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Caso CPA No. 2018-12

EN EL CASO DE UN ARBITRAJE DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EXPLORACIÓN Y/O EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS (PETRÓLEO CRUDO), EN EL BLOQUE SINGUE DE LA REGIÓN
AMAZÓNICA ECUATORIANA FIRMADO POR LA SECRETARÍA DE
HIDROCARBUROS (ESTADO ECUATORIANO) Y DYGOIL CONSULTORÍA Y
SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA. Y GENTE OIL DEVELOPMENT ECUADOR
LLC EL 30 DE ABRIL DE 2012, Y EL CONTRATO MODIFICATORIO NÚMERO UNO
A TAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FIRMADO POR LA
SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS Y GENTE OIL ECUADOR PTE. LTD EL 29 DE
AGOSTO DE 2014

- y -

EL REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL DE 1976
(el “Reglamento CNUDMI”)

- entre -

GENTE OIL ECUADOR PTE. LTD.

(la “Demandante”)

- y -

LA REPÚBLICA DE ECUADOR

(la “Demandada” o “Ecuador”, y conjuntamente con la Demandante, las “Partes”)

LAUDO FINAL

Tribunal
Sr. José-Miguel Júdice (Árbitro Presidente)
Sr. Manuel Conthe Gutiérrez
Sr. Juan Pablo Cárdenas Mejía

Secretario del Tribunal

Sr. Julian Bordaçahar

24 de mayo de 2022

Página intencionalmente dejada en blanco

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LISTADO DE DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

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I. INTRODUCCIÓN

A. LAS PARTES EN EL ARBITRAJE

1. La parte demandante en el presente procedimiento (el “Arbitraje”) es Gente Oil Ecuador Pte. Ltd. ("Gente Oil Ecuador”, “Gente Oil”, “GOE”, o la “Demandante”), compañía incorporada en Singapur y con domicilio en Quito, Ecuador:

Calle Del Establo y Calle C
Site Center, Torre I, Oficinas 204-205
Quito
Ecuador

2. Hasta el 27 de enero de 2021, la Demandante estuvo representada en este Arbitraje por:

R. Doak Bishop
Roberto J. Aguirre Luzi
Eldy Quintanilla Roché
Juan Manuel Poggio Aguerre
King & Spalding LLP
1100 Louisiana Street, Suite 4000
Houston, Texas 77002
Estados Unidos de América

Tel.: +1 713 751 3200
Fax: +1 713 751 3290
Correos electrónicos:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Sebastián Cortez Merlo
Gonzalo Noboa Baquerizo
Francisco Santiago Larrea Naranjo
Noboa, Peña & Torres Abogados Ecuador
Av. República de El Salvador N36-230 y Av. Naciones Unidas
Edificio CITIBANK, 2do piso
Quito
Ecuador

Tel.: (593) 22970193
Correos electrónicos:
[email protected]
[email protected]
[email protected]

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3. Desde el 27 de enero de 2021, la Demandante está representada en este Arbitraje por:

R. Doak Bishop
Roberto J. Aguirre Luzi
Eldy Quintanilla Roché
Juan Manuel Poggio Aguerre
Fernando Rodriguez Cortina
King & Spalding LLP
1100 Louisiana Street, Suite 4000
Houston, Texas 77002
Estados Unidos de América

Tel.: +1 713 751 3200
Fax: +1 713 751 3290
Correos electrónicos:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Sebastián Cortez Merlo
Arturo Griffin Valdivieso
Pérez Bustamante & Ponce
Av. República de El Salvador N36-140
Edificio Mansión Blanca
Quito
Ecuador

Correos electrónicos:
[email protected]
[email protected]

4. La parte demandada en el presente procedimiento es la República de Ecuador (“Ecuador” o la "Demandada", y junto con la Demandante, las “Partes”).

5. La Demandada está representada por:

Íñigo Salvador Crespo
Procurador General del Estado
Claudia Salgado Levy
Directora Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje
Nazaret Ramos
Subdirectora de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General del Estado
Raúl Torres
Amparo Miranda
Carolina Guzmán
Procuraduría General del Estado

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Av. Amazonas No. 39-123 y José Arízaga
Quito
Ecuador
Correos electrónicos:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

George Kahale III
Elisa Botero
Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, LLP
101 Park Avenue
New York, New York 10178-0061
Estados Unidos de América

Tel.: +1 212 696 6179
Fax: +1 212 696 1559
Correos electrónicos:
[email protected]
[email protected]

Gabriela Álvarez Ávila¹
Irene Cuéllar
Juan Carlos Boue
Mario Gutierrez
Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle S.C.
Torre Chapultepec
Rubén Darío 281, Piso 9
Col. Bosque De Chapultepec
11580 Ciudad de México
Estados Unidos Mexicanos

Tel.: +52 55 9138 4946
Fax: +52 55 5282 0061
Correos electrónicos:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

¹ Desde el 9 de julio de 2021, la Sra. Gabriela Álvarez Ávila dejó de actuar como representante de la Demandada. ↩

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Claudia Frutos-Peterson
1717 Pennsylvania Avenue, N.W.
Suite 1300
Washington, D.C. 20006

Tel.: +1 202 452 7373
Fax: +1 202 452 7333
Correo electrónico:
[email protected]

B. OBJETO DE LA CONTROVERSIA

6. La controversia que subyace al presente Arbitraje surge del supuesto incumplimiento por parte de Ecuador de varias de sus obligaciones bajo el Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos (Petróleo Crudo), en el Bloque Singue de la Región Amazónica Ecuatoriana, firmado el 30 de abril de 2012, y del Contrato Modificatorio Número Uno al Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos (Petróleo Crudo), en el Bloque Singue de la Región Amazónica Ecuatoriana, firmado el 29 de agosto de 2014 (conjuntamente, el “Contrato”).

7. Por su parte, la Demandada ha planteado varias objeciones a la jurisdicción del Tribunal, como se expondrá más adelante.

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II. ANTECEDENTES PROCESALES

A. INICIO DE LA CONTROVERSIA

8. El 6 de abril de 2018, la Demandante presentó su Notificación de Arbitraje (la “Notificación de Arbitraje") conforme al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 1976 (el “Reglamento CNUDMI”) y la cláusula 31.4 del Contrato.

9. De conformidad con el artículo 3.2 del Reglamento CNUDMI, se considera que el presente procedimiento arbitral fue iniciado el 13 de abril de 2018, fecha en que la Demandada recibió la Notificación de Arbitraje.

10. En la Notificación de Arbitraje, la Demandante anunció, en relación con los efectos relevantes de la cláusula arbitral (vid ¶ 11 infra), que su reclamo en este Arbitraje es superior a US$ 10.000.000².

B. EL ACUERDO ARBITRAL

11. El artículo 31.4 del Contrato (el “Convenio Arbitral”) establece lo siguiente:

(31.4) Arbitraje.- En todos los conflictos relacionados con la aplicación, interpretación, ejecución, incumplimiento, así como los efectos de una terminación anticipada del contrato o cualquier violación de la Ley Aplicable u otra circunstancia relacionada con este Contrato, que no hayan sido solucionadas por negociaciones directas según la cláusula treinta y uno punto uno, o en virtud de la mediación según la cláusula treinta y uno punto dos (31.2), o que no hayan sido sometidas a dictamen de un Consultor según la cláusula treinta y uno punto tres (31.3) serán resueltas definitivamente mediante un arbitraje ad-hoc al amparo del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL del año mil novecientos setenta y seis (1976). El arbitraje será administrado según su cuantía por (i) la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, en casos cuya cuantía sea indeterminada o supere los diez (10) millones de Dólares; y (ii) el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito en los demás casos.- Treinta y uno punto cuatro punto uno (31.4.1) El lugar del arbitraje será: (a) Santiago de Chile, Chile, en el caso de la cláusula treinta y uno punto cuatro (31.4) (i) y (b) Quito, Ecuador en el caso de la cláusula treinta y uno punto cuatro (31.4) (ii).- Treinta y uno punto cuatro punto dos (31.4.2) El idioma del procedimiento será el castellano. Cualquiera de las Partes podrá presentar pruebas testimoniales o documentales en un idioma distinto al castellano,

² Notificación de Arbitraje, ¶¶ 7, 104. ↩

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siempre que esa Parte le provea a la otra Parte una traducción escrita al castellano de dicha prueba testimonial o documental.- Treinta y uno punto cuatro punto tres (31.4.3) El arbitraje será en Derecho y la normativa aplicable al fondo de la controversia será el derecho ecuatoriano³.

C. EL ACUERDO TRANSACCIONAL

12. El 27 de diciembre de 2018, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables de la República (el "Ministerio Sectorial”) y la Demandante suscribieron un acuerdo transaccional (el “Acuerdo Transaccional”)⁴ por el que finiquitaron una parte de los reclamos que la Demandante había formulado en su Notificación de Arbitraje del 6 de abril de 2018, en particular, los relativos al pago del Impuesto sobre el Valor Añadido por la Demandada⁵.

13. Mediante la suscripción del Acuerdo Transaccional, la Demandante se obligó a desistir de las pretensiones planteadas en su Notificación de Arbitraje en relación con tales reclamos⁶.

D. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL

14. El 21 de mayo de 2018, la Demandante nombró al Sr. Manuel Conthe, de nacionalidad española, como primer árbitro.

15. El 28 de mayo de 2018, la Demandada nombró al Sr. Juan Pablo Cárdenas Mejía, de nacionalidad colombiana, como segundo árbitro.

16. El 18 de mayo de 2019, el Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje (la “CPA") informó que, de conformidad con el protocolo acordado por las Partes en sus comunicaciones del 25 de febrero y 25 de abril de 2019, el Sr. José Miguel Júdice, de nacionalidad portuguesa, había resultado seleccionado como árbitro presidente.

17. Mediante firma del Acta de Constitución del 10 de junio de 2019, las Partes confirmaron (i) que todos los integrantes del Tribunal habían sido válidamente nombrados de conformidad con el Reglamento CNUDMI; y (ii) que no tenían objeción alguna al nombramiento de ninguno de ellos

³ Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos (Petróleo Crudo), en el Bloque Singue de la Región Amazónica Ecuatoriana, 30 de abril de 2012 ("Contrato"), cláusula 31.4, Anexo C-6 ↩

⁴ Acuerdo Transaccional entre el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables de la República y la Demandante, 27 de diciembre de 2018, Anexo R-1. ↩

⁵ Ver Notificación de Arbitraje, ¶¶ 62-64. ↩

⁶ Acuerdo Transaccional entre el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables de la República y la Demandante, 27 de diciembre de 2018, art. 3.2, Anexo R-1. ↩

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sobre la base de conflictos de interés o falta de independencia o imparcialidad con respecto a cuestiones que eran de su conocimiento a la fecha de firma del Acta de Constitución⁷.

18. Por su parte, cada uno de los integrantes del Tribunal confirmó que era y continuaría siendo imparcial e independiente de las Partes y que había revelado, en la medida de su conocimiento, todas las circunstancias que pudieran dar lugar a dudas justificadas con respecto a su independencia e imparcialidad, así como que revelaría sin demora toda circunstancia que pudiera surgir a futuro en este sentido⁸.

E. IDIOMA Y LUGAR DEL ARBITRAJE

19. De conformidad con la cláusula 31.4.2 del Contrato, y tal y como se refleja en los párrafos 8.1 del Acta de Constitución y 2.1 de la Orden Procesal No. 3, el idioma del arbitraje será el español.

20. De conformidad con la cláusula 31.4.1 del Contrato, y tal y como se refleja en el párrafo 7.1 del Acta de Constitución, el lugar o sede legal del arbitraje es Santiago de Chile, Chile.

F. REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL ARBITRAJE

21. Según lo pautado en la cláusula arbitral, y tal como se refleja en el Acta de Constitución, las Partes acordaron que la CPA fuera la institución de registro y administración del Arbitraje. Determinaron, además, que, en consulta con el Tribunal, el Secretario General de la CPA designaría a un letrado de la Oficina Internacional de la CPA para actuar en calidad de Registrador y Secretario del Tribunal⁹. En consecuencia, el Sr. Julian Bordaçahar, Consejero Legal de la CPA, fue desginado Secretario del Tribunal.

G. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCEDIMIENTO

22. La sección 9 de la Orden Procesal No. 3, relativa a la confidencialidad y transparencia del Arbitraje, dispone que:

9.1 De conformidad con el Reglamento CNUDMI, las audiencias se celebrarán a puerta cerrada a menos que las Partes acuerden lo contrario.

9.2 Las Partes acuerdan que el laudo podrá hacerse público.

9.3 Toda información intercambiada o presentada en este procedimiento será confidencial y no se revelará a ningún tercero, salvo que así sea autorizado por el Tribunal o salvo

⁷ Acta de Constitución, ¶¶ 5.4, 5.6. ↩

⁸ Acta de Constitución, ¶ 5.5. ↩

⁹ Acta de Constitución, ¶ 9.1. ↩

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que sea necesario para que una Parte pueda proteger o ejercer un derecho legal (incluyendo en procedimientos relacionados entre las mismas Partes u otras partes relacionadas). Así también, la presente obligación de confidencialidad no regirá en aquellos casos en que cualquiera de las partes deba presentar antecedentes vinculados al presente arbitraje, en virtud de la ley ecuatoriana o de una orden emitida por un órgano jurisdiccional o autoridad competente.

H. FASE ESCRITA DEL PROCEDIMIENTO

23. El 23 de mayo de 2019, el Tribunal envió a las Partes borradores del Acta de Constitución y de la Orden Procesal No. 1, incluyendo un posible calendario procesal, invitándoles a consultarse mutuamente sobre el contenido de dichos documentos y a presentar sus comentarios al respecto.

24. El 7 de junio de 2019, las Partes realizaron comentarios a dichos borradores, existiendo acuerdo sobre el Acta de Constitución y divergencias en algunos puntos de la Orden Procesal No. 1.

25. Mediante comunicación separada de la misma fecha, la Demandada (i) informó al Tribunal de la firma del Acuerdo Transaccional (vid Sección C supra); (ii) manifestó su objeción a la jurisdicción del Tribunal; y (iii) informó de su intención de presentar una solicitud de bifurcación del procedimiento.

26. El 10 de junio de 2019, la Demandante presentó sus comentarios a la comunicación de la Demandada del 7 de junio de 2019.

1. Adopción del Acta de Constitución y Orden Procesal No. 1

27. El 11 de junio de 2019, el Tribunal emitió la Orden Procesal No. 1 en la que: (i) dio por aprobada el Acta de Constitución de fecha 10 de junio de 2019; (ii) envió a las Partes un nuevo borrador de la Orden Procesal No. 2 (antes Orden Procesal No. 1); y (iii) concedió plazo a la Demandada para presentar su solicitud formal de bifurcación.

2. Bifurcación del Procedimiento y Memorial de Demanda

28. El 13 de junio de 2019, de conformidad con el párrafo 10.e de la Orden Procesal No. 1, la Demandada presentó su Solicitud de Bifurcación (la “Solicitud de Bifurcación”).

29. El 27 de junio de 2019, de conformidad con el párrafo 10.f de la Orden Procesal No. 1, la Demandante presentó su respuesta a la Solicitud de Bifurcación.

30. El 8 de julio de 2019, el Tribunal emitió la Orden Procesal No. 2, por la que decidió postergar su decisión respecto de la Solicitud de Bifurcación para después de la presentación del Escrito de Demanda, y estableció un calendario procesal para la presentación del Escrito de Demanda y la emisión de su decisión sobre la Solicitud de Bifurcación.

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31. En la misma fecha, el Tribunal emitió la Orden Procesal No. 3 (en su borrador inicial, la Orden Procesal No. 1) estableciendo el calendario procesal y las reglas de procedimiento del arbitraje.

32. El 7 de octubre de 2019, de conformidad con el párrafo 5.2(a) de la Orden Procesal No. 2, la Demandante presentó el Memorial de Demanda (la “Demanda").

33. El 15 de octubre de 2019, de conformidad con el párrafo 5.2(b) de la Orden Procesal No. 2, la Demandada confirmó mediante carta su intención de solicitar la bifurcación del presente procedimiento.

34. El 30 de octubre de 2019, de conformidad con el párrafo 5.2(d) de la Orden Procesal No. 2, la Demandada presentó su Solicitud de Bifurcación Revisada (la “Solicitud de Bifurcación Revisada").

35. El 14 de noviembre de 2019, la Demandante presentó su respuesta a la Solicitud de Bifurcación Revisada.

36. El 28 de noviembre de 2019, el Tribunal emitió la Orden Procesal No. 4, en la que desestimó la pretensión de bifurcación de la Demandada. En la misma fecha, el Tribunal invitó a las Partes a presentar comentarios sobre la posible etapa de exhibición de documentos.

3. Solicitud de Reconsideración de la Decisión de Bifurcación

37. El 4 de diciembre de 2019, la Demandada presentó una solicitud de reconsideración de la Decisión de Bifurcación (la “Solicitud de Reconsideración").

38. El 12 de diciembre de 2019, la Demandante presentó su escrito en respuesta a la Solicitud de Reconsideración.

39. El 8 de enero de 2020 se celebró una conferencia procesal en la que se trataron, entre otras cuestiones, la Solicitud de Reconsideración de la Demandada, el calendario para la fase de exhibición de documentos, y la solicitud de ampliación del plazo para la presentación del Memorial de Contestación, presentada por la Demandada en su comunicación del 4 de diciembre de 2019.

40. El 17 de enero de 2020, el Tribunal emitió la Orden Procesal No. 5, en la cual (i) desestimó la Solicitud de Reconsideración; y (ii) enmendó el calendario procesal, incorporando la fase de exhibición de documentos según lo acordado por las Partes, y ampliando los plazos para la presentación de los Memoriales de Contestación y Réplica.

4. Órdenes Procesales Nos. 6, 7 y 8

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41. Mediante cartas del 17 y el 30 de enero de 2020, el Tribunal comunicó a las Partes posibles fechas para la celebración de la audiencia sobre jurisdicción y méritos (la “Audiencia") y las invitó a confirmar sus disponibilidades.

42. El 7 de febrero de 2020, las Partes informaron al Tribunal que habían acordado celebrar la Audiencia en persona en Washington D.C., EE.UU., la semana del 7 al 11 de junio de 2021.

43. El 13 de febrero de 2020, el Tribunal emitió la Orden Procesal No. 6, recogiendo el acuerdo de las Partes e incluyendo un calendario procesal enmendado.

44. El 26 de febrero de 2020, la Demandada manifestó al Tribunal que el calendario procesal incluido en la Orden Procesal No. 5 adolecía “de un serio error" y solicitó al Tribunal que lo rectificara.

45. El 19 de marzo de 2020, tras analizar los comentarios de las Partes al respecto, el Tribunal emitió la Orden Procesal No. 7, enmendando nuevamente el calendario procesal.

46. El 20 de marzo de 2020, la Demandada comunicó al Tribunal que, debido a la crisis sanitaria, le sería imposible realizar una producción física del Memorial de Contestación y sus apéndices fácticos dentro del plazo acordado.

47. El 23 de marzo de 2020, el Tribunal emitió la Orden Procesal No. 8 aceptando la propuesta de la Demandada de (i) presentar el Memorial de Contestación de manera electrónica dentro del plazo acordado; y (ii) realizar el envío de las copias impresas junto con los dispositivos USB una vez se reanudaran las actividades con normalidad. Asimismo, el Tribunal se comprometió a analizar el Memorial de Contestación y sus anexos y determinar si, debido a la crisis sanitaria global, correspondía una postergación de la etapa de exhibición de documentos.

5. Memorial de Contestación

48. El 23 de marzo de 2020, la Demandada presentó el Memorial de Contestación de conformidad con el calendario procesal establecido en la Orden Procesal No. 7 (la “Contestación”).

49. Con la Contestación, más allá de sustanciar sus objeciones a la jurisdicción del Tribunal y contestar a la Demanda, la Demandada (i) volvió a pedir la bifurcación del procedimiento¹⁰; y (ii) se reservó el derecho a presentar una demanda reconvencional¹¹, reserva a la que se opuso la Demandante mediante carta del 31 de marzo de 2020.

50. El 13 de abril de 2020, tras realizar un análisis preliminar del Memorial de Contestación, el Tribunal concluyó que mantenía su decisión de no bifurcar el arbitraje. Asimismo, invitó a la

¹⁰ Contestación, ¶¶ 641-643. ↩

¹¹ Contestación, ¶¶ 636-639. ↩

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Demandada a aclarar el sentido de su reserva en el Memorial de Contestación del derecho a presentar una demanda reconvencional.

51. El 17 de abril, la Demandada manifestó que, en vista de la decisión del Tribunal de no bifurcar el procedimiento, su reserva del derecho a presentar una reconvención ya no tenía sentido práctico. No obstante, dejó constancia de que se reservaba todos sus derechos bajo las normas aplicables.

6. Exhibición de Documentos

52. El 1 de abril de 2020, el Tribunal, según había indicado en su Orden Procesal No. 8 y tras analizar el Memorial de Contestación y los comentarios de las Partes, concluyó que no era necesario postergar la etapa de exhibición de documentos.

53. El 7 de abril de 2020, las Partes presentaron sus respectivas solicitudes de exhibición de documentos, que fueron remitidas por la CPA a la parte contraria y al Tribunal el 8 de abril de 2020.

54. El 14 de abril de 2020, la Demandada comunicó al Tribunal que, debido a la emergencia sanitaria, le era imposible presentar sus objeciones justificadas a las solicitudes de exhibición de documentos de la Demandante en plazo, por lo que solicitó una modificación del calendario procesal.

55. La Demandante presentó sus comentarios el 17 de abril de 2020.

56. El 20 de abril de 2020, el Tribunal decidió postergar el plazo para la presentación de las objeciones justificadas a las solicitudes de exhibición de documentos y, el 13 de mayo de 2020, emitió la Orden Procesal No. 9, adaptando el calendario procesal.

57. El 15 de mayo de 2020, la Demandada solicitó la suspensión de la etapa de exhibición de documentos por 30 días adicionales con base en la evolución de la crisis de salubridad en Ecuador.

58. El 19 de mayo de 2020 la Demandante presentó sus comentarios y, el 20 de mayo de 2020, el Tribunal informó de una nueva extensión del plazo para la presentación de las objeciones justificadas a las solicitudes de exhibición de documentos.

59. El 27 de mayo de 2020, el Tribunal emitió la Orden Procesal No. 10, en la que nuevamente enmendó el calendario procesal, en vista de su decisión del 20 de mayo de 2020.

60. El 8 de junio de 2020, las Partes presentaron sus respectivas objeciones justificadas a las solicitudes de exhibición de documentos y, el 15 de junio de 2020, sus respuestas a dichas objeciones. Debido a un error de formato en la versión PDF, la Demandada presentó nuevamente sus respuestas el 16 de junio de 2020.

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61. El 13 de julio de 2020, el Tribunal emitió la Orden Procesal No. 11 decidiendo sobre las solicitudes de exhibición de documentos e invitando a las Partes a presentar breves alegaciones bajo la ley de Ecuador sobre la solicitud No. 4 de la Demandante, incluida en el Anexo 1 de la Orden Procesal No. 11 (la “Solicitud No. 4").

62. El 20 y 27 de julio de 2020, respectivamente, la Demandada y la Demandante presentaron sus comentarios acerca de la Solicitud No. 4.

63. El 28 de julio de 2020, la Demandada realizó la exhibición de los documentos en cumplimiento de la Orden Procesal No. 11. Ese mismo día, la Demandante remitió un correo electrónico a la CPA en relación con los documentos a exhibir y, el 29 de julio de 2020, informó haber completado la exhibición de documentos conforme a lo establecido en la Orden Procesal No. 11.

64. Entre el 29 de julio de 2020 y el 28 de agosto de 2020 las Partes intercambiaron objeciones sobre la exhibición de documentos de la Parte contraria. En particular, la Demandada alegó que la Demandante había incumplido su obligación de exhibir los documentos relacionados con las solicitudes No. 8, 10, 18, 21, 22 y 25 de la Demandada. A su vez, la Demandante alegó que la exhibición de documentos realizada por la Demandada en relación con las solicitudes de la Demandante No. 9 y 10 había sido deficiente.

65. Tras considerar los comentarios de las Partes sobre las distintas solicitudes, el 2 de septiembre de 2020 el Tribunal emitió la Orden Procesal No. 12, en la que dio por concluida la fase de exhibición de documentos.

7. Memorial de Réplica y Dúplica

66. El 21 de octubre de 2020, la Demandante presentó el Memorial de Réplica (la “Réplica").

67. El 3 de febrero de 2021, la Demandada presentó el Memorial de Dúplica (la “Dúplica”).

8. Solicitud de Exclusión del Laudo de EcuadorTLC

68. El 12 de marzo de 2021, la Demandada solicitó la exclusión del expediente del laudo final del caso EcuadorTLC S.A. (Ecuador), Cayman International Exploration Company S.A. (Panamá), Teikoku Oil Ecuador (Islas Caimán) c. República del Ecuador, Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP Petroecuador), Secretaría de Hidrocarburos de Ecuador (el "Laudo de EcuadorTLC”), presentado por la Demandante junto con su Memorial de Réplica como Anexo CLA-90, alegando que tanto el procedimiento arbitral como el Laudo de EcuadorTLC son confidenciales.

