENG, Eli Lilly and Company c. Gobierno de Canadá, CNUDMI, Caso CIADI No. UNCT/14/2, Presentación de México de conformidad con el Artículo 1128 del TLCAN, ¶¶ 6, 8. ↩

²⁵¹ Memorial de Contestación, ¶¶ 282-283. Véanse Memorial, ¶ 24; Primer Informe de Chodorow, ¶ 45. Véase también Dúplica, ¶¶ 302-304, 307. ↩

²⁵² Memorial de Contestación, ¶ 284, donde se cita TLCAN, Art. 1117(1). ↩

²⁵³ Memorial de Contestación, ¶ 285, donde se cita TLCAN, Arts. 201, 1139. ↩

[Page 125]

382. Para la Demandada, este punto es particularmente importante con respecto a la reclamación de daños de la Demandante y se analizará con más detalle en ¶¶ 1244 y ss. infra²⁵⁴. A este respecto, la Demandada alega que la Demandante afirma que las pérdidas sufridas por la entidad de las Bahamas son pérdidas para la entidad estadounidense, sin tener en cuenta su personalidad jurídica diferenciada²⁵⁵.

3. Reclamación de Tarifas Portuarias

383. La Demandada sostiene que la reclamación de trato justo y equitativo (“TJE”) de la Demandante con respecto a las tarifas portuarias es incompatible con el Artículo 2103(1) del TLCAN (véase ¶ 366 supra). En opinión de la Demandada, la medida tributaria es definida de manera amplia y abarca cualquier medida que “sea parte del régimen de imposición de un tributo”²⁵⁶ [Traducción del Tribunal]. Invocando la decisión del tribunal en Feldman c. México, la Demandada alega que, si bien el TLCAN contiene algunas excepciones a la exclusión de la jurisdicción en materia tributaria, una reclamación en virtud del Artículo 1105 no es una de esas excepciones²⁵⁷.

384. Según la Demandada, conforme a la legislación mexicana, quienes hagan uso de los puertos nacionales o las terminales de uso público fuera de puerto habilitado están obligados a pagar al Estado mexicano el derecho de puerto de altura por cada embarcación en tráfico de altura o cabotaje que ingrese a dichos puertos. La Demandada alega que estos derechos de puerto, al igual que los impuestos, se consideran contribuciones en virtud del Código Fiscal de la Federación²⁵⁸.

385. En concreto, la Demandada afirma que el Código Fiscal de la Federación determina con toda precisión los elementos de este impuesto, a saber, un sujeto activo (el Estado Mexicano); un sujeto pasivo (las personas físicas o morales que usen los puertos), un hecho generador de la contribución (la entrada o arribo a cualquier zona de tierra o de

²⁵⁴ Memorial de Contestación, ¶ 287. ↩

²⁵⁵ Dúplica, ¶ 305. Véase Réplica, ¶ 122. ↩

²⁵⁶ Memorial de Contestación, ¶ 289, donde se citan TLCAN, Art. 2103(1); RL-005-ENG, Resolute Forest Products c. Canadá, Decisión sobre Jurisdicción, ¶ 326. ↩

²⁵⁷ Memorial de Contestación, ¶¶ 289-290, donde se cita RL-008-ESP, Marvin Feldman c. México, Caso CIADI No. ARB(AF)/99/1, Laudo Arbitral, 9 de diciembre de 2002, ¶ 109, nota al pie 9. ↩

²⁵⁸ Memorial de Contestación, ¶ 289, donde se citan R-0054-ESP, Ley Federal de Derechos, DOF, 31 de diciembre de 1981 (“Ley Federal de Derechos”), Arts. 200, 200-A, 201, 201-A; R-0061-ESP, Código Fiscal de la Federación, DOF, Ciudad de México D.F., 31 de diciembre de 1981 (“Código Fiscal de la Federación”), Art. 2, s. IV. ↩

[Page 126]

agua que conforma el puerto), y una tasa y una base imponible (fijada con base en las unidades de arqueo bruto). En opinión de la Demandada, cuando el puerto o la terminal se concesionan a una API, el cobro toma la forma de una tarifa de puerto, lo que no significa que esta pierda su carácter de contribución, en términos del Código Fiscal de la Federación²⁵⁹.

386. Asimismo, la Demandada sostiene que la Demandante conoce esta situación, ya que, al menos en tres ocasiones, se han interpuesto recursos de revisión fiscal en contra de las determinaciones dictadas en los procedimientos que han analizado la validez de la concesión de la API Quintana Roo del año 2007 y los oficios de 24 de julio de 2007 y 2 de julio de 2009²⁶⁰.

387. Sobre el fondo de la reclamación, la Demandada afirma, inter alia, que (i) la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 25 de enero de 2017 no establece que CALICA tenga derecho a algún reembolso ni que la API Quintana Roo deba realizar ese reembolso²⁶¹; (ii) la reclamación respecto de las tarifas portuarias se refiere a las mismas tarifas que CALICA se comprometió a renunciar a cobrar en virtud de los Acuerdos de 2014²⁶²; (iii) los tribunales mexicanos han rechazado la solicitud de la Demandante de una orden que precise que CALICA es la única autorizada para cobrar la tarifa de puerto en Punta Venado²⁶³; (iv) CALICA no tiene derecho alguno al cobro de la tarifa de puerto²⁶⁴; (v) CALICA no realizó el pago que reclama le sea reembolsado²⁶⁵; (vi) CALICA renunció a la terminal de uso público y con ello a cualquier derecho que derivara de ella²⁶⁶; y (vii) la solicitud de pago, vía judicial a través del procedimiento denominado “jurisdicción voluntaria”, que realizó CALICA a la API Quintana Roo no significa el reconocimiento de algún derecho²⁶⁷.

²⁵⁹ Dúplica, ¶ 310, donde se cita R-0061-ESP, Código Fiscal de la Federación; véase Dúplica, § II.E.2. ↩

²⁶⁰ Dúplica, ¶ 311; véase Dúplica, § II.E.1. ↩

²⁶¹ Memorial de Contestación, ¶ 365, donde se cita C-0059-SPA, Decisión de la Suprema Corte, pág. 47. Véanse también Memorial de Contestación, ¶ 374; Dúplica, ¶ 348. ↩

²⁶² R-PHM, ¶ 115, donde se cita Transcripción de la Audiencia de 2021 (español), Día 2, 355 (Testimonio de [Redacted]). ↩

²⁶³ Memorial de Contestación, ¶¶ 372-373, donde se cita R-0073-ESP, TFJFA, Exp. 26098/07-17-10.2, Sentencia, 5 de junio de 2013, págs. 24-25. ↩

²⁶⁴ Memorial de Contestación, ¶ 376; véase Memorial de Contestación, § II.G.3. ↩

²⁶⁵ Memorial de Contestación, ¶ 376; véase Memorial de Contestación, § II.G.2. ↩

²⁶⁶ Memorial de Contestación, ¶ 376; véase Memorial de Contestación, § II.G.7. ↩

²⁶⁷ Memorial de Contestación, ¶ 376; véanse Memorial de Contestación, § II.G.8; Dúplica, ¶ 348. ↩

[Page 127]

4. Demanda Subordinada

388. La Demandada alega que el Tribunal no tiene jurisdicción para conocer de la demanda subordinada, ya que los hechos que forman parte de la demanda subordinada ocurrieron por primera vez en el año 2022. Dado que el TLCAN dejó de estar en vigor a partir del 1 de julio de 2020, la Demandada arguye que ya no era posible que violara el TLCAN²⁶⁸. En su opinión, la Demandada y las otras partes del T-MEC no dieron su consentimiento para permitir que reclamaciones del TLCAN se resolvieran sobre la base de medidas posteriores a la entrada en vigor del T-MEC²⁶⁹.

389. La Demandada no está de acuerdo con la afirmación de la Demandante de que el Tribunal ya se pronunció sobre las excepciones jurisdiccionales de la Demandada en la RP7²⁷⁰. La Demandada sostiene que, en vista de que la demanda subordinada fue presentada tarde y de que el Tribunal incluyó dos nuevas rondas de escritos y una nueva audiencia, la Demandada presentó excepciones jurisdiccionales de manera oportuna de conformidad con la Regla 41 de las Reglas de Arbitraje del CIADI²⁷¹. Según la Demandada, su argumento de que la demanda subordinada es presentada en virtud de un tratado incorrecto no ha sido considerado previamente por el Tribunal, y, por lo tanto, el Tribunal no puede desestimarla por supuestamente haber sido resuelta con anterioridad o por ser presuntamente extemporánea²⁷².

390. La Demandada sostiene que ahora está obligada por las disposiciones del T-MEC, que reemplazaron a aquellas del TLCAN, las cuales son diferentes en su alcance²⁷³. La Demandada invoca lo siguiente en sustento de su argumento: (i) el Anexo 14-C del T-MEC²⁷⁴; (ii) el Artículo 13 de los Artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos (“Artículos de la CDI sobre Responsabilidad del Estado”)²⁷⁵; (iii) el Artículo 1 del Protocolo por el

²⁶⁸ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 407. ↩

²⁶⁹ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 414. ↩

²⁷⁰ Dúplica Subordinada, ¶ 255. Véase Réplica Subordinada, ¶¶ 134-137. ↩

²⁷¹ Dúplica Subordinada, ¶ 256. ↩

²⁷² Dúplica Subordinada, ¶ 257. ↩

²⁷³ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 407. ↩

²⁷⁴ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 408, donde se cita C-0314-ENG, Anexo 14-C del T-MEC. ↩

²⁷⁵ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 408, donde se cita RL-0147-ESP, Artículos de la CDI sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, Art. 13. ↩

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que se Sustituye el TLCAN²⁷⁶; (iv) los Artículos 31 y 32 de la CVDT²⁷⁷; y (v) los Comentarios a la CVDT²⁷⁸.

391. La Demandada también alega que la inversión objeto de la demanda subordinada no es parte de un sector cubierto²⁷⁹. La Demandada arguye que una reclamación de incumplimiento del estándar de NMT solamente se puede presentar en contra de la Demandada si la reclamación califica para ser presentada conforme al Anexo 14-E del T-MEC, incluso que la inversión se encuentra dentro del “sector cubierto”, definido en el Anexo 14-E(6)(b) del T-MEC²⁸⁰.

392. Asimismo, la Demandada arguye que las inversiones de la Demandante en La Rosita y en Punta Venado no son una “inversión existente” protegida en el sentido del Anexo 14-C del T-MEC porque fueron establecidas en el año 1986 en virtud del Acuerdo de Inversión de 1986 y fueron adquiridas a través de compraventas realizadas en los años 1986 y 1987, casi ocho años antes de la entrada en vigor del TLCAN, el 1 de enero de 1994²⁸¹.

393. Además de sus excepciones jurisdiccionales, la Demandada se opone a la demanda subordinada de la Demandante en cuanto al fondo, alegando que no actuó de manera arbitraria o injusta, desprovista de buena fe o en violación a supuestas expectativas de la Demandante²⁸². La Demandada arguye que las acciones de las autoridades del gobierno de México fueron razonables y estuvieron justificadas²⁸³. La Demandada sostiene además que el TLCAN exige deferencia a las leyes ambientales, e invoca el Artículo 1114(1) del

²⁷⁶ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 408, donde se cita RL-0148-ESP, Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá, Art. 1. ↩

²⁷⁷ Dúplica Subordinada, ¶¶ 259-260, donde se cita R-0185-ESP, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (“CVDT”), Arts. 31-32. ↩

²⁷⁸ Dúplica Subordinada, ¶ 261, donde se cita RL-0201-ENG, Proyecto de Artículos sobre el Derecho de los Tratados con Comentarios, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. II, pág. 219. ↩

²⁷⁹ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 411. ↩

²⁸⁰ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 410. Si bien la Demandada no especificó a qué tratado se refiere al mencionar el Anexo 14-E, el Tribunal entiende que la Demandada se refiere al Anexo 14-E del T-MEC. ↩

²⁸¹ R-PHM AC, ¶ 20. ↩

²⁸² Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 417. ↩

²⁸³ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 415. ↩

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TLCAN que, en su opinión, se basa en la postura deferente del derecho internacional consuetudinario respecto de los actos soberanos para proteger el medio ambiente²⁸⁴.

5. Admisibilidad y Manos Limpias

394. La Demandada alega que la demanda subordinada de la Demandante debe ser declarada inadmisible conforme al principio de nemo auditur propriam turpitudinem allegans (o nadie puede ser oído invocando su propia torpeza)²⁸⁵. La Demandada arguye que no debería permitirse que la Demandante presente una reclamación en contra de la Demandada basándose en omisiones de información y supuestas violaciones que son resultado del propio actuar de la Demandante²⁸⁶.

395. Según la Demandada, CALICA ha omitido información e incumplido con sus obligaciones ambientales tal y como lo determinó la PROFEPA en sus visitas de inspección²⁸⁷. La Demandada alega que CALICA: (i) no contaba con una autorización vigente y válida en materia de impacto ambiental; (ii) no contaba con una autorización de la CUSTF con la que demostrara que llevó a cabo la remoción de vegetación en cumplimiento de las leyes ambientales; (iii) rebasó los límites de extracción que solicitó²⁸⁸; y (iv) ocultó que pretendía explotar por muchas más décadas y en mayor cantidad que aquellas dadas a conocer a la Demandada²⁸⁹.

396. La Demandada alega que las partes con las “manos sucias” carecen de legitimación en el arbitraje²⁹⁰. La Demandada traza paralelismos entre el presente caso y el caso Al-Warraq c. Indonesia, en el que el tribunal determinó que el demandante obtuvo un beneficio

²⁸⁴ Memorial de Contestación Subordinada, ¶¶ 420, 422, donde se cita RL-0150-ENG, Meg Kinnear, Andrea Bjorklund y John Hannaford, Investment Disputes under NAFTA: An Annotated Guide to NAFTA Chapter 11 (Kluwer 2006), ¶¶ 1114-1119, donde se cita CL-0019-ENG, Metalclad Corporation c. Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI No. ARB(AF)/97/1, Laudo, 30 de agosto de 2000 (“Metalclad c. México, Laudo”), ¶ 98, donde se cita CL-0003-ENG, Campbell McLachlan, Laurence Shore y Matthew Weiniger, International Investment Arbitration: Substantive Principles (Oxford, 2007) [Extractos], ¶ 7.24; Dúplica Subordinada, ¶ 313. ↩

²⁸⁵ Memorial de Contestación Subordinada, § III(A). ↩

²⁸⁶ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 396, donde se cita RL-0145-ENG, Khan Resources Inc., Khan Resources B.V. y CAUC Holding Company Ltd. c. El Gobierno de Mongolia y MonAtom LLC, Caso CPA No. 2011-09, 25 de julio de 2012, Decisión sobre Jurisdicción (“Khan Resources c. Mongolia, Decisión sobre Jurisdicción”). ↩

²⁸⁷ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 398; véase también Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 396. ↩

²⁸⁸ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 398. ↩

²⁸⁹ Dúplica Subordinada, ¶ 289. ↩

²⁹⁰ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 394, donde se cita RL-003-ENG, Rusoro c. Venezuela, Laudo, ¶ 492. ↩

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económico a través de conductas perjudiciales al interés público, por lo que la reclamación era inadmisible conforme a la doctrina de las “manos limpias”²⁹¹.

397. Del mismo modo, la Demandada sostiene que la demanda subordinada de la Demandante debería declararse inadmisible, puesto que se basa primordialmente en la clausura de La Rosita por incumplimientos medioambientales²⁹². La Demandada arguye que la Demandante obtuvo un beneficio económico en perjuicio del interés público, es decir, del medio ambiente, debido a los supuestos incumplimientos medioambientales en La Rosita²⁹³. La Demandada contrasta el actuar de la Demandante con aquel de las autoridades ambientales y sostiene que estas últimas han basado su actuar de buena fe de conformidad con el marco jurídico mexicano²⁹⁴.

398. La Demandada alega que el objeto del TLCAN de reforzar la elaboración y la aplicación de leyes y reglamentos en materia ambiental, por oposición a una obligación abstracta, requiere a los inversionistas y personas que comercien en virtud del TLCAN que realicen sus actividades de conformidad con las leyes y reglamentos medioambientales a lo largo de sus actividades²⁹⁵. La Demandada arguye que esto es reafirmado por el Artículo 1114 del TLCAN²⁹⁶.

399. La Demandada sostiene que, contrariamente a la opinión de la Demandante, la doctrina de las “manos limpias” es aplicada de manera general a las ilegalidades surgidas a lo largo de la vida de la inversión, y no solo al momento de su establecimiento²⁹⁷.

400. Según la Demandada, el principio de nemo auditur propriam turpitudinem allegans también debería conducir al rechazo de la demanda subordinada de la Demandante en los

²⁹¹ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 394, donde se cita RL-0124-ENG, Hesham Talaat M. Al-Warraq c. República de Indonesia, CNUDMI, Laudo Final, 15 de diciembre de 2014 (“Al-Warraq c. Indonesia, Laudo Final”), ¶¶ 634-641, 646. ↩

²⁹² Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 395; Dúplica Subordinada, ¶ 294. ↩

²⁹³ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 395; Dúplica Subordinada, ¶ 294. ↩

²⁹⁴ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 395. ↩

²⁹⁵ Dúplica Subordinada, ¶ 299. ↩

²⁹⁶ Dúplica Subordinada, ¶ 300. ↩

²⁹⁷ Dúplica Subordinada, ¶ 288, donde se citan, inter alia, RL-0187-ENG, Niko Resources (Bangladesh) Ltd. c. República Popular de Bangladesh, Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited, y Bangladesh Oil Gas and Mineral Corporation, Caso CIADI No. ARB/10/11 y Caso CIADI No. ARB/10/18, Decisión sobre Jurisdicción, 19 de agosto de 2013, ¶ 482; RL-0189-ENG, Espíritu Santo Holdings, LP, y L1bre Holding, LLC c. Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI No. ARB/20/13, Presentación de Parte No Contendiente del Gobierno de Canadá de conformidad con el Artículo 1128 del TLCAN, 21 de marzo de 2023, ¶ 4. ↩

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méritos, ya que la PROFEPA impuso legítimamente las medidas de seguridad como consecuencia del actuar ilegal de la Demandante²⁹⁸.

6. Reconvención

401. La Demandada alega que el Tribunal tiene jurisdicción sobre su reconvención. En este sentido, la Demandada sostiene que las violaciones ambientales por parte de la Demandante guardan directa y estrecha conexión con las reclamaciones objeto de este arbitraje, incluidas las medidas inicialmente reclamadas y las medidas de la demanda subordinada²⁹⁹. La Demandada invoca el caso Limited Liability c. Ucrania, en el que se resolvió que el hecho de que un tribunal tenga jurisdicción sobre la reconvención de una parte depende de tres aspectos: (i) los términos de solución de controversias del tratado invocado; (ii) la naturaleza de la reconvención; y (iii) la relación entre la reconvención y las reclamaciones del arbitraje³⁰⁰.

(a) TLCAN

402. La Demandada sostiene que, contrariamente a lo argumentado por la Demandante, el TLCAN y las reglas de arbitraje aplicables otorgan jurisdicción al Tribunal para conocer de la reconvención de la Demandada³⁰¹.

403. En opinión de la Demandada, la reconvención está dentro de los límites del consentimiento de las Partes³⁰². La Demandada alega que los Artículos 1121 y 1122 del TLCAN establecen las condiciones de su consentimiento para arbitrar una reclamación, y, dentro de esas condiciones, tanto la parte demandada como el inversionista

²⁹⁸ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 399. ↩

²⁹⁹ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 496, donde se cita Réplica Subordinada, ¶¶ 129-131, donde se citan Dúplica Subordinada, ¶¶ 94-95; Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 145. ↩

³⁰⁰ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 495, donde se cita RL-0166-ENG, Limited Liability Company Amto c. Ucrania, Arbitraje CCE No. 080/2005, Laudo Final, 26 de marzo de 2008 (“Limited Liability c. Ucrania, Laudo Final”), ¶ 118, donde se cita, inter alia, CL-0197-ENG, Iberdrola Energia S.A. (España) c. La República de Guatemala, CNUDMI, Caso CPA No. 2017/41, Laudo Final, 24 de agosto de 2020 (“Iberdrola c. Guatemala (II), Laudo Final”), ¶ 384; Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 142-143, donde se cita RL-0208-ENG, Oxus Gold c. La República de Uzbekistán, CNUDMI, Laudo Final, 17 de diciembre de 2015, ¶ 939. Véase Réplica Subordinada, ¶ 237. ↩

³⁰¹ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 497; Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 146. Véase Réplica Subordinada, ¶ 259. Véase también Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 166-167. ↩

³⁰² Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, § III.A.2.a. ↩

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contendiente consienten en someter su reclamación a arbitraje con apego a los procedimientos establecidos en el TLCAN³⁰³.

404. La Demandada afirma que el Artículo 1120 del TLCAN contempla la posibilidad de que un inversionista contendiente someta su reclamación a arbitraje conforme a las reglas de arbitraje enumeradas, que, en este caso, son el Convenio del CIADI y sus reglas de arbitraje³⁰⁴. La Demandada arguye además que el Artículo 1120 del TLCAN establece que se seguirán las reglas aplicables al procedimiento arbitral, salvo en la medida de lo modificado por el TLCAN³⁰⁵. Para la Demandada, el TLCAN no contiene ninguna disposición que prohíba presentar una reconvención conforme al Convenio del CIADI y sus reglas de arbitraje. Únicamente limita las circunstancias en las que una parte puede presentar una reconvención conforme a lo previsto en el Artículo 1137(3) del TLCAN³⁰⁶.

405. En referencia al Artículo 1137(3) del TLCAN, la Demandada reconoce que está excluida de aducir como reconvención que la Demandante recibirá indemnización u otra compensación por los presuntos daños³⁰⁷. Esta exclusión no tendría sentido, en opinión de la Demandada, a menos que se permita una reconvención en otras circunstancias³⁰⁸.

406. La Demandada alega que su reconvención está basada en los incumplimientos de la legislación ambiental por parte de la Demandante y en el daño ambiental provocado por dichos incumplimientos, por lo que la prohibición descrita en el Artículo 1137(3) del TLCAN no es aplicable³⁰⁹.

³⁰³ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 176, 190, donde se cita C-0008-ENG, Instrumento de consentimiento y renuncia de Legacy Vulcan, LLC y Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. de conformidad con el Artículo 1121 del TLCAN (“Consentimiento y Renuncia de conformidad con el Art. 1121 del TLCAN”, pág. 5. ↩

³⁰⁴ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 177. ↩

³⁰⁵ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 177. ↩

³⁰⁶ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 177. ↩

³⁰⁷ Memorial de Contestación Subordinada, ¶¶ 500-501; Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 150-154, donde se citan R-0186-ESP, Diccionario de la Real Academia Española, “Aducir”; R-0235-ENG, Cambridge Dictionary, “Assert”; R-0187-ESP, Diccionario de la Real Academia Española, “Reconvención”. ↩

³⁰⁸ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 502, donde se cita RL-0167-ENG, A. Bjorklund, The Role of Counterclaims in Rebalancing Investment Law. ↩

³⁰⁹ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 154-157, donde se cita RL-0210-ESP, Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional, Informe del Órgano de Apelación, pág. 27, donde se cita RL-0231-ENG, PNG Sustainable Development Program Ltd. c. Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea, Caso CIADI No. ARB/13/33, Laudo, 5 de mayo de 2015, ¶ 267. ↩

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407. Para la Demandada, la autorización explícita de las reconvenciones sería innecesaria, y se requeriría un lenguaje expreso para excluir las reconvenciones³¹⁰. La Demandada sostiene que una redacción restrictiva de la aceptación de la oferta de arbitraje, plasmada en un tratado en específico, no debería excluir la reconvención de un Estado, ya que un tratado de inversión no es “una selección a la carta” de disposiciones entre las que el inversionista puede elegir³¹¹.

408. La Demandada invoca el Laudo dictado en Aven c. Costa Rica, en el que el tribunal analizó el Artículo 10.20(7) del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, que la Demandada arguye es idéntico al Artículo 1137(7) del TLCAN, y concluyó que “el derecho de la Demandada a una reconvención de conformidad con el Tratado se contempla y se encuentra dentro del alcance de la jurisdicción de un tribunal constituido en virtud del Tratado”³¹².

409. La Demandada alega que la Demandante consintió a la posibilidad de que la Demandada presentara una reconvención conforme a “los procedimientos establecidos [en el Artículo 1137(3) del TLCAN]” a la luz de su Notificación de Intención (“Notificación de Intención”), que establece lo siguiente³¹³:

Legacy Vulcan y Calica consienten por la presente en someter a un arbitraje CIADI, de conformidad con el Artículo 1121 del TLCAN, las controversias descritas en este documento y cualquier otra controversia que haya surgido o pueda surgir en el futuro entre las partes.

410. La Demandada también sostiene que los requisitos procesales para la presentación de la solicitud a fin de presentar la reconvención se cumplen a través de su solicitud en el Memorial de Contestación sobre la demanda subordinada y los fundamentos de hecho y

³¹⁰ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 161-162, donde se cita RL-0212-ENG, La República Islámica del Irán c. Estados Unidos de América, Caso ITL 83-B1-FT, Laudo Interlocutorio, 9 de septiembre de 2004 (“Irán c. Estados Unidos, Laudo”) (Reconvención), ¶ 87. Véase también Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 162-163, donde se cita RL-0212-ENG, Irán c. Estados Unidos, Laudo Interlocutorio (Reconvención), ¶ 87; Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 164. ↩

³¹¹ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 188. ↩

³¹² Memorial de Contestación Subordinada, ¶¶ 504-505, donde se cita RL-0168-ESP, David Aven y otros c. La República de Costa Rica, Caso CIADI No. UNCT/15/3, Laudo Final, 18 de septiembre de 2018 (“Aven c. Costa Rica, Laudo Final”), ¶ 694; Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 165. ↩

³¹³ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 171, donde se cita C-0007-SPA, Notificación de Intención de Someter una Reclamación a Arbitraje de Conformidad con el Capítulo Once del TLCAN, de fecha 3 de septiembre de 2018 (“Notificación de Intención”), pág. 9, donde también se cita Solicitud de Arbitraje, ¶ 12. ↩

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de derecho en los que se basa la solicitud³¹⁴. En opinión de la Demandada, esto es coherente con las indicaciones del Tribunal en la RP7, en la que la Demandante no cumplió con el requisito de agotar el período de consultas y se admitió su demanda subordinada³¹⁵.

(b) El Convenio del CIADI y las Reglas de Arbitraje del CIADI

411. La Demandada alega que el Convenio del CIADI otorga jurisdicción al Tribunal para conocer de la reconvención³¹⁶. La Demandada sostiene que el Artículo 46 del Convenio del CIADI establece la posibilidad de que un tribunal, a petición de una de las partes, resuelva una reconvención presentada por un Estado demandado³¹⁷. La Demandada invoca además la Regla 40 de las Reglas de Arbitraje del CIADI³¹⁸.