69. El 22 de marzo de 2021, la Demandante presentó sus comentarios al respecto.

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70. El 24 de marzo de 2021, el Tribunal informó que, habiendo tomado nota de las posiciones de las Partes, lo más apropiado en aras del buen orden y la eficiencia procesal sería decidir acerca de la admisibilidad del Laudo de EcuadorTLC en su Laudo Final.

9. Solicitud de Actualización de los Dictámenes Periciales

71. El 7 de abril de 2021, la Demandante solicitó al Tribunal que autorizase a las Partes a presentar una actualización de sus dictámenes periciales antes de la Audiencia (la “Solicitud de Actualización”).

72. El 12 de abril de 2021, la Demandada presentó sus comentarios, oponiéndose a la Solicitud de Actualización.

73. El 16 de abril de 2021, el Tribunal emitió la Orden Procesal No. 13, decidiendo (i) que la actualización de los dictámenes periciales se produciría después de la Audiencia; y (ii) autorizando no obstante la presentación por los peritos de análisis de sensibilidad de sus estimaciones en la Audiencia, con las limitaciones y antelación mínima a ser fijadas por el Tribunal en las normas sobre la celebración de dicha Audiencia.

I. LA AUDIENCIA

74. El 25 de febrero de 2021, la Demandante solicitó confirmación al Tribunal, o rectificación, sobre el formato en que se llevaría a cabo la Audiencia, en vista del estado de la pandemia de COVID-19.

75. El 3 de marzo de 2021, el Tribunal comunicó, entre otras cuestiones, que posponía la decisión sobre el formato de la Audiencia, dada la imposibilidad de predecir la evolución de la pandemia.

76. El 19 de marzo de 2021, el Tribunal, en atención a la petición de las Partes del 17 de marzo de 2021, reservó, de manera adicional a los ya reservados días 7 a 11 de junio de 2021, los días lunes 14 y martes 15 de junio de 2021 para la celebración de la Audiencia.

77. El 29 de marzo de 2021, las Partes solicitaron al Tribunal y a los representantes de la CPA que no bloquearan los días 12 y 13 de junio de 2021 con otros compromisos, para que una posible Audiencia en formato remoto pudiera celebrarse en días consecutivos.

78. El 30 de marzo de 2021, el Tribunal circuló un borrador de Orden Procesal No. 14, relativo a la celebración de la Audiencia, e invitó los comentarios de las Partes al respecto.

79. El 2 de abril de 2021, las Partes comunicaron su acuerdo de que la videoconferencia previa a la Audiencia se celebrase el 14 de mayo de 2021.

[Page 14]

80. El 27 de abril de 2021, las Partes presentaron sus comentarios al borrador de Orden Procesal No. 14.

81. El 30 de abril de 2021, el Tribunal indicó a las Partes que aceptaba todas sus propuestas comunes reflejadas en el borrador del 27 de abril y solicitó que le actualizaran sus posiciones en cuanto al formato definitivo de la Audiencia.

82. El 10 de mayo de 2021, tras tomar en consideración los comentarios respectivos de las Partes del 4 de mayo de 2021, el Tribunal determinó que la Audiencia se celebraría por videollamada en los días acordados.

83. El 14 de mayo de 2021, se celebró una videoconferencia previa a la Audiencia, en la que participaron el Tribunal, las Partes, la CPA y, únicamente para la verificación de sus conexiones, los testigos y peritos llamados a la Audiencia por las Partes.

84. El 23 de mayo de 2021, tras considerar los comentarios de las Partes al borrador, sus posiciones durante la videoconferencia pre-Audiencia, los comentarios adicionales presentados respectivamente por la Demandante y la Demandada el 17 y 19 de mayo de 2021, y los acuerdos alcanzados por las Partes, el Tribunal emitió la Orden Procesal No. 14.

85. Entre el 8 y el 11 de junio de 2021, se celebró la Audiencia entre las Partes y el Tribunal por videollamada.

86. Las siguientes personas estuvieron presentes en la Audiencia:

Tribunal

José Miguel Júdice (Árbitro Presidente)

Manuel Conthe

Juan Pablo Cárdenas Mejía

Demandante

Roberto J. Aguirre Luzi, King & Spalding LLP

Eldy Quintanilla Roché, King & Spalding LLP

Fernando Rodríguez Cortina, King & Spalding LLP

Juan Manuel Poggio Aguerre, King & Spalding LLP

Esteban Sánchez, King & Spalding LLP

Alex Levin Canal, King & Spalding LLP

Marcela Interiano, King & Spalding LLP

Pam Anders, King & Spalding LLP

[Page 15]

Giles Kwei, King & Spalding International LLP

Sebastián Cortez Merlo, Pérez Bustamante & Ponce

Javier Jaramillo, Pérez Bustamante & Ponce

Héctor Paz y Miño, Pérez Bustamante & Ponce

Hernán Pérez Loose, Coronel & Pérez

Boanerges Rodríguez Velásquez, Coronel & Pérez

Khalil Sholy, Gente Oil

Silvana Pástor, Gente Oil

Abdullah Araj, Gente Oil

Ronald Peterson, Gente Oil

Pablo López Zadicoff, Compass Lexecon

Juan Bernardo Álvarez, Compass Lexecon

Manuel Abdala, Compass Lexecon

Alberto Finol, Gaffney Cline

Joshua Oletu, Gaffney Cline

Chao Li, Gaffney Cline

Demandada

Íñigo Salvador Crespo, Procuraduría General del Estado

Claudia Salgado Levy, Procuraduría General del Estado

Nazaret Ramos, Procuraduría General del Estado

Carolina Guzmán, Procuraduría General del Estado

Raúl Torres, Procuraduría General del Estado

Gabriela Álvarez Ávila, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle S.C.

Claudia Frutos-Peterson, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, LLP

Elisa Botero, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, LLP

Juan Carlos Boue, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, LLP

Irene Cuéllar Araiza, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle S.C.

Mario Gutiérrez Chávez, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle S.C.

Daniel Flores, Quadrant Economics LLC

Juan F. Riveros, Quadrant Economics LLC

Iván Vázquez, Quadrant Economics LLC

Andrés León, Quadrant Economics LLC

[Page 16]

Adolfo Montesinos, A&R Holdings LLC

Registro: Corte Permanente de Arbitraje

Julian Bordaçahar, Consejero Legal de la CPA y Secretario del Tribunal

Clara Ruiz Garrido, Asistente del Consejero Legal de la CPA

Magdalena Legris, Administradora de Casos de la CPA

87. Al finalizar la Audiencia, las Partes y el Tribunal conversaron sobre los próximos pasos a seguir. Asimismo, el Tribunal invitó a las Partes a expresar si la Audiencia, y el procedimiento en general hasta ese entonces, había cumplido con sus expectativas o si tenían alguna objeción relevante que debían presentar. Ambas Partes expresaron su conformidad con el modo en que se desarrolló el Arbitraje, incluyendo la Audiencia, manifestando no tener objeción alguna al respecto ¹².

J. HECHOS POSTERIORES A LA AUDIENCIA

88. El 14 de junio de 2021, el Tribunal invitó a las Partes a consultarse (i) sobre el formato de los escritos post-Audiencia, (ii) sobre la necesidad de incluir alegaciones sobre el quantum en tales escritos; y (iii) sobre el momento de actualización de los informes periciales (antes o después de los escritos post-Audiencia).

89. El 25 de junio de 2021 las Partes comunicaron los acuerdos alcanzados sobre el formato de los escritos post-Audiencia y sus comentarios respectivos sobre el resto de cuestiones planteadas por el Tribunal.

90. El 2 de julio de 2021, tras considerar los comentarios de las Partes, el Tribunal (i) aceptó las propuestas conjuntas de las Partes; (ii) decidió que los escritos post-Audiencia se presentarían sin incluir alegaciones sobre el quantum; y (iii) determinó que, una vez recibidos los escritos post-Audiencia, el Tribunal decidiría sobre la necesidad de actualizar los informes periciales. Ese mismo día, el Tribunal circuló una propuesta de calendario procesal posterior a la Audiencia a ser comentado por las Partes.

91. El 12 de julio de 2021, las Partes presentaron las correcciones acordadas a las transcripciones de la Audiencia.

¹² Transcripción de la Audiencia, Día 4, 11 de junio de 2021, 1082:13-22, 1083: 1-22; 1084:1-10. ↩

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92. Igualmente, el 14 de julio de 2021 las Partes comunicaron el acuerdo alcanzado en relación con el calendario procesal posterior a la Audiencia.

93. El 15 de julio de 2021, la Demandada solicitó una modificación de la extensión de los escritos post-Audiencia. Ese mismo día, la Demandante presentó sus comentarios al respecto.

94. El 17 de julio de 2021, habiendo considerado las posiciones de las Partes, el Tribunal comunicó su decisión de limitar la extensión de los escritos post-Audiencia a 60 páginas como máximo.

95. El 22 de julio de 2021, el Tribunal emitió la Orden Procesal No. 15, recogiendo los distintos acuerdos comunicados por las Partes, así como las decisiones del Tribunal del 2 y el 17 de julio de 2021 y el calendario procesal posterior a la Audiencia definitivo.

96. El 26 de agosto de 2021, la Demandante y la Demandada presentaron sus respectivos escritos post-Audiencia (el “Escrito Post-Audiencia de la Demandante” y el “Escrito Post-Audiencia de la Demandada", respectivamente).

97. El 9 de septiembre de 2021, el Tribunal emitió la Orden Procesal No. 16, estableciendo la necesidad de actualizar algunos aspectos de los informes periciales y ordenando que tal actualización se realizara de manera sucesiva conforme al calendario procesal establecido en la Orden Procesal No. 15.

98. El 1 de octubre de 2021, la Demandante presentó las actualizaciones de los informes periciales de sus expertos.

99. El 21 de octubre de 2021, la Demandada presentó las actualizaciones de los informes periciales de sus expertos.

100. El 11 de noviembre de 2021, la Demandante y la Demandada presentaron sus respectivos escritos post-Audiencia sobre el quantum (el "Escrito Post-Audiencia sobre Quantum de la Demandante" y el "Escrito Post-Audiencia sobre Quantum de la Demandada", respectivamente).

101. El 4 de febrero de 2022, las Partes simultáneamente presentaron sus escritos sobre costos (el "Escrito sobre Costos de la Demandante” y el “Escrito sobre Costos de la Demandada", respectivamente).

102. El 1 de marzo de 2022, el Tribunal informó a las Partes que su proceso de deliberaciones y redacción del presente Laudo venía avanzando significativamente, aunque todavía restaban algunas cuestiones importantes por decidir. Asimismo, el Tribunal notó que, tras haber sido presentados los escritos de costas, no quedaban cuestiones pendientes. Por tanto, informó que, salvo objeción debidamente fundada, el Tribunal declararía formalmente cerradas las audiencias y el procedimiento.

[Page 18]

103. El 14 de marzo de 2022, no habiendo recibido objeción alguna por ninguna de las Partes, el Tribunal declaró el cierre formal de las audiencias y del procedimiento arbitral de conformidad con el artículo 29 del Reglamento CNUDMI.

104. Durante los meses de abril y mayo de 2022, el Tribunal y las Partes intercambiaron correspondencia sobre ciertas cuestiones administrativas, incluyendo la posible fecha de emisión del presente Laudo.

[Page 19]

III. PRETENSIONES DE LAS PARTES

A. EL PETITORIO DE LA DEMANDANTE

105. En su Memorial de Demanda, la Demandante solicitó al Tribunal que:

(1) Se declare que la Demandada incumplió el Contrato;
(2) Se ordene que se declare la terminación del Contrato a causa de los incumplimientos de las Demandadas;
(3) Se ordene que la Demandada indemnice a la Demandante por todos los daños y perjuicios sufridos por esta última, más los intereses que correspondan, los que se devengarán hasta el día del pago efectivo de la indemnización establecida en el laudo que se dicte;
(4) Se ordene que la Demandada abone a la Demandante los gastos y costos íntegros del presente proceso, incluidos los gastos del Tribunal y el costo de la representación letrada de la Demandante, así como todos los demás costos pertinentes ¹³.

106. En su Memorial de Réplica, la Demandante solicitó al Tribunal:

(1) Que el Tribunal se declare competente para resolver la disputa;
(2) Que el Tribunal declare que Ecuador —a través de varios de sus órganos— incumplió el (i) Contrato, (ii) violó la Ley Aplicable, (iii) violó el deber de actuar de buena fe, (iv) violó el derecho al debido proceso, (v) violó la Ley de Hidrocarburos, (vi) violó la garantía de seguridad jurídica, (vii) violó el derecho de propiedad, (viii) violó el principio de los actos propios. Y particularmente que el Tribunal declare:
a. Que Ecuador repudió el Contrato a través de las conductas agregadas de entidades como el MEF, la Contraloría, el COLH, la Secretaría de Hidrocarburos, el Ministerio Sectorial, la Fiscalía y la Procuraduría;
b. Que Ecuador incumplió con su obligación de recibir el crudo en el lugar asignado en el Contrato;
c. Que Ecuador redujo arbitrariamente el Ingreso Disponible en incumplimiento del Contrato;
(3) Que el Tribunal declare resuelto el Contrato por los incumplimientos de Ecuador;
(4) Que el Tribunal declare que Ecuador dañó la imagen, el honor y buena reputación de Gente Oil y de su propietario el Sr. Khalil Boutros Al Sholy;
(5) Que Ecuador dañó la imagen, el honor y buena reputación de funcionarios de Gente Oil, como la representante legal de Gente Oil la Sra. Silvana Pastor;
(6) Que se declare que Gente Oil no ha irrogado daño alguno a Ecuador como resultado de la celebración del Contrato y su posterior ejecución y que no está obligada a pagarle a Ecuador ninguna suma derivada, relacionada o vinculada con la celebración y ejecución del Contrato en relación con las conductas discutidas en este arbitraje;
(7) Que las determinaciones realizadas por la Contraloría General del Estado, incluyendo la Glosa, son inoponibles a Gente Oil;
(8) Que Ecuador pague a Gente Oil la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por el incumplimiento contractual en base a cualquiera de las metodologías

¹³ Demanda, ¶ 311. ↩

[Page 20]

propuestas por los expertos de Gente Oil —y conforme al cálculo actualizado de daños que Gente Oil solicita al Tribunal le permita presentar en una fecha más cercana al laudo— con (sic) más una indemnización de los daños morales que no sea menor a 20% de los daños y perjuicios, libres de toda tasa, gravamen o cualquier otra exacción legal;
(9) Que Ecuador deberá cubrir cualquier pago requerido por las autoridades tributarias derivado del laudo;
(10) Que Ecuador asuma y pague los intereses sobre los montos compensatorios otorgados hasta el efectivo y total cumplimiento del eventual laudo condenatorio que el Tribunal emita;
(11) Que la indemnización que solicita Gente Oil no esté sujeta a ninguna forma de compensación, cruce o descuento derivado de cualquier derecho, importe o crédito que invoque a Ecuador en su favor, y que esté o pueda estar relacionado con la ejecución del Contrato;
(12) Que las partes inicien el proceso de entrega y recepción del Área del Contrato dentro de los siguientes treinta (30) días de la fecha del laudo;
(13) Que hasta el día en que el proceso de entrega y recepción del Área del Contrato tenga lugar, Ecuador, a través de cualquiera de sus órganos, cumpla íntegramente con la tarifa tal como fue originalmente pactada, es decir, sin disminución alguna, y que en el cálculo del Ingreso Disponible no se compute tarifa por el uso del SOTE alguna, sino solo el costo por el uso del SOTE (es decir, sin que el valor incluya un margen de utilidad);
(14) Se ordene que la Demandada abone a la Demandante los gastos y costos íntegros del presente proceso, incluidos los gastos del Tribunal y el costo de la representación letrada de la Demandante, así como todos los demás costos pertinentes;
(15) Se otorgue cualquier otro remedio que el Tribunal estime pertinente ¹⁴.

B. EL PETITORIO DE LA DEMANDADA

107. En su Memorial de Contestación, la Demandada solicitó al Tribunal que:

En materia de jurisdicción:

(i) Declare que carece de competencia para decidir sobre todas las reclamaciones de la Demandante por estar fundamentadas en actos de organismos públicos diferentes a la Secretaría de Hidrocarburos que no están vinculados por el Convenio Arbitral y cuyos actos escapan el alcance material de dicho convenio;

En la alternativa

(ii) declare que carece de competencia sobre las reclamaciones por violaciones legales de la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, el COLH, la ARCH y el MEF, puesto que las mismas están fuera del alcance material del Convenio Arbitral;
(iii) declare que carece de competencia para decidir sobre las reclamaciones de la Demandante basadas en las Alegaciones por Disminución del Ingreso Disponible o las Alegaciones por Frustración del Plan de Evacuación, puesto que no se cumplió con el período de negociaciones obligatorias; y

¹⁴ Réplica, ¶ 854. ↩

[Page 21]

(iv) declare que carece de competencia sobre las reclamaciones de la Demandante relativas a Silvana Pástor (incluyendo la pretensión de indemnización de daños morales) porque ella no es parte del Convenio Arbitral.

Sobre el fondo de la controversia:

(v) rechace la pretensión de la Demandante de resolución anticipada del Contrato porque no tiene fundamento jurídico ni fáctico; y
(vi) rechace la pretensión de la Demandante de indemnización de daños y perjuicios, tanto materiales como morales, porque no tiene fundamento jurídico ni fáctico;

En la alternativa

(vii) calcule el valor esperado de los beneficios futuros bajo el Contrato sobre la base de un escenario de producción futura que se sustente sobre las condiciones reales observadas en el Bloque Singue, por un lado, y pronósticos de precios a futuro que reflejen la evolución reciente y perspectivas del mercado petrolero internacional, por el otro, con lo cual la cifra aplicable de daños sería cero;
(viii)calcule el valor de los beneficios incrementales que la Demandante podría haber obtenido de haber ejecutado un programa de perforación acelerado (pero compatible con las condiciones del Bloque Singue), sobre la base del perfil de producción definido por el perito petrolero de la Demandada, con los gastos de inversión asociados al mismo, y excluyendo asimismo el pago del balance de la cuenta de acumulación a la terminación del Contrato de Servicios, y actualizando los daños históricos mediante una tasa libre de riesgo, con lo cual los presuntos daños por restricciones al transporte no han de exceder la suma de US$ 3.2 millones;
(ix) rechace por improcedente, y por ser contrario a los principios fundamentales de valuación de intereses económicos, el método alternativo de valuación propuesto por los peritos de la Demandante, y declare que la Demandante no tiene bases para reclamar ninguna indemnización calculada sobre la base de sus contribuciones de capital, netas de las distribuciones y cobro de dividendos y pagos por otros conceptos.

(x) condene a la Demandante al pago de todas las costas y gastos del procedimiento, así como de los honorarios legales incurridos por la Demandada, junto con los intereses correspondientes ¹⁵.

108. En su Memorial de Dúplica, la Demandada reiteró su petitorio en materia de jurisdicción y, en cuanto al fondo de la controversia, solicitó al Tribunal que:

(v) rechace la pretensión de la Demandante de resolución anticipada del Contrato porque no tiene fundamento jurídico ni fáctico; y
(vi) rechace la pretensión de la Demandante de indemnización de daños y perjuicios, tanto materiales como morales, porque no tiene fundamento jurídico ni fáctico;

En la alternativa

¹⁵ Contestación, ¶ 644 (énfasis en el original). ↩

[Page 22]

(vii) calcule el valor esperado de los beneficios futuros bajo el Contrato sobre la base de un escenario de producción futura que se sustente sobre las condiciones reales observadas en el Bloque Singue, por un lado, y pronósticos de precios a futuro que reflejen la evolución reciente y perspectivas del mercado petrolero internacional, por el otro, con lo cual la cifra aplicable de daños sería la que se actualice por Quadrant Economics a una fecha cercana al Laudo;
(viii)calcule el valor de los beneficios incrementales que la Demandante podría haber obtenido de haber ejecutado un programa de perforación acelerado (pero compatible con las condiciones del Bloque Singue), sobre la base del perfil de producción definido por el perito petrolero de la Demandada, con los gastos de inversión asociados al mismo, y excluyendo asimismo el pago del balance de la cuenta de acumulación a la terminación del Contrato de Servicios, y actualizando los daños históricos mediante una tasa libre de riesgo, con lo cual los presuntos daños por restricciones al transporte no han de exceder la suma de US$ 1,4 millones;
(ix) rechace por improcedente, y por ser contrario a los principios fundamentales de valuación de intereses económicos, el método alternativo de valuación propuesto por los peritos de la Demandante, y declare que la Demandante no tiene bases para reclamar ninguna indemnización calculada sobre la base de sus contribuciones de capital, netas de las distribuciones y cobro de dividendos y pagos por otros conceptos.

(x) condene a la Demandante al pago de todas las costas y gastos del procedimiento, así como de los honorarios legales incurridos por la Demandada, junto con los intereses correspondientes¹⁶.

¹⁶ Dúplica, ¶ 763. ↩

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IV. ANTECEDENTES FÁCTICOS

109. A continuación se desarrollan, sobre la base de los antecedentes de hecho señalados por las Partes: (A) los precedentes de la controversia entre las Partes; (B) las características principales del Contrato; y (C) ciertos hechos relevantes en que se basa la controversia entre las Partes.

A. PRECEDENTES DE LA CONTROVERSIA

110. En esta sección se expone un resumen de los precedentes de la controversia, atendiendo a: (1) las características principales del Campo Singue; (2) la situación del Campo Singue antes de la Décima Ronda Petrolera; (3) la licitación y adjudicación del Contrato al Consorcio DGC durante la Décima Ronda Petrolera; (4) la transferencia del Contrato a Gente Oil Ecuador; y (5) la absorción de la Secretaría por el Ministerio Sectorial.

1. El Campo Singue

111. El Bloque 53 Singue (el “Bloque Singue”), con una extensión de aproximadamente 3.446¹⁷ hectáreas (34,46 km²), se ubica en el área conocida como Oriente Amazónico de Ecuador, en la Provincia de Sucumbíos¹⁸. En el sur del Bloque se encuentra el campo Singue (el “Campo Singue"), compuesto de cinco yacimientos petrolíferos: U Superior, U Medio, U Inferior, T Superior y Hollín¹⁹.

112. El Bloque Singue se encuentra encerrado dentro del Bloque 58 Cuyabeno-Tipishca, operado por Petroamazonas, y colinda al oeste con el Bloque 90 Sahino²⁰. Dentro del Bloque 58 Cuyabeno-Tipishca se encuentran ubicados los CFE Sansahuari y Tipishca²¹. Al sur del Bloque 58

¹⁷ Al escribir números el Tribunal seguirá la regla habitual en español y utilizará un punto para separar las unidades de mil y una coma para separar la parte entera de la decimal. Dicho esto, en las citas de textos de las Partes se respetará la grafía original de los números, que en algunos caso sigue la regla del inglés de usar una coma para separar las unidades de mil y un punto para separar los decimales ↩

¹⁸ Oficio No. SHE-SHE-2016-0608-OF de la Secretaría de Hidrocarburos a Gente Oil, 11 de mayo de 2016, p. 11, Anexo R-7; “Resumen Técnico por Bloque Armadillo, Chanangue, Charapa, Eno-Ron, Ocano-Peña Blanca, Singue,” de la Subsecretaría de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero, Memorando de la Secretaría de Hidrocarburos, No. 833-SH-SEP-EPH-2011, 30 de mayo de 2011, p. 4, Anexo C-100. ↩

¹⁹ Contestación, ¶ 55; Primer Informe de A&R Holdings, ¶ 22, Anexo RER-1. ↩

²⁰ Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Mapa de Bloques Petroleros del Ecuador, 2019, Anexo R-10. ↩

²¹ Contestación, ¶ 56; Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Infraestructura de Transporte de Petróleo Crudo, 2020, p. 2, Anexo R-6. ↩

[Page 24]

Cuyabeno-Tipishca se ubica el Bloque 62 Tarapoa, operado por la empresa Andes Petroleum Ecuador Ltd. (“Andes Petroleum”), en donde se encuentra la estación Mariann 4A Battery²².

2. Situación previa a la Décima Ronda Petrolera

113. El Campo Singue fue descubierto entre finales de 1990 y principios de 1991 por la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (“Petroecuador"), por medio de su filial, Petroproducción, mediante la perforación del pozo exploratorio Singue-1²³.

114. Entre los años 1991 y 1997, el Bloque Singue fue operado por Petroecuador. A través de su filial, Petroproducción, Petroecuador extrajo un total de 477.444 barriles de crudo²⁴. Para cuando se cerró el campo, en diciembre de 1997, se estimaba que las reservas probadas remanentes del Bloque Singue eran de aproximadamente 2.040.556 barriles²⁵.

115. El 12 de enero de 1998, el entonces Ministerio de Energía y Minas calificó el Campo Singue como “marginal"²⁶, lo que en ese momento se definía como campos “de baja prioridad operacional o económica considerados así, por encontrarse lejanos a la infraestructura de [Petroecuador], por contener crudo de baja gravedad (crudo pesado), o por necesitar técnicas de recuperación excesivamente costosas [...]"²⁷.

²² Contestación, ¶ 57; Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Mapa de Bloques Petroleros del Ecuador, 2019, Anexo R-10. ↩

²³ Memorando de la Secretaría de Hidrocarburos, No. SH-SCHUTE- 2018-0306-ME, 2 de julio de 2018, Anexo C-166; Oficio No. SHE-SHE-2016-0608-OF de la Secretaría de Hidrocarburos a Gente Oil, 11 de mayo de 2016, p. 11, Anexo R-7. ↩

²⁴ Presentación de Power Point del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Décima Ronda Petrolera, 2011, p. 48, Anexo C-113; “Resumen Técnico por Bloque Armadillo, Chanangue, Charapa, Eno-Ron, Ocano-Peña Blanca, Singue," de la Subsecretaría de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero, Memorando de la Secretaría de Hidrocarburos, No. 833-SH-SEP-EPH-2011, 30 de mayo de 2011, p. 6, Anexo C-100. ↩

²⁵ Ministerio de Energía y Minas, Reservas de petróleo al 31 de diciembre de 1997 y proyecciones de producción 1998-2017 de los campos de la Región Amazónica, marzo de 1998, p. 12, Anexo R-12; Presentación de Power Point del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Décima Ronda Petrolera, 2011, p. 48, Anexo C-113; “Resumen Técnico por Bloque Armadillo, Chanangue, Charapa, Eno-Ron, Ocano-Peña Blanca, Singue,” de la Subsecretaría de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero, Memorando de la Secretaría de Hidrocarburos, No. 833-SH-SEP-EPH-2011, 30 de mayo de 2011, p. 6, Anexo C-100; Reservas de Petróleo al 31 de diciembre de 1998 y Proyecciones de Producción de Petróleo 1999-2018 de los Campos de la Región Amazónica, 31 de junio de 1999, Anexo C-146. ↩

²⁶ Registro Oficial No. 255, 11 de febrero de 1998, p. 15, Anexo C-147. ↩

²⁷ Ley de Hidrocarburos anterior a la reforma de 2010 (Decreto Supremo No. 2967), publicada en el Registro Oficial No.711, 15 de noviembre de 1978, art. 2, Anexos CLA-18 y RLA-50. ↩

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116. Entre 2005 y 2006, Petroecuador contrató a la compañía Sinopec para realizar un estudio de sísmica en tres dimensiones en el área del Oriente Amazónico de Ecuador²⁸. Con la información obtenida de los estudios realizados por Sinopec, la compañía Geotech Group Limited ("Geotech") concluyó que las reservas probables del pozo Singue-1 se estimaban en torno a los 4.522.196 barriles²⁹.

117. El 14 de septiembre de 2006, Ecuador convocó la “Segunda Licitación Internacional para la Explotación de Petróleo Crudo y Exploración Adicional de Hidrocarburos en Campos Marginales”³⁰, en la que incluyó al Bloque Singue.

118. En diciembre de 2007, el Comité Especial de Licitación adjudicó el contrato para la exploración y explotación del Bloque Singue al Consorcio Petrolero Amazónico³¹ (el “Consorcio Amazónico"), integrado por cinco empresas entre las que se encontraba Dygoil Consultoría y Servicios Petroleros CIA. Ltda. (“Dygoil”)³². El contrato fue celebrado el 12 de marzo de 2008, entre el Estado ecuatoriano por intermedio de Petroecuador y su filial, Petroproducción, de una parte, y el Consorcio Amazónico, de otra³³.

119. En julio de 2010, Ecuador promulgó la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno (la “Ley Reformatoria” o “Ley de Hidrocarburos”)³⁴, modificando de manera sustancial el marco institucional del sector hidrocarburífero de Ecuador, así como la estructura contractual para la explotación y exploración de campos petroleros. Según la Exposición de Motivos, la reforma pretendía, entre otros:

[Introducir] disposiciones que permitan impulsar la actividad hidrocarburífera, incrementando los niveles de producción de los campos petroleros, dentro de un esquema contractual de prestación de servicios, que devuelva la titularidad de la totalidad de la producción nacional a favor del Estado, estableciendo únicamente el reconocimiento de una tarifa por barril producido a favor de las Contratistas, que no

²⁸ Contestación, ¶ 65; Oficio No. SHE-SHE-2016-0608-OF de la Secretaría de Hidrocarburos a Gente Oil, 11 de mayo de 2016, p. 12, Anexo R-7. ↩

²⁹ Geotech Groups Limited, Reporte Final: Procesamiento, Interpretación e Integración de Reservorios del Proyecto Sísmico 3D en la Región Amazónica Ecuatoriana Área Victor Hugo Ruales VHR, 15 de septiembre de 2006, p. 62, Anexo R-13. ↩

³⁰ Contrato para la Explotación de Petróleo Crudo y Exploración Adicional de Hidrocarburos en el Campo Marginal Singue, 12 de marzo de 2008, cláusula 2.5, p. 6, Anexo C-167. ↩

³¹ Ibid., cláusula 2.14, p. 8. ↩

³² Ibid., cláusula Primera, p. 3. ↩

³³ Id. ↩

³⁴ Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 244, 27 de julio de 2010, Anexo C-8. ↩

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fluctúe en función del precio del petróleo, del cual se han beneficiado desproporcionadamente las compañías operadoras.³⁵

120. Entre los cambios introducidos por la reforma, se destaca el establecimiento de un nuevo régimen de contratación: los contratos de prestación de servicio a tarifa fija. Tal y como se establecía en la citada Exposición de Motivos, la única contraprestación a percibir por los contratistas era el pago de una tarifa fija por barril producido, independiente del precio del petróleo³⁶.

121. Adicionalmente, la Ley Reformatoria ordenaba el pase de los contratos vigentes al nuevo modelo de contratación en un plazo de 120 o 180 días, según el tipo de contrato³⁷. En caso de no lograrse la modificación, el contrato se daría por terminado unilateralmente, fijándose un valor de liquidación y su forma de pago³⁸.

122. Tras las correspondientes negociaciones con el fin de modificar el contrato, y ante la falta de acuerdo entre la Secretaría y el Consorcio Amazónico, el 2 de febrero de 2011, la Secretaría resolvió el contrato e inició el proceso para fijar el valor de liquidación contractual³⁹. Para ello, contrató a la empresa RPS Nueva Scotia, que concluyó que, "[l]os datos proporcionados a RPS por el Ministerio son limitados, sin embargo, [...] es la opinión de RPS que [el Consorcio Amazónico] no puede mejorar la producción por encima de la curva de base del Contrato y por lo tanto el Contrato no tiene ningún valor”⁴⁰. Asimismo, RPS Nueva Scotia subrayó que “es importante tener en cuenta que no se ha realizado ningún trabajo en el Campo Singue y que [el Consorcio Amazónico] no ha realizado inversiones en ese campo”⁴¹.

123. En noviembre de 2011, la Secretaría, adoptando las conclusiones de RPS Nueva Scotia, determinó que el valor de liquidación del contrato era de US$ 0,00⁴².

3. Décima Ronda Petrolera: Licitación y adjudicación del Contrato

124. En abril de 2011, la Secretaría informó a Petroecuador y Petroamazonas que estaba analizando un nuevo proceso de licitación de varias áreas, entre las que se encontraba el Campo Singue, bajo

³⁵ Ibid., Exposición de Motivos. ↩

³⁶ Ibid., art. 7. ↩

³⁷ Ibid., Disposición Transitoria Primera. ↩

³⁸ Id. ↩

³⁹ Resolución No. 663 de la Secretaría de Hidrocarburos, 2 de febrero de 2011, Anexo R-14. ↩

⁴⁰ Informe RPS Nueva Scotia, 1 junio 2011, p. 5, Anexo C-153. ↩

⁴¹ Id. ↩

⁴² Oficio de la Secretaría de Hidrocarburos, No. 3776 SH-SCHULG-2011, 8 de noviembre de 2011, p. 3, Anexo C-152. ↩

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la nueva modalidad de contratación introducida por la Ley Reformatoria⁴³. De conformidad con el marco legal del sector hidrocarburífero, el Estado Ecuatoriano explorará y explotará los hidrocarburos a través de sus empresas públicas como regla general. La Secretaría solicitó a Petroecuador y Petroamazonas que se manifestaran acerca de la posibilidad de desarrollar actividades de exploración y explotación en el Bloque Singue⁴⁴. En mayo de 2011, ambas manifestaron su falta de interés para operar dicho Bloque⁴⁵.

125. En el marco del análisis por la Secretaría, se encargó a la Subsecretaría de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero, encabezada en ese momento por José David Burgos, la elaboración de un informe técnico analizando el potencial hidrocarburífero de los bloques.

126. Sobre el Bloque Singue, el informe concluyó que

se requiere la ejecución de actividades de exploración adicional tales como: perforación de pozos de avanzada y desarrollo e instalaciones de superficie para la evacuación de petróleo crudo que se incorpore a la producción nacional. Para ejecutar las actividades indicadas se ha estimado como referencia una inversión total mínima del orden de 26.500.000 dólares americanos, monto que podría incrementarse o decrecer en función de los resultados de la exploración adicional y del volumen de nuevas reservas que se descubran⁴⁶.

127. En cuanto a reservas, la Subsecretaría informó que “[l]as reservas remanentes del Campo Singue son de aproximadamente 2.040.556 barriles de petróleo crudo", añadiendo que "[Geotech] estimó reservas de petróleo crudo en el orden de 4.522.196 barriles”⁴⁷.

128. Tras considerar el informe, y en vista de que Petroecuador y Petroamazonas no deseaban operar el Bloque, la Secretaría concluyó que consideraba necesario iniciar un proceso licitatorio abierto a la inversión privada⁴⁸.

⁴³ Oficio No. 288-SH-SCH-2011 de la Secretaría de Hidrocarburos a Petroecuador, 18 de abril de 2011, p. 1, Anexo R-16. ↩

⁴⁴ Id. ↩

⁴⁵ Oficio No. 01924-PGER-EGER-EYD-2011 de Petroecuador a la Secretaría de Hidrocarburos, 10 de mayo de 2011, Anexo R-17; Oficio de la Secretaría de Hidrocarburos No. 1509-SH-2011, 30 de mayo de 2011, p. 2, Anexo C-154. ↩

⁴⁶ "Resumen Técnico por Bloque Armadillo, Chanangue, Charapa, Eno-Ron, Ocano-Peña Blanca, Singue," de la Subsecretaría de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero, Memorando de la Secretaría de Hidrocarburos, No. 833-SH-SEP-EPH-2011, 30 de mayo de 2011, p. 7, Anexo C-100. ↩

⁴⁷ Ibid., p. 6. ↩

⁴⁸ Oficio de la Secretaría de Hidrocarburos No. 1509-SH-2011, 30 de mayo de 2011, Anexo C-154. ↩

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129. El 16 de junio de 2011, el Comité de Licitación Hidrocarburífera (el “COLH"), emitió la convocatoria de licitación de seis bloques, entre los que se encontraba el Bloque Singue, y a la que se denominó la Décima Ronda Petrolera (la “Décima Ronda”)⁴⁹.

130. Los documentos licitatorios incluyeron: (i) el “Instructivo para Licitaciones Hidrocarburíferas", bajo modalidad de contrato de prestación de servicios; (ii) las "Bases de contratación"; (iii) el "Método de Evaluación de Ofertas"; (iv) el "Instructivo sobre la forma y el contenido de las ofertas”; (v) el “Modelo de Contrato”; (vi) el “Modelo Económico” ⁵⁰; y, según la Demandante, (vii) el Power Point resumiendo los campos sujetos a la licitación⁵¹.

131. El 26 de septiembre de 2011, el COLH recibió la única oferta para el Bloque Singue, presentada por el Consorcio DGC⁵², creado el 23 de septiembre de 2011 por Dygoil y Gente Oil Development Ecuador, LLC (“Gente Oil Development”) ⁵³.

132. El 9 de noviembre de 2011, la Comisión de Calificación y Evaluación del Sobre No. 1 emitió un informe señalando que el Consorcio DGC cumplía con los requisitos del Sobre No. 1 y que era la única oferta para el Bloque Singue⁵⁴. Dicho informe fue aprobado por el COLH el 21 de noviembre de 2011⁵⁵.

133. El 29 de noviembre de 2011, el COLH procedió con la apertura de los sobres No. 2 de la Décima Ronda y designó al Equipo de Negociación, conformado por Julio Cárdenas, José David Burgos, Alfonso Jiménez, Fabián Herrera y René Mora⁵⁶.

134. En el marco del proceso de negociación entre el Equipo de Negociación y el Consorcio DGC, iniciado el 12 de diciembre de 2011, el COLH solicitó a la Secretaría que recabara “informes y

⁴⁹ Convocatoria a Licitación, Anexo C-93. ↩

⁵⁰ Instructivo para Licitaciones Hidrocarburíferas, Anexo C-155; Bases de Contratación para la Décima Ronda Petrolera, Anexo C-156; Método de Evaluación de las Ofertas, Anexo C-157; Instructivo Sobre la Forma y Contenido de las Ofertas, Anexo C-158; Modelo de Contrato, Anexo C-159; Modelo Económico, Anexo C-160. ↩

⁵¹ Demanda, ¶ 23. ↩

⁵² Contestación, ¶ 74; Oficio de la Secretaría de Hidrocarburos, No. 2585-SH-2011, 9 de agosto de 2011, Anexo C-161. ↩

⁵³ La participación en el Consorcio se dividía un 60% para Dygoil y un 40% para Gente Oil Development. Contrato Escritura Pública, Constitución del Consorcio DGC, 23 de septiembre de 2011, cláusula cuarta, Anexo C-162. ↩

⁵⁴ Memorando No. 001-CCE-2011 de la Comisión de Calificación y Evaluación del Sobre No. 1 al Presidente y Miembros del COLH, 9 de noviembre de 2011, pp. 20-21, Anexo R-18. ↩

⁵⁵ Acta No. COLH-009-2011 del Comité de Licitación Hidrocarburífera, 21 de noviembre de 2011, p. 4, Anexo R-20. ↩

⁵⁶ Acta No. COLH-010-2011 del Comité de Licitación Hidrocarburífera, de fecha 29 de noviembre de 2011, p. 6, Anexo R-21. ↩

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certificaciones referentes a las fuentes de financiamiento para los proyectos conforme a las inversiones comprometidas en el Sobre No. 2", por el Consorcio DGC y otros oferentes de la Décima Ronda⁵⁷. El 2 de febrero de 2012, el representante del Consorcio DGC envió comunicaciones de Nacional Financiera, Banca de Desarrollo y del Banco Santander, en los que, entre otras cuestiones, Banco Santander y Nacional Financiera manifestaban que estaban dispuestas a financiar el proyecto⁵⁸.

135. El 3 de febrero de 2012, el Equipo de Negociación presentó al COLH su informe y conclusiones del proceso de negociación, indicando que se había acordado, entre otros: (i) mantener el plan de inversiones contenido en la oferta; y (ii) reducir la tarifa ofertada de US$ 34,50 por barril a US$ 33,50 por barril⁵⁹. Con base en las negociaciones y acuerdos alcanzados, el Equipo de Negociación recomendaba aprobar la negociación con el Consorcio DGC⁶⁰.

136. El 10 de febrero de 2012, el COLH aprobó el informe del Equipo de Negociación y el acta de negociación con el Consorcio DGC y recomendó al Ministro de Recursos Naturales No Renovables, en aquel entonces Wilson Pástor, la adjudicación del contrato de servicios al Consorcio DGC⁶¹.

137. El 21 de marzo de 2012, el Ministro Wilson Pástor adjudicó el contrato al Consorcio DGC⁶², el cual fue suscrito el 30 de abril de 2012 entre “el Estado ecuatoriano por intermedio de la Secretaría de Hidrocarburos", y el Consorcio DGC, y registrado en el Registro de Hidrocarburos, con fecha 29 de mayo de 2012⁶³. Asimismo, en la Décima Ronda también se adjudicaron los bloques Eno-Ron y Ocaño Pena Blanca, con tarifas de US$ 35,6 y US$ 32,9 respectivamente ⁶⁴.

4. Transferencia del Contrato a Gente Oil Ecuador

⁵⁷ Acta No. COLH-011-2011 del Comité de Licitación Hidrocarburífera, de fecha 26 de diciembre de 2011, p. 6, Anexo R-22. Ver también, Contestación, ¶ 81; Memorando Secretaría de Hidrocarburos, No. 006-CCE-2012, 3 de febrero de 2012, Anexo C-169. ↩

⁵⁸ Memorando Secretaría de Hidrocarburos, No. 006-CCE-2012, 3 de febrero de 2012, p. 2, Anexo C-169. ↩

⁵⁹ Ibid., p. 4. ↩

⁶⁰ Ibid., pp. 5-6. ↩

⁶¹ Acta del COLH, No. COLH-014-2012, 10 de febrero de 2012, p. 11, Anexo C-170. ↩

⁶² Contrato, cláusula 1.14, Anexo C-6. ↩

⁶³ Registro No. 2673 del Registro de Hidrocarburos de la Secretaría de Hidrocarburos, 29 de mayo de 2012, Anexo C-9. ↩

⁶⁴ Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos (Petróleo Crudo), en el Bloque ENO-RON de la Región Amazónica Ecuatoriana, 30 de abril de 2012, Anexo C-20; Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos (Petróleo Crudo), del Campo Ocano Peña Blanca de la Región Amazónica Ecuatoriana, 30 de abril de 2012, Anexo C-171. ↩

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138. Según la Demandante, a mediados de 2012, Dygoil manifestó querer vender la totalidad de su interés participativo en el Contrato⁶⁵. La compañía Gente Oil Ecuador, dueña de Gente Oil Development⁶⁶, aceptó comprar el interés de Dygoil directamente y hacer una reestructuración para que Gente Oil Ecuador tomara el control del Contrato, sujeto a la aprobación de las respectivas autoridades ecuatorianas⁶⁷.

139. El 18 de septiembre de 2012, el Consorcio DGC solicitó al Ministro Sectorial la autorización para la transferencia del Contrato a favor de Gente Oil Ecuador, quien asumiría la operación del Bloque Singue⁶⁸. En noviembre de 2012, el Consorcio DGC reformuló la solicitud de modo que Dygoil continuase siendo la operadora del Bloque Singue ⁶⁹.

140. El 22 de julio de 2013, la Secretaría emitió un informe técnico, económico y legal, a favor de la transferencia de la totalidad de los derechos y participaciones del Consorcio DGC a Gente Oil Ecuador y de que Dygoil continuara como operadora⁷⁰. Asimismo, estableció las primas por concepto de cesión y mejoramiento de las condiciones económicas del contrato original que debían pagar la empresa cedente y cesionaria de conformidad con la ley ecuatoriana⁷¹.

141. Igualmente, el 14 de agosto de 2013, la Coordinadora General Jurídica del Ministerio Sectorial emitió un informe jurídico favorable a la transferencia⁷².

⁶⁵ Demanda, ¶ 40; Declaración Testimonial de Khalil Boutros Al-Sholy, 6 de octubre de 2019, ¶ 19, Anexo CWS-1. ↩

⁶⁶ Según el relato de la Demandante, antes de la suscripción y registro del Contrato, el Consorcio DGC acudió al Sr. Khalil Boutros Al-Sholy en busca de garantía y financiamiento para el Contrato a cambio de un porcentaje de participación. El Sr. Sholy aceptó la propuesta y creó Gente Oil Ecuador, a través de la cual adquirió indirectamente el 100% de Gente Oil Development. Ver Demanda, ¶ 30; Declaración Testimonial de Khalil Boutros Al-Sholy, 6 de octubre de 2019, ¶¶ 11-14, Anexo CWS-1. ↩

⁶⁷ Demanda, ¶ 40; Declaración Testimonial de Khalil Boutros Al-Sholy, 6 de octubre de 2019, ¶ 19, Anexo CWS-1. ↩

⁶⁸ Comunicación del Consorcio DGC, 18 de septiembre de 2012, Anexo C-163. ↩

⁶⁹ Comunicación del Consorcio DGC, 1 de noviembre de 2012, Anexo C-164. ↩

⁷⁰ Informe técnico, económico y legal Secretaría de Hidrocarburos, 22 de julio de 2013, Anexo C-172. ↩

⁷¹ Ibid., pp. 13, 15. ↩

⁷² Memorando Coordinación General Jurídica – Dirección de Asesoría Legal Especializada del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, No. 431-MRNNR-COGEJ-C-ALE-H-2013, 14 de agosto de 2013, Anexo C-173. ↩

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142. De conformidad con ambos informes, el 15 de agosto de 2013, el Ministro Sectorial autorizó la transferencia y confirmó los montos a pagar en concepto de prima de cesión y mejoramiento de las condiciones económicas del Contrato⁷³. Dichos montos fueron pagados en abril de 2014⁷⁴.

143. El 13 de junio de 2014, se reformó el acuerdo ministerial para cambiar la operadora del Bloque Singue de Dygoil a Gente Oil Ecuador⁷⁵.

144. El 5 de agosto de 2014, el Ministerio Sectorial adoptó la recomendación del COLH de suscribir el Contrato Modificatorio, aprobando la modificación del Contrato y autorizando a la Secretaría a suscribir el mismo ⁷⁶.

145. El 29 de agosto de 2014, el Estado ecuatoriano, por intermedio de la Secretaría, y GOE suscribieron el Contrato Modificatorio Número Uno al Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos (Petróleo Crudo) en el Bloque Singue de la Región Amazónica ecuatoriana (el “Contrato Modificatorio”), registrado en el Registro de Hidrocarburos el 2 de septiembre de 2014⁷⁷.

146. El 2 de marzo de 2015, la Procuraduría, en el marco del control legal del Contrato Modificatorio, concluyó que el procedimiento modificatorio cumplía con las disposiciones legales y reglamentarias para su procedencia y eficacia⁷⁸.

5. Absorción de la Secretaría por el Ministerio de Hidrocarburos

147. En el año 2018, el Presidente de la República de Ecuador decretó la fusión por absorción de la Secretaría y otras instituciones al Ministerio de Hidrocarburos, que pasó a denominarse Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (en el presente Laudo referido como Ministerio Sectorial) ⁷⁹.

⁷³ Acuerdo Ministerial No. 504 del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, 15 de agosto de 2013, p. 5, Anexo C-99. ↩

⁷⁴ Demanda, ¶ 45; Contrato Modificatorio Número Uno al Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos (Petróleo Crudo), en el Bloque Singue de la Región Amazónica Ecuatoriana, 29 de agosto de 2014, cláusula. 2.12, Anexo C-10. ↩

⁷⁵ Acuerdo Ministerial Nro. MRRNR-DM-2014--0587-AM, 13 de junio de 2014, Anexo C-176. ↩

⁷⁶ Resolución No. MRNNR-DM-2014-1219-RM del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, 5 de agosto de 2014, Anexo R-26. ↩

⁷⁷ Contrato Modificatorio Número Uno al Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos (Petróleo Crudo), en el Bloque Singue de la Región Amazónica Ecuatoriana, 29 de agosto de 2014, Anexo C-10. ↩

⁷⁸ Oficio de la Procuraduría General del Estado No. 271, 2 de marzo de 2015, p. 16, Anexo C-11. ↩

⁷⁹ Decreto Ejecutivo No. 399, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 255 del 5 de junio de 2018, art. 1, Anexo RLA-23. ↩

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148. Este Decreto Ejecutivo No. 399 determinaba que "[e]l presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial"⁸⁰. Según el texto del propio Decreto, este fue “[d]ado en Quito, [...] a 15 de mayo del 2018"⁸¹.

149. El Decreto Ejecutivo contenía una Disposición Transitoria Primera que daba un plazo de 90 días para la culminación de la fusión. Culminada esta, los derechos y obligaciones de la Secretaría bajo el Contrato fueron asumidos por el Ministerio Sectorial⁸².

B. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CONTRATO

150. A continuación, se desarrollan algunas de las características del Contrato⁸³, a saber: (1) el objeto del Contrato; (2) la Tarifa y el Ingreso Disponible; (3) las obligaciones de la Contratista; (4) las obligaciones de la Contratante; y (5) las actividades comprometidas bajo el Contrato.

1. Objeto del Contrato

151. El Contrato suscrito entre el Consorcio DGC (posteriormente Gente Oil Ecuador) (la "Contratista") y Ecuador, por intermedio de la Secretaría (posteriormente el Ministerio Sectorial)⁸⁴ (la “Contratante”), tiene por objeto:

[...] la prestación de servicios a la Secretaría por parte de la Contratista, con sus propios recursos y a su solo riesgo, para la exploración (exploración adicional) y explotación de hidrocarburos, incluyendo Petróleo Crudo, en el Área del Contrato, de conformidad con los términos y condiciones estipulados en este Contrato, y los establecidos en la Ley Aplicable ⁸⁵.

2. Tarifa e Ingreso Disponible

⁸⁰ Decreto Ejecutivo No. 399, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 255 del 5 de junio de 2018, Disposición Final, Anexo RLA-23. ↩

⁸¹ Id. ↩

⁸² Decreto Ejecutivo No. 399, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 255 del 5 de junio de 2018, Disposición General Tercera y Disposición Transitoria Primera, Anexo RLA-23. ↩

⁸³ El resumen presentado en la presente sección no pretende ser exhaustivo y es sin perjuicio del análisis por el Tribunal del Contrato en su totalidad. Este resumen tampoco indica, por tanto, que las cláusulas no mencionadas no sean relevantes. ↩

⁸⁴ Contrato, cláusula 4.3.60, Anexo C-6. ↩

⁸⁵ Contrato, cláusula 5.1, Anexo C-6. ↩

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152. A cambio de sus servicios, la Contratista recibe, como única contraprestación, una tarifa por barril de petróleo crudo neto extraído y entregado en el CFE (la “Tarifa”)⁸⁶, fijada en US$ 33,50 por barril, con posteriores ajustes por inflación⁸⁷.