412. La Demandada arguye que la historia del Convenio del CIADI demuestra que la intención del Artículo 46, que es una norma imperativa, era determinar que el tribunal que conoce de una reclamación se viera obligado a ejercer su jurisdicción sobre una reconvención para evitar la necesidad de componer otro tribunal para resolver sobre una cuestión directamente relacionada con la reclamación sometida al arbitraje³¹⁹.

413. La Demandada alega que, para que un tribunal resuelva una reconvención de este tipo conforme al Convenio del CIADI y a las reglas aplicables: (i) la reconvención debe estar dentro de la jurisdicción del CIADI; y (ii) debe existir una conexión entre las reclamaciones y las reconvenciones³²⁰. La Demandada sostiene que su reconvención cumple con estas condiciones³²¹.

³¹⁴ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 518. ↩

³¹⁵ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 518. ↩

³¹⁶ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 506; Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 173. ↩

³¹⁷ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 506, donde se cita, inter alia, RL-0169-ENG, C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch y A. Sinclair, The ICSID Convention: A Commentary (Cambridge University Press 2009), págs. 641, 732, 751-752, donde se cita C-0129-ENG, Convenio del CIADI, Artículo 46; Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 174, 178. ↩

³¹⁸ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 507, donde se cita Reglas de Arbitraje del CIADI (2006), Regla 40; Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 174, 178. ↩

³¹⁹ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 193, donde se cita RL-0220-ENG, Directores Ejecutivos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Report of the Executive Directors on the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, ¶ 13, donde se cita RL-0221-ENG, History of ICSID Convention, ICSID, Vol. II-2, págs. 810-811. ↩

³²⁰ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 508, donde se cita RL-0171-ENG, Metal-Tech Ltd. c. La República de Uzbekistán, Caso CIADI No. ARB/10/3 Laudo, 4 de octubre de 2013 (“Metal-Tech c. Uzbekistán, Laudo”), ¶ 407. ↩

³²¹ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 508. ↩

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414. La Demandada alega que la reconvención se encuentra dentro de la jurisdicción del CIADI, ya que la Demandante otorgó su consentimiento a la jurisdicción del Centro en su Notificación de Intención, y el Artículo 25 del Convenio del CIADI establece que el consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente retirado³²².

415. La Demandada arguye, invocando la opinión del Profesor Michael Reisman, que cuando las partes firmantes del tratado aplicable, entre otras cosas, consienten a la jurisdicción del CIADI, el componente de consentimiento del Artículo 46 del Convenio del CIADI se importa por sí mismo en cualquier arbitraje CIADI que el inversionista decida perseguir³²³. La Demandada sostiene que la opinión del Profesor Reisman ha sido replicada por tribunales arbitrales que han concluido que tenían jurisdicción para conocer de demandas reconvencionales en virtud del Convenio del CIADI sin necesidad de contar con el consentimiento expreso del inversionista para arbitrar dichas reconvenciones³²⁴. La Demandada arguye que dicho consentimiento puede inferirse de la conducta de la Demandante de iniciar el arbitraje en virtud de reglas procesales permisivas como el Convenio del CIADI, que contemplan la posibilidad de reconvenciones³²⁵.

(c) Existencia de obligaciones en materia ambiental en virtud
del TLCAN

416. La Demandada alega que el TLCAN otorga jurisdicción para conocer de reclamaciones de un Estado por violaciones al medio ambiente en la forma de reconvención³²⁶. En su opinión, se pueden inferir obligaciones para el inversionista del Artículo 1114 del TLCAN, con respecto a la legislación ambiental del Estado receptor³²⁷. La Demandada invoca, inter alia, el caso Aven c. Costa Rica, donde, arguye la Demandada, el tribunal

³²² Memorial de Contestación Subordinada, ¶¶ 509-510; véase Notificación de Intención, pág. 9; véanse también Solicitud de Arbitraje, ¶ 12; Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 194-196; véase también Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 189, donde se cita C-0007-SPA, Notificación de Intención. ↩

³²³ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 179, donde se cita RL-0215-ENG, Spyridon Roussalis c. Rumanía, Caso CIADI No. ARB/06/1, Declaración del Prof. W. Michael Reisman, 28 de noviembre de 2011 (“Roussalis c. Rumanía, Declaración del Prof. W. Michael Reisman”). ↩

³²⁴ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 180-187, donde se cita, inter alia, RL-0216-ENG, Martin Jarrett, Sergio Puig y Steven Ratner, Towards Greater Investor Accountability: Indirect Actions, Direct Actions by States and Direct Actions by Individuals, Journal of International Dispute Settlement, pág. 4, donde se cita RL-0214-FR, Antoine Goetz y Otros c. República de Burundi, Caso CIADI No. ARB/01/2, Laudo, 21 de junio de 2012, ¶¶ 279-280. ↩

³²⁵ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 187. ↩

³²⁶ Memorial de Contestación Subordinada, § IV(A)(2). ↩

³²⁷ Memorial de Contestación Subordinada, ¶¶ 512, 516, donde se cita RL-0168-ESP, Aven c. Costa Rica, Laudo Final, ¶¶ 732, 738. ↩

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analizó una disposición similar al Artículo 1114(2) del TLCAN y determinó que: (i) las medidas adoptadas por el Estado receptor para la protección del medio ambiente deberían considerarse obligatorias para todos aquellos que se encuentren bajo la jurisdicción del Estado, en particular, los inversionistas extranjeros; y (ii) los inversionistas tienen la obligación, no solo en virtud del derecho interno, sino también en virtud del tratado³²⁸.

417. La Demandada sostiene que la reconvención se basa en la devastación ambiental generada por la Demandante respecto de recursos naturales no renovables³²⁹. La Demandada invoca las decisiones adoptadas en Perenco c. Ecuador y Burlington c. Ecuador, en las que los tribunales resolvieron las reconvenciones y otorgaron costas al Estado por el daño ambiental generado³³⁰.

(d) Conexión entre la Reclamación y la Reconvención

418. La Demandada también alega que existe una conexión entre la reconvención y las reclamaciones de la Demandante³³¹. La Demandada se basa en ¶ 130 de la RP7, donde el Tribunal señaló que el Proyecto de la Demandante abarcaba cuatro lotes al establecer su jurisdicción sobre la demanda subordinada de la Demandante³³². La Demandada arguye que la reconvención se relaciona precisamente con el daño ambiental generado por el desarrollo y la ejecución del Proyecto en los cuatro lotes identificados por el Tribunal³³³.

419. La Demandada sostiene que los incumplimientos de la legislación ambiental y de las autorizaciones ambientales por parte de la Demandante se relacionan con las supuestas

³²⁸ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 513, donde se cita RL-0168-ESP, Aven c. Costa Rica, Laudo Final, ¶ 734. Véase también Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 516, donde se cita RL-0174-ESP, Urbaser S.A. y Consorcio de Aguas Bilbao Biskaia, Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa c. La República Argentina, Caso CIADI No. ARB/07/26, Laudo, 8 de diciembre de 2016 (“Urbaser c. Argentina, Laudo), ¶¶ 1183, 1194-1195, 1200, 1207, 1210. ↩

³²⁹ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 515. ↩

³³⁰ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 515, donde se citan CL-0102-ENG, Perenco Ecuador Limited c. La República del Ecuador, Caso CIADI No. ARB/08/6, Laudo, 27 de septiembre de 2019 (“Perenco c. Ecuador, Laudo”), ¶¶ 34, 889, 899, 1023; RL-0173-ESP, Burlington Resources Inc. c. República del Ecuador, Caso CIADI No. ARB/08/5, Decisión sobre Reconvenciones, 7 de febrero de 2017, ¶¶ 52, 104, 112, 878-879, 1075. ↩

³³¹ Memorial de Contestación Subordinada, § IV(A)(1)(b)(2); véanse también Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 518; Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 239. ↩

³³² Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 511; Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 196. ↩

³³³ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 511; Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 196. ↩

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afectaciones al Proyecto de extracción de roca de CALICA que son alegadas por la Demandante en su reclamación original³³⁴.

420. La Demandada también alega que la reclamación inicial de la Demandante se basa en el supuesto derecho a explotar roca caliza en La Adelita y El Corchalito, de conformidad con la AIA Federal y el Acuerdo de Inversión, mientras que la demanda subordinada se basa en una supuesta autorización indefinida para explotar roca caliza en La Rosita, en tanto que la reconvención se basa en el supuesto incumplimiento o inexistencia de las autorizaciones de impacto ambiental y demás permisos faltantes que presuntamente debió haber tramitado la Demandante para explotar su Proyecto³³⁵. En consecuencia, la Demandada arguye que todas las reclamaciones se basan en los mismos hechos, y tanto las reclamaciones como la reconvención tienen sustento en el TLCAN, con una remisión al análisis de la legislación ambiental mexicana³³⁶.

421. La Demandada alega que el daño causado por la Demandante es indivisible, tal como señaló el Tribunal en la RP7 en relación con la demanda subordinada³³⁷. La Demandada arguye que, por las mismas razones que no es posible separar las reclamaciones originales de la Demandante de la demanda subordinada, tampoco es factible dividir el daño ambiental que la Demandante ha causado, dado que el supuesto daño ambiental no atiende a las divisiones geográficas de los predios de la Demandante, sino que deriva directamente del Proyecto de la Demandante, tan es así que estos perjuicios han ido más allá de las propiedades de la Demandante³³⁸. La Demandada sostiene que no hace diferencia que la reconvención esté relacionada con el Proyecto o con las medidas reclamadas en la demanda subordinada, puesto que el vínculo existe en ambos casos³³⁹.

³³⁴ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 240. ↩

³³⁵ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 241. ↩

³³⁶ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 241. ↩

³³⁷ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 242, donde se cita RP7, ¶¶ 137-138. ↩

³³⁸ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 243. Véase también Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 518. ↩

³³⁹ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 243. Véase Réplica Subordinada, ¶¶ 275-277. ↩

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(e) Oportunidad

422. La Demandada alega que, contrariamente a lo que sostiene la Demandante, la solicitud para presentar la reconvención se encontraba alineada con las reglas de arbitraje aplicables y con el razonamiento del Tribunal en la RP7³⁴⁰.

423. La Demandada arguye que, de conformidad con la RP7, solicitó presentar su reconvención en el momento del Memorial de Contestación a la Demanda Subordinada³⁴¹. La Demandada sostiene que, conforme a la Regla 40 de las Reglas de Arbitraje del CIADI y la RP7, era lógico esperar que la Demandada debiera solicitar la presentación de su reconvención a más tardar en su Memorial de Contestación, tal y como lo hizo³⁴². En cualquier caso, la Demandada se basa en la Regla 40 de las Reglas de Arbitraje del CIADI para aducir que, al igual que la demanda subordinada fue autorizada por esta regla, su reconvención también lo está³⁴³.

424. La Demandada alega además que no se puede menoscabar el derecho de una de las partes únicamente porque existe un calendario procesal acordado³⁴⁴.

(f) Eficacia y Equidad Procesal

425. La Demandada alega que la reconvención asegura la eficacia procesal, dado que la reconvención y las reclamaciones de la Demandante están conectadas³⁴⁵. Para la Demandada, las reclamaciones y reconvenciones deben ser conocidas por el mismo tribunal a efectos de evitar que se emitan decisiones inconsistentes o contradictorias³⁴⁶. La Demandada arguye que las consideraciones aplicadas a la demanda subordinada en la RP7 deberían aplicarse también a la reconvención, por razones de equidad³⁴⁷. La

³⁴⁰ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 198-199, donde se cita RP7, ¶ 153. ↩

³⁴¹ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 202. ↩

³⁴² Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 203. ↩

³⁴³ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 204, donde se cita Regla 40 de las Reglas de Arbitraje del CIADI; véase también Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 200. ↩

³⁴⁴ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 205. ↩

³⁴⁵ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 207. ↩

³⁴⁶ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 518, donde se cita, inter alia, RL-0175-ENG, Klöckner Industrie-Anlagen GmbH y Otros c. República Unida de Camerún y Société Camerounaise des Engrais, Caso CIADI No. ARB/81/2, Extractos del Laudo, 21 de octubre de 1983, ¶ 25. ↩

³⁴⁷ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 208-210, donde se cita Solicitud de Medidas Provisionales y de Autorización para presentar una Demanda Subordinada, ¶ 50, donde se cita RP7, ¶ 146, donde se citan RL-0215-ENG, Roussalis c. Rumanía, Declaración del Prof. W. Michael Reisman; RL-0223-ENG, Westinghouse Electric Corporation c. La República Islámica de Irán, La Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán, National Iranian Oil Company, Laudo Interlocutorio No. ITL 67-389-2, 12 de febrero de 1987 “Westinghouse c. Irán y Otros, Laudo Interlocutorio”), ¶ 1. ↩

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Demandada alega que aceptar su reconvención no afectaría nada a la Demandante, mientras que desestimarla afectaría los derechos procesales de la Demandada³⁴⁸.

426. La Demandada sostiene que, contrariamente a las alegaciones de la Demandante sobre una violación del debido proceso, una reconvención sirve tanto de reclamación independiente de responsabilidad y daños, como de herramienta (incidentalmente) centrada en la desestimación o compensación de la acción legal del inversionista y constituye un elemento fundamental del derecho del Estado demandado a plantear su postura en pie de igualdad con el inversionista. Por lo tanto, en opinión de la Demandada, debe tratarse como un principio general del derecho fundado en razones de equidad³⁴⁹. La Demandada arguye que el derecho de un Estado a presentar una reconvención permite que se sancione y se responsabilice el incumplimiento del inversionista con sus obligaciones³⁵⁰.

C. POSICIÓN DE LA DEMANDANTE

1. Jurisdicción Ratione Temporis

427. La Demandante alega que sus reclamaciones se presentaron dentro del plazo de prescripción de tres años previsto en los Artículos 1116(2) y 1117(2) del TLCAN. Según la Demandante, los incumplimientos y pérdidas relevantes que reclama derivan de (i) la omisión de la Demandada en modificar el POEL 2009 a más tardar el 5 de diciembre de 2015, a tenor de lo exigido por los Acuerdos de 2014; (ii) el desconocimiento por parte de la Demandada de la decisión de su poder judicial, la cual quedó firme en el mes de enero de 2017, en virtud de la cual la API Quintana Roo no tenía derecho a cobrar tarifas portuarias a CALICA durante más de una década; y (iii) el cierre por parte de la Demandada de las operaciones de CALICA en El Corchalito en el mes de enero de 2018³⁵¹.

³⁴⁸ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 245. Véase Réplica Subordinada, ¶ 279. ↩

³⁴⁹ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 211, donde se cita RL-0222-ENG, Crina Baltag y Ylli Dautaj, Regime Interaction in Investment Arbitration: Counterclaims, Kluwer Arbitration Blog, donde se cita RL-0223-ENG, Westinghouse c. Irán y Otros, Laudo Interlocutorio, ¶ 1. ↩

³⁵⁰ Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 211, donde se cita RL-0216-ENG, Martin Jarrett, Sergio Puig y Steven Ratner, Towards Greater Investor Accountability: Indirect Actions, Direct Actions by States and Direct Actions by Individuals, págs. 4, 17. ↩

³⁵¹ Réplica, ¶ 117. Véase Memorial, ¶¶ 184-185. ↩

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428. Dado que la Demandante sometió sus reclamaciones a arbitraje el 3 de diciembre de 2018, alega que son oportunas y que la Demandada no lo refuta³⁵². En opinión de la Demandante, el Tribunal no está jurisdiccionalmente constreñido a considerar antecedentes relevantes para la controversia, tal como ha sido reconocido por diversos tribunales de arbitraje³⁵³.

429. Para la Demandante, la cuestión que consiste en determinar si el requisito de oportunidad de los Artículos 1116(2) y 1117(2) del TLCAN es una cuestión de admisibilidad o de jurisdicción supone un ejercicio académico³⁵⁴.

2. Inversionista e Inversión

430. La Demandante presenta sus reclamaciones de inversión por cuenta propia en virtud del Artículo 1116(1) del TLCAN y, en representación de su empresa, CALICA, en virtud del Artículo 1117(1) del TLCAN³⁵⁵. Según la Demandante, CALICA (i) es una entidad constituida y organizada conforme a la legislación de México; y (ii) es propiedad y está bajo el control indirecto de Legacy Vulcan. La Demandante arguye que CALICA es, por ende, tanto una empresa como una inversión de la Demandante en México en virtud de los Artículos 201 y 1139 del TLCAN³⁵⁶.

431. La Demandante también argumenta que sus inversiones en México se ajustan a la definición de inversión del Capítulo 11 del TLCAN (véase ¶ 364 supra). Además de CALICA, “empresa” en virtud del TLCAN que es propiedad y está bajo el control indirecto de la Demandante, la Demandante afirma que indirectamente (i) tiene la propiedad y el control de bienes inmuebles en México, incluida la zona portuaria de Punta Venado y las reservas de piedra caliza en La Rosita, El Corchalito y La Adelita, adquiridos con el único propósito de desarrollar el Proyecto; y (ii) es titular de la Concesión Portuaria de CALICA. La Demandante sostiene, asimismo, que ha

³⁵² Réplica, ¶¶ 117-118. ↩

³⁵³ Réplica, ¶ 118, donde se citan, CL-0009-ENG, William Ralph Clayton, William Richard Clayton, Douglas Clayton, Daniel Clayton y Bilcon of Delaware, Inc. c. Gobierno de Canadá, CNUDMI, Caso CPA No. 2009-04, Laudo sobre Jurisdicción y Responsabilidad, 17 de marzo de 2015 (“Bilcon c. Canadá, Laudo”), ¶ 282; CL-0011-ENG, Mondev International Ltd. c. Estados Unidos de América, Caso CIADI No. ARB(AF)/99/2, Laudo, 11 de octubre de 2002 (“Mondev c. Estados Unidos, Laudo”), ¶ 70, donde también se cita RL-003-ENG, Rusoro c. Venezuela, Laudo, ¶ 223. ↩

³⁵⁴ Réplica, ¶ 118. ↩

³⁵⁵ Memorial, ¶ 20; C-PHM, ¶ 13, donde se cita Transcripción de la Audiencia de 2021 (español), Día 1, 94:18-95:11 (Alegato de Apertura de la Demandante); C-0009-ENG, TLCAN, Art. 1116(1). ↩

³⁵⁶ Memorial, ¶ 20. ↩

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comprometido capital en México en relación con el Proyecto, incluidos cientos de millones de dólares para producir y exportar agregados³⁵⁷.

432. La Demandante está de acuerdo con la Demandada en que solo las inversiones localizadas en México califican para protección en virtud del TLCAN³⁵⁸. Sin embargo, según la Demandante, la Demandada confunde los requisitos jurisdiccionales con el requisito de causalidad para la indemnización. La Demandante arguye que no ha presentado ninguna reclamación en representación de la Red CALICA en virtud del Artículo 1117(1) del TLCAN, sino exclusivamente de la empresa mexicana CALICA³⁵⁹. En este sentido, la Demandante alega que el valor de su negocio integrado de extracción, transporte y distribución, es decir, la Red CALICA, ha disminuido sustancialmente como consecuencia directa de los incumplimientos de la Demandada. En opinión de la Demandante, el hecho de que algunos elementos de esta red estén ubicados fuera de México no priva al Tribunal de jurisdicción sobre la reclamación de la Demandante ni impide la consideración de la pérdida o el daño reclamado por la Demandante que tuviera su causa próxima en los incumplimientos de la Demandada³⁶⁰.

3. Reclamación de Tarifas Portuarias

433. La Demandante alega que las tarifas portuarias en cuestión en su reclamación de tarifas portuarias no califican como impuesto de conformidad con el derecho mexicano y, por consiguiente, no constituyen una “medida tributaria” excluida en virtud del Artículo 2103 del TLCAN³⁶¹. La Demandante sostiene, a este respecto, que las tarifas portuarias que reclama no son impuestos, tal como confirmó el testigo de la Demandada Sr. Atempa. Estas son distintas de los derechos de puerto, que la Demandante no ha reclamado³⁶².

434. La Demandante alega, en este sentido, que la Ley de Puertos de México establece que las tarifas portuarias son montos que concesionarias portuarias como CALICA pueden cobrar a un tercero por utilizar su infraestructura o por servicios relacionados. Los

³⁵⁷ Memorial, ¶ 165; véase Memorial ¶¶ 4, 20, 23-29, 28-38. ↩

³⁵⁸ C-PHM, ¶ 15, donde se cita Transcripción de la Audiencia de 2021 (español), Día 1, 146:19-147:11 (Alegato de Apertura de la Demandante). ↩

³⁵⁹ Réplica, ¶ 122; C-PHM, ¶ 15. Véanse Memorial, ¶¶ 20, 172; Solicitud, ¶ 12. ↩

³⁶⁰ Réplica, ¶ 123, donde se cita C-0009-ENG, TLCAN, Art. 1116(1). Véanse Memorial, ¶ 337; C-PHM, ¶ 18. ↩

³⁶¹ Réplica, ¶ 124. Véase Memorial de Contestación, ¶¶ 289-290, donde se cita C-0156-ENG, TLCAN, Artículo 2013(1). ↩

³⁶² Réplica, ¶ 125, donde se cita Declaración de Atempa, ¶¶ 9, 13, 17. Véanse Memorial, ¶¶ 66, 225; Memorial de Contestación, ¶¶ 289-290. Véase también C-PHM, ¶ 28. ↩

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derechos de puerto, por su parte, son gravámenes que se pagan al Gobierno mexicano por el uso de bienes públicos, incluidos los puertos públicos³⁶³.

435. La Demandante rebate el argumento de la Demandada de que la terminal de CALICA está concesionada a una API, por lo que las sumas que cobraba la API Quintana Roo son contribuciones fiscales. La Demandante alega, en este sentido, que (i) CALICA es la única concesionaria de la infraestructura de Punta Venado, por lo que su terminal no está concesionada a una API; y, en ese contexto, (ii) las tarifas portuarias surgían de los buques que atracaban en la terminal portuaria particular de CALICA³⁶⁴.

4. Procedimientos ante Tribunales Mexicanos

436. En opinión de la Demandante, los procedimientos locales de CALICA en México están permitidos por el Artículo 1121 del TLCAN (véase ¶ 365 supra) y no afectan la capacidad del Tribunal para otorgar una indemnización³⁶⁵.

437. Según la Demandante, CALICA no solicita una reparación compensatoria, sino únicamente una reparación declarativa en un procedimiento local. En este sentido, la Demandante afirma que CALICA inició cinco acciones legales impugnando medidas adoptadas por la PROFEPA y la SEMARNAT luego del procedimiento administrativo ante las dependencias relativo a El Corchalito. De esas cinco acciones, dos seguían pendientes en el momento de los escritos posteriores a la audiencia sobre las reclamaciones originales: (i) el procedimiento de nulidad en contra de la Resolución de Octubre de 2020, es decir, la resolución administrativa de la PROFEPA de fecha 30 de octubre de 2020; y (ii) el procedimiento de amparo en contra de la decisión de la SEMARNAT de suspender su consideración de la solicitud de CALICA de renovar y modificar la AIA Federal³⁶⁶.

438. La Demandante arguye que (i) diversos tribunales en virtud del TLCAN han sostenido que los procedimientos locales pendientes que pretenden una reparación declarativa no impiden que un tribunal determine la responsabilidad por las reclamaciones del tratado

³⁶³ C-PHM, ¶ 28. Véase Réplica, ¶ 112, donde se cita C-0155-SPA, Ley de Puertos, Art. 40, fracción X. ↩

³⁶⁴ C-PHM, ¶ 29, donde se citan Dúplica, ¶ 423; Declaración de Atempa, ¶ 17; véase Dúplica, ¶ 281. ↩

³⁶⁵ C-PHM, ¶ 20. ↩

³⁶⁶ C-PHM, ¶ 21, donde se cita RD-0003, Tabla I: Impugnaciones de CALICA en contra de las Medidas de PROFEPA y SEMARNAT; Transcripción de la Audiencia de 2021 (español), Día 1, 84:16-86:3, 86:10-87:1 (Alegato de Apertura de la Demandante). ↩

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basadas en las mismas medidas adversas³⁶⁷; y (ii) la existencia de procedimientos locales pendientes no afecta la capacidad del Tribunal para otorgar una indemnización en relación con la controversia vinculada a El Corchalito³⁶⁸. La Demandante invoca, en sustento de ello, su compromiso de evitar el doble recobro al que se refirió el tribunal en Chevron c. Ecuador en el sentido de eliminar el riesgo de recuperación duplicada³⁶⁹.

439. La Demandante sostiene además que no existe el requisito de hacer uso de recursos locales antes de presentar una reclamación de TJE en virtud del TLCAN (a diferencia de una reclamación por denegación de justicia basada en la conducta judicial). En la medida en que las reclamaciones de la Demandante se refieren a acciones u omisiones administrativas, la Demandante alega que tales procedimientos deben compararse con los estándares de debido proceso y de equidad procesal aplicables a las autoridades administrativas, tal como resolvió el tribunal en Thunderbird c. México³⁷⁰.

5. Demanda Subordinada

440. La demanda subordinada de la Demandante con respecto a La Rosita y al resto de las operaciones de CALICA radica en que la Demandada ha incumplido su obligación de otorgar trato justo y equitativo a las inversiones de la Demandante de conformidad con el Artículo 1105 del TLCAN³⁷¹. Según la Demandante, la Demandada ha incurrido en una conducta arbitraria e injusta que contraviene las nociones del debido proceso y ha frustrado las expectativas legítimas de la Demandante³⁷².

441. En concreto, la Demandante alega que el cierre de la Demandada fue arbitrario porque: (i) respondía a una motivación política; (ii) era contrario a la buena fe; y (iii) contravenía las nociones básicas del debido proceso³⁷³. La posición de la Demandante es que la Demandada también ha frustrado sus expectativas legítimas al bloquear el resto de sus

³⁶⁷ C-PHM, ¶ 23, donde se cita, inter alia, CL-0168-ENG, Detroit International Bridge Company c. Gobierno de Canadá, Caso CPA No. 2012-25, Laudo sobre Jurisdicción, 2 de abril de 2015, ¶ 176. ↩

³⁶⁸ C-PHM, ¶ 23, donde se cita RL-093-ENG, Chevron Corporation (EE. UU.) y Texaco Petroleum Company (EE. UU.) c. La República del Ecuador I, Caso CPA No. 2007-02/AA277, Laudo Parcial sobre Méritos, 30 de marzo de 2010 (“Chevron c. Ecuador I, Laudo Parcial sobre Méritos”), ¶ 557. ↩

³⁶⁹ C-PHM, ¶ 23, donde se cita RL-093-ENG, Chevron c. Ecuador I, Laudo Parcial sobre Méritos, ¶¶ 517, 557. ↩

³⁷⁰ C-PHM, ¶¶ 25-26, donde se cita CL-0004-ENG, International Thunderbird Gaming Corporation c. los Estados Unidos Mexicanos, Laudo CNUDMI, 26 de enero de 2006 (“Thunderbird c. México, Laudo”), ¶ 200. ↩

³⁷¹ Memorial de Demanda Subordinada, ¶¶ 91, 95. ↩

³⁷² Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 91. ↩

³⁷³ Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 96. ↩

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operaciones en México y contradecir sus declaraciones previas respecto de la capacidad de la Demandante y de CALICA de extraer piedra caliza de La Rosita para exportarla a los Estados Unidos mientras fuera económicamente viable³⁷⁴.