153. De conformidad con el Contrato, el pago por los servicios facturados se realizará luego de haber deducido de los ingresos brutos producidos por el Contrato⁸⁸ los siguientes conceptos, cuyo resultado es denominado Ingreso Disponible (el “Ingreso Disponible”) ⁸⁹:

1. Margen de Soberanía - El Estado se reserva el veinte y cinco (25) por ciento del Ingreso Bruto del Contrato como Margen de Soberanía⁹⁰;
2. Costos de Transporte del Estado: Son los costos razonables, sustentados, directamente imputables en los que efectivamente incurre el Estado para el transporte por Ductos Principales del Petróleo Crudo producido en el Área del Contrato, desde los [CFE] hasta los terminales de exportación o centros de industrialización en el Ecuador⁹¹ (los "Costos de Transporte del Estado");
3. Costos de Comercialización en que incurra el Estado;
4. Tributos establecidos en la Codificación de la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y la Ley de Creación de Rentas Sustitutivas para las Provincias de Napo, Esmeraldas y Sucumbíos, de ser aplicables.

154. En caso de que el Ingreso Disponible no sea suficiente para cubrir el pago de la Tarifa, los saldos no pagados se acumularán con la facturación del periodo subsiguiente sin generar intereses para la Contratista. Si a la terminación del Contrato quedan montos acumulados, la obligación se extingue para la parte contratante⁹². Este tipo de cláusulas se conocen como cláusula de acumulación o carry forward⁹³.

3. Obligaciones de la Contratista

155. De entre las obligaciones de la Contratista establecidas en la cláusula 8.2 del Contrato, se encuentra la de "[e]ntregar la Producción Fiscalizada en el Centro de Fiscalización y Entrega,

⁸⁶ Contrato, cláusula 5.2, Anexo C-6. ↩

⁸⁷ Contrato, cláusulas 14.3 y 14.4.1, Anexo C-6. ↩

⁸⁸ No confundir los ingresos producidos por el Contrato, resultado de multiplicar el volumen de petróleo crudo producido en el área del Contrato por el precio promedio mensual del petróleo crudo, con los ingresos brutos de la Contratista, que se derivan de multiplicar la Tarifa por el número de barriles entregados. Ver Contrato, cláusulas 4.3.45 y 4.3.46, Anexo C-6. ↩

⁸⁹ Contrato, cláusula 14.2, Anexo C-6. ↩

⁹⁰ Contrato, cláusula 14.1, Anexo C-6. ↩

⁹¹ Contrato, cláusula 4.3.23, Anexo C-6. ↩

⁹² Contrato, cláusula 14.5, Anexo C-6. ↩

⁹³ Demanda, ¶ 35. ↩

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cesando en ese momento la responsabilidad de prestación de servicios por la Contratista según este Contrato”⁹⁴.

156. El CFE asignado en el Contrato es el CFE Sansahuari. Adicionalmente, el Contrato contempla que "[s]i como resultado de actividades adicionales se requiera la construcción de otro [CFE], la Contratista someterá a consideración de la Secretaría la ubicación del mismo a costo exclusivo de la Contratista"⁹⁵.

157. La Contratista también debe “dar cumplimiento al Plan de Actividades, a fin de maximizar la recuperación de reservas en el Área del Contrato, y el cumplimiento de la producción de Petróleo Crudo estimada en el referido Plan"⁹⁶.

158. Otras obligaciones de la contratista son: (i) construir las obras civiles y facilidades petroleras acordadas⁹⁷; (ii) adquirir e instalar a su costo los equipos necesarios para la determinar el volumen de la Producción Fiscalizada⁹⁸; y (iii) construir o ampliar a su costo los ductos y facilidades de transporte y almacenamiento desde el Campo Singue hasta “el o los [CFEs]”⁹⁹.

4. Obligaciones de la Secretaría

159. De entre las obligaciones de la Secretaría establecidadas en el Contrato se encuentran: (i) la obligación de "[r]ecibir la Producción Fiscalizada del Área del Contrato, y responsabilizarse de la misma, una vez que haya sido entregada por la Contratista en el [CFE]”¹⁰⁰; y (ii) la obligación de "[p]agar a la Contratista por sus servicios de exploración (exploración adicional) y explotación, la [Tarifa]"¹⁰¹.

5. Actividades comprometidas bajo el Contrato

⁹⁴ Contrato, cláusula 8.2.5, Anexo C-6. ↩

⁹⁵ Contrato, cláusula 4.3.13, Anexo C-6; Respuestas a Preguntas Realizadas por las Compañías Inscritas en la Décima Ronda Petrolera, preguntas No. 24 y 25, Anexo C-267. ↩

⁹⁶ Contrato, cláusula 11.1, Anexo C-6. ↩

⁹⁷ Contrato, cláusula 8.2.3, Anexo C-6. ↩

⁹⁸ Contrato, cláusula 8.2.3, Anexo C-6. ↩

⁹⁹ Contrato, cláusula 8.2.4, Anexo C-6. ↩

¹⁰⁰ Contrato, cláusula 8.3.11, Anexo C-6. ↩

¹⁰¹ Contrato, cláusula 8.3.1, Anexo C-6. ↩

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160. De conformidad con el Contrato, el plan de actividades es "el conjunto de actividades comprometidas, de cumplimiento obligatorio, e Inversiones estimadas de exploración (exploración adicional) y/o explotación, [...]”¹⁰².

161. El plan de actividades, recogido en el Anexo B del Contrato, comprendía (i) el reacondicionamiento de un pozo; (ii) la perforación de dos pozos de desarrollo; (iii) la perforación de un pozo inyector de agua; y (iv) la perforación de un pozo exploratorio; comprometiéndose la contratista a un monto de inversiones de US$ 27,849 millones ¹⁰³.

C. ORIGEN DE LA CONTROVERSIA

162. Luego de resumir los antecedentes de la controversia y las características del Contrato, a continuación se recogen los hechos principales en que se basan las pretensiones resolutoria e indemnizatoria de la Demandante, en particular: (1) los obstáculos a la recepción del crudo; (2) los procesos ante los tribunales ecuatorianos; y (3) la fijación de una nueva tarifa para el transporte de crudo por el SOTE.

1. Obstáculos a la recepción del crudo

163. Uno de los puntos de discordia en la presente controversia surge en relación con la obligación de recibir el crudo por la Secretaría en el CFE, que, según la Demandante, fue incumplida por la Demandada ¹⁰⁴.

a) Introducción

164. El transporte de petróleo crudo extraído de los bloques ubicados en el Oriente Amazónico, inclusive el Bloque Singue, se inicia desde los campos productores a la Red de Oleoductos del Distrito Amazónico (la “RODA”), de propiedad y operada por Petroamazonas ¹⁰⁵. Dichos bloques cuentan con una serie de centros de fiscalización y entrega en donde se mide, fiscaliza y recibe la producción de los distintos campos ¹⁰⁶.

165. Por la RODA se transporta el crudo hasta los oleoductos principales, siendo los oleoductos principales más importantes el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (el “SOTE”), de

¹⁰² Contrato, cláusula 4.3.66, Anexo C-6. ↩

¹⁰³ Contrato, Anexo B Plan de Actividades, Anexo C-6,. ↩

¹⁰⁴ Demanda, ¶¶ 56, 249-252; Réplica, ¶¶ 62, 610-614. ↩

¹⁰⁵ Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Infraestructura de Transporte de Petróleo Crudo, 2020, p. 1, Anexo R-6; Informe Anual de Gestión de Petroamazonas 2012, p. 25, Anexo C-177. ↩

¹⁰⁶ Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Infraestructura de Transporte de Petróleo Crudo, de fecha 2020, p. 2, Anexo R-6. ↩

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propiedad y operado por Petroecuador¹⁰⁷, y el Oleoducto de Crudos Pesados (el “OCP”), de propiedad y operado por la empresa OCP Ecuador S.A.¹⁰⁸, de la cual es accionista Andes Petroleum. Finalmente, por los oleoductos principales el crudo es trasladado hasta los terminales marítimos, donde es embarcado o entregado de acuerdo al requerimiento de los clientes ¹⁰⁹.

166. Una de las líneas de la RODA es el oleoducto Cuyabeno-Lago Agrio (el “Oleoducto Cuyabeno-Lago-Agrio"), que transporta el petróleo crudo correspondiente a los campos Tipishca y Sansahuari, entre otros, hasta los oleoductos principales del SOTE¹¹⁰.

b) Producción Temprana del Bloque Singue

167. En enero de 2013 se completó el reacondicionamiento del pozo Singue-1 y, en marzo de 2013, se obtuvo producción temprana¹¹¹ (la “Producción Temprana”). A efectos de proceder con la fiscalización y entrega de dicha producción, se autorizó “la fiscalización de la producción mediante el sistema de aforo de tanques”¹¹², dado que la Contratista todavía no contaba con las facilidades de fiscalización establecidas en el Contrato ¹¹³.

168. Al tiempo de obtener la Producción Temprana, el Consorcio DGC tampoco contaba todavía con los ductos secundarios para el transporte de la producción previstos en el Contrato¹¹⁴. En tal caso, el Acta de Negociación del Contrato prevé que "la contratista podrá transportar el crudo mediante auto tanques"¹¹⁵, y así se reflejó en el programa de actividades y presupuesto de inversiones 2013 presentado por el Consorcio DGC, “[...] hasta que se concluya con las obras relacionadas a facilidades de producción”¹¹⁶.

c) Cambio temporal de CFE a Tipishca

¹⁰⁷ Ibid., p. 5. ↩

¹⁰⁸ Ibid., p. 6. ↩

¹⁰⁹ Ibid., pp. 1 y 2. ↩

¹¹⁰ Ibid., p. 3. ↩

¹¹¹ Carta del Consorcio DGC a la SH, 21 mayo 2013, ¶ 1.3, Anexo C-35. ↩

¹¹² Ibid., ¶ 1.4. ↩

¹¹³ Vid ¶ 158 supra. ↩

¹¹⁴ Vid. ¶ 158 supra. ↩

¹¹⁵ Contrato, Anexo L, p. 5, Anexo C-6. ↩

¹¹⁶ Carta del Consorcio DGC a la Secretaría de Hidrocarburos No. DGC-NOB-2013-006, 18 de enero de 2013, p. 3, Anexo C-288. ↩

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169. Entre marzo y mayo de 2013, el Consorcio DGC tuvo que parar la producción en varias ocasiones por razones de índole operativo en la estación Sansahuari¹¹⁷. Tras analizar varias alternativas, se consideró la posibilidad de entregar el crudo en el CFE Tipishca¹¹⁸, lo cual fue considerado técnica y operativamente viable por delegados de Petroamazonas, la Secretaría, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (la “ARCH”) y el Consorcio DGC¹¹⁹.

170. El 21 de mayo de 2013, el Consorcio DGC solicitó a la Secretaría la designación de la estación de Tipishca como el CFE del Campo Singue de forma definitiva, en reemplazo de la estación Sansahuari ¹²⁰. En junio de 2013 la Secretaría autorizó de manera temporal la fiscalización y entrega de la producción del Campo Singue en la estación de Tipishca ¹²¹ y solicitó a Petroamazonas un informe sobre la factibilidad técnica de dicho cambio ¹²².

171. El 26 de junio de 2013, Petroamazonas expuso la factibilidad técnica de recibir el crudo en Tipishca. Adicionalmente, Petroamazonas advirtió a la Secretaría de que, dados los limites de la capacidad de bombeo del Oleoducto Cuyabeno-Lago Agrio, que “se encuentra funcionando al límite de su capacidad”, “[e]l incremento de producción proyectado por el Consorcio DGC para el Campo Singue en el año 2014 eleva los volúmenes de transferencia posiblemente en 2.000 bpd adicionales, los cuales ya no se podrían transportar en las condiciones actuales”¹²³.

172. El 4 de septiembre de 2013, la ARCH autorizó el cambio de estación ¹²⁴.

173. En octubre de 2013, el Consorcio DGC presentó una reforma al Presupuesto del año 2013, solicitando entre otros la reprogramación de la construcción de las facilidades permanentes y del centro de fiscalización en vista de que “durante este año no se pudo definir donde se establecería el [CFE] definitivo, lo cual afecta la definición del diseño y trazado definitivo de las facilidades

¹¹⁷ Carta de la Secretaría de Hidrocarburos al Gerente General de Petroamazonas, Oficio N. 2295-SH-SCH-UTE-2013, 3 de junio de 2013, p. 1, Anexo C-36. Ver también Carta del Consorcio DGC a la Secretaría de Hidrocarburos, 21 de mayo de 2013, ¶¶ 1.5-1.6, 1.10, Anexo C-35. ↩

¹¹⁸ Carta del Consorcio DGC a la Secretaría de Hidrocarburos, 21 de mayo de 2013, ¶¶ 1.7-1.11, Anexo C-35. ↩

¹¹⁹ Carta del Consorcio DGC a la Secretaría de Hidrocarburos, 21 de mayo de 2013, ¶ 1.12, Anexo C-35; Acta de Reunión de Trabajo suscrita por Petroamazonas, la Secretaría de Hidrocarburos, la ARCH y el Consorcio DGC, 15 de mayo de 2013, Anexo R-28. ↩

¹²⁰ Carta del Consorcio DGC a la Secretaría de Hidrocarburos, 21 de mayo de 2013, ¶ 2.2, Anexo C-35. ↩

¹²¹ Oficio de la Secretaría de Hidrocarburos, No. 2280-SH-SCHULG- 2013, 3 de junio de 2013, Anexo C-178. ↩

¹²² Carta de la Secretaría de Hidrocarburos al Gerente General de Petroamazonas, Oficio N. 2295-SH-SCH-UTE-2013, 3 de junio de 2013, Anexo C-36. ↩

¹²³ Oficio de Petroamazonas No. 4268-PAM-EP-GCY-2013, 26 de junio de 2013, p. 3, Anexo C-37. ↩

¹²⁴ Oficio No. 425-ARCH-DCTH-TA-MOC-2013 de la ARCH a la Secretaría de Hidrocarburos, 4 de septiembre de 2013, Anexo R-29. ↩

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permanentes” ¹²⁵. Dicha reprogramación fue registrada asimismo en el programa de actividades y presupuesto de 2014, en particular, de la “Construcción de Centro de Fiscalización en Tipishca [...] y la conclusión de líneas de flujo”¹²⁶.

d) Ubicación de un CFE adicional en la estación Mariann 4A Battery

174. Entre agosto y diciembre de 2013, el Consorcio DGC perforó dos pozos de desarrollo (Singue B-2 y Singue B-3)¹²⁷, los cuales comenzaron a producir en octubre y diciembre de 2013, respectivamente¹²⁸.

175. El 21 de noviembre de 2013, el Consorcio DGC se reunió con Petroamazonas para “planificar con anticipación todos los aspectos relacionados con el incremento de la producción", en particular, en relación con la capacidad del Oleoducto Cuyabeno-Lago Agrio¹²⁹. Los funcionarios de Petroamazonas informaron de una serie de proyectos "en curso y en proceso de evaluación [...] encaminados a incrementar la capacidad de transporte del oleoducto"¹³⁰ que, según la Demandada, nunca fueron implementados¹³¹.

176. En febrero de 2014, la Secretaría solicitó a Petroamazonas que, en vista de las previsiones de producción incremental del Bloque Singue, determinase “la existencia de condiciones técnicas y facilidades operativas para la recepción, fiscalización y entrega del petróleo crudo en la estación Sansahuari, [...] y la disponibilidad de su evacuación a través de los oleoductos VHR-Cuyabeno y Cuyabeno-Lago Agrio"¹³².

177. El 15 de abril de 2014, en respuesta a una solicitud de la Secretaría de febrero de 2014, Petroamazonas le informó a la Secretaría que el oleoducto Cuyabeno-Lago Agrio estaba "operando al límite de su capacidad" y que la implementación de dos loops prevista para

¹²⁵ Carta del Consorcio DGC a la Secretaría de Hidrocarburos No. DGC-GOE-SP-2013-243, 31 de octubre de 2013, pp. 4, 7, Anexo C-289. ↩

¹²⁶ Carta del Consorcio DGC No. DGC-NOB-2014-110, 14 de abril de 2014, p. 5, Anexo C-290. ↩

¹²⁷ Contestación, ¶ 102; Gente Oil Ecuador Informe Anual de Actividades de 2013, 31 de enero de 2014, pp. 26-29, Anexo C-116. ↩

¹²⁸ Contestación, ¶ 102; Base de datos de producción diaria por pozo de petróleo, agua, y gas natural, proporcionada por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables del Ecuador en febrero de 2020, Anexo RER-1_10. ↩

¹²⁹ Oficio del Consorcio DGC, No. DGC-GOE_SP_2013-268, 5 de diciembre de 2013, p. 1, Anexo C-273. ↩

¹³⁰ Id. ↩

¹³¹ Réplica, ¶¶ 94, 113. ↩

¹³² Oficio Nro. SHE-2014-0226-OF, Secretaría de Hidrocarburos, 18 de febrero de 2014, pp. 1-2, Anexo C-268. ↩

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incrementar su capacidad sería “insuficiente[] para abastecer la demanda de transporte del volumen de crudo adicional"¹³³.

178. En vista de tales restricciones, propuso, como solución inmediata, utilizar el ducto de Andes Petroleum, al que se accede desde la estación Mariann 4A Battery¹³⁴. Como solución a largo plazo, propuso construir un nuevo oleoducto en sustitución del Oleoducto Cuyabeno-Lago Agrio, "[p]or los volúmenes de producción que se requiere manejar, y en vista de que el actual oleoducto secundario Cuyabeno-Lago Agrio tiene aproximadamente 30 años de operación”¹³⁵.

179. En mayo de 2014, el Consorcio DGC solicitó a la Secretaría aprobación para sustituir actividades exploratorias por la perforación de dos pozos adicionales de desarrollo¹³⁶. Luego de la respectiva aprobación, el Consorcio DGC perforó los pozos Singue B-4 y Singue B-5¹³⁷ y, entre agosto y diciembre de 2014, GOE¹³⁸ perforó tres pozos de desarrollo adicionales (Singue B-6, Singue B-7 y Singue B-9)¹³⁹.

180. En junio de 2014, el Consorcio DGC y Andes Petroleum firmaron un convenio para habilitar la entrega mediante auto tanques de una parte de la producción del Campo Singue en la estación de Mariann 4A Battery ¹⁴⁰. Dicha opción había sido considerada técnicamente factible por representantes de Andes Petroleum, la Secretaría, la ARCH y el Consorcio DGC¹⁴¹. Bajo este convenio, la producción del Consorcio DGC se continuaría entregando mediante auto tanques en el CFE Tipishca y, adicionalmente, en el CFE Mariann 4A Battery ¹⁴².

¹³³ Carta de Petroamazonas, Nro. Oficio-PAM-EPGCE-2014-03156, 15 de abril de 2014, p. 4, Anexo C-179. ↩

¹³⁴ Id. ↩

¹³⁵ Id. ↩

¹³⁶ Contestación, ¶ 107; Acta del Comité de Supervisión del Bloque Singue, 30 de mayo de 2014, pp. 2- 3, Anexo R-34. ↩

¹³⁷ Contestación, ¶ 107; Gente Oil Ecuador Informe Anual de Actividades de 2014, 4 de septiembre de 2015, pp. 51-53, Anexo C-117. ↩

¹³⁸ Vid ¶¶ 138-146 supra, sobre la transferencia del Contrato a GOE. ↩

¹³⁹ Gente Oil Ecuador Informe Anual de Actividades de 2014, 4 de septiembre de 2015, pp. 55-62, Anexo C-117. ↩

¹⁴⁰ Convenio operacional entre el Consorcio DGC y Andes Petroleum para la fiscalización y entrega de la producción del Bloque Singue en Mariann 4A Battery, 18 de junio de 2014, cláusula 3.1, Anexo R-32. Según lo establecido en su cláusula novena, el convenio estaría vigente hasta que se llegara a una solución definitiva o hasta el 1 de enero de 2018, lo que ocurriera primero. ↩

¹⁴¹ Acta de Reunión de Trabajo suscrita por la Secretaría de Hidrocarburos, la ARCH, Andes Petroleum y el Consorcio DGC, 16 de abril de 2014, p. 1, Anexo R-33. ↩

¹⁴² Convenio operacional entre el Consorcio DGC y Andes Petroleum para la fiscalización y entrega de la producción del Bloque Singue en Mariann 4A Battery, 18 de junio de 2014, cláusula primera, Anexo R-32. ↩

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181. El 3 de julio de 2014, la Secretaría autorizó la ubicación de un nuevo CFE adicional en Mariann 4A ¹⁴³, que fue también autorizado por la ARCH a finales de ese mismo mes¹⁴⁴.

e) La "Solución Integral"

182. El 27 de junio de 2014, el Consorcio DGC presentó una propuesta técnica conceptual a la Secretaría para construir un oleoducto entre las facilidades del Bloque Singue y la estación Marian 4A Battery ¹⁴⁵ (la “Solución Integral”). Esto implicaría que el CFE del Bloque Singue pasaría a ser, de forma definitiva, Marian 4A Battery ¹⁴⁶.

183. El 14 de julio de 2014, el Consorcio DGC presentó una solicitud de reforma contractual de cara a financiar la Solución Integral, solicitando un incremento de la Tarifa en US$ 4,13 por barril, alegando que “[l]as nuevas inversiones de transporte que propone ejecutar la Contratista se han estimado en $15.000.000, que representa un 75% del total de las inversiones de explotación originalmente comprometidas”¹⁴⁷.

184. En agosto de 2014, GOE informó a la Secretaría de la adquisición de la tubería en implementación de la Solución Integral y del inicio de su instalación hasta Sansahuari¹⁴⁸.

185. En octubre de 2014, Petroamazonas otorgó los derechos de vía para la construcción del ducto¹⁴⁹ y, el mes siguiente, el Ministerio del Ambiente otorgó la licencia ambiental necesaria para continuar con la instalación hasta Mariann 4A ¹⁵⁰.

186. Durante las reuniones de negociación mantenidas entre la Secretaría y Gente Oil, “Gente Oil presentó una actualización económica de su propuesta, la misma que fue analizada y discutida por las partes". Finalmente, se acordó que “[e]l mecanismo de recuperación de las inversiones asociadas al oleoducto secundario [consistiría en el reembolso], de forma mensual, por parte de

¹⁴³ Carta de la SH al Consorcio DGC, No. SHE-2014-0687-OF, 3 de julio de 2014, Anexo C-38. ↩

¹⁴⁴ Resolución No. ARCH-DCTH-TA-2014-0037-RES de la ARCH, 29 de julio de 2014, art. 1, Anexo R-35. ↩

¹⁴⁵ Oficio del Consorcio DGC, No. DGC-GOE-SP-2014-217, 14 de julio 2014, p. 2, Anexo C-180. ↩

¹⁴⁶ Id. ↩

¹⁴⁷ Ibid., p. 4. Conforme a la cláusula 30.6.1 del Contrato, "[e]n caso de celebración de contratos modificatorios a este Contrato en los cuales se varíe por circunstancias técnicas o económicas, en un porcentaje igual o superior al veinte y cinco por ciento (25%) del total de las inversiones estimadas para el Plan de Actividades (Anexo B) las actividades e Inversiones comprometidas, se deberá modificar proporcionalmente la tarifa". ↩

¹⁴⁸ Carta de GOE a la Secretaría de Hidrocarburos, 11 de agosto de 2014, p. 1, Anexo C-41. ↩

¹⁴⁹ Convenio de Cooperación para el Uso y Mantenimiento del Derecho de Vía Compartido – Interconexión Singue-Mariann 4A Battery entre Petroamazonas EP y Gente Oil Ecuador PTE LTD, 31 de octubre de 2014, Anexo C-46. ↩

¹⁵⁰ Licencia Ambiental para la Construcción y Operación del Ducto desde la Estación Sansahuari hasta Mariann 4A, 18 de noviembre de 2014, Anexo C-45. ↩

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la Secretaría de Hidrocarburos, para lo cual se contará con la respectiva asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas”¹⁵¹.

187. Mediante oficio del 10 de diciembre de 2014, la Secretaría solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (“MEF”) “la certificación del [MEF] de la dotación de los recursos necesarios para el reembolso de los costos que incurra la contratista en la construcción del mencionado oleoducto" ¹⁵².

188. El 14 de enero de 2015, el MEF señaló que no podía emitir la certificación solicitada porque no era el administrador del Contrato. Adicionalmente, indicó que, tras realizar un análisis técnico de la información disponible, había observado, entre otros, (i) que en 22 meses desde que inició la producción de crudo se había explotado el 58.5% de las reservas a explotar en 20 años; y (ii) que desde la entrada en operación, la contratista había recibido por pago de tarifa un monto superior en un 28% a las inversiones comprometidas bajo el Contrato¹⁵³. Por todo ello, concluyó que se entendía que el campo presentaba reservas diferentes a las licitadas, por lo que era necesario renegociar el Contrato “con una revisión del beneficio económico del contrato a favor del Estado" ¹⁵⁴.

189. El 11 de febrero de 2015, la Secretaría reiteró su solicitud de dotación de recursos al MEF, señalando que "[1]a meta de producción de 10.000 [barriles por día (“BPPD")] propuesta por la contratista [...], oficializada por el Señor Ministro [...], no se podrá cumplir si no se construye el oleoducto”¹⁵⁵. Asimismo, rebatió los argumentos del MEF, indicando, entre otros, que: (i) las reservas probadas son estimaciones; (ii) el incremento de producción y reservas era un resultado deseado para el Estado; (iii) a diciembre del 2014, la Contratista había invertido un 243% del monto comprometido; y (iv) la evacuación del petróleo crudo del Bloque Singue hasta los terminales de exportación era responsabilidad del Estado¹⁵⁶.