442. La Demandante arguye que el Tribunal tiene jurisdicción para resolver su demanda subordinada, refiriéndose a la RP7 que establece que la “demanda subordinada [está] dentro de los límites del consentimiento de las Partes y dentro de la jurisdicción del CIADI”³⁷⁵ [Traducción del Tribunal]. La Demandante sostiene que la demanda subordinada está dentro de los límites del consentimiento de las Partes para someter a arbitraje la reclamación original, ya que se relaciona con el Proyecto³⁷⁶. En consecuencia, los requisitos del TLCAN de notificación por escrito de la reclamación, vencimiento del plazo de seis meses, así como consentimiento y renuncia del inversionista, resultan aplicables y están cubiertos por el cumplimiento de estos requisitos en relación con la reclamación original³⁷⁷.

443. Asimismo, la Demandante arguye que la Demandada dio su consentimiento para someter a arbitraje la diferencia de las Partes relativa a una inversión de conformidad con el Artículo 25 del Convenio del CIADI y el Artículo 1122 del TLCAN, y el consentimiento a arbitraje de la Demandante puede encontrarse en su Notificación original de Intención de Someter una Reclamación a Arbitraje³⁷⁸.

444. La Demandante alega que la Demandada, por primera vez en su Memorial de Contestación sobre la Demanda Subordinada, plantea una excepción jurisdiccional completamente nueva al argüir que el Tribunal carece de jurisdicción, puesto que el cierre por parte de la Demandada del resto de las operaciones de CALICA se produjo en el mes de mayo de 2022, luego de que el TLCAN fuera sustituido por el T-MEC³⁷⁹. La Demandante alega que, contrariamente a lo que alega la Demandada, el Anexo 14-C del

³⁷⁴ Memorial de Demanda Subordinada, ¶¶ 125, 128, 136; Réplica Subordinada, ¶ 175, donde se cita CL-0009-ENG, Bilcon c. Canadá, Laudo, ¶ 470, donde se cita CL-0004-ENG, Thunderbird c. México, Laudo, ¶ 147. ↩

³⁷⁵ Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 90, donde se cita RP7, ¶ 150, donde se cita C-0279-SPA, Servicio Geológico Mexicano, Panorama Minero del Estado de Quintana Roo: Dirección de Investigación y Desarrollo (2021) (“Informe Panorama Minero 2021”), págs. 29-32. ↩

³⁷⁶ Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 90, donde se cita RP7, ¶¶ 149-150, donde se cita C-0279-SPA, Informe Panorama Minero 2021, ¶¶ 149, 151-152. ↩

³⁷⁷ Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 90, donde se cita RP7, ¶ 149. ↩

³⁷⁸ Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 90, donde se cita RP7, ¶¶ 150-152. ↩

³⁷⁹ Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 114. Véase Memorial de Contestación Subordinada, ¶¶ 407-414. ↩

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T-MEC deja en claro que las protecciones del Capítulo 11 del TLCAN permanecen en vigencia para las inversiones existentes, como el proyecto de la Demandante en México, durante tres años, es decir, hasta el 30 de junio de 2023. La Demandante sostiene que, de conformidad con los principios de interpretación de los tratados de la CVDT, la conducta de la Demandada se enmarca dentro de ese plazo³⁸⁰.

445. La Demandante alega que el TLCAN se aplica a la controversia de las Partes en relación con el trato brindado por la Demandada al Proyecto de la Demandante en México y que ese trato incluye el cierre de La Rosita y Punta Venado por parte de la Demandada³⁸¹. La Demandante sostiene que los hechos que constituyen el fundamento de la demanda subordinada de la Demandante son parte de la serie de actos controvertidos en el marco del presente caso³⁸². La Demandante invoca los pronunciamientos del Tribunal en la RP7 para argüir que el objeto de la reclamación de la Demandante surgió antes de que el T-MEC sustituyera al TLCAN en el año 2020 y que el objeto no puede ahora dividirse artificialmente a efectos jurisdiccionales³⁸³. Además, la Demandante alega que el Tribunal ya determinó que tenía la facultad de ordenar medidas provisionales de conformidad con el Artículo 1134 del TLCAN, aplicando así disposiciones del TLCAN a la conducta de la Demandada en el año 2022³⁸⁴.

6. Admisibilidad y Manos Limpias

446. La Demandante alega que el argumento de la Demandada basado en la doctrina de las “manos limpias” no torna inadmisible la demanda subordinada de la Demandante, ya que la Demandada se equivoca en cuanto a los hechos y la aplicación de dicha doctrina³⁸⁵.

447. La Demandante arguye que las propias autoridades citadas de la Demandada exigen que, para que se aplique la doctrina de las “manos limpias”, la inversión se haya obtenido o realizado de manera ilegal³⁸⁶. Sin embargo, según la Demandante, la Demandada no ha

³⁸⁰ Réplica Subordinada, ¶ 114. ↩

³⁸¹ Réplica Subordinada, ¶ 134, donde se citan RP1; C-0010-SPA, Acuerdo de Inversión, págs. 2-3, donde se cita RP7, ¶ 137. ↩

³⁸² Réplica Subordinada, ¶ 134. ↩

³⁸³ Réplica Subordinada, ¶ 135, donde se cita RP7, ¶ 135, donde se cita CL-0208-ENG, Presuntas violaciones a derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua c. Colombia), Fallo de la CIJ, 21 de abril de 2022, ¶¶ 45-47. ↩

³⁸⁴ Réplica Subordinada, ¶ 136, donde se cita RP7, ¶¶ 98, 160(a). ↩

³⁸⁵ Réplica Subordinada, ¶ 138. ↩

³⁸⁶ Réplica Subordinada, ¶ 139, donde se cita RL-0145-ENG, Khan Resources c. Mongolia, Decisión sobre Jurisdicción, ¶¶ 382, 384, donde se cita RL-003-ENG, Rusoro c. Venezuela, Laudo, ¶ 492, nota el pie 406. ↩

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alegado ni probado que la Demandante realizara su inversión de manera ilegal³⁸⁷. La Demandada solo alega que las operaciones de extracción de la Demandante en La Rosita violaron las leyes ambientales aplicables³⁸⁸. Del mismo modo, con respecto a la invocación del caso Al-Warraq c. Indonesia por parte de la Demandada, la Demandante sostiene que la Demandada no ha explicado de qué manera el Artículo 9 del Acuerdo sobre Promoción, Protección y Garantía de las Inversiones entre los Estados Miembros de la Organización de la Conferencia Islámica (“Acuerdo de la OCI”), disposición explícita en la que se basó el tribunal en Al-Warraq, está conectado con las disposiciones del TLCAN y, por ende, es relevante para el presente caso³⁸⁹.

7. Reconvención

448. La Demandante alega que la solicitud de la Demandada de autorización para presentar una reconvención es extemporánea y debe rechazarse únicamente por este motivo³⁹⁰. La Demandante sostiene además que ni el TLCAN ni las Reglas de Arbitraje del CIADI confieren al Tribunal jurisdicción sobre la reconvención de la Demandada³⁹¹. La Demandante arguye que la reconvención de la Demandada queda fuera de los límites del consentimiento de las Partes en someter controversias a arbitraje, no implica ninguna pretensión derivada del TLCAN y no está estrechamente relacionada con la demanda subordinada de la Demandante³⁹².

(a) Oportunidad

449. Basándose en la Regla 40(2) de las Reglas de Arbitraje del CIADI, la Demandante alega que la Demandada está obligada a presentar toda reconvención a más tardar en su memorial de contestación³⁹³. La Demandante sostiene que el Memorial de Contestación de la Demandada sobre la Demanda Subordinada solo contiene una solicitud de autorización para presentar una reconvención porque la Demandada dejó pasar meses

³⁸⁷ Réplica Subordinada, ¶ 139. ↩

³⁸⁸ Réplica Subordinada, ¶ 139. Véase Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 398. ↩

³⁸⁹ Réplica Subordinada, ¶ 140, donde se cita CL-0124-ENG, Al-Warraq c. Indonesia, Laudo Final, ¶¶ 631-648. ↩

³⁹⁰ Réplica Subordinada, ¶ 248. ↩

³⁹¹ Réplica Subordinada, ¶ 248. ↩

³⁹² Réplica Subordinada, ¶ 257, donde se cita RL-0166-ENG, Limited Liability c. Ucrania, Laudo Final, ¶ 118; Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 77. ↩

³⁹³ Réplica Subordinada, ¶ 252, donde se cita Regla 40(2) de las Reglas de Arbitraje del CIADI; Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 174. ↩

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luego de que el Tribunal emitiera la RP7 sin solicitar autorización para presentar su reconvención³⁹⁴.

450. La Demandante alega que, en esta etapa del procedimiento, la Demandada ha presentado dos memoriales de contestación: (i) el 23 de noviembre de 2020, abordando las reclamaciones originales de la Demandante; y (ii) el 12 de mayo de 2023, abordando la demanda subordinada de la Demandante³⁹⁵. La Demandante arguye que sus reclamaciones originales se dirigían a los lotes La Adelita y El Corchalito de CALICA, así como a las tasas portuarias asociadas a Punta Venado³⁹⁶. En consecuencia, la Demandante sostiene que, de conformidad con la Regla 40(2) de las Reglas de Arbitraje del CIADI, la Demandada estaba obligada a presentar toda reconvención relativa a dichas reclamaciones con su primer Memorial de Contestación el 23 de noviembre de 2020. Al no hacerlo, en opinión de la Demandante, la Demandada renunció a su derecho a presentar una reconvención en relación con las supuestas violaciones del derecho ambiental vinculadas a El Corchalito y La Adelita³⁹⁷.

451. Asimismo, la Demandante sostiene que la Demandada tenía, o debería haber tenido, conocimiento de los incumplimientos y pérdidas que alega con respecto a La Rosita mucho antes de la fecha en que presentó su primer memorial de contestación en el mes de noviembre de 2020³⁹⁸. La Demandante arguye que, dado que la Demandada no presentó su reconvención en relación con ese lote en su memorial de contestación del mes de noviembre de 2020, la Demandada renunció a su derecho a presentar una reconvención alegando incumplimientos de las obligaciones locales en materia ambiental en La Rosita³⁹⁹.

452. La Demandante sostiene que, aun si las alegaciones de la Demandada sobre violaciones y daños ambientales tuvieran algún fundamento, las reclamaciones de la Demandada han prescrito en virtud de los Artículos 1116(2) y 1117(2) del TLCAN, puesto que la

³⁹⁴ Réplica Subordinada, ¶ 252. ↩

³⁹⁵ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 175. ↩

³⁹⁶ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 175, donde se cita RP7, ¶ 71. ↩

³⁹⁷ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 175. Véanse también Réplica Subordinada, ¶¶ 277-278; Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 162. ↩

³⁹⁸ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 176. ↩

³⁹⁹ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 176. ↩

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Demandada tuvo conocimiento real o implícito de las violaciones y daños que alega con anterioridad al 19 de diciembre de 2019 ⁴⁰⁰.

453. La Demandante alega, invocando la decisión adoptada en Resolute Forest c. Canadá, que la Demandada no ha cumplido con su carga de demostrar que tomó o debió haber tomado conocimiento por primera vez de los supuestos incumplimientos y de la pérdida o el daño resultante que sustentan su reclamación luego del 19 de diciembre de 2019, y que el Tribunal tiene jurisdicción para conocer de su reconvención⁴⁰¹.

(b) Artículo 1121 del TLCAN

454. La Demandante sostiene que la Demandada no ha cumplido con el requisito de renuncia establecido en el Artículo 1121(1)(b) y (2)(b) del TLCAN, lo cual frustra la jurisdicción del Tribunal sobre la reconvención⁴⁰². En opinión de la Demandante, el cumplimiento de este requisito implica: (i) la presentación por parte de la Demandada de una renuncia en la que declare su intención de adherirse a las condiciones del Artículo 1121 del TLCAN; y (ii) la interrupción o abstención de proseguir cualquier procedimiento local de solución de controversias pertinente relativo a las medidas de la Demandante que la Demandada alega violaron el TLCAN⁴⁰³.

455. La Demandante sostiene que los daños compensatorios que la Demandada impuso a CALICA en relación con El Corchalito constituyen una duplicación de la reconvención de la Demandada⁴⁰⁴. Para la Demandante, la Demandada admite esto cuando describe los

⁴⁰⁰ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 120, 127; véase también Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 119. ↩

⁴⁰¹ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 125-126, donde se cita CL-0246-ENG, Resolute Forest Products Inc. c. Gobierno de Canadá, Caso CPA No. 2016-13, Decisión sobre Jurisdicción y Admisibilidad, 30 de enero de 2018 (“Resolute Forest c. Canadá, Decisión sobre Jurisdicción”), ¶ 85. ↩

⁴⁰² Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 179, 181, 183, donde se cita C-0009-ENG, TLCAN Art. 1121(1)(b) y (2)(b), donde se cita CL-0252-ENG, Waste Management, Inc. c. Estados Unidos Mexicanos (I), Caso CIADI No. ARB(AF)/98/2, Laudo Arbitral, 2 de junio de 2000 (“Waste Management c. México (I), Laudo”), § IV. Véase también Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 180. ↩

⁴⁰³ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 180, donde se cita CL-0252-ENG, Waste Management c. México (I), Laudo, ¶ 24. ↩

⁴⁰⁴ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 181, donde se cita R-0076-ESP, Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Juicio de Nulidad No.73/21-EAR-01-6, Escrito inicial, 8 de enero de 2021 (“Juicio de Nulidad No.73/21-EAR-01-6, Escrito Inicial”). Véase Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 1. ↩

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supuestos incumplimientos de la Demandante en El Corchalito como un reflejo de las supuestas violaciones identificadas en la Resolución de 2020 de la PROFEPA⁴⁰⁵.

456. [Redacted]

457. La Demandante arguye que la Demandada también ha dado los primeros pasos a fin de iniciar procedimientos administrativos de la misma naturaleza en contra de CALICA en relación con La Rosita⁴⁰⁸. Según la Demandante, la PROFEPA cerró La Rosita en el mes de mayo de 2022, y si bien la PROFEPA ha demorado irrazonable e inexplicablemente la emisión de un Acuerdo de Emplazamiento para acusar formalmente a CALICA de infracciones, un procedimiento local similar a aquel relativo a El Corchalito seguirá a su eventual emisión, exigiendo a CALICA el pago de una indemnización por el supuesto daño ambiental que la Demandada alega CALICA ha causado⁴⁰⁹.

(c) Alcance del Consentimiento

458. La Demandante alega que, contrariamente a lo que alega la Demandada, de conformidad con el Artículo 46 del Convenio del CIADI y la Regla 40(1) de las Reglas de Arbitraje del CIADI, a falta de consentimiento en un tratado o de un acuerdo separado entre las partes para someter reconvenciones a arbitraje, un tribunal carecería de jurisdicción para considerar la reconvención de un demandado⁴¹⁰.

⁴⁰⁵ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 181, donde se cita R-0005-ESP, Resolución de Octubre de 2020, págs. 200-202. Véase Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 40. ↩

⁴⁰⁶ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 181, donde se cita R-0005-ESP, Resolución de Octubre de 2020, pág. 219. ↩

⁴⁰⁷ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 181, donde se cita R-0076-ESP, Juicio de Nulidad No.73/21-EAR-01-6, Escrito Inicial, 8 de enero de 2021. ↩

⁴⁰⁸ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 182. ↩

⁴⁰⁹ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 182, donde se citan, inter alia, C-0171-SPA, Acta en Materia de Impacto Ambiental de PROFEPA, 2-5 de mayo de 2022, pág. 72; Cuarto Informe de [Redacted] ¶¶ 107-118; C-0114-SPA, Primera Orden de Inspección de PROFEPA, 12 de mayo de 2017, pág. 2. ↩

⁴¹⁰ Réplica Subordinada, ¶ 258, donde se cita Convenio del CIADI, Art. 46, donde también se citan Regla 40(1) de las Reglas de Arbitraje del CIADI; CL-0197-ENG, Iberdrola c. Guatemala (II), Laudo ↩

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459. La Demandante arguye que, para que este Tribunal tenga jurisdicción sobre la reconvención de la Demandada, esta tiene que estar comprendida en el ámbito del acuerdo de arbitraje de las Partes previsto en el TLCAN o en algún otro acuerdo entre ellas⁴¹¹. Para la Demandante, el consentimiento para someter controversias a arbitraje debe ser inequívoco, claro y sin ambigüedades⁴¹². La Demandante sostiene que las Partes no han acordado someter a arbitraje la reconvención de la Demandada, y la alegación de la Demandada de que, no obstante, el Tribunal tiene jurisdicción de conformidad con el Artículo 1137(3) del TLCAN carece de fundamento⁴¹³.

460. La Demandante niega que el Convenio del CIADI y las Reglas de Arbitraje del CIADI constituyan expresiones de consentimiento para someter a arbitraje la reconvención de la Demandada⁴¹⁴. La Demandante alega que el Artículo 46 del Convenio del CIADI y la Regla 40(1) de las Reglas de Arbitraje del CIADI exigen que las reconvenciones estén dentro de los límites del consentimiento de las Partes⁴¹⁵. En su opinión, el Artículo 46 del Convenio del CIADI no pretendía ampliar la jurisdicción del tribunal de arbitraje⁴¹⁶. La Demandante alega que diversos tribunales han confirmado que la existencia y el alcance del consentimiento de las partes en someter controversias a arbitraje no son dictados por

Final, ¶ 384; Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 85. Véase Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 177-178.

⁴¹¹ Réplica Subordinada, ¶ 259. ↩

⁴¹² Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 79, 94, donde se cita CL-0032-ENG, ICS Inspection and Control Services Limited (Reino Unido) c. La República Argentina, Caso CPA No. 2010-9, Laudo sobre Jurisdicción, 10 de febrero de 2012 (“ICS c. Argentina, Laudo sobre Jurisdicción”), ¶ 281. Véase también Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 98-99, donde se cita CL-0241-ENG, Declaración del Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular sobre la determinación de reclamaciones del Gobierno de los Estados Unidos de América y del Gobierno de la República Islámica del Irán (“Declaración de Argelia sobre la Solución de Reclamaciones”), C.T.R. Irán-EE. UU. 9, 19 de enero de 1981), Art. II(1), donde se cita CL-0242-ENG, Pope & Talbot Inc. c. El Gobierno de Canadá, CNUDMI, Presentación de los Estados Unidos Mexicanos, 3 de abril de 2000 (“Pope & Talbot c. Canadá, Presentación de México”), ¶ 9; Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 83, donde se cita CL-0234-ENG, Fireman’s Fund Insurance Company c. Los Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI No. ARB(AF)/02/01, Decisión sobre la Cuestión Preliminar, 17 de julio de 2003, ¶ 64, donde se cita CL-0235-ENG, Canfor Corporation c. Estados Unidos de América y Terminal Forest Products Ltd. c. Estados Unidos de América (Acumulado), CNUDMI, Decisión sobre la Cuestión Preliminar, 6 de junio de 2006, ¶ 186. Véase también Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 99, donde se cita RL-0212-ENG, Irán c. Estados Unidos, Laudo Interlocutorio (Reconvención), ¶ 43. ↩

⁴¹³ Réplica Subordinada, ¶ 259. ↩

⁴¹⁴ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 86. ↩

⁴¹⁵ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 86, donde se cita C-0129-ENG, Convenio del CIADI, Art. 46, donde también se cita Regla 40(1) de las Reglas de Arbitraje del CIADI. ↩

⁴¹⁶ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 86, donde se cita CL-0236-ENG, Acta resumida de las Actuaciones, Reunión Consultiva de Expertos Jurídicos en Ginebra, 17-22 de febrero de 1964 in History of the ICSID Convention, Vol. 2 (ICSID 1970) págs. 367, 422. ↩

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el Convenio del CIADI, sino por el instrumento de consentimiento, que suele ser el tratado de inversión en virtud del cual surge la reclamación⁴¹⁷.

461. La Demandante niega que el Artículo 1137(3) del TLCAN contenga el consentimiento de las Partes para someter a arbitraje la reconvención de la Demandada⁴¹⁸. La Demandante sostiene que el argumento de la Demandada distorsiona el sentido literal del Artículo 1137(3) del TLCAN e ignora el requisito de que el consentimiento para someter controversias a arbitraje sea claro, inequívoco y no inferido⁴¹⁹. A su juicio, el Artículo 1137(3) del TLCAN es una disposición sustantiva, por oposición a procesal⁴²⁰, y refleja la incorporación al TLCAN de la “regla de la fuente colateral”, en virtud de la cual “toda recuperación por parte de una víctima proveniente de un tercero no se aplica a reducir la responsabilidad del autor del daño”, lo cual permite que “un inversionista continúe ejerciendo una reclamación a pesar de haber recibido una indemnización a través de un seguro”⁴²¹. [Traducción del Tribunal]

462. En opinión de la Demandante, aun un examen superficial de esas disposiciones del TLCAN demuestra que solo los inversionistas que tienen inversiones cubiertas pueden someter controversias a arbitraje en virtud del tratado⁴²².

463. La Demandante alega que el Artículo 1122(2) del TLCAN también confirma que el requisito del “consentimiento por escrito de las partes” en virtud del Convenio del CIADI

⁴¹⁷ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 87-88, donde se cita RL-0171-ENG, Metal Tech c. Uzbekistán, Laudo, ¶ 409, donde se cita CL-0223-ENG, Roussalis c. Rumanía, Laudo, ¶¶ 775, 866; Réplica Subordinada, ¶ 260, donde se cita, inter alia, CL-0224-ENG, Vestey Group Limited c. República Bolivariana de Venezuela, Caso CIADI No. ARB/06/4, Laudo, 15 de abril de 2016, ¶ 333. Véase también Réplica Subordinada, ¶ 262, donde se cita CL-0225-ENG, Karkey Karadeniz Elektrik Uretim AS c. República Islámica de Pakistán, Caso CIADI No. ARB/13/1, Laudo, 22 de agosto de 2017 (“Karkey c. Pakistán, Laudo”), ¶¶ 1012-1013; Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 116. ↩

⁴¹⁸ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 91; véase también Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 93, 102, 117, donde se cita CL-0240-ENG, Hege Elizabeth Kjos, Applicable Law in Investor-State Arbitration: The Interplay between national and international law, 146 (Oxford University Press 2013), donde se cita CL-0243-ENG, The Lopez-Goyne Family Trust y otros c. República de Nicaragua, Caso CIADI No ARB/17/44, Laudo, 1 de marzo de 2023 (“Lopez-Goyne c. Nicaragua, Laudo”), ¶ 587. ↩

⁴¹⁹ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 92, donde se cita CL-0228-ENG, Marco Gavazzi y Stefano Gavazzi c. Rumanía, Caso CIADI No. ARB/12/25, Decisión sobre Jurisdicción, Admisibilidad y Responsabilidad, 21 de abril de 2015 (“Gavazzi c. Rumanía, Decisión sobre Jurisdicción, Admisibilidad y Responsabilidad”), ¶ 154; véase Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 151. ↩

⁴²⁰ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 106. ↩

⁴²¹ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 93, donde se cita CL-0238-ENG, Kenneth J. Vandevelde, U.S. INTERNATIONAL INVESTMENT AGREEMENTS (2009), págs. 583, 659. Véase también Réplica Subordinada, ¶ 259, donde se cita C-0009-ENG, TLCAN, Art. 1137(3). ↩

⁴²² Réplica Subordinada, ¶ 260. ↩

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se cumple con el consentimiento que se encuentra en el Artículo 1122(1) del TLCAN. La Demandante sostiene que el Artículo 1122 del TLCAN, que se refiere específicamente al “Consentimiento al arbitraje”, limita el sometimiento de una reclamación únicamente a un “inversionista contendiente”⁴²³. En consecuencia, contrariamente a lo que alega la Demandada, la Notificación de Intención de la Demandante no contiene el consentimiento para someter reconvenciones a arbitraje⁴²⁴.

464. En opinión de la Demandante, los Artículos 1116, 1117, 1120 y 1121 del TLCAN confirman que solo los inversionistas pueden presentar reclamaciones, al referirse únicamente a las reclamaciones de un inversionista⁴²⁵. La Demandante alega que el texto también aclara que la reparación en forma de daños pecuniarios o restitución corresponde solo cuando se determina que una Parte Contratante del TLCAN ha violado el tratado, y puede imponerse exclusivamente a una Parte Contratante del TLCAN, y no a un inversionista contendiente⁴²⁶. La Demandante arguye que la interpretación de la Demandada respecto de los Artículos 1116 y 1117 del TLCAN hace caso omiso de las definiciones de “inversionista contendiente” y “Parte contendiente”, así como de la distinción entre ambos términos conforme al TLCAN⁴²⁷. La Demandante sostiene que la Demandada ignora las funciones explícitas asignadas a cada uno de ellos, tal como se establece en los Artículos 1116, 1117, 1119 a 1122, 1125 y 1135 del TLCAN⁴²⁸.