¹⁵¹ Correo electrónico Secretaría de Hidrocarburos a GOE, 19 de febrero de 2015, cláusulas 1.5.9, 1.5.8 y p. 6, Anexo C-43. ↩

¹⁵² Oficio SHE-2014-1205-OF, 10 de diciembre de 2014, Anexo C-47. ↩

¹⁵³ Carta del Ministerio de Finanzas a la Secretaría de Hidrocarburos, Oficio MINFIN-DM-2015 0014, 14 de enero de 2015, p. 1, Anexo C-48. ↩

¹⁵⁴ Carta del Ministerio de Finanzas a la Secretaría de Hidrocarburos, Oficio MINFIN-DM-2015 0014, 14 de enero de 2015, p. 2, Anexo C-48. ↩

¹⁵⁵ Oficio de la Secretaría de Hidrocarburos, No. SHE-2015-0105-OF, 11 de febrero de 2015, p. 3, Anexo C-94. ↩

¹⁵⁶ Oficio de la Secretaría de Hidrocarburos, No. SHE-2015-0105-OF, 11 de febrero de 2015, Anexo C-94. ↩

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190. Según la Demandante, “la carta del MEF boicoteó la ejecución de la Solución Integral", lo que impactó en la producción de GOE que “pasó de tener una proyección de 10,000 [barriles (“bls")] a producir apenas 4,000 bls a fines de 2015”¹⁵⁷.

191. Por su parte, la Demandada afirma que, a principios de 2015, el Bloque Singue alcanzó su máximo de producción, con un promedio mensual de unos 7.400 BPPD¹⁵⁸ y que GOE siguió entregando la producción incremental en los tres CFE habilitados: Sansahuari, Tipishca y Marian 4A Battery ¹⁵⁹.

f) La "Solución Definitiva"

192. En abril de 2015, la Secretaría propuso, como solución definitiva "a implementarse inmediatamente”¹⁶⁰ (la “Solución Definitiva”): (i) establecer la fiscalización del crudo en el CFE Sansahuari, debiendo GOE efectuar las obras necesarias que permitieran la entrega y fiscalización de un volumen aproximado de 10.000 BPPD en Sansahuari; (ii) la construcción por Petroamazonas de la interconexión del Oleoducto Cuyabeno-Lago Agrio hasta el oleoducto de Andes Petroleum; y (iii) el pago por la Secretaría del servicio de transporte del crudo de Singue por el oleoducto de Andes Petroleum ¹⁶¹. Este compromiso fue ratificado por el Ministro de Hidrocarburos, Pedro Merizalde ¹⁶². La Demandante sostiene que la Solución Definitiva nunca fue implementada ¹⁶³.

193. En enero de 2016, Petroamazonas informó nuevamente de que “el Oleoducto Cuyabeno-Lago Agrio se encuentra operando al límite de su capacidad" y comunicó que se habían planteado una serie de planes de acción para incrementar dicha capacidad, entre ellos, la ejecución de loops y la

¹⁵⁷ Demanda, ¶ 81 citando Declaración Testimonial de Silvana Pástor, ¶¶ 17, 36, Anexo CWS-2. ↩

¹⁵⁸ Contestación, ¶ 114; cálculos de la Demandada, con base en la información incluida en Base de datos de producción diaria por pozo de petróleo, agua, y gas natural, proporcionada por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables del Ecuador en febrero de 2020, Anexo RER-1_10. ↩

¹⁵⁹ Contestación, ¶ 114 refiriéndose a Gente Oil Ecuador Informe Anual de Actividades de 2015, 28 de abril de 2016, Anexo C-120. ↩

¹⁶⁰ Correo electrónico del Subsecretario de Administración de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera, Alfonso Jiménez, 17 de abril de 2015, Anexo C-51. ↩

¹⁶¹ Demanda, ¶ 83; Réplica, ¶ 110; Correo electrónico del Subsecretario de Administración de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera, Alfonso Jiménez, 17 de abril de 2015, Anexo C-51. ↩

¹⁶² Demanda, ¶ 83; Informe Que Sucedió Verdaderamente con la Inversión Catarí en Sector Petrolero (23476) enviado por el Ministro de Hidrocarburos a la Presidencia de Ecuador, 20 de abril de 2015, Anexo C-52. ↩

¹⁶³ Réplica, ¶¶ 111, 115. ↩

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construcción de una “Estación de Transferencia en Chiritza" ¹⁶⁴. Según la Demandante, la estación de transferencia no fue construida sino hasta el tercer trimestre de 2018 (vid. ¶ 205 infra) y “tampoco benefició a la producción del Campo Singue”¹⁶⁵.

194. Por su parte, la Demandada asegura que, durante 2016, la operación del Bloque Singue continuó con normalidad¹⁶⁶, resaltando que, para mediados de 2017, toda la producción era evacuada por el CFE Sansahuari, al estar el volumen por debajo de los 4.000 BPPD¹⁶⁷.

g) Restricciones adicionales

195. Conforme al acta del Comité de Supervisión del Bloque Singue, del 28 de junio de 2017, en tal fecha "la totalidad del crudo se entrega en la estación Sansahuari, ya que el volumen está por debajo de los 4000 bls". No obstante, Gente Oil reiteró “la importancia que se dé una solución a la restricción en la entrega del crudo, ya que de ello depende que la Contratista ejecute actividades adicionales, como son la perforación de un pozo horizontal [...]" que podrían incrementar la producción ¹⁶⁸.

196. El 10 de abril de 2018, GOE terminó de perforar el pozo Singue B-8, el cual empezó a producir ese mismo mes ¹⁶⁹, y en diciembre de 2018, comenzó la producción del pozo Singue B-13¹⁷⁰.

197. El 20 de abril de 2018, GOE presentó la proyección estimada actualizada para el año 2018, así como las "actividades adicionales” que pretendía acometer para alcanzar el perfil proyectado. En dicha comunicación, Gente Oil manifestó “que la ejecución de las actividades adicionales antes descritas está supeditada a que la [Secretaría] confirme a la Compañía, por escrito, que la producción adicional resultante de estas actividades, con las cuales se estima que la producción

¹⁶⁴ Oficio de Petroamazonas EP para la Secretaría de Hidrocarburos, No. PAM-EP-GCY-2016-00908, 29 de enero de 2016, Anexo C-181. ↩

¹⁶⁵ Réplica, ¶ 117. ↩

¹⁶⁶ Contestación, ¶ 116. ↩

¹⁶⁷ Contestación, ¶ 117; Acta de Comité de Supervisión Bloque Singue, 28 de junio de 2017, p. 2, Anexo C-71. Ver también Dúplica, ¶ 86. ↩

¹⁶⁸ Acta de Comité de Supervisión Bloque Singue, 28 de junio de 2017, p. 2, Anexo C-71. ↩

¹⁶⁹ Gente Oil Ecuador Informe Anual de Actividades de 2018, 31 de enero de 2019, pp. 70-71, Anexo C-130. ↩

¹⁷⁰ Contestación, ¶ 118; Base de datos de producción diaria por pozo de petróleo, agua, y gas natural, proporcionada por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables del Ecuador en febrero de 2020, Anexo RER-1_10. ↩

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diaria pudiera alcanzar los 6000 bbl por día, será recibida en su totalidad y sin restricciones [en el CFE Sansahuari]"¹⁷¹.

198. En mayo de 2018, Petroamazonas comunicó que, atendiendo a las condiciones del Oleoducto Cuyabeno-Lago Agrio y las limitaciones para recibir y despachar “volúmenes de crudo entregados por Gente Oil Ecuador Pte. Ltd. superiores a los 4,000 BPPD”, no se podía acceder al pedido realizado ¹⁷².

199. El 22 de enero de 2019, Gente Oil informó al Ministro de Hidrocarburos de que "[b]asado en la producción del pozo B12STI, la producción total del Campo Singue a ser entregada en el [CFE] de Sansahuari será de 5.500 a 6.000 bppd a partir del 22 de enero del 2019" y reiteró su petición de que se asegure que "toda la producción actual del Campo Singue será recibida y fiscalizada en la Estación Sansahuari"¹⁷³. Adicionalmente, el 23 de enero de 2019, GOE comunicó al Viceministro de Hidrocarburos que “[1]a limitación actual por parte de PAM de 4,000 BPPD, [...] limitarían la futura producción de Singue y los ingresos a la Contratista, incumpliendo el contrato". Gente Oil comunicó que el “mejor estimado de la producción óptima de Singue es de máximo 10,000 BPPD”, reiterando que el Estado estaría obligado a recibir dicha producción en Sansahuari conforme al Contrato ¹⁷⁴.

200. Ese mismo día, en respuesta a comunicaciones anteriores de GOE de octubre y noviembre de 2018, el Viceministro de Hidrocarburos solicitó a Petroamazonas que proporcionara facilidades de recepción y transporte del volumen adicional de crudo del Campo Singue y que tomara acciones conducentes a asegurar la continuidad en el manejo de mayor producción, “en beneficio del país" ¹⁷⁵.

201. La Demandante sostiene que Ecuador no ha implementado todavía obras conducentes para superar la limitación en el transporte de crudo¹⁷⁶.

¹⁷¹ Carta GOE-FV-2018-4364 de Gente Oil Ecuador a la Secretaría de Hidrocarburos, 20 de abril de 2018, p. 2, Anexo C-53. ↩

¹⁷² Carta de Petroamazonas a la Secretaría de Hidrocarburos, 17 de mayo de 2018, Anexo C-58. ↩

¹⁷³ Comunicación No. GOE-KW-2019-4899 de Gente Oil al Ministro de Hidrocarburos, 22 de enero de 2019, Anexo R-85. ↩

¹⁷⁴ Carta de GOE al Viceministro de Hidrocarburos, 23 de enero de 2019, Anexo C-59. ↩

¹⁷⁵ Carta del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables a Petroamazonas EP No. MERNNR-VH-2019-0050-OF, 23 de enero de 2019, Anexo C-105; Carta del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables a Petroamazonas EP y GOE, No. MERNNR-VH-2019-0070-OF, 6 de febrero de 2019, Anexo C-106. ↩

¹⁷⁶ Demanda, ¶ 90; Réplica, ¶ 115; Declaración Testimonial de Silvana Pástor, ¶ 40, Anexo CWS-2. ↩

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202. En agosto de 2019, GOE solicitó autorización para la perforación de dos nuevos pozos de desarrollo (Singue B-14H y Singue B-15H)¹⁷⁷, perforación que la Demandada indicó en su Contestación que todavía no se había iniciado¹⁷⁸.

203. Según afirma la Demandante, en mayo de 2020 se completó la perforación del pozo horizontal Singue BH14, “con el cual la producción pasó de 4.000 bopd a 6.000 bopd”¹⁷⁹. El 1 de junio de 2020, Gente Oil informó al Ministro de Hidrocarburos que la producción del Campo Singue se restringiría a un máximo de 4.000 BPPD, según la comunicación de Petroamazonas del 27 de mayo de 2020¹⁸⁰.

204. En respuesta a esta última comunicación, en junio de 2020, el Ministerio de Hidrocarburos informó a GOE que, según se prevé en el Contrato, la producción incremental podría temporalmente ser entregada en otros CFE. El Ministerio determinó que como “se entiende que el incremento [...] por encima de los 4000 bpd demoraría unos cuantos meses, por lo tanto, se dispone de tiempo para coordinar la entrega de los barriles adicionales en otro centro"¹⁸¹.

205. Según afirma la Demandada, a finales del 2020 la Demandante había completado la perforación de 11 pozos productores o de desarrollo (A-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-12H y B13), de 1 pozo inyector de agua y de 1 pozo de disposición ¹⁸² y, según afirma la Demandante, a finales de 2018 ya había invertido un total de US$ 134.664.272,19 en el Bloque Singue, superando en un 484% las inversiones comprometidas en el Contrato ¹⁸³.

h) El convenio con Amerisur

206. El 11 de junio de 2015, Petroamazonas firmó un convenio de cooperación con la empresa Amerisur Exploración Colombia Limitada (“Amerisur") para (i) la interconexión de líneas petroleras a través de la frontera Ecuador-Colombia hasta la Estación VHR, Ecuador; y (ii) el

¹⁷⁷ Oficio No. MERNNR-SEEPGN-2019-2180-OF del Ministerio Sectorial a Gente Oil, 29 de agosto de 2019, Anexo R-39; Oficio No. MERNNR-SEEPGN-2019-2181-OF del Ministerio Sectorial a Gente Oil, 29 de agosto de 2019, Anexo R-40. ↩

¹⁷⁸ Contestación, ¶ 119. ↩

¹⁷⁹ Réplica, ¶ 138; Segunda Declaración Testimonial de Silvana Pástor, ¶ 16, Anexo CWS-3. ↩

¹⁸⁰ Réplica, ¶ 139; Oficio de Gente Oil Ecuador Pte. Ltd. al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Nro. GOE-KW-2020-5895, 1 de junio de 2020, Anexo C-292. ↩

¹⁸¹ Oficio No. MERNNR-VH-2020-0398-OF, Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, 24 de junio de 2020, p. 1, Anexo C-242. ↩

¹⁸² Contestación, ¶ 120; Primer Informe de A&R Holdings, ¶ 22, Anexo RER-1. ↩

¹⁸³ Demanda, ¶¶ 9, 161; Contestación, ¶ 610, nota al pie 1090; Gente Oil Ecuador Informe Anual de Actividades de 2018, 31 de enero de 2019, Anexo C-130/Apéndice RER-1_4. ↩

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transporte, a través de la RODA, de producción de Amerisur (inicialmente 5.000 BPPD) desde VHR hasta Lago Agrio ¹⁸⁴.

207. En enero de 2018, Amerisur y Petroamazonas firmaron un segundo acuerdo para la construcción por Amerisur de la Estación de Transferencia Chiritza¹⁸⁵ con el objetivo de aumentar la capacidad del oleoducto Cuyabeno-Lago Agrio y para aumentar la capacidad mínima de transporte disponible para Amerisur en 4.000 BPPD (hasta un total de 9.000 BPPD)¹⁸⁶. La inversión realizada por Amerisur sería considerada un pre-pago de la tarifa de transporte correspondiente a los primeros 5.000 BPPD de dicha empresa ¹⁸⁷. La Estación Chiritza fue finalmente construida en el tercer trimestre de 2018¹⁸⁸.

2. Procesos ante instituciones y tribunales ecuatorianos

a) Examen Especial

208. El 15 de noviembre de 2016, la Contraloría General del Estado (la “Contraloría”) notificó a GOE el inicio de un examen especial de los procesos precontractual, contractual y de ejecución del Contrato (el "Examen Especial”), “con cargo al Plan Operativo de Control, de la Dirección de Auditoría de Sectores Estratégicos del año 2016”¹⁸⁹ y con el fin de:

[(i)] verificar la legalidad, propiedad e idoneidad de los términos y condiciones bajo los cuales se negoció el Contrato así como su observancia a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes; y

[(ii)] determinar que las condiciones en las que se encuentra ejecutando el contrato, estén acordes a lo pactado contractualmente ¹⁹⁰.

¹⁸⁴ Oficio No. 33586-TOL-2017 de Petroecuador a la ARCH, 22 de diciembre de 2017, Anexo R-52; Comunicado de Prensa de Petroamazonas EP, Petroamazonas EP firma acuerdo con empresa colombiana Amerisur Resources para transporte de producción por líneas ecuatorianas, 11 de junio de 2015, Anexo C-281. ↩

¹⁸⁵ Amerisur Resources Plc, Actualización sobre Ecuador, 22 de enero de 2018, RNS No. 4632C, Anexo C-280. ↩

¹⁸⁶ Id. ↩

¹⁸⁷ Id. ↩

¹⁸⁸ Réplica, ¶ 117. ↩

¹⁸⁹ Informe General DASE-045-2017, Dirección de Auditoría de Sectores Estratégicos de la Contraloría General del Estado, 1 de agosto de 2017, Anexo C-7. ↩

¹⁹⁰ Oficio de la Contraloría General del Estado No. 32612-DASE, 15 de noviembre de 2016, Anexo C-13; Informe General DASE-045-2017, Dirección de Auditoría de Sectores Estratégicos de la Contraloría General del Estado, 1 de agosto de 2017, Anexo C-7. ↩

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209. El 11 de mayo de 2017, la Contraloría comunicó los resultados provisionales del Examen Especial, identificando violaciones de la normativa aplicable en el proceso licitatorio, la celebración del Contrato y su ejecución¹⁹¹.

210. El 8 de junio de 2017, GOE presentó su respuesta a los resultados provisionales¹⁹².

211. El 17 de julio de 2017 se celebró una reunión en la Contraloría para dar lectura al borrador del informe del Examen Especial¹⁹³, que fue remitido a Gente Oil al día siguiente¹⁹⁴. El 24 de julio de 2017, GOE presentó un escrito rebatiendo los puntos del borrador¹⁹⁵.

212. El 1 de agosto de 2017, la Contraloría emitió el informe general del Examen Especial (el "Informe General"), en el que determinó, entre otros, que:

La adjudicación del contrato no procedía por cuanto la oferta incumplía los requisitos establecidos en las bases de la licitación, en el sobre 1; y, la Resolución 0028-2011del COLH respecto del sobre 2, por tanto debía ser descalificada, sin embargo de aquello, los Miembros de la Comisión de Calificación y Evaluación del Sobre 1, en su informe, a pesar de reconocer tal incumplimiento, concluyeron que el Consorcio DGC cumplió con lo requerido ¹⁹⁶. [...]

El Equipo Negociador del Bloque Singue, al no exigir al Consorcio DGC, el desglose de la tarifa de 34,50 USD presentada, para verificar que esta sea el resultado del estimado de la amortización de las inversiones, los costos y gastos y una utilidad razonable para el oferente que tome en consideración el riesgo incurrido, inobservó lo establecido en el segundo inciso del artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos y en el numeral 14.3 de la cláusula modelo del contrato; en su lugar se procedió a calcular la tasa interna de retorno, TIR, considerando sin ningún sustento legal, únicamente el

¹⁹¹ Entre otros, la Contraloría determinó que (i) el sobre No. 2 carecía del análisis económico de la capacidad o fuentes de inversión de la contratista; y (ii) "al no identificarse nuevas estructuras geológicas", se debió haber aplicado el 15% de TIR, sin riesgo exploratorio, como lineamiento para negociar la tarifa, resultando en una tarifa de US$ 31,20 en el periodo enero 2013 a julio 2014 y de US$ 29 a partir de la sustitución de las actividades exploratorias. Ver Oficio de la Contraloría General del Estado No. 14180-DASE, 11 de mayo de 2017, pp. 12, 24-26, 29, 41, 47, 50, Anexo C-14. ↩

¹⁹² Contestación a la Contraloría, 8 de junio de 2017, p. 1, Anexo C-101. ↩

¹⁹³ Oficio No. 20720-DASE de la Contraloría a Gente Oil, Convocatoria a la Conferencia Final, 12 de julio de 2017, Anexo R-42; Oficio de la Contraloría General del Estado No. 21110-DASE, 18 de julio de 2017, p. 1, Anexo C-12. ↩

¹⁹⁴ Oficio de la Contraloría General del Estado No. 21110-DASE, 18 de julio de 2017, Anexo C-12. El borrador identificaba, entre otras, las siguientes potenciales violaciones de la normativa aplicable: (i) el análisis del Sobre No. 1 sin respaldo de la capacidad operativa del operador y del Sobre No. 2 sin análisis económico de la capacidad o fuentes de inversión de la contratista; (ii) el incumplimiento del artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos en el cálculo de la Tarifa y tomando en cuenta únicamente el 80% de las reservas probadas remanentes, causando un sobrepago por la Secretaría de US$ 5,243,132.38; y (iii) la suscripción del contrato modificatorio sin verificar la capacidad técnica, operativa y económica de GOE. ↩

¹⁹⁵ Presentación ante la Contraloría General del Estado, 24 de julio de 2017, Anexo C-16. ↩

¹⁹⁶ Informe General DASE-045-2017, Dirección de Auditoría de Sectores Estratégicos de la Contraloría General del Estado, 1 de agosto de 2017, p. 31, Anexo C-7. ↩

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80% y no el 100% de las reservas probadas remanentes oficializadas por 2 040 556 barriles, durante los 20 años de ejecución del contrato, lo que ocasionó que se establezca un TIR del 19,2%, con una tarifa de 33,50 USD por barril; mientras que aplicando el 100% de las reservas, se establece un TIR del 19,1% y una tarifa de 32,45 USD¹⁹⁷. [Ello ha ocasionado] una diferencia en la tarifa de 1,05 USD por barril extraído y entregado [...], cuyo monto, hasta la fecha de corte del examen asciende a 5 243 132,38 USD¹⁹⁸.

[En la cesión del Contrato a GOE,] [s]i bien se cumplió con el pago de la prima, no se cumplió con la obligación de mejoramiento de las condiciones estipuladas en el contrato original, conforme lo establece de manera expresa el artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos, más aún cuando a la fecha de la transferencia del contrato -agosto de 2014-, ya se había extraído 854 195,09 barriles que representa el 42% aproximadamente de las reservas calculadas para explotarse en 20 años. (2 040 556)¹⁹⁹. [Asimismo, que GOE] no justificó su solvencia financiera y capacidad operativa ²⁰⁰.

213. Asimismo, el Informe General recomendaba²⁰¹ al COLH (i) “la renegociación de las condiciones económicas del contrato, [...] [e]n conocimiento de los barriles efectivamente extraídos del Bloque Singue, en comparación de las reservas que sirvieron de base para la negociación" del Contrato; y (ii) "[d]ispon[er] al Secretario de Hidrocarburos que analice los incumplimientos legales en los procesos de licitación y transferencia de derechos, del Bloque Singue a fin de que se determine la aplicación de los procedimientos legales que corresponda a tales incumplimientos” (las “Recomendaciones") ²⁰².

214. El COLH dio cumplimiento a dichas Recomendaciones el 19 de octubre de 2017, disponiendo a la Secretaría que "proceda a la renegociación de las condiciones económicas del contrato” y al análisis de los incumplimientos legales señalados por la Contraloría ²⁰³.

¹⁹⁷ Ibid., p. 40. ↩

¹⁹⁸ Ibid., p. 57. ↩

¹⁹⁹ Ibid., p. 53. ↩

²⁰⁰ Ibid., p. 54. ↩

²⁰¹ De conformidad con el artículo 92 de la LOCGE, "Las recomendaciones de auditoría [...] deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio". Ver Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 595, 12 de junio de 2002, art. 92, Anexo CLA-23. ↩

²⁰² Informe General DASE-045-2017, Dirección de Auditoría de Sectores Estratégicos de la Contraloría General del Estado, 1 de agosto de 2017, pp. 57-58, Anexo C-7. ↩

²⁰³ Resolución COLH-0158-19-10-2017, p. 10, arts. 4 y 5, Anexo C-25. ↩

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215. En noviembre de 2017, la Secretaría procedió a designar una Comisión Técnica, Económica y Legal para iniciar la renegociación de las condiciones económicas del Contrato ²⁰⁴ y, los días 16 de noviembre y 19 de diciembre del mismo año se mantuvieron reuniones con GOE. Según lo informado por la Secretaría, GOE “se negó a iniciar un proceso de renegociación de la tarifa del Contrato, ya que según mencionaron, el admitir cualquier tipo de hechos que se encuentran investigados en la Fiscalía General del Estado [(la “Fiscalía") (vid. Sección c) infra)], traería como consecuencia admitir responsabilidades que no les corresponden”²⁰⁵. La Demandante por su parte declara que GOE le manifestó a la Secretaría “que tanto el Informe General como la Resolución COLH violan la Tarifa, que [GOE] no está dispuesto a renegociar los términos del Contrato, y que, de ser necesario, exigiría el cumplimiento del Contrato a través de un arbitraje" ²⁰⁶. La Demandada afirma que “[h]abiendo así fracasado el intento de renegociación del Contrato por parte de la Secretaría, los términos económicos de dicho acuerdo se han mantenido inalterados y la Tarifa continúa pagándose conforme a los términos previstos en el mismo”²⁰⁷.

216. También en noviembre de 2017, la Secretaría solicitó a la Dirección Legal Hidrocarburífera un informe legal sobre los incumplimientos legales señalados en los procesos de licitación y transferencia de derechos del Bloque Singue²⁰⁸. En febrero de 2018, la Secretaría declaró que el informe se encontraba “en elaboración” ²⁰⁹.

217. El 28 de julio de 2020, en respuesta a la Solicitud No. 4 de exhibición de documentos de la Demandante, la Demandada informó que, tras una búsqueda “razonable y diligente", "no se encontró ningún documento de respuesta al requerimiento" de la Secretaría de noviembre de 2017²¹⁰.

b) Procedimiento de responsabilidad culposa

218. El 3 de agosto de 2017, la Contraloría notificó a GOE el oficio de predeterminación de responsabilidad civil culposa (la “Glosa”), a raíz de la conclusión del Examen Especial de que el

²⁰⁴ Oficio Nro. SH-SH-2018-0096-OF, Secretaría de Hidrocarburos, 23 de febrero de 2018, p. 2, Anexo C-195. ↩

²⁰⁵ Demanda, ¶ 131; citando Oficio Nro. SH-SH-2018-0096-OF, Secretaría de Hidrocarburos, 23 de febrero de 2018, p. 2, Anexo C-195. ↩

²⁰⁶ Demanda, ¶ 122; Declaración Testimonial de Silvana Pástor, ¶¶ 49-50, Anexo CWS-2. ↩

²⁰⁷ Contestación, ¶ 131. Ver también, Dúplica, ¶ 352. ↩

²⁰⁸ Oficio Nro. SH-SH-2018-0096-OF, Secretaría de Hidrocarburos, 23 de febrero de 2018, p. 2, Anexo C-195. ↩

²⁰⁹ Id. ↩

²¹⁰ Carta de la Demandada al Tribunal del 28 de julio de 2020, p. 2. Ver también Transcripción, Día 1, 236:4-6, (Frutos). ↩

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Estado Ecuatoriano había sufrido un perjuicio económico como resultado de las irregularidades en la adjudicación y negociación del Contrato²¹¹. La Glosa determinó, de forma preliminar, la responsabilidad civil solidaria de GOE, de 16 funcionarios públicos (entre ellos, José David Burgos y Wilson Pástor, ex Ministro Sectorial), y del Consorcio DGC, por un monto de US$ 5.243.132,38²¹². A Gente Oil y al Consorcio DGC se les responsabilizaba de “haberse beneficiado del diferencial de la tarifa [...]. Además, no justificaron su solvencia financiera y capacidad operativa ²¹³, todo, según la Contraloría, en incumplimiento de los artículos 16 y 79 de la Ley de Hidrocarburos y del artículo 3 del Reglamento para la Transferencia o Cesión de Derechos y Obligaciones de los Contratos de Hidrocarburos²¹⁴.

219. El 29 de septiembre de 2017, GOE presentó su respuesta a la Glosa, alegando que (i) había cumplido en todo momento con la ley ecuatoriana; (ii) no había cometido ningún acto u omisión negligente; y (iii) el Estado ecuatoriano no había sufrido ningún daño real; por lo que no se debía establecer ninguna responsabilidad civil en su contra “o en contra de cualquier otra empresa o funcionario público mencionado”²¹⁵.

220. El 4 de diciembre de 2017, la Contraloría emitió una resolución (la “Resolución de Responsabilidad Civil Culposa”), notificada a GOE el 13 de diciembre de 2017, mediante la cual confirmó la Glosa y confirmó la responsabilidad solidaria de GOE, por un monto de US$ 5.243.132,38²¹⁶.

221. El 15 de febrero de 2018, la Secretaría recibió la primera notificación de disputa de GOE (la "Primera Notificación de Disputa"), de fecha 12 de febrero de 2018, alegando que el Estado Ecuatoriano "ha violado y 'no ha satisfecho sus obligaciones contractuales principales' en los términos del Contrato" como consecuencia de los actos de la Contraloría relacionados con la Resolución de Responsabilidad Civil Culposa y las Recomendaciones²¹⁷.

²¹¹ Oficio de la Contraloría General del Estado No. 5815, 3 de agosto de 2017, Anexo C-22. Ver también Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 595, 12 de junio de 2002, art. 53, Anexo CLA-23. ↩

²¹² Oficio de la Contraloría General del Estado No. 5815, 3 de agosto de 2017, pp. 1-2, 11-12, Anexo C-22. ↩

²¹³ Ibid., p. 11. ↩

²¹⁴ Ibid., p. 12. ↩

²¹⁵ Respuesta de Gente Oil Ecuador a Resolución de Responsabilidad Civil Glosa, p. 21, Anexo C-200. ↩

²¹⁶ Resolución de la Contraloría General del Estado, Resolución N° 12431, 4 de diciembre de 2017, Anexo C-23. ↩

²¹⁷ Primera Notificación de Disputa, 12 de febrero de 2018, p. 3, Anexo C-3. ↩

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222. Según la Demandada, el 15 de febrero de 2018 GOE presentó un recurso de revisión de la Resolución de Responsabilidad Civil Culposa²¹⁸, que fue desechado por la Contraloría el 19 de abril de 2018 por presentación fuera del plazo legal requerido²¹⁹.

223. La Demandante niega la presentación de tal recurso. En su lugar, indica que "[1]a única presentación que [GOE] hizo el 15 de febrero de 2018 es la Primera Notificación de Disputa", cuyo único objeto era “activar el mecanismo de negociaciones directas previsto en el Contrato”²²⁰. La Demandante añade que la Presidencia de Ecuador y la Procuraduría “entendieron correctamente su objeto y respondieron en consecuencia”²²¹ y que la Sra. Silvana Pástor “explicó con claridad el error incurrido por la Contraloría en la primera reunión de negociación directa del 7 de marzo de 2018”²²².

224. Finalmente, la Resolución de Responsabilidad Civil Culposa ha sido declarada nula en dos ocasiones por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito (el “Tribunal Contencioso”), en respuesta a impugnaciones de los Sres. Wilson Pástor y Milton Jiménez ²²³. En ambas sentencias, de octubre de 2020, se consideró que el Informe General, que constituye su sustento, fue emitido extemporáneamente ²²⁴.

225. Las dos sentencias del Tribunal Contencioso han sido objeto de recurso de casación por parte de la Contraloría ante la Corte Nacional de Justicia, por lo que no se encuentran ejecutoriadas a la fecha del presente Laudo²²⁵.

c) Procedimiento penal

²¹⁸ Contestación, ¶ 134; refiriéndose a Oficio No. 00384-DNRR de la Contraloría a Gente Oil y a la Secretaría de Hidrocarburos, 19 de abril de 2018, p. 2, Anexo R-45. ↩

²¹⁹ Oficio No. 00384-DNRR de la Contraloría a Gente Oil y a la Secretaría de Hidrocarburos, 19 de abril de 2018, pp. 2-3, Anexo R-45. ↩

²²⁰ Réplica, ¶ 28. ↩

²²¹ Réplica, ¶ 29; citando Respuesta a la Notificación de Disputa de la Procuraduría General del Estado de Ecuador, 22 de febrero de 2018, Anexo C-4; Respuesta a la Notificación de Disputa de la Presidencia del Ecuador, 1 de marzo de 2018, Anexo C-5. ↩

²²² Réplica, ¶ 30; refiriéndose a Declaración Testimonial de Silvana Pástor, ¶¶ 82-83, Anexo CWS-2. ↩

²²³ Sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, Juicio 17811201800285, Casillero Judicial 4959, 1 de octubre de 2020, Anexo C-256; Sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, Juicio 17811201801187 (iniciado por Jiménez López Milton Alfonso), 13 de octubre de 2020, Anexo C-257. ↩

²²⁴ Id. ↩

²²⁵ Dúplica, ¶ 31; Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 75; Transcripción, Día 4, 1056:11-17 (Torres); Transcripción, Día 1, 169:1-2 (Salvador). ↩

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226. El 1 de agosto de 2017, junto con la emisión del Examen Especial, la Contraloría emitió un informe recogiendo indicios de responsabilidad penal que había encontrado en el curso del Examen Especial (el “Informe Penal”) y lo remitió a la Fiscalía²²⁶.

227. En dicho informe, la Contraloría determinó que “se desprenden indicios de responsabilidad penal, al haberse favorecido por parte de funcionarios públicos, con ocasión del ejercicio de sus cargos a la Contratista, permitiéndole, en contra de expresas disposiciones legales, la explotación del campo Singue y la obtención de beneficios económicos en perjuicio al estado ecuatoriano”²²⁷. En particular, la Contraloría se refirió a:

• la adjudicación del contrato pese a que (i) faltaba la justificación de la capacidad financiera o "fuente de financiamiento"; (ii) no se verificó la capacidad operativa de la empresa Dygoil²²⁸;
• la recomendación de que se aprobara la negociación pese a que la oferta incumplía el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos²²⁹;
• que Dygoil (integrante del Consorcio DGC) había formado parte del Consorcio Petrolero Amazónico, que rechazó modificar su contrato sobre el Bloque Singue y, cinco meses después, participó en la licitación para el mismo campo²³⁰;
• la contratación de Silvana Pástor (hija del que fuera Ministro de Recursos Naturales No Renovables hasta junio de 2013) por parte de Gente Oil Development en mayo de 2012, habiéndose suscrito el Contrato en abril de 2012²³¹;
• la contratación por el Consorcio DGC de José David Burgos, empleado de la Secretaría de Hidrocarburos que suscribió el resumen de los Bloques participantes en la Décima Ronda y miembro del Equipo de Negociación del Bloque Singue²³².

228. Mediante boleta de notificación del 2 de agosto de 2017, la Fiscalía informó del inicio de la fase pre-procesal de la investigación previa y dispuso la notificación a los investigados, entre los que se encontraban Silvana Pástor y José David Burgos, “a fin de que accedan a la investigación y puedan ejercer su derecho de defensa" ²³³.

²²⁶ Informe de Indicios de Responsabilidad Penal DASE-0044-2017,1 de agosto de 2017, Anexo C-79. ↩

²²⁷ Ibid., p. 40. ↩

²²⁸ Ibid., pp. 17-20, 38. ↩

²²⁹ Ibid., pp. 38-39, 20-30 ↩

²³⁰ Ibid., pp. 4-5, 40. ↩

²³¹ Ibid., pp. 34, 39. ↩

²³² Ibid., pp. 35. Vid ¶¶ 125, 133 supra. ↩

²³³ Fiscalía General del Estado, Impulso fiscal dentro del expediente 47-2017, 2 de agosto de 2017, Anexo R-46. ↩

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229. En el marco de la investigación previa, la Sra. Nuvia Haydée Almeida, perita designada por la Fiscalía, emitió un informe en el que estimaba un presunto perjuicio al Estado ecuatoriano de US$ 28,5 millones ²³⁴.

230. El 9 de julio de 2019, la Procuraduría, “en representación del Estado ecuatoriano, como víctima de este delito" y del Ministerio Sectorial, como sucesor de "la entidad directamente afectada [...], la Secretaría de Hidrocarburos”, presentó una “acusación particular” (la “Acusación Particular") en contra de 11 de los 15 procesados, excluyendo entre otros a Silvana Pástor, y acogiendo las conclusiones de la perita Almeida en cuanto al perjuicio al Estado de US$ 28.479.889²³⁵.

231. El 13 de marzo de 2019 se dio por iniciada la fase de instrucción y la Fiscalía formuló cargos contra 15 personas naturales, entre ellas, Silvana Pástor y José David Burgos²³⁶ (los cuales habían sido previamente señalados por el Informe Penal debido a su contratación por el Consorcio DGC²³⁷) e impuso medidas cautelares. A la Sra. Pástor se le impuso la retención y prohibición de enajenar sus bienes, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial²³⁸.

232. Terminada la fase de instrucción fiscal, la Fiscalía presentó su acusación como autores del delito de peculado contra las mismas personas que ya venían siendo procesadas, incluidos Silvana Pástor y José David Burgos²³⁹.

233. El 14 de noviembre de 2019, el juez de la causa dictó auto de llamamiento a juicio contra los 15 acusados ²⁴⁰.

234. El 26 de enero de 2021, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia condenó, por mayoría, por un

²³⁴ Pericia de la perito contable-financiera (Sra. Nuvia Haydeé Almeida Llerena) presentada ante la FGE, 4 de abril de 2018, p. 24, Anexo C-64. ↩

²³⁵ Acusación Particular de la Procuraduría General del Estado, 9 de julio de 2019, pp. 1-3, 18, Anexo C-63. ↩

²³⁶ En un primer momento, la Fiscalía formuló cargos contra 9 personas naturales (entre ellas José David Burgos) y, posteriormente, vinculó a personas adicionales a la instrucción (entre ellas Silvana Pástor). Ver Acta Resumen de la Audiencia de Formulación de Cargos, Anexo C-80; Acta de la Audiencia de Vinculación a la Instrucción Fiscal, celebrada el 10 junio 2019, Anexo C-210. ↩

²³⁷ Vid ¶ 227 supra. ↩

²³⁸ Acta de la Audiencia de Vinculación a la Instrucción Fiscal, celebrada el 10 junio 2019, p. 23, Anexo C-210. ↩

²³⁹ Fiscalía General del Estado, Acusación Fiscal presentada en la Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio [versión no oficial], 23 de septiembre de 2019, Anexo R-23. ↩

²⁴⁰ Corte Nacional de Justicia del Ecuador, Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, Proceso No. 17721-2019-00002, Llamamiento a juicio, 14 de noviembre de 2019, p. 15, Anexo R-51. ↩

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delito de peculado, a ocho de los quince acusados y declaró la inocencia de los siete restantes, incluida la Sra. Pástor, disponiendo el levantamiento de toda medida cautelar de índole personal o real dictada en contra de estos últimos ²⁴¹.

3. Fijación de una nueva tarifa para el transporte de crudo por el SOTE

235. El artículo 62 de la Ley de Hidrocarburos establece que

La [ARCH] fijará las tarifas que se cobrarán a las empresas usuarias de los sistemas de oleoductos, poliductos y gasoductos [...].
[...]
Las tarifas que cobrará PETROECUADOR a las empresas usuarias del [SOTE] las fijará la [ARCH] tomando en consideración los costos y gastos y una rentabilidad razonable sobre las inversiones incluyendo las del [SOTE] existente, conforme a la práctica petrolera internacional²⁴².

236. Como se ha indicado anteriormente, el 11 de junio de 2015, Petroamazonas firmó un convenio con Amerisur para el transporte de crudo desde Colombia hasta Lago Agrio a través de la RODA ²⁴³.

237. El 1 de marzo de 2016, Amerisur solicitó adicionalmente “la viabilidad de establecer [...] un convenio de transporte por el SOTE acordando la tarifa respectiva”²⁴⁴.

238. El 22 de diciembre de 2017, Petroecuador, propietaria del SOTE, solicitó a la ARCH que fijara una nueva tarifa de transporte de crudo, explicando (i) que la tarifa vigente, del año 2000, "esta[ba] desactualizada"; y (ii) que, "a partir del año 2010 en que se renegociaron en el Ecuador los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos [...], toda la producción de petróleo es de propiedad del Estado, tanto de las empresas públicas ecuatorianas como de las empresas privadas, por lo que EP PETROECUADOR no aplica actualmente ninguna tarifa por el transporte de este petróleo por el SOTE”. Por todo ello, Petroecuador concluyó que era necesario “[fijar] una tarifa de transporte por el SOTE acorde a la realidad actual [...] para concretar el Contrato de Transporte de Crudo de AMERISUR”²⁴⁵.

²⁴¹ Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, Juicio No. 17721201900002, Sentencia, 26 de enero de 2021, pp. 359-360 (nótese que los pronunciamientos contenidos en las pp. 708-709 corresponden al voto salvado de unos de los jueces), Anexo RLA-182. ↩

²⁴² Ley de Hidrocarburos (Decreto Supremo No. 2967), publicada originalmente en el Registro Oficial No. 711 del 15 de noviembre de 1978 y modificada por última vez el 21 de agosto de 2018, art. 62, Anexo RLA-24. ↩

²⁴³ Vid ¶ 206 supra. ↩

²⁴⁴ Oficio No. 33586-TOL-2017 de Petroecuador a la ARCH, 22 de diciembre de 2017, p. 2, Anexo R-52. ↩

²⁴⁵ Ibid., p. 3 ↩

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239. El 6 de junio de 2019, la ARCH resolvió fijar la tarifa de transporte por el SOTE en US$2,53 por barril de petróleo crudo, sujeto a ajustes en función de la distancia de transporte del petróleo, sus características y el precio internacional del petróleo (la “Resolución No. 281”)²⁴⁶.

240. La nueva tarifa entró en vigor el 7 de junio de 2019, cuando el Ministerio Sectorial acordó derogar el Acuerdo Ministerial No. 29, del 22 de marzo de 2000, que regulaba hasta el momento la tarifa básica de transporte de petróleo crudo por el SOTE²⁴⁷.

241. El 3 de julio de 2019, el Ministerio Sectorial comunicó a GOE y otras empresas con contratos de prestación de servicios que, “a fin de cumplir con lo establecido en la normativa vigente", aplicaría retroactivamente la nueva tarifa para cada barril de petróleo transportado por el SOTE desde el 7 de junio de 2019²⁴⁸.

242. El 9 de septiembre de 2019, GOE notificó al Ministerio Sectorial una disputa fundamentada en la aplicación de la tarifa de transporte por el SOTE a GOE y solicitó el inicio de las negociaciones directas con el Estado ecuatoriano (la “Segunda Notificación de Disputa") ²⁴⁹.

²⁴⁶ Resolución Nro. ARCH-2019-0281-RES, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 6 de junio de 2019, arts. 1 y 2, Anexo CLA-73. ↩

²⁴⁷ Acuerdo Ministerial No. MERNNR-MERNNR-2019-036-AM del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, publicado en el Registro Oficial No. 518, 7 de junio de 2019, Anexo RLA- 53. ↩

²⁴⁸ Circular Nro. MERNNR-VH-2019-0007-CIR, 3 de julio de 2019, Anexo C-76. ↩

²⁴⁹ Contestación, ¶ 149; Segunda Notificación de Disputa, 9 de septiembre de 2019, Anexo R-5. ↩

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V. PARTES DEL CONTRATO Y OBJECIONES JURISDICCIONALES

243. La Demandada plantea una objeción jurisdiccional principal y tres objeciones jurisdiccionales subsidiarias.

244. En primer lugar, (A) la Demandada sostiene que las reclamaciones de la Demandante están fuera del alcance personal y material del Convenio Arbitral porque se fundamentan en acciones de organismos públicos distintos a la Secretaría y no se basan en violaciones de las obligaciones de las Partes en el marco del Contrato (la “Objeción Principal”)²⁵⁰.

245. Subsidiariamente, (B) aun cuando el Tribunal rechazase la Objeción Principal, la Demandada sostiene que el Tribunal no es competente sobre (i) las supuestas violaciones legales por parte de organismos públicos diferentes a la Secretaría; (ii) las reclamaciones de la Demandante que no fueron sometidas a negociaciones directas obligatorias; y (iii) las reclamaciones de la Demandante relativas a Silvana Pástor (las “Objeciones Subsidiarias") ²⁵¹.

A. OBJECIÓN JURISDICCIONAL PRINCIPAL

1. Alcance Personal del Convenio Arbitral

246. La Demandada defiende que el Contrato, y por extensión el Convenio Arbitral²⁵², vincula al Estado ecuatoriano únicamente en su manifestación como Secretaría de Hidrocarburos ²⁵³. Por ello, sostiene que las reclamaciones de la Demandante, al estar basadas en actuaciones de organismos del Estado ecuatoriano distintos a la Secretaría, están por fuera del alcance personal del Convenio Arbitral y de la competencia del Tribunal²⁵⁴.

247. Por su parte, la Demandante alega que el Estado ecuatoriano es parte del Contrato y del Convenio Arbitral como un todo, y no de forma fraccionada, por lo que el Tribunal tiene jurisdicción ratione personae en este procedimiento²⁵⁵.

a) Posición de la Demandada

²⁵⁰ Contestación, ¶¶ 167, 175; Dúplica, ¶ 107. ↩

²⁵¹ Contestación, ¶ 169. ↩

²⁵² Contestación, ¶ 174. ↩

²⁵³ Contestación, ¶ 318. ↩

²⁵⁴ Contestación, ¶ 175. ↩

²⁵⁵ Réplica, ¶¶ 165, 281. ↩

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248. La Demandada argumenta que Ecuador es parte del Contrato únicamente en su manifestación como Secretaría de Hidrocarburos porque (i) el presente Arbitraje es un arbitraje comercial en el que se aplican las normas de derecho ecuatoriano; (ii) conforme al derecho ecuatoriano, en el plano doméstico el Estado actúa a través de sus organismos; (iii) que son quienes tienen capacidad para contratar y adquirir obligaciones en el marco de sus facultades; y (iv) capacidad para ser sujetos de responsabilidad individual; (v) las competencias de la Secretaría no incluían la capacidad para vincular a otros organismos del Estado; y (vi) la Secretaría no actuaba como un mero representante o agente del Estado.

249. Adicionalmente, la Demandada sostiene que (vii) las disposiciones del Contrato; y (viii) las normas ecuatorianas sobre suscripción de cláusulas arbitrales; confirman que el Convenio arbitral únicamente vincula al Estado ecuatoriano como Secretaría; y (ix) que la propia Demandante ha aceptado que el Estado ecuatoriano es parte del Contrato únicamente en su manifestación como Secretaría de Hidrocarburos.

250. En cuanto a los argumentos de la Demandante, la Demandada defiende que constituyen una tergiversación de sus propios argumentos²⁵⁶; que no están fundados en derecho²⁵⁷; y que son irrelevantes y deben ser descartados por el Tribunal²⁵⁸. Asimismo, la Demandada manifiesta que (x) las consecuencias lógicas de las posiciones de la Demandante llevarían a un resultado absurdo.

i. Caracterización del Arbitraje como un arbitraje de inversión

251. De manera preliminar, la Demandada aduce que la Demandante pretende caracterizar el Arbitraje como un arbitraje de inversión²⁵⁹. No obstante, la Demandada insiste en que el presente Arbitraje es un arbitraje comercial instaurado bajo un contrato de prestación de servicios y regido por el derecho ecuatoriano ²⁶⁰.

252. Por ello, la Demandada sostiene que no resultan aplicables las normas de derecho internacional público, según las cuales los Estados “responden internacionalmente en su carácter de soberanos por el comportamiento de todos sus órganos, sin importar su función o jerarquía”²⁶¹. En su lugar, la Demandada mantiene que en el plano doméstico el Estado asume obligaciones a través de sus

²⁵⁶ Dúplica, ¶¶ 109-112. ↩

²⁵⁷ Dúplica, ¶ 111. ↩

²⁵⁸ Dúplica, ¶ 114. ↩

²⁵⁹ Contestación, ¶¶ 198-199; citando Demanda, ¶¶ 9, 60, 134, 147, 256, 260, 273. ↩

²⁶⁰ Contestación, ¶¶ 201, 208. ↩

²⁶¹ Contestación, ¶ 204. ↩

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diferentes organismos y entidades, en función de sus respectivas atribuciones y facultades (véase la Sección ii a continuación).

ii. Actuación del Estado ecuatoriano en el plano doméstico

253. La Demandada manifiesta que, a nivel doméstico, el Estado actúa exclusivamente a través de los diferentes organismos públicos que lo conforman, cada uno de los cuales actúa dentro del ámbito de sus respectivas competencias²⁶².

254. La Demandada aclara que no intenta con este argumento “fragmentar" ni dividir la personalidad jurídica del Estado, o negar la existencia del Estado ecuatoriano, sino que se limita a diferenciar entre el funcionamiento del Estado a nivel doméstico y a nivel internacional²⁶³. Según la Demandada, dicha diferenciación se reconoce en el artículo 46 del Código Orgánico Administrativo (el “COA”)²⁶⁴. En apoyo de su posición, la Demandada también se refiere a los autores Zavala Egas, Valls Hernandez y Matute Gonzalez, citados por la Demandante ²⁶⁵, así como a Jellinek y Kelsen²⁶⁶.

255. La Demandada añade (i) que la propia Demandante ha admitido que el Estado, en sus relaciones internas, actúa a través de sus organismos y entidades²⁶⁷; y (ii) que la “conducta contradictoria" entre organismos del Estado ecuatoriano de la que se queja la Demandante demuestra que estos actúan de manera independiente²⁶⁸.

iii. Facultad del Estado para contratar en el plano doméstico

256. La Demandada sostiene que, bajo el derecho ecuatoriano y en el plano nacional, son los organismos públicos individualmente considerados (y no el Estado Ecuatoriano como un todo) quienes tienen potestad para celebrar contratos y ser sujetos de responsabilidad contractual y

²⁶² Contestación, ¶ 224; Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas: Teoría General del Derecho Administrativo (Fundación de Derecho Administrativo 2013), p. 163, Anexo RLA-79. Ver también Dúplica, ¶¶ 118, 138, 146; Escrito Post-Audiencia de la Demandada, ¶ 28. ↩

²⁶³ Dúplica, ¶¶ 134, 140, 142. ↩

²⁶⁴ Contestación, ¶ 210; Código Orgánico Administrativo, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 31, 7 de julio de 2017, art. 46, Anexo RLA-46. Dúplica, ¶ 120. ↩

²⁶⁵ Dúplica, ¶¶ 135-136; Jorge Zavala Egas, Lecciones de Derecho Administrativo (Edilex 2011), p. 278, Anexo CLA-180; Sergio Valls Hernández y Carlos Matute González, Nuevo Derecho Administrativo (Editorial Porrúa 2004), pp. 159-160, Anexo CLA-181. Ver Réplica, ¶ 178. ↩

²⁶⁶ Escrito Post-Audiencia de la Demandada, ¶¶ 30-31; Antonio Moles Caubet, La personalidad jurídica del Estado, Revista de la Facultad de Derecho, No. 8 (Universidad Central de Venezuela, 1956), p. 43, Anexo RLA-189. ↩

²⁶⁷ Contestación, ¶ 225; citando Demanda, ¶¶ 5, 74, 184, 186, 188. ↩

²⁶⁸ Contestación, ¶ 226; refiriéndose a Demanda, ¶ 276. ↩

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extracontractual ²⁶⁹. La Demandada aclara que ello no significa, como interpreta la Demandante, que el Estado carezca de esa facultad, sino que lo hace por medio de sus órganos públicos en el marco de sus competencias ²⁷⁰.