465. La Demandante alega que diversos tribunales han desestimado reconvenciones de demandados formuladas en virtud de tratados de inversión con redacción similar al

⁴²³ Réplica Subordinada, ¶ 260, donde se cita C-0009-ENG, TLCAN, Art. 1112; Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 89. ↩

⁴²⁴ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 111, donde se cita C-0007-SPA, Notificación de Intención, § 5; véase Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 171. Véase también Réplica Subordinada, ¶ 263. ↩

⁴²⁵ Réplica Subordinada, ¶ 260, donde se cita C-0009-ENG, TLCAN, Art. 1134. Véase también Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 104, 107, donde se citan CL-0240-ENG, Hege Elizabeth Kjos, APPLICABLE LAW IN INVESTOR-STATE ARBITRATION: THE INTERPLAY BETWEEN NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW 146 (Oxford University Press 2013); CL-0245-SPA, Alicia Grace y Otros c. Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI No. UNCT/18/4, Escrito de Contestación de Demanda, 1 de junio de 2020, ¶ 591. Véanse también Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 108; Réplica Subordinada, ¶¶ 260-261, donde se cita RL-003-ENG, Rusoro c. Venezuela, Laudo, ¶ 606. ↩

⁴²⁶ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 109. ↩

⁴²⁷ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 110; véase Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 172. ↩

⁴²⁸ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 110. Si bien la Demandante afirma “tal como se establece en los Artículos 1116, 1117, 1119 a 1112” en su escrito, el Tribunal entiende que la Demandante se refiere a los Artículos 1119 a 1122 del TLCAN. [Traducción del Tribunal] ↩

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TLCAN⁴²⁹. Asimismo, la Demandante arguye que no existe ni una sola decisión de un tribunal en virtud del TLCAN que respalde la jurisdicción para conocer de una reconvención⁴³⁰. La Demandante sostiene que la jurisprudencia casi unánime en materia de derecho internacional de las inversiones considera que, cuando los tratados especifican que las reclamaciones de arbitraje en materia de inversiones deben ser presentadas por “inversionistas”, no hay consentimiento y, por ende, no hay jurisdicción sobre la reconvención de un demandado⁴³¹.

466. Contrariamente a lo que alega la Demandada, la Demandante arguye que el consentimiento no puede “inferirse” de la iniciación de este arbitraje por parte de la Demandante⁴³². En este sentido, la Demandante invoca la decisión adoptada en ICS Inspection c. Argentina, así como el hecho de que la Demandada haya adoptado una posición similar en otros arbitrajes en virtud del TLCAN⁴³³.

467. Para la Demandante, la interpretación de la Demandada tornaría redundante el texto que la Demandada y Canadá han incluido en tratados posteriores, como el Artículo 9.19(2) del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (“CPTPP”, por sus siglas en inglés), para autorizar afirmativamente a los Estados parte a interponer reconvenciones en contra de inversionistas⁴³⁴.

468. La Demandante alega que la invocación de Aven c. Costa Rica por parte de la Demandada está fuera de lugar, ya que la Demandada ignora varias distinciones entre el texto del CAFTA-DR y el TLCAN que hacen que el razonamiento adoptado en Aven c. Costa Rica resulte inaplicable en el presente arbitraje⁴³⁵. Si bien es concebible que varias

⁴²⁹ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 113. Véase también Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 104. ↩

⁴³⁰ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 113; véase Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 167. ↩

⁴³¹ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 114, donde se cita CL-0197-ENG, Iberdrola c. Guatemala (II), Laudo Final, ¶ 391. ↩

⁴³² Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 80; véase Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 187. Véase también Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 82, donde se cita CL-0233-ENG, B-Mex, LLC y otros c. Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI No. ARB(AF)/16/3, Escrito Posterior a la Audiencia de México, 17 de agosto de 2018 (“B-Mex c. México, Escrito Posterior a la Audiencia de Mexico”), ¶ 21. ↩

⁴³³ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 80-82, donde se citan CL-0032-ENG, ICS c. Argentina, Laudo sobre Jurisdicción, ¶ 280; CL-0233-ENG, B-Mex c. México, Escrito Posterior a la Audiencia de México, ¶ 2(ii). ↩

⁴³⁴ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 95-96. ↩

⁴³⁵ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 100. ↩

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disposiciones procesales clave del CAFTA-DR puedan interpretarse de manera neutral para que se apliquen a los Estados parte y a los inversionistas por igual, la Demandante sostiene que los Artículos 1116, 1117, 1118 y 1137 del TLCAN hacen referencia a las “Partes” (es decir, las Partes Contratantes del TLCAN) y a los “inversionistas”, por oposición al “demandante” y al “demandado” que se encuentran en el CAFTA-DR⁴³⁶.

469. Según la Demandante, aun en los casos en que el texto del tratado aplicable hace referencia a reconvenciones, los tribunales han concluido que carecen de jurisdicción sobre dichas reclamaciones⁴³⁷.

(d) La Naturaleza de la Reconvención

470. La Demandante alega que la naturaleza de la reconvención de la Demandada no implica ninguna obligación del inversionista en virtud del Capítulo 11 del TLCAN⁴³⁸. Contrariamente a lo que sostiene la Demandada, la Demandante arguye que el Artículo 1114 del TLCAN no implica una obligación para el inversionista de cumplir con las leyes ambientales de la Demandada, y esto no puede constituir el fundamento de una reconvención⁴³⁹.

471. Para la Demandante, el Artículo 1114(1) del TLCAN aclara las obligaciones impuestas a las Partes Contratantes del TLCAN en otras partes conforme al Capítulo 11 del TLCAN y confirma que las Partes Contratantes del TLCAN pueden promulgar y poner en ejecución medidas relativas al medio ambiente, siempre que tales medidas sean “por lo demás compatible[s] con [el Capítulo 11 del TLCAN]”⁴⁴⁰. En su opinión, el Artículo 1114(2) del TLCAN regula la conducta de las Partes Contratantes del TLCAN desalentando la exención de la aplicación o la eliminación de ciertas medidas locales y previendo consultas de Estado a Estado entre las Partes Contratantes del TLCAN en las que dicha conducta pueda existir⁴⁴¹. La Demandante sostiene que ninguno de los dos

⁴³⁶ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 101, donde se cita CL-0222-ENG, Aven c. Costa Rica, Laudo Final, ¶ 740. ↩

⁴³⁷ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 117, donde se citan CL-0243-ENG, Lopez Goyne c. Nicaragua, Laudo, ¶ 605; CL-0222-ENG, Aven c. Costa Rica, Laudo Final, ¶ 743. ↩

⁴³⁸ Réplica Subordinada, ¶ 264; Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 137. ↩

⁴³⁹ Réplica Subordinada, ¶ 264; véanse Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 512; Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 138-139, donde se cita C-0009-ENG, TLCAN, Art. 1114. Véase también Réplica Subordinada, ¶¶ 266-267, donde se cita C-0009-ENG, TLCAN, Art. 1114(1). ↩

⁴⁴⁰ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 140, donde se cita C-0009-ENG, TLCAN, Art. 1114; Réplica Subordinada, ¶ 267. ↩

⁴⁴¹ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 140; Réplica Subordinada, ¶ 267. ↩

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párrafos del Artículo 1114 del TLCAN menciona obligaciones de los inversionistas o puede razonablemente interpretarse en el sentido de generar obligaciones en virtud del tratado a la que estén sujetos los inversionistas⁴⁴².

472. La Demandante invoca otras disposiciones del TLCAN para argüir que ponen en contexto el Artículo 1114 del TLCAN. A este respecto, la Demandante se basa en el Artículo 1101 del TLCAN para aducir que el ámbito de aplicación de las obligaciones establecidas en el Capítulo 11 del TLCAN se aplica únicamente a las “medidas adoptadas o mantenidas por una Parte”, y no a la conducta de los inversionistas⁴⁴³. Además, la Demandante sostiene que la ausencia de toda referencia al cumplimiento de las medidas relativas al medio ambiente por parte de los inversionistas en el Artículo 102 del TLCAN subraya que el argumento de la Demandada carece de fundamento⁴⁴⁴.

473. La Demandante invoca las decisiones adoptadas en López Goyne c. Nicaragua y Gavazzi c. Rumanía para argüir que, a falta de lenguaje explícito, los tratados de inversión no imponen ninguna obligación afirmativa a los inversionistas, ni permiten a los Estados demandados presentar reconvenciones sobre la base de supuestas violaciones del derecho interno⁴⁴⁵.

474. La Demandante alega que las decisiones arbitrales que la Demandada cita en este sentido no brindan sustento a su posición⁴⁴⁶. La Demandante arguye que el tribunal en Aven c. Costa Rica sostuvo que, junto con las deficiencias procesales, la disposición del CAFTA-DR, que es similar al Artículo 1114(1) del TLCAN, no dio lugar a ninguna obligación equivalente para los inversionistas que respaldara la presentación de una reconvención por parte de un demandado en virtud del tratado⁴⁴⁷.

475. La Demandante alega que el tribunal en Urbaser c. Argentina rechazó explícitamente el argumento que la Demandada plantea en este arbitraje, sosteniendo que basarse en la

⁴⁴² Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 140. ↩

⁴⁴³ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 141, donde se cita C-0009-ENG, TLCAN, Art. 1101. ↩

⁴⁴⁴ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 141, donde se cita C-0009-ENG, TLCAN, Art. 102(2). ↩

⁴⁴⁵ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 142-143, donde se citan CL-0243-ENG, Lopez Goyne c. Nicaragua, Laudo, ¶ 601; CL-0228-ENG, Gavazzi c. Rumanía, Decisión sobre Jurisdicción, Admisibilidad y Responsabilidad, ¶¶ 154, 156, 162. ↩

⁴⁴⁶ Réplica Subordinada, ¶ 268; véase Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 513. Véase también Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 144-145. ↩

⁴⁴⁷ Réplica Subordinada, ¶ 268; Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 146, donde se cita CL-0222-ENG, Aven c. Costa Rica, Laudo Final, ¶¶ 734-735, 742-743. ↩

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mera referencia a medidas locales en el texto del tratado no basta para establecer una violación de la legislación interna⁴⁴⁸. A su juicio, el tribunal en dicho caso resolvió que, aun si las reconvenciones fueran teóricamente posibles en virtud de un tratado de inversión, conforme al tratado en cuestión, no había obligaciones aplicables que el demandante pudiera haber incumplido⁴⁴⁹.

476. La Demandante alega que la Demandada ha renunciado expresamente a invocar el Artículo 1114 del TLCAN en el presente caso⁴⁵⁰. La Demandante arguye que, en la medida en que la reconvención propuesta por la Demandada se basa exclusivamente en esa disposición a la que supuestamente se ha renunciado, la solicitud de la Demandada de presentar la reconvención debería ser rechazada⁴⁵¹. En su opinión, la Demandada no puede revertir su posición ahora, especialmente cuando las supuestas violaciones y perjuicios derivados de las actividades de extracción en los lotes de la Demandante eran bien conocidos, o deberían haber sido bien conocidos, por la Demandada en el momento de la renuncia⁴⁵². La Demandante alega que permitir que la Demandada dé marcha atrás en su renuncia al Artículo 1114 del TLCAN en esta etapa tardía causaría un perjuicio indebido a la Demandante, dado que la Demandada tuvo la oportunidad de invocar esa disposición por supuestas violaciones y daños ambientales en una etapa previa del presente arbitraje⁴⁵³.

477. Con respecto a la invocación por parte de la Demandada de la decisión adoptada en Burlington c. Ecuador, la Demandante sostiene que, en dicho caso, ambas partes habían acordado que el tribunal tenía jurisdicción, lo que no ocurre en el presente arbitraje⁴⁵⁴. La Demandante arguye que, contrariamente a lo que afirma la Demandada, la Notificación de Intención de la Demandante fue presentada de conformidad con el Artículo 1121 del TLCAN, que contempla las condiciones en las cuales un inversionista contendiente puede presentar una reclamación, a diferencia del consentimiento de la

⁴⁴⁸ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 144, donde se cita RL-0174-ESP, Urbaser c. Argentina, Laudo, ¶¶ 1185, 1206. ↩

⁴⁴⁹ Réplica Subordinada, ¶ 269, donde se cita RL-0174-ESP, Urbaser c. Argentina, Laudo. ↩

⁴⁵⁰ Réplica Subordinada, ¶ 265; véase Réplica Subordinada, § III.C; Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 138, 148, donde se cita Transcripción de la Audiencia de 2021 (español), Día 1, 276:9-277:21. ↩

⁴⁵¹ Réplica Subordinada, ¶ 265; Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 150. ↩

⁴⁵² Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 149. ↩

⁴⁵³ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 150. ↩

⁴⁵⁴ Réplica Subordinada, ¶ 270; véase Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 515, donde se cita CL-0222-ENG, Aven c. Costa Rica, Laudo Final, ¶ 736. ↩

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Demandante para someter a arbitraje reconvenciones por parte de la Demandada⁴⁵⁵. En opinión de la Demandante, la invocación por parte de la Demandada de Perenco c. Ecuador es infructuosa, puesto que, en ese caso, la relación jurídica que dio lugar a la reconvención era un contrato, y no un tratado⁴⁵⁶.

478. La Demandante invoca las decisiones adoptadas en Gavazzi c. Rumanía y Anglo-American c. Venezuela en respaldo de su posición de que no existen obligaciones que vinculen a los inversionistas en virtud del Capítulo 11 del TLCAN que sustenten la reconvención de la Demandada⁴⁵⁷.

479. La Demandante sostiene que, con respecto a la invocación por parte de la Demandada de tratados en materia ambiental, los argumentos de la Demandada no encuentran fundamento en el texto del TLCAN y son totalmente contradichos tanto por decisiones arbitrales previas emitidas en virtud del TLCAN como por declaraciones realizadas por las Partes Contratantes del TLCAN⁴⁵⁸. La Demandante arguye que la posición de la Demandada entra en conflicto con el alcance de las reclamaciones que pueden presentarse conforme a la Sección B del Capítulo 11 del TLCAN, específicamente de conformidad con los Artículos 1116(1) y 1117(1) del TLCAN, que disponen que las reclamaciones presentadas conforme al Capítulo 11 del TLCAN no pueden extenderse a supuestas violaciones de otras disposiciones del TLCAN u obligaciones derivadas de otros tratados internacionales que no estén comprendidas en el ámbito de aplicación de los Artículos 1116(1) y 1117(1)⁴⁵⁹. La Demandante sostiene que los tribunales en virtud del TLCAN, tales como aquellos en Methanex c. Estados Unidos de América y Bayview Irrigation District c. Estados Unidos Mexicanos, han rechazado los intentos de ampliar el alcance

⁴⁵⁵ Réplica Subordinada, ¶ 271, donde se cita C-0007-SPA, Notificación de Intención, § 5. ↩

⁴⁵⁶ Réplica Subordinada, ¶ 272; véase Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 515, nota al pie 450, donde se cita CL-0227-ENG, Perenco Ecuador Limited c. República del Ecuador, Caso CIADI No. ARB/08/6, Decisión Provisional sobre la Reconvención Ambiental, 11 de agosto de 2015, ¶¶ 4, 6, 36, nota al pie 2. ↩

⁴⁵⁷ Réplica Subordinada, ¶¶ 273-274, donde se cita CL-0228-ENG, Gavazzi c. Rumanía, Decisión sobre Jurisdicción, Admisibilidad y Responsabilidad, ¶ 154, donde se cita CL-0226-ENG, Anglo American PLC c. República Bolivariana de Venezuela, Caso CIADI No. ARB(AF)/14/1, Laudo, 18 de enero de 2019, ¶¶ 529-530. ↩

⁴⁵⁸ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 151; véase Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 212, 219-220. ↩

⁴⁵⁹ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 152-153, donde se cita C-0009-ENG, TLCAN, Art. 1116(1) and 1117(1). ↩

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de las reclamaciones para abarcar las violaciones de otros tratados⁴⁶⁰. La Demandante alega que las tres Partes Contratantes del TLCAN han expresado la opinión de que el TLCAN no permite a los demandantes plantear reclamaciones alegando violaciones de otros tratados: (i) México en Bayview c. México; (ii) Estados Unidos en Methanex c. Estados Unidos de América; y (iii) Canadá en Detroit International Bridge Company c. Canadá⁴⁶¹.

480. La Demandante sostiene que, contrariamente al argumento de la Demandada, el Artículo 104 del TLCAN no impone a los inversionistas obligaciones relativas al medio ambiente que sean susceptibles de ejecución a través de reconvenciones del TLCAN por parte de los Estados demandados⁴⁶². La Demandante arguye que el texto de esa disposición deja en claro que las Partes Contratantes del TLCAN, y no los inversionistas, tienen la “opción entre medios igualmente eficaces y razonablemente disponibles de cumplir con dichas obligaciones en materia ambiental”⁴⁶³ [Traducción del Tribunal]. La Demandante alega que esto también es confirmado por la aplicación explícita del Artículo 104 del TLCAN solo a “obligaciones específicas en materia comercial”, que son asumidas por Estados parte y aplicadas exclusivamente entre ellos⁴⁶⁴.

(e) Conexión entre la Reclamación y la Reconvención

481. La Demandante alega que, contrariamente a lo que sostiene la Demandada, el criterio apropiado no consiste en determinar si existe una conexión estrecha entre la reconvención de la Demandada y la inversión de la Demandante en su conjunto⁴⁶⁵. La Demandante arguye que el criterio apropiado consiste en determinar si la reconvención de la Demandada posee una conexión suficientemente estrecha con la “reclamación principal”

⁴⁶⁰ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 154, donde se citan RL-020-ENG, Methanex Corporation c. Estados Unidos de América, CNUDMI, Laudo Final sobre Jurisdicción y Fondo, 3 de agosto de 2025 (“Methanex c. Estados Unidos, Laudo Final”), ¶ 5; CL-0248-ENG, Bayview Irrigation District y otros c. Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI No. ARB(AF)/05/1, Laudo, 19 de junio de 2007, ¶ 121. ↩

⁴⁶¹ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 157, donde se citan CL-0247-ENG, Bayview Irrigation District y otros c. Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI No. ARB(AF)/05/1, Memorial sobre Jurisdicción de México, 19 de abril de 2006, ¶ 2(b); CL-0250-ENG, Methanex Corporation c. Estados Unidos de América, CNUDMI, Memorial de Réplica sobre Jurisdicción, Admisibilidad y la Enmienda Propuesta del Demandado Estados Unidos de América, 12 de abril de 2001, págs. 32-33, donde se cita CL-0251-ENG, Detroit International Bridge Company c. Gobierno de Canadá, Caso CPA No. 2012-25, Memorial sobre Jurisdicción y Admisibilidad del Gobierno de Canadá, 15 de junio de 2013, ¶ 288. ↩

⁴⁶² Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 155, donde se cita C-0009-ENG, TLCAN, Art. 104(1); véase Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 218. ↩

⁴⁶³ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 156, donde se cita C-0009-ENG, TLCAN, Art. 104(1). ↩

⁴⁶⁴ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 156, donde se cita C-0009-ENG, TLCAN, Art. 104(1). ↩

⁴⁶⁵ Réplica Subordinada, ¶ 276. ↩

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planteada ante este Tribunal⁴⁶⁶. La Demandante sostiene que la reclamación principal a efectos de esta evaluación es la demanda subordinada de la Demandante, que se relaciona con el cierre por parte de la Demandada del resto de las operaciones de extracción y exportación de CALICA en La Rosita y Punta Venado⁴⁶⁷. La Demandante aduce que la reconvención de la Demandada es mucho más amplia, ya que abarca supuestos daños ambientales derivados de las actividades de extracción en El Corchalito y La Adelita⁴⁶⁸. En consecuencia, la Demandante arguye que la Demandada tergiversa el alcance de la “reclamación principal” para referirse más ampliamente a la totalidad de la inversión de la Demandante, lo cual debe rechazarse⁴⁶⁹.

482. La Demandante alega, que aun si se ampliara el alcance de la “reclamación principal” de la Demandante, la reconvención de la Demandada seguiría careciendo de suficiente conexión fáctica con las reclamaciones de la Demandante⁴⁷⁰. La Demandante sostiene que sus reclamaciones en el presente arbitraje se refieren a incumplimientos por parte de la Demandada que tuvieron lugar en el año 2015 y con posterioridad a él, mientras que los hechos en los que se basa la reconvención de la Demandada ocurrieron ya en la década de los ochenta y abarcan aproximadamente 30 años⁴⁷¹. Por consiguiente, la Demandante alega que la reconvención de la Demandada abarca un marco temporal mucho más amplio que cualquiera de sus reclamaciones, por lo que carece de la conexión suficientemente estrecha necesaria para establecer la jurisdicción en el presente caso⁴⁷².

483. La Demandante invoca las decisiones adoptadas en Oxus Gold c. Uzbekistán, Saluka c. República Checa y Paushok c. Mongolia para argüir que la pretensión de la reclamación principal y la reconvención debe surgir del mismo instrumento jurídico. Dado que la reconvención de la Demandada surge del derecho interno en tanto que la reclamación de

⁴⁶⁶ Réplica Subordinada, ¶ 276; Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 159, donde se cita RL-0176-ENG, Saluka Investments B.V. c. La República Checa, Caso CPA No. 2001-04, Decisión sobre Jurisdicción respecto de la Reconvención de la República Checa, 7 de mayo de 2004 (“Saluka c. República Checa, Decisión sobre Jurisdicción respecto de la Reconvención de la República Checa”), ¶¶ 61, 63. ↩

⁴⁶⁷ Réplica Subordinada, ¶ 276; Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 161; véase Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 3. ↩

⁴⁶⁸ Réplica Subordinada, ¶ 276; Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 161; véase Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 511. ↩

⁴⁶⁹ Réplica Subordinada, ¶ 276. ↩

⁴⁷⁰ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 163. ↩

⁴⁷¹ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 163; véase Réplica, ¶ 91; véase también Memorial de Demanda Subordinada, ¶¶ 10-89; véase también Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 33. ↩

⁴⁷² Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 163. ↩

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la Demandante surge del TLCAN, en su opinión, existe una falta de conexión jurídica entre la reclamación de la Demandante y la reconvención de la Demandada⁴⁷³.

(f) Debido Proceso y Eficacia Procesal

484. La Demandante arguye que la reconvención de la Demandada constituye una duplicación de los procedimientos locales que la Demandada ha iniciado y fomentado en contra de CALICA, que son de fecha anterior a la presentación de la reconvención de la Demandada (véase ¶ 455 supra)⁴⁷⁴. Sobre esta base, la Demandante alega que permitir la reconvención de la Demandada socavaría el orden y la eficacia procesal en el presente arbitraje al desencadenar la propia “duplicación e ineficiencia” y el aumento de los “costos de transacción” respecto de los cuales advierte la Demandada⁴⁷⁵. [Traducción del Tribunal]

485. La Demandante se basa en las decisiones emitidas en Bureau Veritas c. Paraguay y Euram c. Eslovaquia para argüir que la conclusión de que la Demandada ha renunciado a su derecho a presentar una reconvención sería compatible con los principios fundamentales de debido proceso y economía procesal⁴⁷⁶. La Demandante alega que la Demandada tuvo amplia oportunidad, en la fase previa de este arbitraje, de presentar reconvenciones, pero esperó casi 18 meses luego de los escritos posteriores a la audiencia

⁴⁷³ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 164-168, donde se citan RL-0208-ENG, Oxus Gold c. Uzbekistán, Laudo Final, ¶ 954; RL-0176-ENG, Saluka c. República Checa, Decisión sobre Jurisdicción respecto de la Reconvención de la República Checa, ¶ 79; RL-0177-ENG, Sergei Paushok, CJSC Golden East Company y CJSC Vostokneftegaz Company c. El Gobierno de Mongolia, CNUDMI, Laudo sobre Jurisdicción y Responsabilidad, 28 de abril de 2011, ¶¶ 694-695, donde se cita, inter alia, CL-0253-ENG, Amco Asia Corporation y otros c. República de Indonesia, Caso CIADI No. ARB/81/1, Decisión sobre Jurisdicción en el Procedimiento de Nueva Sumisión, 10 de mayo de 1988, ¶¶ 125-127. ↩

⁴⁷⁴ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 170, donde se citan C-0117-SPA, Acuerdo de Emplazamiento, págs. 291-294, 297-301; R-0005-ESP, Resolución de Octubre de 2020, págs. 163-164, 201-206, 244-228; C-0171-SPA, Acta de Impacto Ambiental de PROFEPA, 2-5 de mayo de 2022, págs. 68-72; C-0172-SPA, Acta de Inspección Forestal de PROFEPA, 2-5 de mayo de 2022, págs. 49-62; véase Réplica Subordinada, ¶ 32. ↩

⁴⁷⁵ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 171; véase Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 209. ↩

⁴⁷⁶ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 177, donde se citan CL-0229-ENG, Bureau Veritas, Inspection, Valuation, Assessment and Control, BIVAC B.V. v. República del Paraguay, Caso CIADI No. ARB/07/9, Decisión del Tribunal sobre Excepciones a la Jurisdicción, 29 de mayo de 2009 (“Bureau Veritas c. Paraguay, Decisión sobre Excepciones a la Jurisdicción”), ¶ 52; CL-0221-ENG, European American Investment Bank AG (Austria) c. La República Eslovaca, Caso CPA No. 2010-17, Segundo Laudo sobre Jurisdicción, 4 de junio de 2014 (“European American Investment Bank c. Eslovaquia, Segundo Laudo sobre Jurisdicción”), ¶ 118. Véase también Réplica Subordinada, ¶¶ 277-278, donde se citan CL-0229-ENG, Bureau Veritas c. Paraguay, Decisión sobre Excepciones a la Jurisdicción, ¶ 52; CL-0221-ENG, European American Investment Bank c. Eslovaquia, Segundo Laudo sobre Jurisdicción, ¶ 118; Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 162. ↩

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en la fase previa para presentar su reconvención⁴⁷⁷. La Demandante arguye que sería contrario al debido proceso y a la equidad, y gravemente perjudicial para la Demandante, que la reconvención fuera atendida en este momento⁴⁷⁸.

486. La Demandante sostiene además que la solicitud de la Demandada de autorización para presentar una reconvención también hace caso omiso del calendario procesal establecido y corre el riesgo de alterarlo en perjuicio de la Demandante⁴⁷⁹. La Demandante alega que todos estos efectos en el calendario procesal podrían haberse evitado si la Demandada hubiera solicitado autorización para presentar su reconvención en tiempo y forma, como así también que la Demandante no debería verse perjudicada por demoras procesales innecesarias y evitables debido al incumplimiento de la Demandada⁴⁸⁰.

487. Además de las presentaciones adicionales requeridas, la Demandante se opone a la necesidad resultante de extender lo que estaba previsto que fuera una audiencia de dos a tres días y a que el laudo se demore aún más⁴⁸¹.

488. La Demandante también arguye que el esfuerzo de la Demandada por promover una reconvención en el presente arbitraje constituye otro intento de dar efecto a las amenazas del presidente López Obrador y los ataques políticamente motivados en contra de CALICA⁴⁸².

D. PRESENTACIONES DE PNC

489. En esta Sección, el Tribunal sintetiza la Segunda Presentación de PNC de EE. UU. en relación con la jurisdicción del Tribunal sobre la demanda subordinada, así como los respectivos comentarios de las Partes al respecto.