257. En cuanto a la Secretaría y el Ministerio Sectorial, la Demandada afirma que estos, en su condición de divisiones funcionales de la Administración Pública Central²⁷¹, poseen capacidad legal (y la Secretaría personalidad jurídica), lo cual les permite asumir derechos y obligaciones por sí mismas y celebrar contratos en nombre propio, independientemente de que posean o no personalidad jurídica²⁷². Por ello, la Demandada defiende que la absorción de la Secretaría por el Ministerio Sectorial no tiene ningún efecto, más allá de cambiar el titular de los derechos y obligaciones bajo el Contrato, sin expandirlos o limitarlos²⁷³.

258. La Demandada señala que ello se desprende de los artículos 64 del Estatuto de la Función Ejecutiva ²⁷⁴ y 109 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública²⁷⁵, así como del artículo 17-1 del Estatuto de la Función Ejecutiva para el caso de los ministerios ²⁷⁶.

259. Por todo ello, la Demandada concluye que, en la suscripción del Contrato, “el Estado Ecuatoriano actuó 'a través' de la Secretaría, el órgano público habilitado legalmente para ese fin, y es solamente por intermedio de ese organismo que es parte del Contrato y del Convenio Arbitral”²⁷⁷.

²⁶⁹ Contestación, ¶ 231; Dúplica, ¶ 147. ↩

²⁷⁰ Dúplica, ¶ 150. ↩

²⁷¹ Contestación, ¶ 227; citando Código Orgánico Administrativo, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 31, 7 de julio de 2017, art. 45, Anexo RLA-46. ↩

²⁷² Contestación, ¶¶ 227-228; Código Orgánico Administrativo, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 31, 7 de julio de 2017, arts. 46, 47, Anexo RLA-46. Ver también Dúplica, ¶ 148; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1461, Anexo CLA-20. Ver también Escrito Post-Audiencia de la Demandada, ¶ 42. ↩

²⁷³ Escrito Post-Audiencia de la Demandada, ¶ 43. ↩

²⁷⁴ Contestación, ¶ 230; Dúplica, ¶ 152; Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (Decreto Ejecutivo No. 2428), publicado en el Registro Oficial No. 536, 18 de marzo de 2002, art. 64, Anexo RLA-47. ↩

²⁷⁵ Contestación, ¶ 230; Dúplica, ¶ 152; Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Decreto ejecutivo 1700), publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 588, 12 de mayo de 2009, art. 109, Anexo RLA-81. ↩

²⁷⁶ La Demandada señala que, según el artículo 17.1, los ministerios “[t]ienen competencia para el despacho de todos los asuntos inherentes al sector que dirige[n]". Para la Demandada ello “necesariamente incluye la celebración de contratos". Ver Contestación, ¶ 229 citando Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (Decreto Ejecutivo No. 2428), publicado en el Registro Oficial No. 536, 18 de marzo de 2002, art. 17-1, Anexo RLA-47. ↩

²⁷⁷ Contestación, ¶ 231. En el mismo sentido, Dúplica, ¶ 118. ↩

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260. Por último, la Demandada considera que los ejemplos mencionados por la Demandante no tienen nada que ver con el Contrato objeto de la controversia²⁷⁸.

261. Sobre los contratos de endeudamiento internacional, la Demandada alega que (i) la Demandante no cita ninguno; y (ii) si se aceptara el argumento de la Demandante, un bonista podría iniciar una acción contra el Estado ecuatoriano, por ejemplo, por actos del Alcalde de Quito, “quien si bien es parte del Estado, nada tiene que ver con el contrato de endeudamiento”²⁷⁹.

262. En cuanto a los contratos de inversión, la Demandada sostiene que una lectura superficial del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y su reglamento confirman que quien suscribe el Contrato es únicamente la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción ²⁸⁰.

263. Sobre el Caso Emelec, citado por la Demandante, la Demandada manifiesta (i) que el contrato de concesión subyacente data de 1925, cuando existía un régimen constitucional distinto; (ii) que no se alegaron actos violatorios por parte de órganos públicos distintos del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; y (iii) que el tribunal no asumió jurisdicción respecto a actuaciones de organismos públicos distintos del órgano público en quien recaían las obligaciones contractuales²⁸¹. Por todo ello, considera que el laudo no justifica la extensión del Convenio Arbitral a todos los órganos públicos del Estado ecuatoriano²⁸².

iv. Responsabilidad del Estado ecuatoriano en el plano doméstico

264. Según la Demandada, la responsabilidad del Estado “como un todo” sólo puede darse a nivel internacional por la violación de obligaciones internacionales²⁸³, por lo que la posición de la Demandante equivale a decir que el Contrato genera obligaciones internacionales en cabeza del Estado ecuatoriano ²⁸⁴.

²⁷⁸ Dúplica, ¶ 123; refiriéndose a Réplica, ¶¶ 184-191. ↩

²⁷⁹ Dúplica, ¶ 123. ↩

²⁸⁰ Dúplica, ¶ 124; Reglamento de Inversiones del Código Orgánico de la Producción (Decreto Ejecutivo No. 757) publicado originalmente en el Registro Oficial No. 450 del 17 de mayo de 2011 y modificado por última vez el 4 de agosto de 2020, art. 5, Anexo RLA-169. ↩

²⁸¹ Dúplica, ¶¶ 129-130; citando Laudo Arbitral Jiménez-Pérez, Guayaquil, 29 de noviembre de 1996, pp. 55-60, Anexo CLA-182. La Demandada también determina que el convenio arbitral siguió un régimen especial derivado de la naturaleza jurídica de Emelec. Ver Dúplica, ¶ 129, nota al pie 309; citando Laudo Arbitral Jiménez-Pérez, Guayaquil, 29 de noviembre de 1996, pp. 13-14, 17, 74-75, Anexo CLA-182. ↩

²⁸² Dúplica, ¶ 131. ↩

²⁸³ Contestación, ¶ 216; Dúplica, ¶ 120. ↩

²⁸⁴ Contestación, ¶ 218. ↩

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265. En el plano doméstico, la Demandada defiende que el Estado responde por medio del órgano competente por el que ha actuado²⁸⁵, que puede apersonarse por sí mismo, o por intermedio de la Procuraduría si no cuenta con personalidad jurídica²⁸⁶.

266. En este sentido, la Demandada manifiesta que el artículo 209 del Estatuto de la Función Ejecutiva indica claramente que la responsabilidad patrimonial recae directamente sobre las instituciones del Estado y no sobre el Estado como un todo²⁸⁷.

267. Asimismo, se refiere al Código Orgánico General de Procesos de Ecuador, que según la Demandada prevé que, en caso de sentencia condenatoria, sea el propio organismo público y no el Estado quien deba responder por su pago ²⁸⁸. Como ejemplo de esto último, la Demandada hace referencia a las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito en los casos PIRLONAG c. Ministerio de Defensa y Cuerpo de Ingenieros del Ejército y Consorcio del Austro c. Ministerio de Agricultura y Ganadería²⁸⁹.

v. Potestad de la Secretaría para vincular contractualmente al Estado ecuatoriano

268. La Demandada reconoce el derecho exclusivo del Estado de explotar los hidrocarburos y otros sectores estratégicos, tal y como se establece en el artículo 313 de la Constitución ²⁹⁰. No obstante, la Demandada defiende que el que se obliga y actúa en la práctica a nombre del Estado es el organismo público con las atribuciones que la ley le otorga²⁹¹.

²⁸⁵ Dúplica, ¶ 126; citando Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008, art. 11.9, Anexo RLA-25; Diego F. Mogrovejo Jaramillo, La responsabilidad estatal en la Constitución del Ecuador de 2008, Foro Revista de Derecho No. 12 (2009), p. 74, Anexo RLA-171. En el mismo sentido, Dúplica, ¶ 133. ↩

²⁸⁶ Dúplica, ¶ 154; Código Orgánico Administrativo, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 31, 7 de julio de 2017, art. 48, Anexo RLA-46. ↩

²⁸⁷ Contestación, ¶ 232; Dúplica, ¶ 153; Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (Decreto Ejecutivo No. 2428), publicado en el Registro Oficial No. 536, 18 de marzo de 2002, art. 209, Anexo RLA-47. ↩

²⁸⁸ Contestación, ¶ 234; Código Orgánico General de Procesos de Ecuador, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 506, 22 de mayo de 2015, art. 314, Anexo RLA-42. ↩

²⁸⁹ Contestación, ¶ 234; Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Juicio No. 17811201700419, Sentencia, 12 de diciembre de 2018, p. 11, Anexo RLA-83; Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Juicio No. 1711201701291, Sentencia, 16 de diciembre de 2019, pp. 6-7, Anexo RLA-84. ↩

²⁹⁰ Dúplica, ¶ 162; Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008, art. 313, Anexo RLA-25. Ver también Dúplica, ¶ 170. ↩

²⁹¹ Dúplica, ¶ 166. ↩

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269. Primero, la Demandada mantiene que las referencias genéricas en la Constitución al Estado no son significativas, pues la Constitución no regula en detalle el funcionamiento del Estado ni asigna competencias específicas²⁹².

270. Sobre el artículo 313, la Demandada señala que la Corte Constitucional del Ecuador indicó que (i) que "Estado” se debía entender como “los organismos pertinentes de regulación y control creados legalmente para el efecto”²⁹³; y (ii) confirmó que tales organismos eran “los que delegaban la explotación de los servicios estratégicos en el marco de sus atribuciones”²⁹⁴.

271. La Demandada manifiesta que la Ley de Hidrocarburos, incluidos sus artículos 1 y 2, ha de leerse a la luz de la Constitución y la interpretación de la misma que ha hecho la Corte Constitucional²⁹⁵. Según la Demandada, en concordancia con tal interpretación (i) el artículo 6-A de la Ley de Hidrocarburos otorga a la Secretaría la facultad de suscribir y administrar contratos petroleros a nombre del Estado ecuatoriano²⁹⁶; y (ii) el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos establece que las contratistas se obligan para con la Secretaría²⁹⁷.

272. Finalmente, la Demandada sostiene que, conforme al artículo 14 del Reglamento de Aplicación de la Ley Reformatoria, la delegación de las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera a empresas petroleras privadas se realizará por intermedio de la Secretaría ²⁹⁸.

273. Por todo ello, la Demandada concluye que el Estado actuó por medio de la Secretaría (ahora Ministerio Sectorial) en la suscripción del Contrato. No obstante, defiende que la Secretaría no tenía poderes ilimitados de actuación, sino que estaba circunscrita por los principios de legalidad y especialidad ²⁹⁹.

²⁹² Dúplica, ¶ 159. ↩

²⁹³ Dúplica, ¶ 163; Corte Constitucional del Ecuador para el Periodo de Transición, Caso No. 0008-10-IC, Sentencia No. 001-12-SIC-CC, 5 de enero de 2012, p. 9, Anexo RLA-176. ↩

²⁹⁴ Dúplica, ¶ 164; Corte Constitucional del Ecuador para el Periodo de Transición, Caso No. 0008-10-IC, Sentencia No. 001-12-SIC-CC, 5 de enero de 2012, p. 12, Anexo RLA-176. ↩

²⁹⁵ Dúplica, ¶ 166; refiriéndose a Réplica, ¶ 225. ↩

²⁹⁶ Contestación, ¶ 248; Dúplica, ¶¶ 167, 178; Ley de Hidrocarburos (Decreto Supremo No. 2967), publicada originalmente en el Registro Oficial No. 711 del 15 de noviembre de 1978 y modificada por última vez el 21 de agosto de 2018, art. 6-A, Anexo RLA-24. ↩

²⁹⁷ Dúplica, ¶ 168; Ley de Hidrocarburos (Decreto Supremo No. 2967), publicada originalmente en el Registro Oficial No. 711 del 15 de noviembre de 1978 y modificada por última vez el 21 de agosto de 2018, art. 16, Anexo RLA-24. ↩

²⁹⁸ Contestación, ¶ 249; Reglamento de Aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos (Decreto Ejecutivo No. 546), publicado en el Registro Oficial No. 330, 29 de noviembre de 2010, reformado por última vez el 24 de mayo de 2018, art. 14, Anexos RLA-33 y CLA-40. ↩

²⁹⁹ Contestación, ¶¶ 239-241. ↩

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274. En virtud del principio de legalidad, la Demandada indica que “un organismo público no puede actuar sin contar con una atribución legal expresa que se lo permita”³⁰⁰, por lo que su ámbito de actuación “está estrictamente limitado por sus potestades y atribuciones determinadas constitucional y legalmente”³⁰¹.

275. En virtud del principio de especialidad, la Demandada sostiene que “los organismos y entidades del Estado Ecuatoriano tienen un campo de actuación limitado por su mandato legal, vocación y fines, y no pueden salirse de dicho campo de actuación sin incurrir en ilegalidad”³⁰².

276. Según la Demandada, la propia Demandante ha reconocido que los organismos públicos sólo pueden actuar en el marco de sus competencias³⁰³.

277. La Demandada defiende que, dentro de las facultades atribuidas a la Secretaría, no se encontraba la de vincular contractualmente a otras entidades del Estado Ecuatoriano³⁰⁴, lo que demuestra que el Estado ecuatoriano sólo es parte del Convenio Arbitral en su manifestación como Secretaría de Hidrocarburos ³⁰⁵. Según la Demandada, la Demandante es incapaz de referirse a algún fundamento de derecho ecuatoriano que demuestre lo contrario³⁰⁶.

278. Adicionalmente, la Demandada reitera que la Secretaría, la Contraloría, el COLH, la Fiscalía, la Procuraduría, la ARCH y el MEF son organismos completamente independientes, con competencias diferenciadas y pertenecientes a diferentes ramos del poder público ³⁰⁷.

279. Finalmente, la Demandada manifiesta que los actos administrativos de la Contraloría (según la Demandada "la entidad sobre cuyas acciones reposa el grueso de las reclamaciones de la Demandante”³⁰⁸) sólo pueden ser impugnados por la vía contenciosa administrativa³⁰⁹. En este

³⁰⁰ Contestación, ¶ 242; Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008, art. 226, Anexo RLA-25. Ver también Contestación, ¶ 240; Dúplica, ¶ 178. ↩

³⁰¹ Contestación, ¶ 243. ↩

³⁰² Contestación, ¶ 245; citando Luis A. Fleitas de León y Eduardo Derderián Minasián, El "Principio de Especialidad" como límite y marco dimensionante, de la actuación de los Órganos de Auditoría Interna del Estado, 15 Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo 21 (2009), p. 34, Anexo RLA-91; Efraín Pérez, Derecho Administrativo: Actualizado con la Legislación de Derecho Público 2009-2014, Tomo I (Corporación de Estudios y Publicaciones 2014) (Extracto), p. 186, Anexo RLA-92. ↩

³⁰³ Dúplica, ¶¶ 176-177; refiriéndose a Réplica, ¶¶ 196, 560-562. ↩

³⁰⁴ Contestación, ¶ 251; Dúplica, ¶ 179. ↩

³⁰⁵ Dúplica, ¶ 181. ↩

³⁰⁶ Dúplica, ¶ 145. ↩

³⁰⁷ Contestación, ¶¶ 295-298. En el mismo sentido, Dúplica, ¶ 180. ↩

³⁰⁸ Contestación, ¶ 299. ↩

³⁰⁹ Contestación, ¶ 300; Dúplica, ¶ 250. ↩

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sentido, cita (i) dos sentencias de la Corte Provincial de Pichincha³¹⁰; y (ii) la orden procesal de un tribunal CCI con sede en Chile³¹¹.

vi. Condición de representante (o no) de la Secretaría en la suscripción del Contrato

280. La Demandada defiende que, en la suscripción del Contrato, la Secretaría no actuó como un “mero representante" sino “como el organismo a través del cual el Estado asumió su posición contractual"³¹².

281. Primero, sostiene que, entre el Estado ecuatoriano y la Secretaría, no puede identificarse un "mandante” o “principal” y un “mandatario”, porque en el plano doméstico no hay tal cosa como un Estado ecuatoriano, entendido como unidad, que impartiera instrucciones a la Secretaría sobre cómo celebrar y administrar el Contrato³¹³. Añade que, al ser la Secretaría la manifestación misma del Estado en la celebración y ejecución del Contrato, no cabe la representación, puesto que no existen dos partes diferenciadas³¹⁴.

282. En cualquier caso, la Demandada sostiene que, aunque se aceptara la existencia de un “mandato”, el alcance de este está determinado por la ley, que delimita las competencias de la Secretaría³¹⁵.

283. La Demandada añade que el mismo Contrato es prueba de que la Secretaría no actuaba como un mero representante, ya que las obligaciones contractuales estaban en cabeza de la Secretaría³¹⁶.

284. Por otro lado, la Demandada niega haber adoptado en este Arbitraje una posición jurisdiccional contradictoria a la asumida en Perenco c. Ecuador³¹⁷. En particular, manifiesta que el asunto en disputa en Perenco era otro: “si Petroecuador era parte de los contratos de participación independientemente (y en adición) al Estado ecuatoriano, es decir si los contratos de participación

³¹⁰ Contestación, ¶¶ 301-302; Corte Provincial de Pichincha, Caso No. 17100-2013-0042, Sentencia en proceso de nulidad contra laudo arbitral, 16 de mayo de 2018, pp. 10-11, Anexo RLA-96; Corte Provincial de Pichincha, Caso No. 17100-2018-00006, Sentencia en proceso de nulidad contra laudo arbitral, 2 de agosto de 2018, pp. 22-23, Anexo RLA-97. ↩

³¹¹ Contestación, ¶¶ 304-305; Cycasa Canteras y Construcciones S.A., Infrainter Infraestructuras Internacionales S.A. y Euskotren Participaciones S.A. (conjuntamente el Consorcio de los Cuatro Ríos Cuenca) c. Gobierno Autónomo Decentralizado del Municipio de Cuenca, Caso CCI No. 22589/ASM/JPA, Orden Procesal No. 2, 21 de agosto de 2018, ¶¶ 25-27, Anexo RLA-100. ↩

³¹² Contestación, ¶ 286. En el mismo sentido, Dúplica, ¶ 201. ↩

³¹³ Contestación, ¶ 290. ↩

³¹⁴ Dúplica, ¶ 202 ↩

³¹⁵ Dúplica, ¶ 202. ↩

³¹⁶ Contestación, ¶ 289. ↩

³¹⁷ Contestación, ¶ 292. ↩

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eran bilaterales o tripartitos", y no si el Contrato vincula al Estado como un todo o únicamente en su manifestación como Secretaría de Hidrocarburos ³¹⁸.

285. De igual manera, la Demandada mantiene que, en EcuadorTLC y otros c. Ecuador y otros, sostuvo que (i) el Estado ecuatoriano era parte en el arbitraje; y (ii) EP Petroecuador no podía ser una parte demandada independiente además del Estado ecuatoriano³¹⁹. La Demandada añade que en EcuadorTLC nunca se discutió si todos los órganos públicos del Estado ecuatoriano estaban cubiertos por el Convenio Arbitral ³²⁰.

vii. Las Partes del Contrato según las disposiciones del propio Contrato

286. La Demandada alega que tanto la ley como el Contrato son claros en determinar que la contraparte contractual en los contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos es “el Estado Ecuatoriano por intermedio de la Secretaría de Hidrocarburos”³²¹ y no el “Estado” o “Ecuador” a secas³²². Para la Demandada, las expresiones “por intermedio" y "representado por" significan que “sólo la Secretaría tenía competencia para firmar y obligar al Estado Ecuatoriano y no tiene ni competencia ni atribuciones para obligar a otros organismos públicos"³²³.

287. Según la Demandada, las disposiciones sustantivas del Contrato también evidencian que la contraparte contractual de Gente Oil es la Secretaría³²⁴. En particular, la Demandada se refiere a (i) el objeto del Contrato³²⁵; (ii) la asunción de obligaciones (como el pago de la Tarifa) por la Secretaría y no por el Estado ecuatoriano como un todo³²⁶; (iii) la obtención por la Secretaría de

³¹⁸ Contestación, ¶ 293; Dúplica, ¶ 204; citando Perenco Ecuador Ltd. c. La República de Ecuador y Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, Caso CIADI No. ARB/08/6, Decisión sobre Jurisdicción, 30 de junio de 2011, ¶ 184, Anexo RLA-95. En el mismo sentido, Dúplica, ¶ 204. ↩

³¹⁹ Dúplica, ¶ 205; citando EcuadorTLC S.A. (Ecuador), Cayman International Exploration Company S.A. (Panamá), Teikoku Oil Ecuador (Islas Caimán) c. República del Ecuador, Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP Petroecuador), Secretaría de Hidrocarburos de Ecuador, Caso CPA No. 2014-32, Laudo Final, 16 de enero de 2018, ¶¶ 173-174, Anexo CLA-90. ↩

³²⁰ Dúplica. ¶ 205; Contestación, ¶ 293, nota al pie 561. ↩

³²¹ Contestación, ¶¶ 253-255; citando Ley de Hidrocarburos (Decreto Supremo No. 2967), publicada originalmente en el Registro Oficial No. 711 del 15 de noviembre de 1978 y modificada por última vez el 21 de agosto de 2018, art. 16, Anexo RLA-24; Contrato, cláusula 4.3.60, Anexo C-6. ↩

³²² Contestación, ¶ 255; Dúplica, ¶¶ 185-186. ↩

³²³ Dúplica, ¶ 183. ↩

³²⁴ Contestación, ¶ 256; Dúplica, ¶ 188. ↩

³²⁵ Contestación, ¶ 257; Dúplica, ¶ 188; Contrato, cláusulas 5.1, 5.1.1, Anexo C-6. ↩

³²⁶ Contestación, ¶¶ 258-260; Contrato, cláusulas 5.2, 8.3.1, 8.3.10, Anexo C-6. ↩

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la propiedad de toda la información técnica sobre el campo petrolero ³²⁷ y de una licencia para usar y reproducir una serie de derechos³²⁸; (iv) la obligación de indemnización por daños y perjuicios que adquirió Gente Oil frente a la Secretaría³²⁹; (v) el otorgamiento de garantías y pólizas a favor de la Secretaría ³³⁰; y (vi) la facultad de la Secretaría de extender el plazo de vigencia del Contrato³³¹.

288. La Demandada afirma que, aunque el Contrato contiene una definición que se refiere al Estado ecuatoriano como un todo³³², las únicas veces que se emplea tal definición es para referirse a sus potestades soberanas y no para imponerle obligaciones como contraparte contractual³³³. Además, añade que la cláusula 9.7 del Contrato, al distinguir entre el Estado ecuatoriano y las “Partes", enfatiza la distinción entre el Estado ecuatoriano “como propietario de los hidrocarburos" y la Secretaría "como organismo público [...] que ejecuta y se beneficia del Contrato”³³⁴.

289. Igualmente, la Demandada indica que cuando las disposiciones del Contrato se refieren a otras entidades del Estado Ecuatoriano, lo hacen en calidad de terceros³³⁵. Según la Demandada, ello es consistente con el derecho ecuatoriano, conforme al cual el Estado no actúa como un todo sino a través de sus organismos y entidades³³⁶.

290. Por último, la Demandada argumenta que la cláusula 32.4, que establece el carácter intuitu personae del Contrato, no tendría “ningún sentido” si el Contrato vinculara al Estado ecuatoriano en su totalidad³³⁷.

291. Sobre las alegaciones de la Demandante, la Demandada sostiene que discuten sólo tres de las disposiciones contractuales citadas y con argumentos no pertinentes. Primero, señala que el Contrato no se ocupa del ingreso petrolero del Estado ecuatoriano, por lo que las afirmaciones de

³²⁷ Contestación, ¶ 259; Contrato, cláusula 24.1, Anexo C-6. ↩

³²⁸ Contestación, ¶ 260; Contrato, cláusula 24.2, Anexo C-6. ↩

³²⁹ Contestación, ¶¶ 261-262; Dúplica, ¶ 188; Contrato, cláusulas 26.1.2, 26.2, Anexo C-6. ↩

³³⁰ Dúplica, ¶ 188; Contrato, cláusulas 10.1 y 10.2.1, Anexo C-6. ↩

³³¹ Contestación, ¶ 263; Dúplica, ¶ 188; Contrato, cláusula sexta, Anexo C-6. ↩

³³² Dúplica, ¶ 186; Contrato, cláusula 4.3.30, Anexo C-6. ↩

³³³ Contestación, ¶ 264; Contrato, cláusulas 1.1-1.3, 8.1, 8.1.3, 4.3.53, 14.1, 14.8, 29.3, 8.3.15 y 19.19, Anexo C-6. ↩

³³⁴ Contestación, ¶ 265; Contrato, cláusula 9.7, Anexo C-6. ↩

³³⁵ Contestación, ¶ 266; Dúplica, ¶ 189; Contrato, cláusulas 8.2.19, 10.2.2, 14.8.9, 16.3, 33.4, Anexo C-6. ↩

³³⁶ Contestación, ¶ 267. ↩

³³⁷ Contestación, ¶¶ 268-269; Contrato, cláusula 32.4, Anexo C-6. ↩

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la Demandante a este respecto “no tiene[n] nada que ver con el Contrato"³³⁸. Segundo, indica que el artículo 100 del Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, citado por la Demandante, establece que la propiedad de la información del Estado ecuatoriano “es a través de la Secretaría de Hidrocarburos", lo cual según la Demandada confirma su posición ³³⁹. Tercero y último, manifiesta que el carácter intuitu personae del Contrato no puede ser sólo con respecto a Gente Oil, pues la cláusula 32.4 del Contrato habla de las “Partes” en plural³⁴⁰.