1. Segunda Presentación de PNC de EE. UU.

490. En la Segunda Presentación de PNC de EE. UU., los Estados Unidos exponen su interpretación del Anexo 14-C del T-MEC. La Segunda Presentación de PNC de EE. UU. adjunta lo siguiente: (i) Apéndice 1: Memorial de los Estados Unidos de América sobre

⁴⁷⁷ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 178. ↩

⁴⁷⁸ Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 178. Véase también Réplica Subordinada, ¶ 279. ↩

⁴⁷⁹ Réplica Subordinada, ¶ 254. ↩

⁴⁸⁰ Réplica Subordinada, ¶ 256. ↩

⁴⁸¹ Réplica Subordinada, ¶ 255. ↩

⁴⁸² Réplica Subordinada, ¶ 280. ↩

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su Excepción Preliminar, TC Energy Corporation y TransCanada Pipelines Limited c. Estados Unidos de América, Caso CIADI No. ARB/21/63 (12 de junio de 2023); (ii) Apéndice 2: Informe Pericial del Profesor Richard Gardiner, TC Energy Corporation y TransCanada Pipelines Limited c. Estados Unidos de América, Caso CIADI No. ARB/21/63 (9 de junio de 2023); y (iii) Apéndice 3: Informe Pericial del Profesor Hervé Ascensio, TC Energy Corporation y TransCanada Pipelines Limited c. Estados Unidos de América, Caso CIADI No. ARB/21/63 (8 de junio de 2023). El Tribunal entiende que el Apéndice 1 desarrolla la posición de los Estados Unidos respecto de las cuestiones abordadas en la Segunda Presentación de PNC de EE. UU., y ha incorporado referencias a dicha posición en la siguiente síntesis. El Tribunal entiende que el Apéndice 2 y el Apéndice 3 se presentan en sustento de la Segunda Presentación de PNC de EE. UU.

491. Los Estados Unidos sostienen que el Anexo 14-C del T-MEC es un simple acuerdo de arbitraje que no incorpora ninguna ampliación de obligaciones sustantivas⁴⁸³. Según los Estados Unidos, el Anexo 14-C solo se refiere a la Sección B del Capítulo 11 del TLCAN y no a la Sección A de ese mismo capítulo. Si bien la Sección B contiene disposiciones relativas al consentimiento al arbitraje, la Sección A incluye obligaciones sustantivas que, conforme a la interpretación de los Estados Unidos, no quedan comprendidas en el Anexo 14-C⁴⁸⁴.

492. En consonancia con lo que antecede, los Estados Unidos sostienen que, si bien el T-MEC contiene algunas disposiciones transitorias generales, la extensión de las disposiciones sustantivas del TLCAN en materia de protección de inversiones —cuya violación podría dar lugar al arbitraje— no figura entre dichas disposiciones generales⁴⁸⁵. A su juicio, el Artículo 34.1 del T-MEC, la disposición transitoria proveniente del TLCAN, solo prevé la continuación del Capítulo 19 del TLCAN tras la terminación de este, y no del Capítulo 11 del TLCAN⁴⁸⁶. Dado que no existen otras indicaciones de que las Partes del T-MEC hayan tenido la intención de mantener en vigor una parte sustancial del TLCAN tras su terminación (salvo disposiciones muy específicas sobre reclamaciones de

⁴⁸³ Segunda Presentación de PNC de EE. UU., Apéndice 1, ¶¶ 13, 21, 24. ↩

⁴⁸⁴ Segunda Presentación de PNC de EE. UU., Apéndice 1, ¶¶ 20, 67. ↩

⁴⁸⁵ Segunda Presentación de PNC de EE. UU., Apéndice 1, ¶ 59, donde se citan Apéndice 2, ¶ C.6; Apéndice 3, ¶ 19. ↩

⁴⁸⁶ Segunda Presentación de PNC de EE. UU., Apéndice 1, ¶ 59. ↩

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inversiones existentes⁴⁸⁷), y dado que en términos generales no se menciona ninguna “transición” en el Anexo 14-C, los Estados Unidos sostienen que el Anexo 14-C no establece un período de transición⁴⁸⁸.

493. En cuanto al elemento temporal de la violación, los Estados Unidos invocan el Artículo 70 de la CVDT, señalando que las obligaciones contempladas en un tratado concluyen con la terminación de este⁴⁸⁹. Según los Estados Unidos, solo son admisibles las violaciones que hayan ocurrido antes de la terminación del TLCAN⁴⁹⁰, puesto que la violación debe referirse a una norma jurídica en vigor⁴⁹¹. En consecuencia, los Estados Unidos sostienen que el consentimiento al arbitraje expresado en el Anexo 14-C del T-MEC solo se aplica a actos ocurridos antes de la terminación del TLCAN el 1 de julio de 2020⁴⁹².

494. Por último, los Estados Unidos exponen su interpretación del contexto del TLCAN y del T-MEC señalando que tanto el Preámbulo del T-MEC como el Protocolo por el que se Sustituye el TLCAN hacen hincapié en la terminación del TLCAN y su reemplazo por el T-MEC⁴⁹³. Según los Estados Unidos, el T-MEC sustituye al TLCAN con la intención de reemplazarlo por completo, lo cual no se logra si se admite una superposición de tres años entre ambos tratados que genera confusión debido a las diferencias formales y sustantivas entre el TLCAN y el T-MEC⁴⁹⁴.

2. Comentarios de la Demandada sobre la Segunda
Presentación de PNC de EE. UU.

495. El 25 de septiembre de 2023, la Demandada presentó sus observaciones sobre la Segunda Presentación de PNC de EE. UU. (“Observaciones de la Demandada sobre la Presentación de PNC”). La Demandada comparte la posición de los Estados Unidos

⁴⁸⁷ Segunda Presentación de PNC de EE. UU., Apéndice 1, ¶ 17, donde se cita Apéndice 3, ¶ 32; véase también Apéndice 1, ¶¶ 20, 59. ↩

⁴⁸⁸ Segunda Presentación de PNC de EE. UU., Apéndice 1, ¶ 17, donde se cita Apéndice 3, ¶ 32; véase también Apéndice 1, ¶¶ 20, 59. ↩

⁴⁸⁹ Segunda Presentación de PNC de EE. UU., Apéndice 1, ¶ 12. ↩

⁴⁹⁰ Segunda Presentación de PNC de EE. UU., Apéndice 1, ¶ 6, donde se citan Apéndice 2, ¶ F.2; Apéndice 3, ¶¶ 8, 33. ↩

⁴⁹¹ Segunda Presentación de PNC de EE. UU., Apéndice 1, ¶ 31, donde se citan Apéndice 2, ¶ E.3; Apéndice 3, ¶ 28. ↩

⁴⁹² Segunda Presentación de PNC de EE. UU., Apéndice 1, ¶ 13, donde se citan Apéndice 2, ¶ F.2; Apéndice 3, ¶ 8. ↩

⁴⁹³ Segunda Presentación de PNC de EE. UU., Apéndice 1, ¶ 34. ↩

⁴⁹⁴ Segunda Presentación de PNC de EE. UU., Apéndice 1, ¶ 62, donde se cita Apéndice 3, ¶ 30. ↩

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respecto de la interpretación del Anexo 14-C del T-MEC, el cual, a su juicio, no extendió las protecciones sustantivas del TLCAN⁴⁹⁵.

496. Según la Demandada, las Partes Contratantes del TLCAN concuerdan en que el Artículo 1114 del TLCAN brinda una protección contundente del derecho de los Estados a adoptar, mantener o aplicar medidas para garantizar que la inversión se realice de manera sensible a las preocupaciones ambientales⁴⁹⁶.

497. La Demandada coincide asimismo con los Estados Unidos en que un demandante no puede recibir reparación por las pérdidas en la medida en que haya contribuido a dichas pérdidas⁴⁹⁷. En su opinión, el TLCAN no puede proteger inversiones que han sido realizadas en contra del principio de buena fe o en cuyo daño ha contribuido la Demandante⁴⁹⁸.

3. Comentarios de la Demandante sobre la Segunda
Presentación de PNC de EE. UU.

498. El 25 de septiembre de 2023, la Demandante presentó sus observaciones sobre la Segunda Presentación de PNC de EE. UU. (“Observaciones de la Demandante sobre la Segunda Presentación de PNC”). En opinión de la Demandante, la Segunda Presentación de PNC de EE. UU. repite argumentos formulados en otro procedimiento de arbitraje que se distingue del presente caso. En el presente caso, la Demandante sostiene que la Demandada ha dado su consentimiento al arbitraje de la demanda subordinada en virtud del TLCAN⁴⁹⁹. La Demandante sostiene, inter alia, que las Partes han elegido el TLCAN como derecho aplicable y que el Tribunal está obligado, en virtud del Artículo 1131 del TLCAN y del Artículo 42(1) del Convenio del CIADI, a honrar esa elección⁵⁰⁰.

499. Además, la Demandante sostiene que, a diferencia del caso TC Energy en el que los Estados Unidos son la parte demandada, el presente caso se inició en virtud del Capítulo 11 del TLCAN y puede proseguir hasta su conclusión —incluida la demanda

⁴⁹⁵ Observaciones de la Demandada sobre la Presentación de PNC, ¶ 15. ↩

⁴⁹⁶ Observaciones de la Demandada sobre la Presentación de PNC, ¶ 11. ↩

⁴⁹⁷ Observaciones de la Demandada sobre la Presentación de PNC, ¶ 20. ↩

⁴⁹⁸ Observaciones de la Demandada sobre la Presentación de PNC, ¶ 22. ↩

⁴⁹⁹ Observaciones de la Demandante sobre la Segunda Presentación de PNC, ¶¶ 2, 7. ↩

⁵⁰⁰ Observaciones de la Demandante sobre la Segunda Presentación de PNC, ¶ 31. ↩

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subordinada— conforme al párrafo 5 del Anexo 14-C del T-MEC⁵⁰¹. Para la Demandante, la demanda subordinada se encuentra inextricablemente vinculada con sus reclamaciones preexistentes, a diferencia también del caso TC Energy, en el que los Estados Unidos han realizado su presentación⁵⁰².

500. La Demandante discrepa de la interpretación que los Estados Unidos hacen del Anexo 14-C del T-MEC⁵⁰³. En su opinión, la Demandada consintió en la presentación de una reclamación a arbitraje con arreglo al Capítulo 11 del TLCAN respecto de medidas adoptadas durante el período de transición de tres años posterior a la entrada en vigor del T-MEC⁵⁰⁴. Según la Demandante, ello se ve respaldado por el contexto de otras disposiciones del Anexo 14-C, por el objeto y fin tanto del TLCAN como del T-MEC, y por declaraciones públicas de los Estados Unidos, Canadá y México⁵⁰⁵.

501. En opinión de la Demandante, y a diferencia de lo que se sostiene en la Segunda Presentación de PNC de EE. UU., el Artículo 1114 del TLCAN es irrelevante en el marco de esta controversia. Para la Demandante, dicha disposición solo se aplica a actos del Estado adoptados por motivos ambientales legítimos —lo que no ocurre en este caso— y, además, la Demandada ha renunciado a ella en el presente caso⁵⁰⁶. La Demandante niega asimismo que el principio de culpa concurrente resulte aplicable en este arbitraje, puesto que CALICA no fue negligente en la operación de su inversión y no ha causado ni contribuido de manera sustancial a su daño⁵⁰⁷.

E. ANÁLISIS DEL TRIBUNAL

502. En esta Sección, el Tribunal analiza y decide diversas cuestiones con respecto a su jurisdicción y a la admisibilidad de las reclamaciones originales de la Demandante, de la demanda subordinada de la Demandante y de la reconvención de la Demandada en el presente arbitraje. El Tribunal considera lo siguiente: (i) su jurisdicción ratione temporis respecto a las reclamaciones originales de la Demandante (Sección 1); (ii) el inversionista con arreglo al TLCAN (Sección 2); (iii) la inversión con arreglo al TLCAN (Sección 3);

⁵⁰¹ Observaciones de la Demandante sobre la Segunda Presentación de PNC, ¶¶ 35-36. ↩

⁵⁰² Observaciones de la Demandante sobre la Segunda Presentación de PNC, ¶ 38. ↩

⁵⁰³ Observaciones de la Demandante sobre la Segunda Presentación de PNC, ¶¶ 42 y ss. ↩

⁵⁰⁴ Observaciones de la Demandante sobre la Segunda Presentación de PNC, ¶ 49. ↩

⁵⁰⁵ Observaciones de la Demandante sobre la Segunda Presentación de PNC, ¶¶ 52-74. ↩

⁵⁰⁶ Observaciones de la Demandante sobre la Segunda Presentación de PNC, ¶¶ 83, 85. ↩

⁵⁰⁷ Observaciones de la Demandante sobre la Segunda Presentación de PNC, ¶¶ 86-87. ↩

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(iv) la jurisdicción en virtud del Convenio del CIADI respecto de las reclamaciones originales de la Demandante (Sección 4); (v) la admisibilidad de las reclamaciones originales de la Demandante (Sección 5); (vi) la jurisdicción sobre la reclamación relativa a la tarifa de puerto (Sección 6); (vii) las eventuales implicaciones de los procedimientos ante los tribunales mexicanos (Sección 7); (viii) la jurisdicción sobre la demanda subordinada de la Demandante (Sección 8); y (ix) la jurisdicción sobre la reconvención de la Demandada y su admisibilidad (Sección 9).

1. Jurisdicción Ratione Temporis sobre las Reclamaciones
Originales

503. La Demandada no plantea, como tal, una excepción a la jurisdicción ratione temporis del Tribunal respecto a las reclamaciones originales de la Demandante. El argumento de la Demandada es más bien que, a la luz del detallado relato de hechos históricos presentado por la Demandante, el Tribunal debe tener presente el período de prescripción de tres años previsto en los Artículos 1116(2) y 1117(2) del TLCAN, a fin de evitar basarse en hechos anteriores al período de prescripción (véanse ¶¶ 377-378 supra).

504. La Demandante no niega la aplicación del plazo de prescripción de tres años previsto en el TLCAN y confirma que sus reclamaciones se refieren a presuntos incumplimientos ocurridos dentro del período de prescripción, a saber: (i) la omisión de la Demandada de modificar el POEL 2009 antes del 5 de diciembre de 2015, a tenor de lo exigido por los Acuerdos de 2014; (ii) el desconocimiento por parte de la Demandada de la determinación de su poder judicial —que quedó firme en el mes de enero de 2017— conforme a la cual la API Quintana Roo no tenía derecho a cobrar tarifas de puerto a CALICA durante más de una década; y (iii) la clausura por parte de la Demandada de las operaciones de CALICA en El Corchalito en el mes de enero de 2018 (véase ¶ 427 supra). Todos estos acontecimientos se enmarcan dentro de los tres años anteriores al inicio de la reclamación de la Demandante el 3 de diciembre de 2018, cuando el CIADI recibió su Solicitud de Arbitraje.

505. En consecuencia, no existe controversia en relación con la jurisdicción ratione temporis del Tribunal sobre las reclamaciones originales de la Demandante. Los Artículos 1116(2) y 1117(2) del TLCAN exigen que un inversionista presente una reclamación dentro de

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los tres años de haber adquirido conocimiento (o de que su empresa haya adquirido conocimiento) de la presunta violación, así como de las pérdidas o daños sufridos.

506. El Tribunal confirma la interpretación coincidente de las Partes respecto de los Artículos 1116(2) y 1117(2) del TLCAN y únicamente se pronuncia sobre las reclamaciones formuladas por la Demandante que se sitúan dentro del período de prescripción de tres años establecido en ¶ 504 supra. Al hacerlo, el Tribunal tiene la libertad de tener en cuenta, y así lo hace, hechos anteriores a ese período de tres años que aporten antecedentes y contexto a las reclamaciones y defensas formuladas por las Partes.

2. El Inversionista con arreglo al TLCAN

507. No es objeto de controversia que la Demandante es un inversionista con protección en virtud del TLCAN, de conformidad con los Artículos 201 y 1139 del TLCAN (véanse ¶¶ 355 y 359 supra). En este sentido, la Demandante es una sociedad con fines de lucro de propiedad privada, constituida de conformidad con la legislación de los Estados Unidos y, por lo tanto, una empresa de una Parte Contratante del TLCAN. Dado que ha realizado una inversión en México (véase ¶ 514 infra), la Demandante es un inversionista facultado para presentar una reclamación contra la Demandada en virtud del Artículo 1116(1) del TLCAN.

508. Con respecto a CALICA, la Demandada cuestiona la jurisdicción del Tribunal sobre inversiones realizadas fuera de México en lo que la Demandante denomina la “Red CALICA” (véase ¶ 185 supra). Sin embargo, el Tribunal no considera que ello constituya una cuestión relativa a su jurisdicción ratione personae respecto de CALICA.

509. CALICA es una filial de la Demandante, constituida y organizada de conformidad con la legislación de México. Es de propiedad indirecta de la Demandante y se encuentra bajo su control⁵⁰⁸. En consecuencia, de conformidad con el Artículo 1117(1) del TLCAN, la Demandante está facultada para presentar una reclamación en el marco de este arbitraje en representación de CALICA, por tratarse de una “empresa de otra Parte que sea una persona moral propiedad del inversionista o bajo su control directo o indirecto” (véase ¶ 358 supra).

⁵⁰⁸ C-0005-ENG, Certificación de la Estructura de Propiedad de CALICA; C-0006-SPA, Copia del Acta Constitutiva de Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. ↩

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510. La cuestión de las inversiones comprendidas en la reclamación de la Demandante y del alcance de los daños es distinta. En la medida en que la Demandada sostiene que la Red CALICA no es una empresa de otra Parte en el sentido del TLCAN (véase ¶ 381 supra), el Tribunal coincide. Sin embargo, la Demandante no afirma que la Red CALICA sea una empresa de esa índole. La reclamación de la Demandante con arreglo al Artículo 1117(1) del TLCAN se refiere únicamente a CALICA.

3. La Inversión con arreglo al TLCAN

511. La Demandada plantea una cuestión relativa a la jurisdicción del Tribunal sobre las inversiones no mexicanas. El Tribunal considera útil determinar en primer lugar cuáles son las inversiones de la Demandante protegidas con arreglo al TLCAN, antes de proceder a examinar la excepción que plantea la Demandada.

512. La Demandante arguye que su inversión en virtud del TLCAN comprende: (i) CALICA, una sociedad constituida de conformidad con la legislación de México y una empresa conforme al TLCAN que es de propiedad indirecta de la Demandante y que se encuentra bajo su control; (ii) propiedad y control indirectos de bienes raíces en México, con inclusión de la zona portuaria de Punta Venado y las reservas de roca caliza en La Rosita, El Corchalito y La Adelita, adquiridos con el único propósito de desarrollar el Proyecto; (iii) titularidad indirecta de la Concesión Portuaria de CALICA; y (iv) capital comprometido en México en relación con el Proyecto, lo cual incluye cientos de millones de dólares para producir y exportar agregados⁵⁰⁹.

513. De conformidad con el Artículo 1101 del TLCAN, el Capítulo 11 del TLCAN resulta aplicable a las medidas adoptadas o mantenidas por la Demandada que guarden relación con (i) la Demandante como inversionista de otra Parte Contratante del TLCAN; y (ii) las inversiones de la Demandante en el territorio de la Demandada (véase ¶ 356 supra).

514. La Demandada no controvierte que la Demandante posee indirectamente las inversiones en México enumeradas en ¶ 512 supra a los efectos de la jurisdicción, aunque su posición es que únicamente CALICA constituye una inversión protegida con arreglo al Capítulo 11 del TLCAN⁵¹⁰. El Tribunal acepta que todas estas inversiones están

⁵⁰⁹ Memorial, ¶ 165; véase Memorial, ¶¶ 4, 20, 23-29, 28-38. ↩

⁵¹⁰ Dúplica, ¶ 380. ↩

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comprendidas en la definición de inversión del TLCAN (véase ¶ 359 supra) y están protegidas en virtud de dicho tratado, en particular:

(i) CALICA es una empresa de conformidad con el literal (a) de la definición de inversión del Artículo 1139 del TLCAN.

(ii) la propiedad y el control indirectos de la zona portuaria de Punta Venado y de las reservas de roca caliza en La Rosita, El Corchalito y La Adelita son “bienes raíces u otra propiedad, tangibles o intangibles, adquiridos o utilizados con el propósito de obtener un beneficio económico o para otros fines empresariales” en virtud del literal (g) de la definición de inversión del Artículo 1139 del TLCAN.

(iii) la Concesión Portuaria de CALICA es un “beneficio[] proveniente[] de destinar capital u otros recursos para el desarrollo de una actividad económica en territorio de otra Parte entre otros, conforme a (i) contratos que involucran la presencia de la propiedad de un inversionista en territorio de otra Parte, incluidos… las concesiones” en virtud del literal (h) de la definición de inversión del Artículo 1139 del TLCAN.

(iv) el compromiso de capital en relación con el Proyecto para producir y exportar agregados comprende “beneficios provenientes de destinar capital u otros recursos para el desarrollo de una actividad económica en territorio de otra Parte entre otros, conforme a (i) contratos que involucran la presencia de la propiedad de un inversionista en territorio de otra Parte…” en virtud del literal (h) de la definición de inversión del Artículo 1139 del TLCAN.

515. La Demandada objeta las reclamaciones de la Demandante en la medida en que se refieren e incluyen pretensiones de quantum en relación con la “Red CALICA”, que comprende: (i) tres buques de carga propiedad de una empresa de Bahamas, Vulica Shipping Company Ltd., y operados por esta; (ii) patios estadounidenses de distribución de venta localizados a lo largo de la Costa estadounidense del Golfo; y (iii) las operaciones de venta y comercialización de una sociedad estadounidense, Vulcan Construction Materials. La Demandada argumenta que cualquier reclamación con respecto al trato de las inversiones no mexicanas esta fuera de la jurisdicción de este Tribunal (véase ¶ 380 supra).

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516. La Demandante coincide con la Demandada en que únicamente las inversiones localizadas en México califican para recibir protección en virtud del TLCAN⁵¹¹. Por lo tanto, la Demandante no alega que los buques, los patios estadounidenses de distribución ni las operaciones de venta y comercialización mencionados en ¶ 515 supra formen parte de la inversión protegida por el TLCAN. Sin embargo, basándose en la decisión en S.D. Myers c. Canadá, la Demandante arguye que tiene derecho a una compensación por “las pérdidas económicas globales sufridas por [la Demandante] que sean consecuencia directa de la medida de [la Demandada]”⁵¹² [Traducción del Tribunal]. En su opinión, ello no excluye las inversiones no mexicanas, en particular porque su inversión se concibió y estableció como un negocio plenamente integrado⁵¹³.

517. En el contexto del presente caso, el Tribunal considera que la cuestión del alcance de las pérdidas susceptibles de indemnización es un asunto de quantum y no de jurisdicción. No existe controversia en cuanto a que el Capítulo 11 del TLCAN no protege las inversiones de la Demandante localizadas fuera del territorio de México frente a medidas adoptadas por la Demandada, y el Tribunal carece de jurisdicción sobre una reclamación de esa índole (véase ¶ 432 supra). En consecuencia, desde la perspectiva de la jurisdicción, no existe cuestión alguna que deba abordarse en esta etapa.

518. El Tribunal considerará y decidirá por separado la cuestión de si la reclamación de daños de la Demandante puede incluir perjuicios sufridos por la Demandante fuera de México en la Sección XIV infra. Al hacerlo, tendrá en consideración las respectivas respuestas de las Partes a la Pregunta 1 del Tribunal sobre esa cuestión.

4. Jurisdicción en virtud del Convenio del CIADI

519. Tras haber constatado que la Demandante es un inversionista con una inversión protegida con arreglo al TLCAN, el Tribunal debe asegurarse también de que goza de jurisdicción

⁵¹¹ C-PHM, ¶ 15, donde se cita Transcripción de la Audiencia de 2021 (español), Día 1, 137:5-21 (Alegato de Apertura de la Demandante). ↩

⁵¹² C-PHM, ¶ 17, donde se cita CL-0132-ENG, S.D. Myers, Inc. c. Gobierno de Canadá, CNUDMI, Segundo Laudo Parcial (Daños), 21 de octubre de 2002 (“S.D. Myers c. Canadá, Segundo Laudo Parcial (Daños)”), ¶ 122. ↩

⁵¹³ C-PHM, ¶ 8, donde se cita C-0010-SPA, Acuerdo de Inversión, págs. 12, 14. Véase también CD-0001, Presentación de Apertura de la Demandante, diapositiva 8. ↩

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en virtud del Convenio del CIADI. Los requisitos para dicha jurisdicción se establecen en el Artículo 25 del Convenio del CIADI (véase ¶ 367 supra).

520. La Demandante sostiene que el Tribunal tiene jurisdicción ratione personae en virtud del Artículo 25(1) del Convenio del CIADI, puesto que la Demandada es un Estado Contratante del Convenio del CIADI y la Demandante es nacional de otro Estado Contratante⁵¹⁴. Para la Demandante, el Tribunal también tiene jurisdicción ratione materiae en virtud del Convenio del CIADI ya que (i) existe una diferencia de naturaleza jurídica; y (ii) esta diferencia surge directamente de las inversiones de la Demandante⁵¹⁵. La diferencia de naturaleza jurídica, en opinión de la Demandante, gira en torno a medidas adversas adoptadas por la Demandada, entre ellas, su supuesto desconocimiento a su promesa de modificar el POEL 2009, el incumplimiento de una decisión de su poder judicial que confirmaba que la API Quintana Roo había cobrado ilegalmente tarifas portuarias, y la clausura ilegal de las operaciones en El Corchalito⁵¹⁶.

521. La Demandada no ha contradicho la posición de la Demandante con respecto a la jurisdicción del Tribunal en virtud del Convenio del CIADI.

522. El Tribunal determina que las reclamaciones originales de la Demandante se refieren a una diferencia de naturaleza jurídica que surge directamente de una inversión, a saber, las inversiones protegidas por el TLCAN identificadas en ¶ 514 supra. La diferencia de naturaleza jurídica es entre México, un Estado Contratante del Convenio del CIADI, y la Demandante, una persona jurídica con nacionalidad de los Estados Unidos. Los Estados Unidos también son un Estado Contratante del Convenio del CIADI y, por lo tanto, la Demandante es un “nacional de otro Estado Contratante” en el sentido del Artículo 25 del Convenio del CIADI.

523. La Demandada dio su consentimiento por escrito a la jurisdicción del Tribunal en virtud del Convenio del CIADI en el Artículo 1122 del TLCAN (véase ¶ 363 supra).

524. La Demandante y CALICA dieron su consentimiento por escrito para someter las reclamaciones originales de la Demandante al CIADI en la Notificación de Intención de

⁵¹⁴ Memorial, ¶¶ 167-170. ↩

⁵¹⁵ Memorial, ¶¶ 161-166. ↩

⁵¹⁶ Memorial, ¶ 166. ↩

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la Demandante de fecha 3 de septiembre de 2018⁵¹⁷, el instrumento de consentimiento y renuncia suscrito de conformidad con el Artículo 1121 del TLCAN de fecha 3 de diciembre de 2018⁵¹⁸, y dicho consentimiento fue confirmado en la Solicitud de Arbitraje de la Demandante⁵¹⁹.

525. El Tribunal concluye, por lo tanto, que se cumplen los requisitos del Artículo 25(1) del Convenio del CIADI (véase ¶ 367 supra) y que tiene jurisdicción en el presente caso.

5. Admisibilidad de las Reclamaciones

526. Al margen de las excepciones planteadas supra, la Demandada no ha impugnado la admisibilidad de las reclamaciones originales de la Demandante.

527. En virtud del Artículo 1120(1) del TLCAN (véase ¶ 361 supra), la Demandante debe esperar seis meses desde los hechos que dieron lugar a una reclamación antes de someterla a arbitraje. La Demandante inició el arbitraje mediante su Solicitud de Arbitraje de fecha 3 de diciembre de 2018. Dado que las supuestas medidas que dieron lugar a las reclamaciones originales de la Demandante datan de (i) 5 de diciembre de 2015 (supuesto incumplimiento de modificar el POEL 2009); (ii) enero de 2018 (clausura de las operaciones en El Corchalito y La Adelita); y (iii) enero de 2017 (supuesto incumplimiento de reembolsar las tarifas de puerto)⁵²⁰; el Tribunal considera que la Demandante cumplió con el período de espera.

528. El Artículo 1118 del TLCAN dispone que las Partes deben intentar primero dirimir la controversia por vía de consulta o negociación (véase ¶ 359 supra). En la Notificación de Intención, la Demandante y CALICA solicitaron consultas con los representantes de México para alcanzar una amistosa resolución de la controversia⁵²¹. Las partes también prorrogaron el calendario de este procedimiento en 70 días para explorar la posible resolución de la controversia (véanse ¶¶ 35-36 supra). Por lo tanto, el Tribunal considera que se llevaron a cabo los intentos previstos en el Artículo 1118 del TLCAN.

⁵¹⁷ C-0007-SPA, Notificación de Intención, pág. 9. ↩

⁵¹⁸ C-0008-ENG, Consentimiento y Renuncia de conformidad con el Art. 1121 del TLCAN. ↩

⁵¹⁹ SdA, ¶ 28. ↩

⁵²⁰ Véase Memorial, ¶ 176, nota al pie 391. ↩

⁵²¹ C-0007-SPA, Notificación de Intención, pág. 10. ↩

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529. El Artículo 1119 del TLCAN requiere que la Demandante notifique por escrito su intención de someter una reclamación a arbitraje, cuando menos 90 días antes de que se presente la reclamación (véase ¶ 360 supra). La Demandante lo hizo el 3 de septiembre de 2018, antes de su Solicitud de Arbitraje el 3 de diciembre de 2018. En consecuencia, cumplió con este requisito.

530. El Artículo 1121(1) y (2) del TLCAN exige que la Demandante y CALICA “renuncien a su derecho de iniciar o continuar cualquier procedimiento ante un tribunal administrativo o judicial con respecto a la medida presuntamente violatoria de las disposiciones a las que se refiere el Artículo 1116 [y el Artículo 1117], salvo los procedimientos en que se solicite la aplicación de medidas precautorias de carácter suspensivo, declaratorio o extraordinario, que no impliquen el pago de daños ante el tribunal administrativo o judicial, conforme a la legislación de la Parte contendiente” (véase ¶ 362 supra). La Demandante y CALICA así lo hicieron mediante una carta de fecha 3 de diciembre de 2018, ratificada en la Solicitud de Arbitraje⁵²².

531. La Demandante sostiene además que la disposición de bifurcación (fork-in-the-road) del Anexo 1120(1) del TLCAN no es aplicable⁵²³. Esta disposición impediría que la Demandante alegara en un arbitraje que México incumplió una obligación con arreglo al Capítulo 11 del TLCAN si la Demandante o CALICA hubieran alegado en un procedimiento ante un tribunal judicial o administrativo mexicano que México incumplió dicha obligación. La Demandada no ha alegado que la Demandante esté impedida para ello y el Tribunal determina que esta disposición no resulta aplicable al presente caso.

6. La Reclamación relativa a la Tarifa de Puerto

532. La reclamación de la Demandante relativa a la tarifa de puerto se basa en su afirmación de que, tras diez años de litigios, el 25 de enero de 2017, obtuvo una resolución de la Suprema Corte de Justicia de México que declaró que el cobro de tarifas de puerto por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México por el uso, por parte de CALICA, de su propia terminal privada era ilegal y nulo. La Demandante sostiene que la API Quintana Roo desatendió esta resolución al continuar cobrando tarifas durante casi

⁵²² C-0008-ENG, Consentimiento y Renuncia de conformidad con el Art. 1121 del TLCAN; Solicitud de Arbitraje, ¶ 24. ↩

⁵²³ Memorial, ¶ 183. ↩

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un año adicional y al no reembolsar a CALICA los [Redacted] recaudados en el período comprendido entre los años 2007 y 2017⁵²⁴.

533. La Demandada sostiene que la reclamación de la Demandante relativa a la tarifa de puerto está excluida por el Artículo 2103 del TLCAN, que limita el alcance en que las medidas tributarias están sujetas al TLCAN (véanse ¶¶ 366 y 383 supra). A los efectos de determinar si goza de jurisdicción sobre la reclamación de la Demandante relativa a las tarifas de puerto, el análisis del Tribunal se limita a la cuestión que consiste en determinar si las tarifas cuyo reembolso solicita la Demandante tienen el carácter de una medida tributaria.

534. En principio, el Tribunal está de acuerdo con la Demandada en que el término “medida tributaria” del Artículo 2103 del TLCAN se define de manera amplia⁵²⁵. Como se ha establecido en casos anteriores del TLCAN, este término se refiere a cualquier medida que “forme parte del régimen de imposición de un tributo”⁵²⁶. [Traducción del Tribunal]

535. La reclamación de la Demandante relativa a las tarifas de puerto asciende a [Redacted]. En la medida en que dichas tarifas por [Redacted] constituyan una medida tributaria, la reclamación de la Demandante quedaría fuera de la jurisdicción del Tribunal, conforme al Artículo 2103 del TLCAN. La Demandante no parece controvertir este punto, pero sostiene que las tarifas de puerto no tienen el carácter de una medida tributaria.

536. El desacuerdo entre las Partes respecto del pago de las tarifas de puerto ha sido objeto de al menos diez años de litigios en México. Los antecedentes de hecho sobre esta cuestión se presentan en ¶¶ 271-278 supra. En síntesis, la Demandante alega que las tarifas en cuestión fueron recaudadas ilegalmente por la API Quintana Roo en el período comprendido entre los años 2007 y 2017⁵²⁷. La Demandante sostiene que CALICA es el único concesionario de la infraestructura de Punta Venado facultado para cobrar dichas tarifas, y que las tarifas de puerto derivaban del atraque de embarcaciones en la terminal portuaria privada de CALICA⁵²⁸. En su opinión, la Suprema Corte de México confirmó

⁵²⁴ Memorial, ¶ 225; Réplica, ¶¶ 180-182; C-PHM, ¶ 141; C-RPHM, ¶ 67; véase Memorial, ¶¶ 132, 137. ↩

⁵²⁵ Memorial de Contestación, ¶ 289. ↩

⁵²⁶ RL-005-ENG, Resolute Forest Products c. Canadá, Decisión sobre Jurisdicción y Admisibilidad, ¶ 326. ↩

⁵²⁷ Memorial, ¶ 225. ↩

⁵²⁸ C-PHM, ¶ 29, donde se cita Dúplica, ¶ 423; Declaración de Atempa, ¶ 17; véase Dúplica, ¶ 281. ↩

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en el año 2017 que la API Quintana Roo no tiene derecho a cobrar las tarifas en cuestión⁵²⁹.

537. La Demandada sostiene, inter alia, que las tarifas en cuestión son derechos derivados del uso de los puertos nacionales o las terminales de uso público fuera de puerto habilitado, que obligan al pago de un “derecho de puerto” de altura por las embarcaciones que entran al puerto⁵³⁰.

538. La Pregunta 2 del Tribunal se relacionaba con el tema de las tarifas de puerto, del siguiente modo:

Con respecto a la reclamación de la Demandante relativa a las tarifas portuarias, ¿deben considerarse dichas tarifas como (i) tarifas de puerto; (ii) derechos de puerto; u (iii) otros (véanse Réplica, ¶ 125; Dúplica, ¶ 310)? [Traducción del Tribunal]

539. Del mismo modo, la Pregunta 3 del Tribunal planteaba lo siguiente:

Con respecto a la jurisdicción del Tribunal sobre la reclamación de la Demandante relativa a las tarifas de puerto, ¿cuál es la relevancia, en su caso, de la afirmación de la Demandada de que la Demandante ha interpuesto recursos de revisión fiscal contra las autoridades mexicanas en relación con dichas tarifas (véase Dúplica, ¶ 311)? [Traducción del Tribunal]

540. El Tribunal examinará si la suma reclamada por la Demandante se relaciona con medidas tributarias. En el presente caso, la reclamación de la Demandante se vincularía con una medida tributaria en la medida en que las tarifas de puerto impugnadas impliquen “derechos” en el sentido del Código Fiscal de la Federación. Esta cuestión de derecho mexicano constituye una cuestión de hecho que debe ser evaluada por el Tribunal, y no una cuestión de derecho (véase ¶ 353 supra).

541. El Tribunal considera acreditado que las contribuciones comprendidas en el Artículo 2 del Código Fiscal de la Federación constituyen impuestos. Con arreglo a esta disposición⁵³¹:

⁵²⁹ Memorial, ¶ 67. ↩

⁵³⁰ Memorial de Contestación, ¶ 289. ↩

⁵³¹ R-0061-ESP, Código Fiscal de la Federación, Art. 2(IV). ↩

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Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:
…
IV Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

542. La Ley Federal de Derechos se analiza en mayor detalle en ¶ 546 infra.

543. Las Partes emplean terminología distinta y en ocasiones superpuesta para describir las tasas portuarias correspondientes. Los derechos de puerto son gravámenes pagados al Gobierno mexicano por el uso de puertos nacionales o terminales portuarias de uso público y tienen carácter de impuesto. Las tarifas portuarias (denominadas por la Demandante tarifas de puerto⁵³² y por la Demandada tarifas portuarias⁵³³) son montos que pueden ser cobrados por los concesionarios portuarios a terceros por el uso de su propia infraestructura, y no constituyen un impuesto. Según la Demandada, la “tarifa de puerto” (a diferencia de la tarifa portuaria) es un tipo de derecho por el paso de embarcaciones por el mar territorial conforme al Artículo 200 de la Ley Federal de Derechos⁵³⁴.

544. El testigo de la Demandada, el Sr. Atempa, explica la diferencia entre los derechos de puerto y las tarifas portuarias del siguiente modo⁵³⁵:

… existe una amplia diferencia entre los Derechos de Puerto y las tarifas portuarias, que se puede resumir bajo los siguientes aspectos:

a) Los Derechos de Puerto tienen el carácter de contribuciones. Las tarifas portuarias no son contribuciones, toda vez que son cobros por el uso de infraestructura o la prestación de servicios portuarios;

b) En su carácter de contribuciones, los Derechos de Puerto son propuestos por el Ejecutivo Federal y aprobad[o]s por el Congreso de

⁵³² C-PHM, Apéndice A, Respuesta a la Pregunta 2 del Tribunal. ↩

⁵³³ Memorial de Contestación, ¶ 248. ↩

⁵³⁴ R-RPHM, Anexo, ¶ 6. Véase también Declaración de Atempa, ¶¶ 9-17, 63. ↩

⁵³⁵ Declaración de Atempa, ¶ 17. ↩

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la Unión. Las tarifas portuarias, en cambio, son establecidas por la SCT conforme a las atribuciones que estipula la LP, a través de las bases de regulación tarifaria, cuando no existen condiciones de competencia razonable;

c) Los Derechos de Puerto se causan por la simple entrada de las embarcaciones a los puertos nacionales o a las terminales de uso público fuera de puerto habilitado. Las tarifas portuarias se originan por el uso de la infraestructura portuaria concesionada mediante un instrumento jurídico como el título de concesión; y

d) La titularidad del cobro y aprovechamiento de los Derechos de Puerto corresponden al Estado Mexicano, el cual está obligado a destinar la totalidad de los ingresos recaudados por este concepto al Fondo de Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana. La titularidad del cobro de las tarifas portuarias corresponde a los concesionarios para la recuperación de inversiones en infraestructura o mantenimiento de ella.

545. Dejando de lado el uso diferente de la terminología por las Partes, el Tribunal consideraría que las tarifas en cuestión constituyen una medida tributaria si se tratara ya sea de (i) gravámenes pagados al Gobierno mexicano por el uso de puertos nacionales o terminales portuarias de uso público; o (ii) derechos por el paso de embarcaciones por el mar territorial. Tales tarifas están destinadas en ambos casos al Estado Mexicano. Por lo tanto, tienen un carácter propio del régimen de imposición de un impuesto y constituirían una medida tributaria con arreglo al Artículo 2103 del TLCAN.

546. La posición de la Demandada de que las “tarifas de puerto” cobradas por la API Quintana Roo constituyen un impuesto se deriva de la Ley Federal de Derechos de México. Esta ley establece el régimen aplicable a los puertos en el Capítulo III, del cual se extrae en parte lo siguiente⁵³⁶:

Artículo 200. Las personas físicas y morales que usen los puertos nacionales o las terminales de uso público fuera de puerto habilitado, pagarán por cada embarcación en tráfico de altura que entre a los mismos, el derecho de puerto de altura conforme a la cuota de $7.39, por unidad de arqueo bruto o fracción.

Tratándose de embarcaciones que realicen tráfico mixto, se pagará el 90 % de la cuota correspondiente al derecho de puerto de altura, por cada puerto o terminal de uso público fuera de puerto habilitado en que entren.

Artículo 200-A. Las personas físicas y morales cuyas embarcaciones entren a los puertos nacionales o a las terminales de uso público fuera de puerto habilitado pagarán, por cada embarcación de altura dedicada exclusivamente

⁵³⁶ R-0054-ESP, Ley Federal de Derechos. ↩

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a actividades turísticas, el derecho de puerto de altura, conforme a la cuota de $3.27, por unidad de arqueo bruto o fracción.

Tratándose de las embarcaciones que realicen exclusivamente actividades turísticas y que en un viaje entren a diversos puertos nacionales, se pagará el 90 % de la cuota a que se refiere el párrafo anterior, por cada uno de los puertos o terminales de uso público fuera de puerto habilitado, siguientes al primero.

Artículo 201. Las personas físicas y morales cuyas embarcaciones usen los puertos nacionales o las terminales de uso público fuera de puerto habilitado, pagarán por cada embarcación en tráfico de cabotaje que entre a los mismos, el derecho de puerto de cabotaje conforme a la cuota de $2.35, por unidad de arqueo bruto o fracción.

Las embarcaciones dedicadas exclusivamente a actividades turísticas pagarán el 75 % de la cuota del derecho de puerto de cabotaje, por cada puerto o terminal de uso público fuera de puerto habilitado en que entren.

Artículo 201-A.- Los derechos a que se refieren los artículos 200, 200-A y 201 de esta ley se pagarán dentro de los 5 días siguientes a aquél en que entre a puerto la embarcación o previo a su salida, lo que ocurra primero.

Artículo 202.- Por las embarcaciones que atraquen en muelles propiedad de la Federación, por cada hora o fracción mayor de 15 minutos y por cada metro de eslora o fracción, se pagará el derecho de atraque conforme a las siguientes cuotas:
…
Para los efectos de este artículo, se entiende por embarcación comercial cualquiera que se destine a la realización de actos de comercio; por yate, toda embarcación que esté destinada exclusivamente al placer personal de sus propietarios o poseedores, sin perseguir fines de lucro; por embarcación arrejerada, aquella que únicamente utiliza el muelle para ser amarrada, por lo que no atraca en el mismo, o bien sólo hace contacto con él con su proa o su popa por hallarse en posición perpendicular al muelle; y por embarcación local comercial, la que opera únicamente en un puerto y está registrada en el mismo.

El derecho a que se refiere este artículo se pagará previamente al desatraque de las embarcaciones.

Artículo 203.- Las embarcaciones que utilicen dos o más puertos que, por razones geográficas y operativas, se encuentren integrados en una unidad, pagarán el derecho de puerto de altura o el de cabotaje, según sea el caso, únicamente cuando entren al primero de los puertos que formen la unidad.

No se pagará el derecho de puerto por las embarcaciones que salgan de un puerto y regresen al mismo sin haber entrado a otro.

[Page 179]

Las embarcaciones extranjeras que estén autorizadas para realizar el tráfico de cabotaje pagarán el derecho de puerto de cabotaje de conformidad con las cuotas que establece el artículo 201 de esta Ley.

Las autoridades portuarias, antes de expedir el despacho de salida de una embarcación, verificarán el pago correspondiente de los derechos a que se refiere este capítulo.

Artículo 204.- No se pagarán los derechos a que se refiere este capítulo, por las embarcaciones siguientes:
…
Artículo 204-A. La totalidad de los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos señalados en el presente capítulo, se destinarán al Fondo de Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana.
…
Artículo 205.- Los derechos a que se refiere este capítulo no se causarán cuando el uso o aprovechamiento del puerto de que se trata hayan sido concesionados a un administrador portuario.

547. Según la Demandada, el Artículo 205 de la Ley Federal de Derechos, citado en ¶ 546 supra, se aplicó en el presente caso en el período comprendido entre los años 2007 y 2017, período durante el cual la API Quintana Roo fue titular de una concesión en Punta Venado. La Demandada alega que, de conformidad con este dicho Artículo 205 de la Ley Federal de Derechos, cuando se concede la concesión de un puerto o una terminal a una API, como ocurrió en el caso de Punta Venado, el derecho correspondiente adopta la forma de una tarifa de puerto, sin perder su carácter de contribución en términos del Código Fiscal de la Federación⁵³⁷.

548. De este modo, la Demandada sostiene que la reclamación de la Demandante se refiere a un derecho de puerto regulado por el Artículo 200 de la Ley Federal de Derechos⁵³⁸. Sin embargo, el Artículo 205 de la Ley Federal de Derechos establece que los derechos a los que se refiere el Capítulo III de la Ley “no se causarán” cuando el puerto haya sido concesionado a una API. Por lo tanto, el Tribunal no está convencido de que los cobros tuvieran el carácter de un derecho.

⁵³⁷ Dúplica, ¶¶ 281, 310; R-PHM, Anexo A, ¶ 15; R-RPHM, Anexo A, ¶ 5. ↩

⁵³⁸ R-PHM, Anexo A, ¶ 13. ↩

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549. Varias comunicaciones de la época procedentes de las autoridades mexicanas incluyen referencias al uso de la infraestructura portuaria como fundamento de las tarifas, y no como una forma de derecho por el paso de embarcaciones por el mar territorial.

550. A este respecto, el 9 de julio de 2007, la API Quintana Roo informó a CALICA que, a partir del 1 de julio de 2007, cobraría una tarifa de puerto a las embarcaciones que arribaran a Punta Venado por el “uso de infraestructura portuaria”⁵³⁹. En el mismo oficio, uno de los fundamentos invocados para la tarifa de puerto fue el Artículo 40, fracción X, de la Ley de Puertos de México⁵⁴⁰. Esta disposición establece lo siguiente⁵⁴¹:

Además de los derechos y obligaciones que se establecen para los concesionarios, corresponderá a los administradores portuarios:
…
X. Percibir, en los términos que fijen los reglamentos correspondientes y el título de concesión, ingresos por el uso de la infraestructura portuaria, por la celebración de contratos, por los servicios que presten directamente, así como por las demás actividades comerciales que realicen.

551. En esa misma comunicación se citaban y extraían las disposiciones pertinentes de la concesión de la API Quintana Roo en lo que respecta a los cobros por el uso de la infraestructura portuaria⁵⁴².

552. Posteriormente, los tribunales mexicanos anularon dos comunicaciones, concretamente los oficios de fechas 24 de julio de 2007 y 2 de julio de 2009⁵⁴³. Por consiguiente, el Tribunal no concede relevancia a la valoración de los fundamentos de los cobros que se incluyen en esos oficios. Sobre este particular, en respuesta a la comunicación de CALICA en la que manifestaba su desacuerdo con la nueva tarifa que se iba a aplicar, el 24 de julio de 2007 (Oficio 7.3.3033.07 05963), la SCT informó a CALICA que “es la API de Quintana Roo la única legitimada para cobrar la tarifa de puerto en Punta Venado por ser la concesionaria de dicho lugar”, mientras que “CALICA está facultada para

⁵³⁹ C-0056-SPA, Oficio de Quintana Roo a CALICA, 9 de julio de 2007, pág. 3. ↩

⁵⁴⁰ C-0055-SPA, Oficio de Quintana Roo a Agencia Consignataria, 4 de julio de 2007, pág. 4. ↩

⁵⁴¹ R-0053-ESP, Ley de Puertos, DOF, Ciudad de México, D.F., 19 de julio de 1993, Art. 40(X). ↩

⁵⁴² C-0055-SPA, Oficio de Quintana Roo a Agencia Consignataria, 4 de julio de 2007, pág. 4. ↩

⁵⁴³ C-0059-SPA, Decisión de la Suprema Corte; C-0057-SPA, Oficio No. API.DG.GJ.0405.07 de Javier F. Zetina González (Estado de Quintana Roo) a [Redacted] (CALICA); C-0106-SPA, Decisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, D.A. 482/2013-8536, de fecha 3 de septiembre de 2014 (“Decisión del Tribunal Federal, 3 de septiembre de 2014”). ↩

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cobrar por el uso de la infraestructura y los servicios concesionados, lo cual es independiente del arribo de las embarcaciones al lugar habilitado como Punta Venado, Quintana Roo, en el mar territorial de la República Mexicana, por cuyo supuesto la tarifa de puerto no forma parte de la concesión de CALICA”⁵⁴⁴. El oficio de 2 de julio de 2009 de la SCT a CALICA hace referencia a la evaluación incluida en el oficio de 24 de julio de 2007 y también fue anulado⁵⁴⁵.

553. La Demandada se basa además en una comunicación de fecha 13 de noviembre de 2017 (Oficio 7.3.-2729.17 006538) para fundamentar el carácter fiscal del cobro. Este oficio se emitió en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 3 de septiembre de 2014, confirmada por la Suprema Corte de México el 25 de enero de 2017⁵⁴⁶. En él, la SCT instruyó al capitán de puerto de Quintana Roo que cobrara un derecho de puerto al tráfico que entrara en “la Terminal de Uso P[ú]blico fuera de puerto habilitada y denominada Terminal Punta Venado”, en virtud de los Artículos 200 y 201 de la Ley Federal de Derechos⁵⁴⁷.

554. Sin embargo, la instrucción de cobrar un derecho de puerto a partir del año 2017 no aclara la naturaleza de los cobros aplicados en el período comprendido entre los años 2007 y 2017. A este respecto, en otro oficio de la misma fecha, la SCT informó a CALICA que, de conformidad con las mismas sentencias emitidas en los años 2014 y 2017, se había anulado la concesión modificada de la API Quintana Roo. En consecuencia, y tal como señaló el Sr. Atempa, el mar territorial de Punta Venado dejó de estar concesionado a la API Quintana Roo y volvió a formar parte del dominio público administrado por el Estado mexicano⁵⁴⁸. Por lo tanto, no se trata de un caso en el que sea de aplicación el Artículo 205 de la Ley Federal de Derechos.

555. La Demandada alega que el hecho de que se hayan interpuesto recursos de revisión fiscal en relación con la validez de la concesión de la API Quintana Roo del año 2007 y con las comunicaciones de los días 24 de julio de 2007 y 2 de julio de 2009 da lugar a la

⁵⁴⁴ C-0057-SPA, Oficio de la SCT a CALICA, 24 de julio de 2007, pág. 2. ↩

⁵⁴⁵ C-0058-SPA, Oficio de la SCT a CALICA, 2 de julio de 2009. ↩

⁵⁴⁶ R-RPHM, Anexo, ¶ 11, donde se cita JAAL-0015, Oficio No. 7.3-2729.17 de Alejandro Hernández Cervantes (SCT) a José Ángel Suarez Vallejo, pág. 3. ↩

⁵⁴⁷ JAAL-0015, Oficio No. 7.3-2729.17 de Alejandro Hernández Cervantes (SCT) a José Ángel Suarez Vallejo, pág. 3. ↩

⁵⁴⁸ Declaración de Atempa, ¶¶ 56(a), 57. ↩

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presunción de que las tarifas de puerto revisten carácter tributario⁵⁴⁹. Tal como reconocieron ambas Partes en respuesta a la Pregunta 3 del Tribunal, el recurso de revisión fiscal es un procedimiento a disposición de las autoridades mexicanas contra cualquier resolución que conceda un amparo y no se limita a cuestiones tributarias⁵⁵⁰. La Demandada sostiene que las cuestiones no tributarias que podrían ser objeto de dicho procedimiento no guardan ninguna vinculación con las solicitudes de CALICA⁵⁵¹. Sin embargo, debido al carácter mixto de dichos procedimientos, el Tribunal no está convencido de que se genere una presunción tal como sostiene la Demandada, por lo que desestima este argumento.

556. Asimismo, la Demandada alega que los tribunales mexicanos dieron por hecho la naturaleza fiscal de los cargos⁵⁵². Sobre este particular, la Demandada se remite a la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 3 de septiembre de 2014, en la que se describe la cuestión objeto del litigio en dicho procedimiento de la siguiente manera⁵⁵³:

… la Litis a dilucidar en el presente Considerando, lo es el determinar, si el Acuerdo de Modificación de Concesión portuaria integral de los puertos de Quintana Roo de 25 de junio de 2007, así como el Oficio número 7.3.3033.07 05963 de fecha 24 de julio de 2007, emitidos por el Director General de Puertos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cumplen con la debida fundamentación y motivación para determinar que la empresa Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., es la única legitimada para cobrar la tarifa de puerto en Punta Venado.

557. El Tribunal no considera que la síntesis que se expone supra de la cuestión sometida al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa incluya la presunción de que los cobros tuvieran carácter tributario.

558. A la luz de lo que antecede, la Demandada no ha demostrado, a satisfacción del Tribunal, que, con arreglo a la legislación mexicana, las tarifas cobradas por la API Quintana Roo tuvieran el carácter de un derecho. Según la Demandada, los cobros se derivan de la

⁵⁴⁹ Dúplica, ¶ 311; R-PHM, Anexo A, ¶ 17; R-RPHM, Anexo, ¶ 14. ↩

⁵⁵⁰ C-PHM, Apéndice A, Pregunta 3 del Tribunal; R-PHM, Anexo A, ¶¶ 17-18. ↩

⁵⁵¹ R-PHM, Anexo A, ¶ 18. ↩

⁵⁵² R-RPHM, Anexo, ¶ 10, donde se cita C-0106-SPA, Decisión del Tribunal Federal, 3 de septiembre de 2014, págs. 213, 250. ↩

⁵⁵³ C-0106-SPA, Decisión del Tribunal Federal, 3 de septiembre de 2014, pág. 213 del PDF. ↩

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concesión y, en particular, del uso de zonas marítimas que cuentan con infraestructura destinada a facilitar la entrada y la navegación por el puerto en condiciones de seguridad, lo que requiere un mantenimiento constante para evitar la sedimentación y garantizar la maniobrabilidad, entre otras cosas. La Demandada alega que la API Quintana Roo tiene la obligación de mantener los bienes concesionados⁵⁵⁴. No se deduce, sin más pruebas, que dichas tarifas tengan el carácter de un derecho. En particular, la Demandada no ha demostrado que las tarifas se cobraran como una forma de derecho por el paso de embarcaciones por el mar territorial (véase ¶ 543 supra).

559. No obstante, e independientemente de la decisión del Tribunal sobre la cuestión que consiste en determinar si las tarifas de puerto deben clasificarse correctamente como una medida tributaria, el Tribunal señala que consideraría infundada la reclamación de la Demandante en relación con las tarifas de puerto. En concreto, el Tribunal no considera, a la luz de las pruebas presentadas por la Demandante, que un tribunal mexicano haya ordenado a la API Quintana Roo el reembolso de las tarifas en cuestión a CALICA. Por el contrario, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su sentencia de fecha 3 de septiembre de 2014 (la cual fue confirmada como vinculante por la Suprema Corte de México en su sentencia de 25 de enero de 2017), dictaminó que el efecto de sus conclusiones era, entre otras cosas, que la SCT debía emitir un nuevo “Acuerdo Modificatorio” en el que expusiera debidamente los motivos de su determinación de que la API Quintana Roo era la única entidad legitimada para cobrar la tarifa de puerto en la totalidad de la “terminal de uso público fuera de puerto denominada Punta Venado”⁵⁵⁵.

560. Si bien en las resoluciones judiciales mexicanas se incluyen consideraciones que aluden al derecho de CALICA a cobrar las tarifas pertinentes, en lugar de la API Quintana Roo, dichas consideraciones no conllevan una orden de reembolso de las tarifas en cuestión⁵⁵⁶. La Demandante no ha demostrado, a satisfacción del Tribunal, que el reembolso de las tarifas sea la consecuencia jurídica de dichas resoluciones, ni que las resoluciones de los

⁵⁵⁴ Dúplica, ¶¶ 278-288. ↩

⁵⁵⁵ C-0106-SPA, Decisión del Tribunal Federal, 3 de septiembre de 2014, pág. 265 del PDF. ↩

⁵⁵⁶ Véase C-0106-SPA, Decisión del Tribunal Federal, 3 de septiembre de 2014, pág. 269 del PDF: “dicha empresa [es decir, CALICA] es la facultada para seguir cobrando la tarifa de puerto”; C-0059-SPA, Decisión de la Suprema Corte, pág. 43 del PDF: “Motivo por el cual, la… [API Quintana Roo] no se encuentra legitimada para cobrar la tarifa de puerto, respecto de las embarcaciones que arriben al área geográfica de Punta Venado”. ↩

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tribunales mexicanos equivalieran a una medida que confirmara el derecho de CALICA al reembolso de las tarifas.

561. Por lo tanto, el Tribunal considera que la alegación de la Demandante de que, “por sentido común y en virtud de la legislación mexicana” [Traducción del Tribunal], la API Quintana Roo estaba obligada a reembolsar las tarifas⁵⁵⁷ carece de fundamento y la desestima. En la medida en que la acción judicial interpuesta por CALICA para reclamar el reembolso de las tarifas sea también pertinente para los hechos en que se basan las demás reclamaciones de la Demandante, el Tribunal tendrá en cuenta dichos hechos en la medida que sean relevantes⁵⁵⁸.

562. En estas circunstancias, no puede configurarse una violación del TLCAN por el incumplimiento de una sentencia del Tribunal mexicano, tal como alega la Demandante, por lo que se desestima la reclamación de la Demandante por este motivo.

7. Procedimientos ante cualquier Tribunal Administrativo o
Judicial

563. En su C-PHM, la Demandante aduce que, si bien la Demandada hizo hincapié en los procedimientos judiciales internos de CALICA durante la Audiencia, ello no tiene incidencia alguna en la jurisdicción del Tribunal. En virtud del Artículo 1121 del TLCAN (véase ¶ 362 supra), la Demandante sostiene que dichos procedimientos están expresamente permitidos, ya que no implican el pago de daños⁵⁵⁹.

564. En respuesta, la Demandada afirma que nunca alegó que los procedimientos judiciales de CALICA ante los tribunales administrativos o judiciales mexicanos fueran incompatibles con las exenciones requeridas por el TLCAN⁵⁶⁰. En opinión de la Demandada, la reparación solicitada por la Demandante ante los tribunales judiciales o administrativos mexicanos socava su reclamo de denegación de un trato justo y equitativo y plantea el riesgo de enriquecimiento injusto⁵⁶¹.

⁵⁵⁷ Réplica, ¶ 116. ↩

⁵⁵⁸ Véanse, por ejemplo, Memorial, ¶ 135; Réplica, ¶ 116. ↩

⁵⁵⁹ C-PHM, ¶ 20; véase Transcripción de la Audiencia de 2021 (español), Día 1, 228:4-229:14, 243:5-244:14; RD-0001, Presentación de Apertura de la Demandada, diapositivas 28, 72. ↩

⁵⁶⁰ R-RPHM, ¶ 17. ↩

⁵⁶¹ R-RPHM, ¶ 18. ↩

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565. En estas circunstancias, el Tribunal no considera que se plantee ninguna cuestión relativa a su jurisdicción en relación con los procedimientos de CALICA ante los tribunales judiciales o administrativos mexicanos. El Tribunal confirma que, de conformidad con el Artículo 1121 del TLCAN, la Demandante y CALICA han:

… renunci[ado] a su derecho de iniciar o continuar cualquier procedimiento ante un tribunal administrativo o judicial con respecto a la medida presuntamente violatoria de las disposiciones a las que se refiere el Artículo 1116 [y 1117], salvo los procedimientos en que se solicite la aplicación de medidas precautorias de carácter suspensivo, declaratorio o extraordinario, que no impliquen el pago de daños ante el tribunal administrativo o judicial, conforme a la legislación de la Parte contendiente.

566. Dado que no se alega que los procedimientos incoados por CALICA sean incompatibles con esta disposición, el Tribunal considera que la Demandante ha presentado y cumplido con la renuncia necesaria exigida por el TLCAN.

567. No obstante lo anterior, se abordará la cuestión de los procedimientos incoados por CALICA en la medida en que sea pertinente para los argumentos esgrimidos por la Demandada sobre el fondo de las reclamaciones de la Demandante (véanse ¶¶ 1177 y ss. infra).

8. Demanda Subordinada

568. La Demandada impugna la jurisdicción de este Tribunal constituido al amparo del TLCAN sobre la demanda subordinada, alegando que el TLCAN dejó de estar en vigor a partir del 1 de julio de 2020 y fue sustituido por el T-MEC⁵⁶². En la Audiencia sobre la Demanda Subordinada, la Demandada planteó además la cuestión que consiste en determinar si la Demandante es titular de una “inversión existente” en el sentido del Anexo 14-C del T-MEC⁵⁶³, es decir, “una inversión … establecida o adquirida entre el 1 de enero de 1994 y la fecha de la terminación del TLCAN de 1994, y en existencia en la fecha de entrada en vigor de este Tratado”⁵⁶⁴. El Tribunal considera que esta cuestión forma parte de la excepción jurisdiccional formulada por la Demandada con respecto a la demanda subordinada relacionada con el Anexo 14-C del T-MEC.

⁵⁶² Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 407. ↩

⁵⁶³ Transcripción de la Audiencia de 2023 (español), Día 1, 159:10-22. ↩

⁵⁶⁴ C-0314-ENG, T-MEC, Anexo 14-C, ¶ 6(a). ↩

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569. El Tribunal examinará en primer lugar las implicaciones de la RP7 para su jurisdicción sobre la demanda subordinada. A continuación, el Tribunal examinará si la Demandante es titular de una “inversión existente” en el sentido del Anexo 14-C del T-MEC, antes de abordar otras cuestiones, según proceda.

(a) Implicaciones de la RP7

570. En opinión de la Demandante, el Tribunal ya se pronunció favorablemente sobre su jurisdicción respecto a la demanda subordinada en la RP7⁵⁶⁵. La Demandante también discrepa del argumento de la Demandada basado en el T-MEC⁵⁶⁶.

571. En la RP7, el Tribunal autorizó a la Demandante a presentar la demanda subordinada⁵⁶⁷. Esta autorización se concedió de conformidad con el Artículo 46 del Convenio del CIADI y la Regla 40 de las Reglas de Arbitraje del CIADI, que exigen que una demanda incidental o adicional o una reconvención esté “dentro de los límites del consentimiento de las partes y … además dentro de la jurisdicción del Centro”.

572. Sobre este particular, en la RP7 se señaló que la demanda subordinada debía considerarse conjuntamente con la reclamación original, y que los requisitos relativos a la notificación por escrito de la reclamación, el vencimiento del plazo de seis meses y el consentimiento y la renuncia del inversionista quedan cubiertos por el cumplimiento de dichos requisitos en relación con la reclamación original⁵⁶⁸. El Tribunal señaló además que “por lo demás, considera que la demanda subordinada está dentro de los límites del consentimiento de las Partes y dentro de la jurisdicción del CIADI”⁵⁶⁹. [Traducción del Tribunal]

573. La RP7 precisó además que “el examen de la demanda subordinada se llevar[ía] a cabo respetando el debido proceso de ambas Partes, lo que incluiría, como mínimo, nuevas presentaciones escritas y pruebas, y no se basaría en las observaciones formuladas hasta la fecha”⁵⁷⁰.[Traducción del Tribunal]

⁵⁶⁵ Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 90, donde se cita RP7, ¶ 150, donde se cita C-0279-SPA, Informe Panorama Minero 2021, págs. 29-32. ↩

⁵⁶⁶ Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 114. ↩

⁵⁶⁷ RP7, ¶ 160(b). ↩

⁵⁶⁸ RP7, ¶ 149. ↩

⁵⁶⁹ RP7, ¶ 150. ↩

⁵⁷⁰ RP7, ¶ 157. ↩

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574. Esta cuestión fue objeto de una pregunta del Tribunal a las Partes, en la que se les solicitaba responder: (i) si alguna de las conclusiones del Tribunal recogidas en la RP7 puede revisarse a la luz de los argumentos relativos al T-MEC planteados por la Demandada y por la Demandante tras la emisión de la RP7; y (ii) cuáles son las implicaciones, si las hubiera, del hecho de que la Demandada presentara su excepción jurisdiccional sobre la base de la sustitución del TLCAN por el T-MEC junto con su Memorial de Contestación a la Demanda Subordinada de 19 de diciembre de 2022⁵⁷¹.

575. La Demandada sostiene que el Tribunal puede revisar la RP7, pero que no es necesario hacerlo, toda vez que la RP7 se limitaba a decidir sobre la solicitud de autorización para presentar la demanda subordinada⁵⁷². En su opinión, su excepción se presentó a tiempo con el Memorial de Contestación a la Demanda Subordinada, de conformidad con la Regla 41 de las Reglas de Arbitraje del CIADI⁵⁷³. Asimismo, la Demandada invoca el caso The Lopez Goyne Family Trust, en el que se concluyó que la jurisprudencia y la doctrina académica respaldan en gran medida la opinión de que los tribunales deben examinar las excepciones jurisdiccionales con independencia del momento en que se hayan planteado⁵⁷⁴.

576. La Demandante sostiene que la decisión del Tribunal sobre su jurisdicción en la RP7 se adoptó de forma correcta y definitiva. Dado que la Demandada tenía conocimiento del T-MEC en los meses de mayo y junio de 2022, para la Demandante no existe ningún hecho nuevo ni circunstancia excepcional que justifique la reconsideración de la RP7⁵⁷⁵.

577. La Demandante alega además que no debe reconsiderarse la resolución relativa a la jurisdicción en la RP7, ya que la Demandada no puede retirar unilateralmente su consentimiento una vez que este se ha perfeccionado. Asimismo, en su opinión, el principio de cosa juzgada desaconseja la revisión de la RP7⁵⁷⁶. Según la Demandante, la Demandada había alegado anteriormente que el TLCAN rige la jurisdicción del Tribunal

⁵⁷¹ Preguntas del Tribunal a las Partes de fecha 23 de agosto de 2023, ¶ 1. ↩

⁵⁷² R-PHM AC, ¶ 13. Véase también Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 414. ↩

⁵⁷³ R-PHM AC, ¶ 16. ↩

⁵⁷⁴ R-PHM AC, ¶ 17, donde se cita CL-0243-ENG, López Goyne c. Nicaragua, Laudo, ¶ 364. ↩

⁵⁷⁵ C-PHM AC, ¶ 102; C-RPHM AC, ¶ 6. ↩

⁵⁷⁶ C-PHM AC, ¶ 96; C-RPHM AC, ¶ 7. ↩

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sobre la demanda subordinada, lo que confirma el entendimiento de las Partes de que el TLCAN es el derecho aplicable a esa demanda⁵⁷⁷.

578. Sobre este particular, la Demandada alega que la Demandante confunde el consentimiento de las Partes para someterse a arbitraje con el derecho aplicable al fondo de una controversia⁵⁷⁸. Aduce que la jurisdicción del Tribunal se rige por el Anexo 14-C del T-MEC⁵⁷⁹. Según la Demandada, su consentimiento se establece en el tratado de inversión y no puede modificarse unilateralmente, lo que torna infundado el argumento de la Demandante de que aceptó la jurisdicción en el marco del TLCAN en sus presentaciones escritas⁵⁸⁰.

579. El Tribunal coincide con la Demandada en que la RP7 se emitió con el fin de admitir la demanda subordinada en este arbitraje. En el presente Laudo, el Tribunal no revisa ni reconsidera esa resolución. En la medida en que el Tribunal consideró, en el momento de emitir la RP7, que la demanda subordinada estaba dentro de los límites del consentimiento de las Partes y dentro de la jurisdicción del CIADI, dicha conclusión tenía por objeto admitir la reclamación y está necesariamente sujeta al resto de las instrucciones del Tribunal recogidas en la RP7, así como al Convenio del CIADI y a las Reglas de Arbitraje del CIADI. Sobre este particular, la RP7 especificó que se respetaría el debido proceso, otorgando a las Partes la oportunidad de efectuar nuevas presentaciones en relación con la demanda subordinada (véase ¶ 573 supra).

580. La Regla 41(1) de las Reglas de Arbitraje del CIADI establece que, en principio, una excepción a la jurisdicción sobre una demanda subordinada debe oponerse, a más tardar, con la presentación de la réplica:

Toda excepción que la diferencia o una demanda subordinada no cae dentro de la jurisdicción del Centro o que, por otras razones, no es de la competencia del Tribunal, deberá oponerse lo antes posible. La parte que oponga la excepción deberá presentársela al Secretario General a más tardar antes del vencimiento del plazo fijado para la presentación del memorial de contestación o, si la excepción se refiere a una demanda subordinada, para la

⁵⁷⁷ C-PHM AC, ¶ 98; C-RPHM, ¶ 8. Véase también C-RPHM, ¶¶ 9-10. ↩

⁵⁷⁸ R-PHM AC, ¶ 21. ↩

⁵⁷⁹ R-PHM AC, ¶ 24. ↩

⁵⁸⁰ R-PHM AC, ¶ 25, donde se cita RL-0242-ENG, Zachary Douglas, The International Law of Investment Claims (Cambridge University Press 2009), pág. 141. ↩

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presentación de la réplica, a menos que la parte no haya tenido conocimiento entonces de los hechos en los que se funda la excepción.

581. En el presente caso, la demanda subordinada aún no había sido admitida en el momento en que la Demandada presentó su Dúplica sobre las reclamaciones originales. Por lo tanto, en ese momento la Demandada desconocía el fundamento de la excepción.

582. La Demandante señala acertadamente que la Demandada aún podría haber opuesto la excepción antes, dado que ya tenía conocimiento de que el T-MEC sustituía al TLCAN en el momento en que efectuó sus presentaciones relativas a la admisión de la demanda subordinada. No obstante, el Tribunal considera que la Demandada ha respetado el plazo establecido en la Regla 41(1) de las Reglas de Arbitraje del CIADI. Teniendo en cuenta el calendario procesal para la presentación de escritos relativos a la demanda subordinada, la excepción de la Demandada a la jurisdicción del Tribunal, opuesta en el Memorial de Contestación a la Demanda Subordinada, se ha presentado dentro del plazo establecido. A este respecto, las instrucciones del Tribunal recogidas en la RP7 no impiden que la Demandada presente su excepción en el marco de la admisión de la demanda subordinada.

583. Tampoco queda excluida por las propias alegaciones previas de la Demandada, que parecen reconocer al TLCAN como fundamento de la jurisdicción del Tribunal sobre la demanda subordinada. Sobre este particular, la Demandante aduce que dichas alegaciones reflejan un acuerdo mutuo entre las partes contendientes sobre el derecho aplicable, así como un consentimiento para someter a arbitraje la demanda subordinada en virtud del TLCAN, que México no puede revocar unilateralmente y que el Tribunal está obligado a respetar⁵⁸¹. La Demandante aclara que no alega el consentimiento por aplicación de la teoría de los actos propios (estoppel)⁵⁸². El Tribunal coincide con la Demandada en que sus alegaciones no modifican el consentimiento que esta ha otorgado en virtud de un tratado ni, por extensión, la jurisdicción del Tribunal. El Tribunal no considera que, al formular esas alegaciones, la Demandada se haya privado de la oportunidad de presentar su excepción jurisdiccional de conformidad con la Regla 41(1)

⁵⁸¹ C-PHM AC, ¶¶ 7, 105. ↩

⁵⁸² C-RPHM AC, ¶ 8. ↩

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de las Reglas de Arbitraje del CIADI, tal como es la práctica habitual en los casos del CIADI.

584. El Tribunal tampoco considera que el principio de cosa juzgada le impida examinar la excepción jurisdiccional opuesta por la Demandada. Las instrucciones recogidas en la RP7 no se emitieron en forma de resolución ni de laudo y los casos en los que se basa la Demandante no le brindan sustento en este punto⁵⁸³.

585. El Tribunal señala además que la Demandante tuvo la oportunidad de realizar presentaciones escritas y orales sobre la excepción jurisdiccional de la Demandada en su Réplica sobre la Demanda Subordinada, en la Audiencia sobre la Demanda Subordinada y la Jurisdicción y Admisibilidad de la Reconvención, y en dos rondas de escritos posteriores a la Audiencia, que incluyen respuestas a las preguntas del Tribunal relacionadas con dicha excepción. Esto incluía la oportunidad de responder al argumento de la Demandada de que la Demandante no posee una “inversión existente” en el sentido del Anexo 14-C del T-MEC, argumento que se planteó en la Audiencia sobre la Demanda Subordinada y la Jurisdicción y Admisibilidad de la Reconvención⁵⁸⁴.

(b) La Cuestión que Consiste en Determinar si la Demandante
Posee una Inversión Existente

586. El Tribunal se pronunciará ahora sobre la excepción de la Demandada según la cual la Demandante no posee una “inversión existente” en el sentido del Anexo 14-C del T-MEC, es decir, “una inversión … establecida o adquirida entre el 1 de enero de 1994 y la

⁵⁸³ Véanse CL-0290-ENG, Waste Management, Inc. c. Estados Unidos Mexicanos (II), Caso CIADI No. ARB(AF)/00/3, Decisión del Tribunal sobre la Objeción Preliminar de México relativa al Procedimiento Previo, 26 de junio de 2002, ¶ 45; CL-0291-ENG, Landesbank Baden-Württemberg et al. c. Reino de España, Caso CIADI No. ARB/15/45, Decisión sobre la Objeción Jurisdiccional “Intra-UE”, 25 de febrero de 2019, ¶¶ 34-37; CL-0061-ENG, RREEF Infrastructure (G.P.) Limited y RREEF Pan-European Infrastructure Two Lux S.à r.l. c. Reino de España, Caso CIADI No. ARB/13/30, Decisión sobre Responsabilidad y sobre los Principios de Cuantificación de Daños, 30 de noviembre de 2018, ¶ 209; CL-0288-ENG, JSC Tashkent Mechanical Plant y otros c. República Kirguisa, Caso CIADI No. ARB(AF)/16/4, Laudo, 17 de mayo de 2023, ¶ 437; CL-0292-ENG, Jan Oostergetel y Theodora Laurentius c. La República Eslovaca, CNUDMI, Laudo final, 23 de abril de 2012, ¶ 135. Véanse también C-PHM AC, ¶ 101; R-RPHM AC, ¶ 13. ↩

⁵⁸⁴ Cabe señalar que, en opinión de la Demandada, el argumento relativo a si la Demandante posee una “inversión existente” se planteó con anterioridad a la Audiencia sobre la Demanda Subordinada y la Jurisdicción y Admisibilidad de la Reconvención, en la Dúplica Subordinada, ¶¶ 278-279. Si bien en la Dúplica Subordinada, ¶ 279, la Demandada menciona que “Legacy comenzó su inversión en CALICA antes de que existiera el TLCAN”, el Tribunal no considera que se haya argumentado que la Demandante no era titular de una “inversión existente” en virtud del Anexo 14-C del T-MEC. Véase Transcripción de la Audiencia de 2023 (español), 232:10-233:3 (Pregunta del Tribunal a la Demandada). ↩

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fecha de la terminación del TLCAN de 1994, y en existencia en la fecha de entrada en vigor [del T-MEC]”⁵⁸⁵. El Tribunal recuerda que la demanda subordinada de la Demandante se refiere únicamente a su cantera de La Rosita y a sus operaciones en Punta Venado, y no a las canteras de El Corchalito o La Adelita, que se encuentran en un Municipio diferente y están sujetas a una autorización distinta⁵⁸⁶.

587. La cuestión de las inversiones existentes fue objeto de dos preguntas relacionadas que el Tribunal formuló a las Partes: (i) ¿Constituye la inversión de la Demandante en La Rosita una “inversión existente” a efectos del Anexo 14-C del T-MEC?; y (ii) ¿Se considera una inversión, a efectos del Capítulo 11 del TLCAN, una inversión realizada antes de 1994⁵⁸⁷?

588. Para la Demandada, las partes del T-MEC decidieron limitar el ámbito de aplicación del Anexo 14-C del T-MEC a las inversiones adquiridas o establecidas a partir de la fecha de entrada en vigor del TLCAN, en lugar de mantener el alcance de la nota al pie 39 del TLCAN⁵⁸⁸. La nota al pie 39 del TLCAN establece que el Capítulo 11 “cubre tanto las inversiones existentes a la fecha de entrada en vigor de este Tratado como las inversiones hechas o adquiridas con posterioridad”⁵⁸⁹.

589. En opinión de la Demandada, La Rosita y Punta Venado se establecieron en el año 1986 en virtud del Acuerdo de Inversión de 1986 y se adquirieron a través de operaciones de compraventa realizadas en los años 1986 y 1987⁵⁹⁰. La Demandada hace referencia a la declaración de la Demandante según la cual, en el año 1991, había finalizado la construcción de una planta de procesamiento de última generación en La Rosita y que el primer año de producción fue en 1990⁵⁹¹. Según la Demandada, la reestructuración societaria de la Demandante llevada a cabo en el año 2015 no basta para eludir la definición de inversión existente⁵⁹².

⁵⁸⁵ C-0314-ENG, T-MEC, Anexo 14-C, ¶ 6(a). ↩

⁵⁸⁶ Memorial de Demanda Subordinada, ¶¶ 3-8. ↩

⁵⁸⁷ Preguntas del Tribunal a las Partes de fecha 23 de agosto de 2023, ¶ 2. ↩

⁵⁸⁸ R-PHM AC, ¶ 19. Véase CL-0297-ENG, Notas al texto del TLCAN, 1 de enero de 1992. ↩

⁵⁸⁹ CL-0297-ENG, Notas al texto del TLCAN, pág. 8 del PDF, Nota 39. ↩

⁵⁹⁰ R-PHM AC, ¶ 20, donde se citan C-0029-SPA, Título de Propiedad de Punta Venado; C-0030-SPA, Título de Propiedad de La Rosita. ↩

⁵⁹¹ R-PHM AC, ¶ 20, donde se citan Memorial, ¶ 12; Memorial, ¶ 5; Primer Informe de Chodorow, ¶ 41; Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 13. ↩

⁵⁹² R-RPHM AC, ¶ 16. ↩

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590. La Demandante sostiene que las inversiones existentes en el momento de la entrada en vigor del TLCAN constituyen inversiones a efectos del Capítulo 11 del TLCAN, de conformidad con la nota al pie 39 del TLCAN. En su opinión, sería ilógico e incompatible con el objetivo del T-MEC que el Anexo 14-C incluyera únicamente una categoría de inversiones protegidas al amparo del Capítulo 11 del TLCAN y excluyera otras⁵⁹³.

591. La Demandante sostiene que adquirió su participación completa en La Rosita después del 1 de enero de 1994 y que dicha participación seguía existiendo al 1 de julio de 2020. Aunque el Proyecto se puso en marcha a finales de la década de 1980, antes de la entrada en vigor del TLCAN, la Demandante afirma que adquirió todos los derechos y obligaciones de Legacy Vulcan Corporation en el año 2015⁵⁹⁴.

592. El Tribunal interpretará el texto del TLCAN, del Protocolo por el que se Sustituye el TLCAN y del T-MEC (en particular, el párrafo 6 (b) del Anexo 14-C de este último) de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a sus términos en el contexto de estos y teniendo en cuenta el objeto y fin de los tratados, con arreglo al Artículo 31 de la CVDT.

593. No es materia de controversia que el TLCAN ha sido sustituido por el T-MEC, que entró en vigor el 1 de julio de 2020⁵⁹⁵.

594. Las partes del T-MEC decidieron establecer un régimen transitorio para las reclamaciones de inversiones existentes y las reclamaciones pendientes, en aras de garantizar una determinada continuidad entre los regímenes del TLCAN y del T-MEC. Sobre este particular, el Protocolo por el que se Sustituye el TLCAN especifica que el T-MEC sustituirá al TLCAN “sin perjuicio de aquellas disposiciones establecidas en el T-MEC que refieran a disposiciones del TLCAN”⁵⁹⁶.

⁵⁹³ C-PHM AC, ¶ 112, donde se citan CL-0297-ENG, Notas al texto del TLCAN, Nota 39; C-0319-ENG, T-MEC, Art. 34.1(1); C-0318-ENG, T-MEC, Preámbulo. Véanse también C-PHM AC, ¶ 114; C-RPHM AC, ¶ 14. ↩

⁵⁹⁴ C-PHM AC, ¶ 109, donde se citan, inter alia, Primera Declaración de [Redacted] ¶¶ 13, notas al pie 1, 26; Memorial, ¶ 17, nota al pie 2; Réplica Subordinada, ¶ 119; C-0046-ENG, Vulcan Form 10-K 2001. Véase también C-PHM AC, ¶ 111. ↩

⁵⁹⁵ Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 407; Réplica Subordinada, ¶ 116. ↩

⁵⁹⁶ C-0313-ENG, Protocolo por el que se sustituye el TLCAN por el T-MEC, Art. 1. ↩

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595. El Anexo 14-C del T-MEC establece el régimen específico para las “reclamaciones de inversiones existentes y reclamaciones pendientes”. Las disposiciones pertinentes se recogen en ¶¶ 371 y ss. supra. Esas disposiciones del Anexo 14-C del T-MEC hacen referencia al TLCAN.

596. La cuestión de los arbitrajes incoados al amparo del TLCAN que estaban pendientes en el momento de la terminación del TLCAN se aborda en el párrafo 5 del Anexo 14-C del T-MEC, en el que se establece que un arbitraje iniciado mientras el TLCAN estaba en vigor “podrá proceder hasta su conclusión” (véase ¶ 375 supra). La Demandante alega, basándose en esta disposición, que, dado que este arbitraje se inició en el mes de diciembre de 2018, antes de la entrada en vigor del T-MEC, puede proceder hasta su conclusión⁵⁹⁷. Esto no brinda sustento alguno a la Demandante, ya que el párrafo 5 establece que “la jurisdicción del tribunal con respecto a tal reclamación no es afectada por la terminación del TLCAN de 1994” (énfasis agregado). El Tribunal entiende que la expresión “tal reclamación” se refiere a las reclamaciones originales presentadas ante el Tribunal, es decir, al “arbitraje iniciado tras el sometimiento de una reclamación…”. Por lo tanto, no responde a la cuestión de la jurisdicción sobre una demanda subordinada presentada tras la terminación del TLCAN en un caso que se inició antes de dicha terminación.

597. El párrafo 1 del Anexo 14-C del T-MEC establece el consentimiento de las Partes Contratantes del T-MEC para someter a arbitraje, “con respecto a una inversión existente”, las reclamaciones presentadas de conformidad con la Sección B del Capítulo 11 del TLCAN, en relación con un supuesto incumplimiento de la Sección A del Capítulo 11 del TLCAN (véase ¶ 371 supra). El consentimiento expira tres años después de la terminación del TLCAN, es decir, el 1 de julio de 2023⁵⁹⁸. Una inversión existente es aquella establecida entre el 1 de enero de 1994 y la fecha de la terminación del TLCAN⁵⁹⁹.

598. El párrafo 4 del Anexo 14-C del T-MEC establece que los arbitrajes iniciados de conformidad con el párrafo 1 también podrán proceder hasta su conclusión, sin que se

⁵⁹⁷ Comentarios de la Demandante sobre la Segunda Presentación de los Estados Unidos de América en virtud del Artículo 1128 y la Carta de 30 de Junio de 2023 del Sr. Quetzal Tzab, ¶¶ 32-33. ↩

⁵⁹⁸ C-0314-ENG, T-MEC, Anexo 14-C, ¶ 3. ↩

⁵⁹⁹ C-0314-ENG, T-MEC, Anexo 14-C, ¶ 6(a). ↩

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vean afectados por la expiración del consentimiento a que se refiere el párrafo 3 (véase ¶ 374 supra).

599. En lo que respecta a la definición de inversión existente, el Tribunal no está convencido de que el Anexo 14-C del T-MEC incorpore o siga el enfoque temporal de las inversiones previsto en la nota al pie 39 del TLCAN, ya que el texto del Anexo 14-C no respalda esa interpretación. El Anexo 14-C se refiere a las inversiones existentes “establecidas o adquiridas entre el 1 de enero de 1994 y la fecha de la terminación del TLCAN de 1994”⁶⁰⁰. No recoge la redacción de la nota al pie 39 del TLCAN, que establece que el Capítulo 11 “cubre tanto las inversiones existentes a la fecha de entrada en vigor de este Tratado como las inversiones hechas o adquiridas con posterioridad”⁶⁰¹.Resulta importante destacar que en el Anexo 14-C no figuran las palabras “existentes a la fecha de entrada en vigor” del TLCAN. Las Partes Contratantes del T-MEC acordaron una definición específica y más restrictiva de las inversiones existentes a las que se aplicaría la protección ampliada prevista en el Anexo 14-C. El Tribunal debe interpretar el texto del tratado de buena fe, y no le corresponde reescribir dicho acuerdo ni cuestionar su validez. El Tribunal no puede dar efecto a una intención no expresada de las Partes Contratantes del T-MEC al atribuir una definición más amplia de las inversiones cubiertas que no figura en el texto. Sobre este particular, las reglas de interpretación de los tratados se basan en un enfoque textualista.

600. Aunque en el presente caso esto no resulta determinante, el Tribunal observa que las notas que no figuran en el texto de un tratado pero que lo acompañan (sin constituir un anexo), así como las notas al pie de página que sí figuran como notas en el texto de un tratado, pero no en el texto principal, deben aplicarse de conformidad con las intenciones de las partes del tratado, aunque no sea la forma más elegante de redactar un tratado.

601. Dado que se trata de una extensión limitada de las protecciones previstas en el TLCAN tras su terminación, el Tribunal no considera ilógico ni incompatible con el objeto y fin del T-MEC que, en virtud del Anexo 14-C, se aplique un ámbito temporal de protección diferente y más restringido en comparación con el TLCAN. Sobre este particular, el Preámbulo del T-MEC se propone establecer un “marco legal y comercial claro,

⁶⁰⁰ C-0314-ENG, T-MEC, Anexo 14-C, ¶ 6(a). ↩

⁶⁰¹ CL-0297-ENG, Notas al texto del TLCAN, Nota 39. ↩

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transparente y predecible para la planificación de negocios que apoye una mayor expansión del comercio y la inversión”⁶⁰². Existen muchas formas de alcanzar ese objetivo y el régimen claro establecido en el Anexo 14-C es la forma acordada por las Partes Contratantes del T-MEC.

602. Si la Demandante considerara que su protección en virtud del Capítulo 11 del TLCAN ha expirado de forma repentina según esta interpretación, privándola de la oportunidad de reconfigurar o reconsiderar sus inversiones (argumento que la Demandante esgrimió principalmente en relación con la expiración de las protecciones sustantivas)⁶⁰³, el Tribunal no considera que ello constituya un fundamento para una interpretación diferente del texto claro del tratado.

603. El sentido corriente de las expresiones “establecida o adquirida” que figuran en el Anexo 14-C del T-MEC se refiere a la fase de iniciación u obtención de una inversión, en contraposición a la ampliación o reestructuración de una inversión ya existente. Esta expresión también debe distinguirse de una inversión “realizada” en un determinado período, que podría referirse, en términos más generales, a inversiones en curso o adicionales. Por ende, el Tribunal entiende que la protección prevista en el Anexo 14-C del T-MEC se concede a las inversiones iniciadas (“establecidas”) u obtenidas (“adquiridas”) en el período comprendido entre el 1 de enero de 1994 y la terminación del TLCAN el 1 de julio de 2020.

604. En la demanda subordinada, la Demandante solicita la protección de sus inversiones en La Rosita y Punta Venado. Tal como se expone en las propias alegaciones y pruebas presentadas por la Demandante, la cronología del establecimiento de dichas inversiones es la siguiente:

⁶⁰² C-0318-ENG, T-MEC, Preámbulo. ↩

⁶⁰³ Véase Réplica Subordinada, ¶ 126, donde se cita CL-0141-ENG, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1155 U.N.T.S. 331, 23 de mayo de 1969 (“CVDT”), Art. 31(1)-(2), donde se cita C-0317-ENG, TLCAN, Preámbulo, donde se cita C-0318-ENG, T-MEC, Preámbulo; Réplica Subordinada, ¶ 127, donde se cita, inter alia, CL-0206-ENG, Frédéric G. Sourgens, Chapter 15: Living on a Prayer: Termination of Intra-EU BITs and the Law of Treaties, en THE VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES IN INVESTOR-STATE DISPUTES: HISTORY, EVOLUTION AND FUTURE (E. Shirlow, K. Gore eds. 2022), pág. 325. ↩

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• 6 de agosto de 1986: CALICA y la Demandada celebraron el Acuerdo de Inversión⁶⁰⁴.
• 1986-1987: CALICA “adquirió y urbanizó los lotes que completaban el proyecto: La Rosita y Punta Venado”⁶⁰⁵ [Traducción del Tribunal]. Una filial mexicana de CALICA adquirió los lotes y los arrendó a CALICA⁶⁰⁶. CALICA obtuvo un permiso y la Concesión Portuaria de CALICA, que autorizaban la construcción y el uso de una terminal portuaria en Punta Venado⁶⁰⁷.
• Mediados de 1987: Se estaban llevando a cabo los trabajos de preparación del emplazamiento en La Rosita⁶⁰⁸.
• 1989: Se completó el dragado del puerto de Punta Venado⁶⁰⁹. En La Rosita se produjeron aproximadamente 75.000 toneladas de material de base de piedra triturada en una planta de procesamiento temporal⁶¹⁰.
• Enero-febrero de 1990: CALICA inició sus operaciones portuarias y realizó los primeros envíos a los patios de distribución en los Estados Unidos. En el año 1990 se transportaron más de 1,8 millones de toneladas⁶¹¹.
• Principios de 1991: Se inició la construcción de una planta de procesamiento permanente en La Rosita y se adquirió un buque Panamax, que se transformó en un buque de descarga automática⁶¹².
• 1991: Se completó la terminal portuaria privada de CALICA, la planta de procesamiento permanente de última generación entró en funcionamiento y los primeros patios de distribución en los Estados Unidos estaban listos. Las exportaciones de CALICA a los Estados Unidos en el año 1991 ascendieron a 2,5 millones de toneladas⁶¹³.

⁶⁰⁴ Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 10; Memorial, ¶ 25; C-0010-SPA, Acuerdo de Inversión. ↩

⁶⁰⁵ Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 10, donde se citan C-0029-SPA, Título de Propiedad de Punta Venado, pág. 8; C-0030-SPA, Título de Propiedad de La Rosita, pág. 3. ↩

⁶⁰⁶ Memorial, ¶ 29, donde se citan C-0029-SPA, Título de Propiedad de Punta Venado; C-0030-SPA, Título de Propiedad de La Rosita. ↩

⁶⁰⁷ C-0028-SPA, Permiso Provisional del Proyecto No. 28/86. Véase Memorial, ¶ 29. ↩

⁶⁰⁸ Primera Declaración de [Redacted] ¶ 16. ↩

⁶⁰⁹ Primera Declaración de [Redacted] ¶ 16. ↩

⁶¹⁰ Primera Declaración de [Redacted] ¶ 17. ↩

⁶¹¹ Primera Declaración de [Redacted] ¶ 18; Memorial, ¶ 30. ↩

⁶¹² Primera Declaración de [Redacted], ¶ 19. ↩

⁶¹³ Primera Declaración de [Redacted], ¶¶ 19-20; Memorial, ¶ 30; Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 13. ↩

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• Octubre de 1992: Se puso en servicio un segundo granelero de clase Panamax adquirido para su conversión en un buque de descarga automática⁶¹⁴.

605. De la cronología anterior se desprende claramente que, al 1 de enero de 1994, las inversiones de la Demandante en La Rosita y Punta Venado estaban en fase de maduración, en el sentido de que las actividades de extracción y transporte ya estaban en marcha en dichos emplazamientos y generaban ingresos. En estas circunstancias, el Tribunal considera artificial afirmar que la inversión de la Demandante se “estableció o adquirió” con posterioridad.

606. A partir del 1 de enero de 1994, la Demandante, en efecto, amplió sus inversiones. En el año 2015, por ejemplo, la Demandante invirtió [Redacted] en una planta de procesamiento complementaria en La Rosita⁶¹⁵. No obstante, el Tribunal considera que se trata de una ampliación de una inversión ya existente y no del establecimiento o la adquisición de una inversión en el sentido del párrafo 6 (b) del Anexo 14-C del T-MEC.

607. El argumento principal de la Demandante consiste en que adquirió todos los derechos y obligaciones relacionados con el Proyecto de Legacy Vulcan Corporation en el año 2015. Según lo descrito por la Demandante⁶¹⁶:

Cuando Legacy Vulcan comenzó a invertir en México, la empresa se denominaba Vulcan Materials Company y estaba constituida de conformidad con las leyes del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos. En el año 2007, en el marco de una fusión, Vulcan Materials Company pasó a denominarse Legacy Vulcan Corp. y se convirtió en filial de una sociedad matriz de reciente creación denominada Vulcan Materials Company, constituida con arreglo a la legislación del estado de Nueva Jersey (Estados Unidos). En el año 2015, Legacy Vulcan Corp. se fusionó con Legacy Vulcan, una sociedad de responsabilidad limitada. [Traducción del Tribunal]

608. No sería correcto describir la fusión de Legacy Vulcan Corp. con Legacy Vulcan LLC, llevada a cabo en el año 2015, como una adquisición, en el sentido de que la Demandante “obtuvo” una inversión que no poseía con anterioridad. El Tribunal coincide con la Demandada en que esta operación constituyó más bien una reestructuración empresarial.

⁶¹⁴ Primera Declaración de [Redacted] ¶ 20. ↩

⁶¹⁵ C-0089-ENG, Descripción del Proyecto de Autorización de Gastos (AFE), Planta 4511 Sac Tun, MX, Planta Complementaria, de fecha 24 de abril de 2015 (“Descripción del Proyecto AFE”); Primera Declaración de [Redacted] ¶ 54. ↩

⁶¹⁶ Memorial, ¶ 17, nota al pie 2. ↩

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609. La propia Demandante no hace hincapié en la adquisición en el año 2001 de la participación de Grupo ICA en la empresa conjunta por parte de Legacy Vulcan Corporation⁶¹⁷. En cualquier caso, el Tribunal considera que se trata de una nueva ampliación de una inversión ya existente y no del establecimiento o la adquisición de una inversión en el sentido del párrafo 6 (b) del Anexo 14-C del T-MEC.

610. Si bien el Tribunal reconoce que el establecimiento de una inversión es un proceso que a menudo comprende una serie de operaciones y actividades, no puede hacer caso omiso de la redacción específica del Anexo 14-C del T-MEC en lo que respecta al alcance de la protección de las inversiones existentes. Las inversiones de la Demandante en La Rosita y Punta Venado no se establecieron ni fueron adquiridas en el período comprendido entre los días 1 de enero de 1994 y 1 de julio de 2022.

611. A la luz de las consideraciones precedentes, el Tribunal no tiene jurisdicción para conocer de la demanda subordinada.

612. En vista de esta conclusión, el Tribunal no considera necesario abordar los argumentos adicionales de la Demandada según los cuales el Anexo 14-C del T-MEC no extiende las protecciones sustantivas del TLCAN, sino únicamente el derecho procesal a presentar una reclamación basada en hechos ocurridos mientras el TLCAN estaba en vigor⁶¹⁸, o que la demanda subordinada es inadmisible en virtud de la doctrina de las “manos sucias”⁶¹⁹, argumentos a los que la Demandante se opusiera en ambos casos⁶²⁰.

9. Reconvención

613. En sus instrucciones de 10 de marzo de 2023, el Tribunal aplazó su decisión respecto de su jurisdicción sobre la reconvención y la admisibilidad de esta última. De conformidad con los Artículos 41 y 46 del Convenio del CIADI (véanse ¶¶ 368 y 369 supra) y las Reglas 40 y 41 de las Reglas de Arbitraje del CIADI, el Tribunal unió la cuestión de la admisibilidad y jurisdicción sobre la reconvención al fondo de la reconvención, para que se resolviera en el laudo final. Por acuerdo de las Partes, el 13 de abril de 2023, la cuestión

⁶¹⁷ Véase C-PHM AC, ¶ 109, nota al pie 304. ↩

⁶¹⁸ R-PHM AC, ¶ 21. ↩

⁶¹⁹ Véanse Memorial de Contestación Subordinada, ¶¶ 394-399; Dúplica Subordinada, ¶¶ 288-301. ↩

⁶²⁰ Véanse, inter alia, Memorial de Demanda Subordinada, ¶ 114; Réplica Subordinada, ¶¶ 138-141. ↩

[Page 199]

de la admisibilidad de la reconvención y la jurisdicción sobre ella se bifurcó posteriormente del fondo y del quantum de la reconvención, si lo hubiere.

614. En consecuencia, el Tribunal decide ahora sobre su jurisdicción sobre la reconvención y la admisibilidad de ella. En aras de evitar toda duda, la reconvención de la Demandada no fue admitida ya el 10 de marzo de 2023, sino que se admitió la solicitud de la Demandada de autorización para informar al Tribunal sobre la reconvención⁶²¹. A efectos del presente análisis, el Tribunal supone, sin pronunciamiento al respecto, que las reconvenciones de los Estados demandados en contra de los inversionistas se encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación del Capítulo 11 del TLCAN y están permitidas por dicho capítulo. El Tribunal no adopta posición alguna sobre este punto, dado que, por otros motivos, la reconvención es inadmisible en este caso.

615. El Tribunal procederá a abordar, en primer lugar, las implicancias de su conclusión respecto de la jurisdicción sobre la demanda subordinada para la reconvención de la Demandada, así como la oportunidad de la reconvención, antes de abordar las demás cuestiones que sean necesarias.

(a) Criterios de Jurisdicción y Admisibilidad de la
Reconvención

616. En ¶ 160 de la RP7, el Tribunal decidió aplazar “cualquier decisión sobre cualquier reconvención que presente la Demandada . . . hasta una solicitud fundada de autorización por parte de la Demandada” [Traducción del Tribunal]. En relación con esta instrucción, el Tribunal posteriormente formuló dos preguntas a las Partes:

12. ¿La reconvención de la Demandada se dirige en contra de la reclamación original de la Demandante y/o en contra de la demanda subordinada de la Demandante? ¿Se presentó a tiempo con respecto a cada una de ellas, según corresponda?

13. ¿La jurisdicción del Tribunal sobre la reconvención de la Demandada depende de que el Tribunal tenga jurisdicción sobre la demanda subordinada de la Demandante?

a. Suponiendo, sin pronunciamiento al respecto, que el Tribunal no tenga jurisdicción sobre la demanda subordinada de la Demandante,

⁶²¹ Véase Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 202. ↩

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¿tiene esto como consecuencia que el Tribunal no tenga jurisdicción
sobre la reconvención de la Demandada?

617. Según la Demandante, si el Tribunal carece de jurisdicción sobre la demanda subordinada, también carece de jurisdicción sobre la reconvención, ya que la reconvención debe estar estrechamente relacionada con la reclamación principal y basarse en el mismo tratado de inversión que da lugar a la reclamación principal⁶²². A su juicio, si el Tribunal adopta la opinión de la Demandada de que las obligaciones en virtud del TLCAN terminaron en el mes de julio de 2020, entonces la pretensión en la que la Demandada basa su reconvención también terminó con anterioridad a esa fecha⁶²³. La Demandante afirma que la Demandada no ha alegado que el Tribunal tendría jurisdicción sobre su reconvención en virtud del T-MEC⁶²⁴.

618. En opinión de la Demandada, la jurisdicción del Tribunal sobre la reconvención no depende de su jurisdicción sobre la demanda subordinada. La Demandada arguye que el único requisito es que exista una conexión fáctica entre la reconvención y la diferencia conforme a la Regla 40 de las Reglas de Arbitraje del CIADI⁶²⁵. Puesto que la reconvención surge de la inversión, la Demandada alega que existe una conexión fáctica con la reclamación original. Sobre esta base, la Demandada sostiene que la reconvención puede subsistir aun si el Tribunal decide que no tiene jurisdicción sobre la demanda subordinada⁶²⁶.

619. Suponiendo, sin pronunciamiento al respecto, que un Estado demandado pueda presentar una reconvención en virtud del TLCAN (lo cual es una cuestión controvertida), la admisión de dicha reconvención en el presente arbitraje y la jurisdicción del Tribunal sobre ella se regirían por las disposiciones del TLCAN, el Convenio del CIADI y las Reglas de Arbitraje del CIADI.

620. El Artículo 46 del Convenio del CIADI establece lo siguiente:

⁶²² C-PHM AC, ¶ 155; Respuesta sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 159, 164-168; Transcripción de la Audiencia de 2023 (español), Día 1, 221:8-222:9 (Alegato de Apertura de la Demandante). Véase también C-PHM AC, ¶ 157, donde se cita RL-0171-ENG, Metal-Tech c. Uzbekistán, Laudo, ¶ 413. ↩

⁶²³ C-RPHM AC, ¶ 67. ↩

⁶²⁴ C-RPHM AC, ¶ 68, nota al pie 186. ↩

⁶²⁵ R-PHM AC, ¶ 38. ↩

⁶²⁶ R-PHM AC, ¶ 39, donde se citan RL-0208-ENG, Oxus Gold c. Uzbekistán, Laudo Final, ¶ 954; RL-0121-ENG, Tethyan Copper Company Pty Limited c. República Islámica de Pakistán, Caso CIADI No. ARB/12/1, Decisión sobre Jurisdicción y Responsabilidad, 10 de noviembre de 2017, ¶ 1414. ↩

[Page 201]

Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal deberá, a petición de una de ellas, resolver las demandas incidentales, adicionales o reconvencionales que se relacionen directamente con la diferencia, siempre que estén dentro de los límites del consentimiento de las partes y caigan además dentro de la jurisdicción del Centro.

621. Los párrafos (1) y (2) de la Regla 40 del CIADI disponen además lo siguiente:

(1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, cualquiera de ellas podrá presentar una demanda incidental o adicional o una reconvención que se relacione directamente con la diferencia, siempre que esté dentro de los límites del consentimiento de las partes y caigan además dentro de la jurisdicción del Centro.

(2) Toda demanda incidental o adicional se presentará a más tardar en la réplica, y toda reconvención a más tardar en el memorial de contestación, a menos que el Tribunal, previa la justificación de la parte que presente la demanda subordinada y luego de considerar cualquiera excepción de la otra parte, autorice su presentación en una etapa posterior del procedimiento.

622. De lo que antecede se desprende que cualquier reconvención debe relacionarse “directamente con la diferencia”, estar “dentro de los límites del consentimiento de las partes” y, por lo demás, encontrarse “dentro de la jurisdicción del Centro”. Debe presentarse “a más tardar en el memorial de contestación”, a menos que el Tribunal autorice una presentación posterior por causa justificada.

623. La Demandada caracteriza su reconvención en el sentido de que abarca cuestiones fácticas referidas en la reclamación original y en la demanda subordinada, debido a que el daño ambiental generado por los incumplimientos de la Demandante a la legislación ambiental es indivisible entre los predios de esta última⁶²⁷. Para la Demandada, si el Tribunal tiene jurisdicción sobre una inversión conforme al Artículo 25 del Convenio del CIADI, las demandas reconvencionales que se deriven de la misma inversión deberían ser competencia del CIADI⁶²⁸. La Demandada alega que no es necesario que exista identidad entre los instrumentos jurídicos que sirven de base a las reclamaciones y la reconvención⁶²⁹.

⁶²⁷ R-PHM AC, ¶ 29; Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶¶ 240-244. Véase también R-RPHM AC, ¶¶ 87-88. ↩

⁶²⁸ R-PHM AC, ¶ 30. ↩

⁶²⁹ R-PHM AC, ¶ 37; R-RPHM AC, ¶ 90. ↩

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624. La Demandada sostiene que la reconvención se basa en el propio TLCAN⁶³⁰. No basa la reconvención en las disposiciones del T-MEC. El Tribunal observa que el párrafo 5 del Anexo 14-C del T-MEC establece que un arbitraje iniciado mientras el TLCAN estaba en vigor “podrá proceder hasta su conclusión” (véase ¶ 375 supra)⁶³¹. El párrafo 5 establece que “la jurisdicción del tribunal con respecto a tal reclamación no es afectada por la terminación del TLCAN de 1994” (énfasis agregado). Tal como se alegara en ¶ 596 supra, el Tribunal entiende que la expresión “tal reclamación” se refiere a las reclamaciones originales presentadas ante el Tribunal, es decir, al “arbitraje iniciado tras el sometimiento de una reclamación…”. Por lo tanto, no responde a la cuestión de una reconvención presentada tras la terminación del TLCAN en un caso que se inició antes de dicha terminación. Al igual que la demanda subordinada, la reconvención debe cumplir los requisitos pertinentes establecidos en ¶¶ 620-622 supra.

625. A fin de determinar si la reconvención cumple los requisitos, el Tribunal examinará, en primer lugar, el objeto de la reconvención antes de proceder a analizar su oportunidad.

(b) Objeto de la Reconvención

626. De conformidad con el Artículo 46 del Convenio del CIADI y la Regla 40(1) de las Reglas de Arbitraje del CIADI, toda reconvención debe relacionarse “directamente con la diferencia” (véanse ¶¶ 620 y 621 supra). Los mismos criterios fueron aplicados por el Tribunal en relación con la admisión de una demanda subordinada en la RP7⁶³². En su Decisión sobre Jurisdicción sobre la Reconvención de la República Checa, invocada por la Demandante, el tribunal en Saluka Investments c. República Checa hizo referencia a un “principio jurídico general” que exige una conexión estrecha entre una reconvención y la reclamación principal, el cual constituye un requisito común en virtud de diversos instrumentos jurídicos y reglas procesales⁶³³. El Tribunal no considera necesario aplicar un principio jurídico general sobre conexión estrecha en el presente caso, dado que existe

⁶³⁰ R-RPHM AC, ¶ 90. Véase también Memorial de Contestación Subordinada, ¶ 494; Memorial sobre Jurisdicción de la Reconvención, ¶ 246(i). ↩

⁶³¹ C-0314-ENG, T-MEC, Anexo 14-C, ¶ 5. Véase también Transcripción de la Audiencia de 2023 (español), Día 1, 66:1-9, 69:5-8 (Alegato de Apertura de la Demandante). ↩