292. Por todo lo anterior, la Demandada concluye que el texto mismo del Contrato evidencia que el Contrato vincula al Estado ecuatoriano solamente en su representación como Secretaría³⁴¹.

viii. Suscripción de cláusulas arbitrales por entidades públicas bajo el derecho ecuatoriano

293. La Demandada sostiene que las normas ecuatorianas relativas a la suscripción de cláusulas arbitrales por parte de entidades públicas confirman que el Convenio Arbitral sólo vincula al Estado Ecuatoriano en su carácter de Secretaría ³⁴².

294. Primero, la Demandada se refiere al artículo 422 de la Constitución, que prohíbe la celebración de "tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídico privadas”³⁴³.

295. A continuación, la Demandada cita el artículo 190 de la Constitución que permite pactar arbitraje en derecho en contratos públicos “previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado"³⁴⁴.

³³⁸ Dúplica, ¶ 191; refiriéndose a Réplica, ¶¶ 231-238. ↩

³³⁹ Dúplica, ¶ 193; refiriéndose a Réplica, ¶ 239; Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, Acuerdo Ministerial N° MH-MH-2018-0001-AM, art. 100, Anexo C-34. ↩

³⁴⁰ Dúplica, ¶¶ 194-196; refiriéndose a Réplica, ¶ 247. ↩

³⁴¹ Dúplica, ¶ 199. ↩

³⁴² Contestación, ¶¶ 271-284. ↩

³⁴³ Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008, art. 422, Anexo RLA-25. ↩

³⁴⁴ Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008, art. 190, Anexo RLA-25. ↩

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296. Citando una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional³⁴⁵, la Demandada alega que el artículo 422 se refiere al “Estado ecuatoriano como sujeto de derecho y obligaciones internacionales” y el 190 a “las entidades individuales del sector público". Adicionalmente, indica que la Corte Constitucional excluyó la aplicación del artículo 190 a los supuestos previstos en el artículo 422, en particular a los contratos de deuda que se rigen por normas internacionales³⁴⁶. La Demandada manifiesta que la Demandante no ha hecho referencia alguna a esta decisión en su Réplica³⁴⁷.

297. La Demandada señala a continuación que el artículo 190 fue desarrollado por el artículo 42 de la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador (la “Ley de Arbitraje”), que distingue entre el Estado y las instituciones del sector público, e indica que las entidades del Estado Ecuatoriano pueden someterse a arbitraje con “autorización expresa de la máxima autoridad de la institución respectiva, previo el informe favorable del Procurador General del Estado”³⁴⁸. En el mismo sentido cita el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría³⁴⁹.

298. Con base en los artículos mencionados y a la interpretación de la Corte Constitucional, la Demandada concluye que son únicamente los organismos y entidades públicas quienes pueden pactar el arbitraje en contratos públicos, y no el Estado ecuatoriano como un todo³⁵⁰. Según la Demandada, ello es evidencia de que el Convenio Arbitral vincula al Estado Ecuatoriano únicamente en su manifestación como Secretaría de Hidrocarburos³⁵¹.

299. Por último, la Demandada señala que en su informe favorable para la inclusión del Convenio Arbitral en el Contrato, la Procuraduría se refirió únicamente a la Secretaría de Hidrocarburos³⁵².

ix. Aceptación por la Demandante de la posición de la Demandada

³⁴⁵ Corte Constitucional del Ecuador, Caso 005-09-IC, Sentencia Interpretativa No. 0001-09-SIC-CC, 13 de marzo de 2009, publicada en Registro Oficial Suplemento No. 549, 16 de marzo del 2009, p. 4, Anexo RLA-93. ↩

³⁴⁶ Dúplica, ¶ 209; Corte Constitucional del Ecuador, Caso 005-09-IC, Sentencia Interpretativa No. 0001-09-SIC-CC, 13 de marzo de 2009, publicada en Registro Oficial Suplemento No. 549, 16 de marzo del 2009, p. 4, Anexo RLA-93 ↩

³⁴⁷ Dúplica, ¶ 209. ↩

³⁴⁸ Contestación, ¶ 276; Dúplica, ¶ 211; Ley de Arbitraje y Mediación (Ley No. 14), publicada en el Registro Oficial No. 417, 14 de diciembre de 2006, art. 42, Anexo RLA-94. ↩

³⁴⁹ Contestación, ¶ 278; Dúplica, ¶ 211; Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado (Codificación No. 15), publicada en el Registro Oficial No. 312, 13 de abril de 2004, art. 11, Anexo RLA-45. ↩

³⁵⁰ Contestación, ¶ 275; Dúplica, ¶ 210. ↩

³⁵¹ Dúplica, ¶ 213. ↩

³⁵² Contestación, ¶ 283, nota al pie 543; Dúplica, ¶ 212; Contrato, Anexo K (Oficio de la Procuraduría No. 07295 de fecha 5 de abril de 2012), pp. 7-8, Anexo C-6. ↩

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300. La Demandada arguye que la misma Demandante tácitamente aceptó que el Convenio Arbitral vincula únicamente al Estado Ecuatoriano en su carácter de Secretaría.

301. En primer lugar, se refiere al envío por la Demandante de la Primera Notificación de Disputa a Francisco Redón, Secretario de Hidrocarburos en ese momento³⁵³, y de la Segunda Notificación de Disputa a Carlos Pérez, titular en ese momento del Ministerio Sectorial³⁵⁴. En este sentido cita la cláusula 31.1 del Contrato, que requiere que "la Parte afectada somet[a] el desacuerdo al representante legal de la otra Parte”, la Demandada concluye que la Demandante entendió que “la otra Parte" del Contrato es “el Estado ecuatoriano por intermedio de la Secretaría”³⁵⁵.

302. Por último, la Demandada mantiene que lo mismo se puede concluir de la suscripción del Acuerdo Transaccional directamente con el Ministerio Sectorial³⁵⁶.

x. Consecuencias lógicas de la posición de la Demandante

303. La Demandada argumenta que, si se aceptara que el Convenio Arbitral vincula al Estado como un todo, entonces cualquier organismo del Estado, incluidos, por ejemplo, el Ministerio de Educación de la República o la Policía Nacional de Ecuador, podría presentar una reclamación en contra de la Demandante conforme al Convenio Arbitral, lo cual sería un “sinsentido”³⁵⁷.

b) Posición de la Demandante

304. La Demandante sostiene que la tesis de la Demandada es improcedente, alegando que cuando el Estado ecuatoriano suscribe un contrato a través de una institución pública, como la Secretaría, se compromete como un todo y no de manera fraccionada³⁵⁸.

305. Primero, la Demandante defiende que (i) no ha iniciado un arbitraje de inversión sino un arbitraje comercial derivado de un incumplimiento contractual; y (ii) en el plano doméstico, y bajo el derecho ecuatoriano, se reconoce la personalidad jurídica única del Estado, estando el Estado facultado para (iii) contratar por sí mismo y (iv) responder por el incumplimiento de los contratos de los que es parte.

³⁵³ Contestación, ¶ 311; Dúplica, ¶ 226; Primera Notificación de Disputa, 12 de febrero de 2018, p. 1, Anexo C-3. ↩

³⁵⁴ Contestación, ¶ 311; Dúplica, ¶ 226; Segunda Notificación de Disputa, 9 de septiembre de 2019, p. 1, Anexo R-5. ↩

³⁵⁵ Contestación, ¶¶ 309, 312; Dúplica, ¶ 227; Contrato, cláusula 31.1, Anexo C-6. ↩

³⁵⁶ Contestación, ¶ 313; Dúplica, ¶ 228. ↩

³⁵⁷ Contestación, ¶¶ 316-317; Dúplica, ¶ 231. ↩

³⁵⁸ Réplica, ¶ 165. ↩

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306. Segundo, la Demandante sostiene que, en este caso, (v) el único competente para suscribir el Contrato era el Estado ecuatoriano y señala que (vi) la Secretaría únicamente actuó como representante del Estado. Según la Demandante, (vii) dicha tesis se confirma al consultar el texto del Contrato.

307. Finalmente, la Demandante niega (viii) que, bajo el derecho ecuatoriano, el Estado no esté facultado para suscribir cláusulas arbitrales en contratos de índole comercial. Asimismo, niega (ix) haber aceptado que el Estado ecuatoriano es parte del Contrato únicamente en su manifestación como Secretaría de Hidrocarburos; y (x) que las consecuencias lógicas de su posición lleven a un resultado absurdo.

i. Caracterización del Arbitraje como un arbitraje de inversión

308. La Demandante niega haber caracterizado el Arbitraje como un arbitraje de inversiones y aclara que ha iniciado un arbitraje comercial bajo el Contrato, sustentando su demanda en el incumplimiento contractual y violación de derecho ecuatoriano por parte de Ecuador³⁵⁹.

309. La Demandante manifiesta que el arbitraje de inversiones no es el único mecanismo para resolver disputas contractuales entre el Estado e inversionistas extranjeros, y agrega que no existe norma en el Ecuador que le prohíba al Estado ecuatoriano celebrar contratos con empresas internacionales y someter sus disputas a arbitraje internacional³⁶⁰.

310. Como ejemplo, se refiere a los contratos de concesión eléctrica entre el Estado y empresas extranjeras, o a los contratos internacionales de préstamos. La Demandante indica que en ninguno de esos casos "puede afirmarse que el incumplimiento del Estado ecuatoriano de dichos contratos haya podido o pueda acarrearle [...] una responsabilidad internacional bajo las reglas del Derecho internacional público”³⁶¹.

ii. Actuación del Estado ecuatoriano en el plano doméstico

311. La Demandante sostiene que, en el ámbito doméstico, se reconoce la personalidad única del Estado, así como su capacidad para actuar “en diferentes planos y sometiéndose a los diferentes regímenes jurídicos que son propios de esos planos”, incluido el plano contractual³⁶².

³⁵⁹ Réplica, ¶ 181. ↩

³⁶⁰ Réplica, ¶ 182. ↩

³⁶¹ Réplica, ¶ 183; El Comercio Ministerio de Finanzas realiza colocaciones de bonos por US$ 2000 millones, 24 de septiembre de 2019, Anexo C-314. ↩

³⁶² Réplica, ¶¶ 178-179; Jorge Zavala Egas, Lecciones de Derecho Administrativo (Edilex 2011), pp. 279-280, Anexo CLA-180; Sergio Valls Hernández y Carlos Matute González, Nuevo Derecho Administrativo ↩

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312. Sobre el COA, mencionado por la Demandada³⁶³, defiende que este no es aplicable a las relaciones contractuales del Estado con particulares, por lo que el artículo 46 es irrelevante³⁶⁴. En su lugar, arguye que las normas aplicables a la contratación pública son el Código Civil del Ecuador (el “Código Civil” o “CC”) y determinadas leyes especiales³⁶⁵.

313. En todo caso, manifiesta que el artículo 46 del COA se limita a recoger el principio de derecho internacional público conforme al cual, en el plano internacional, el Estado responde “como un todo" por los actos de sus órganos internos³⁶⁶. La Demandante aclara que, en este caso, la responsabilidad del Estado no nace del derecho internacional público, sino de su condición de parte del Contrato³⁶⁷.

314. En cuanto a la “conducta contradictoria” de los diferentes organismos del Estado Ecuatoriano³⁶⁸, la Demandante niega que ello demuestre que son organismos independientes y añade que dichas contradicciones “no merman la personalidad única del Estado ecuatoriano”³⁶⁹.

iii. Facultad del Estado para contratar en el plano doméstico

315. La Demandante no cuestiona que los organismos públicos creados por el Estado tengan competencia para adquirir derechos y asumir obligaciones a través de contratos con particulares³⁷⁰. Lo que no acepta, por considerarlo contrario al derecho ecuatoriano, es que ello implique que el Estado ecuatoriano no tiene potestad para contratar como tal³⁷¹.

(Editorial Porrúa 2004), pp. 159-160, Anexo CLA-181. En el mismo sentido, Réplica, ¶ 268; Renato Alessi, Instituciones de Derecho Administrativo (Bosch Casa Editorial 1970), pp. 39 y 40, Anexo CLA-134.

³⁶³ Contestación, ¶ 210. Vid. ¶ 254 supra. ↩

³⁶⁴ Réplica, ¶¶ 169-171; Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶¶ 109, 116; Código Orgánico Administrativo, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 31, 7 de julio de 2017, arts. 1, 42, Anexo RLA-46. ↩

³⁶⁵ Réplica, ¶¶ 171-175; citando Corte Suprema de Justicia, Expediente 40. Quito, 4 de marzo del 2004; Registro Oficial No, 414, del 6 de septiembre del 2004, Anexo CLA-177; Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Decreto ejecutivo 1700), publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 588, 12 de mayo de 2009, arts. 66, 108 y 112, Anexo RLA-81; Pérez, Efraín, Derecho Administrativo II, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito 2009, p. 766, Anexo CLA-46. ↩

³⁶⁶ Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 118. ↩

³⁶⁷ Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 119. ↩

³⁶⁸ Réplica, ¶ 199 refiriéndose a Contestación, ¶ 226. ↩

³⁶⁹ Réplica, ¶¶ 199-202. La Demandante afirma que la independencia es un atributo de la soberanía, pero no de los entes públicos creados por el Estado. ↩

³⁷⁰ Réplica, ¶ 197. ↩

³⁷¹ Réplica, ¶¶ 197, 206. ↩

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316. Por el mismo motivo, considera que la "capacidad" para contratar del Ministerio Sectorial no acredita "que solo una fracción del Estado ecuatoriano sería la parte contractual”³⁷².

317. Primero, la Demandante afirma que, si el Estado ecuatoriano tiene la potestad de otorgar competencia a los organismos públicos para contratar, resulta "evidente" que también tendrá competencia para entablar por sí mismo “relaciones contractuales con personas de derecho privado"³⁷³.

318. Segundo, la Demandante señala que no existe ley en Ecuador que prohíba al Estado contratar con empresas internacionales y someter sus disputas a un arbitraje comercial³⁷⁴, sin que la ley aplicable a dichos contratos sea el derecho internacional público³⁷⁵.

319. Por el contrario, la Demandante indica que, en el caso de los hidrocarburos, la Constitución y la Ley de Hidrocarburos facultan precisamente al Estado, y solo al Estado, para celebrar contratos sobre la exploración y explotación de hidrocarburos en el Ecuador³⁷⁶.

320. La Demandante menciona, como ejemplo adicional (i) la Disposición General Quinta del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que distingue entre los contratos en los que el Estado es parte y aquellos en los que son parte entidades y organismos públicos menores³⁷⁷; (ii) los contratos internacionales de endeudamiento, en los que Ecuador se obliga como Estado y que están sometidos al derecho comercial³⁷⁸; (iii) los contratos de inversión previstos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en los que, según la Demandante, también comparece el Estado “como una unidad" y que están sujetos al derecho internacional privado ecuatoriano³⁷⁹; y (iv) los precedentes arbitrales del Caso Emelec, en los que la Demandante afirma

³⁷² Réplica, ¶¶ 203-204 refiriéndose a Contestación, ¶¶ 236, 237. ↩

³⁷³ Id. refiriéndose a Víctor García Toma, Teoría del Estado y Derecho Constitucional, (Adrus D&L Editores 2014), p. 203, Anexo CLA-186. ↩

³⁷⁴ Réplica, ¶¶ 182, 184; Oficio de la Procuraduría General del Estado No. 14591 de 09 de junio de 2010, publicado en el R.O. 265 del 26 de agosto de 2010, Anexo C-315. ↩

³⁷⁵ Réplica, ¶ 186. ↩

³⁷⁶ Réplica, ¶¶ 182, 206; citando 2008 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, art. 261, Anexo CLA-22. ↩

³⁷⁷ Réplica, ¶¶ 184-185; Disposición General Primera, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 306 de octubre de 2020, Disposición General Quinta, Anexo CLA-190 (“[...] podrá aceptarse otra jurisdicción y legislación para la solución de divergencias o controversias relativas a contratos, celebrados por el Estado y las entidades y organismos del sector público con [...] entidades públicas o privadas extranjeras"). ↩

³⁷⁸ Réplica, ¶ 187 citando Prospecto de la emisión de Notas Adicionales por la República de Ecuador, 10 de junio de 2019, p. 1, Anexo C-318. Ver también Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 120; citando Transcripción, Día 4, 1051:4-22 (Árbitro Conthe) y Transcripción, Día 4, 1052:1-14 (Torres). ↩

³⁷⁹ Réplica, ¶ 189. ↩

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el Estado compareció como parte, debiendo asumir los efectos de las actuaciones de entidades públicas menores y en uno de los cuales, según la Demandante, se ratificó el principio de unidad jurídica del Estado³⁸⁰.

321. La Demandante concluye que el argumento de la Demandada le permitiría al Estado escapar de su responsabilidad contractual a pesar de ser este el que recibe los beneficios del Contrato³⁸¹.

iv. Responsabilidad del Estado ecuatoriano en el plano doméstico

322. En consonancia con la alegada personalidad jurídica única del Estado y su facultad para contratar en el plano doméstico, la Demandante defiende que el Estado ecuatoriano está facultado para responder “como un todo” bajo el derecho ecuatoriano³⁸².

323. Como ejemplo se refiere a los precedentes arbitrales del Caso Emelec³⁸³.

324. En relación con los casos Consorcio del Austro c. Ministerio de Agricultura y Ganadería y PIRLONAG c. Ministerio de Defensa y Cuerpo de Ingenieros del Ejército, citados por la Demandada, resalta que se trata de sentencias dictadas por tribunales de instancia de lo contencioso administrativo. Además, afirma que en ninguno de los casos el Estado ecuatoriano compareció como parte en el contrato ni fue la parte demandada³⁸⁴.

v. Potestad de la Secretaría para vincular contractualmente al Estado ecuatoriano

325. La Demandante defiende que la alegación de la Demandada de que la Secretaría no tenía competencia para vincular a otros organismos "carece de fundamento"³⁸⁵. En su lugar, la Demandante insiste en que, de conformidad con las leyes y la Constitución ecuatoriana, el Estado "como un todo" era el único competente para suscribir el Contrato.

³⁸⁰ Réplica, ¶¶ 191-193; citando Contrato de Concesión celebrado por la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc. con la Municipalidad de Guayaquil, 29 de octubre de 1925, Anexo C-306; Registro Oficial No. 387 del 10 de septiembre de 1973, Ley Básica de Electrificación, Disposición Transitoria Primera, Anexo C-317; Laudo Arbitral Jiménez-Pérez, Guayaquil, 29 de noviembre de 1996, pp. 60-61, Anexo CLA-182. ↩

³⁸¹ Réplica, ¶¶ 188, 198. ↩

³⁸² Réplica, ¶¶ 177-179; citando Pablo Castañeda, Potestades de la Administración y algunos aspectos del COA, en Apuntes de Derecho Administrativo COA (Editorial ONI 2019), pp. 15-43, 17, Anexo CLA-179. Ver también Réplica, ¶ 268. ↩

³⁸³ Réplica, ¶ 193; citando Laudo Arbitral Jiménez-Pérez, Guayaquil, 29 de noviembre de 1996, pp. 60-61, Anexo CLA-182. ↩

³⁸⁴ Réplica, ¶¶ 209-214; Escritura Pública No. 6952, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando. Del 26 de noviembre de 2006, Anexo CLA-191; Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Departamento Administrativo Financiero, Contrato No. 1215-2015-MCO del 21 de agosto de 2015, Anexo C-309. ↩

³⁸⁵ Réplica, ¶ 216. ↩

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326. La Demandante cita el artículo 313 de la Constitución, según el cual el Estado tiene la competencia exclusiva para “administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos"³⁸⁶, entre los que se incluyen “los recursos naturales no renovables”³⁸⁷ y, por tanto, los hidrocarburos.

327. En el ejercicio de dicha competencia, señala la Demandante, la Constitución le permite al Estado delegar la explotación de hidrocarburos en empresas públicas, en empresas de economía mixta y, excepcionalmente, en empresas privadas³⁸⁸. Según la Demandante, tal delegación no implica una pérdida de competencia por el Estado, pues las potestades públicas son únicas e irrenunciables³⁸⁹. Además, observa que la Secretaría no es una empresa pública, ni mixta, ni privada, por lo que el Estado no podía delegarle las operaciones de explotación de hidrocarburos³⁹⁰.

328. La Demandante se refiere también al artículo 14 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Hidrocarburos, que indica que, en los casos de delegación, “se celebrará un contrato entre el Estado Ecuatoriano, representado por la Secretaría de Hidrocarburos y la compañía adjudicataria"³⁹¹. En el mismo sentido se refiere al artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos³⁹² y añade que el artículo 16 de la misma ley ha de leerse en este contexto y no de forma aislada “como lo hace el Ecuador”³⁹³. Por ello, concluye que la Secretaría “fue simplemente un instrumento o agente del Estado” y manifiesta que este carácter funcional se ratifica por lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos³⁹⁴.

³⁸⁶ Réplica, ¶ 217; Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, art. 313, Anexo CLA-22. ↩

³⁸⁷ Réplica, ¶ 217; Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, art. 313, Anexo CLA-22 ↩

³⁸⁸ Réplica, ¶ 218; Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, arts. 315-316, Anexo CLA-22. ↩

³⁸⁹ Réplica, ¶ 218; Sentencia No. 1-09-IN/19, Caso No. 1-09-IN, R.O. Edición Constitucional No. 11 del 11 de septiembre de 2019, Anexo CLA-217. ↩

³⁹⁰ Réplica, ¶ 219. ↩

³⁹¹ Réplica, ¶ 219; Reglamento de Aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 330, 15 de noviembre de 2010, art. 14, Anexo CLA-40. En el mismo sentido, Réplica, ¶ 225; Codificación de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Registro Oficial No. 711, Art. 2, 24 de noviembre de 2011, art. 2, Anexo C-70. ↩

³⁹² Réplica, ¶ 225; Codificación de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Registro Oficial No. 711, Art. 2, 24 de noviembre de 2011, art. 2, Anexo C-70. ↩

³⁹³ Réplica, ¶ 227. ↩

³⁹⁴ Réplica, ¶¶ 227-228; Codificación de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Registro Oficial No. 711, Art. 2, 24 de noviembre de 2011, art. 6, Anexo C-70. ↩

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329. Finalmente, la Demandante señala que no existe en el texto constitucional “ni el más mínimo atisbo" de que la competencia del Estado para la explotación de los hidrocarburos venga limitada en su contenido y alcance por un órgano de rango inferior creado por el propio Estado como es la Secretaría de Hidrocarburos³⁹⁵. En su lugar, afirma que es el Estado el facultado para limitar la responsabilidad o competencia de entes menores que él crea mediante leyes o decretos³⁹⁶.

330. Sobre la potestad de la Secretaría de vincular a organismos del Estado ecuatoriano distintos a ella, la Demandante defiende que el argumento de Ecuador es incorrecto y carece de sustento jurídico³⁹⁷. Además, la Demandante afirma que “[l]a cuestión no es si dichas entidades y organismos son ‘independientes' de la Secretaría, sino si son 'independientes' con respecto al Estado ecuatoriano"³⁹⁸.

331. En cuanto a la afirmación de Ecuador sobre las decisiones de la Contraloría³⁹⁹, la Demandante explica que lo que se pretende con este Arbitraje no es la declaración de ilegalidad o nulidad de un acto administrativo (que sería el objeto de una acción contenciosa administrativa), sino la resolución del Contrato por incumplimiento y el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Por último, manifiesta que la orden procesal de un arbitraje CCI citada por la Demandada es “irrelevante”, porque en el presente procedimiento Gente Oil no ha solicitado medidas de la naturaleza de las solicitadas en dicho caso por los demandantes⁴⁰⁰.

vi. Condición de representante (o no) de la Secretaría en la suscripción del Contrato

332. La Demandante niega haber afirmado que existiera un contrato de mandato civil entre la Secretaría y el Estado ecuatoriano⁴⁰¹ y señala que la figura jurídica de la representación puede derivar de un contrato, pero también de una exigencia del ordenamiento jurídico “como es el caso de la representación de personas jurídicas”⁴⁰².

³⁹⁵ Réplica, ¶ 220. ↩

³⁹⁶ Réplica, ¶ 223; citando Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, art. 147, Anexo CLA-22. ↩

³⁹⁷ Réplica, ¶¶ 271-272. ↩

³⁹⁸ Réplica, ¶ 272. ↩

³⁹⁹ Réplica, ¶¶ 273-274; Contestación, ¶¶ 300 y ss. ↩

⁴⁰⁰ Réplica, ¶ 275; Arbitraje CCI, No 22589/ASM/JPA, Orden Procesal No. 2 (Yves Derain, David Arias, Jose Emilio Nunes Pinto, Presidente) 21 de agosto de 2018, Anexo CLA-135. ↩

⁴⁰¹ Réplica, ¶ 264. ↩

⁴⁰² Réplica, ¶ 321. En el mismo sentido, Réplica, ¶ 265. Ver también Réplica, ¶ 222, nota al pie 408; David Stitchkin, EL MANDATO CIVIL (Editorial Jurídica de Chile 1989), p. 18, Anexo CLA-216. ↩

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333. La Demandante sigue manteniendo que la Secretaría actuó como un representante del Estado, pues esta no es "propietaria de los hidrocarburos ni beneficiaria de los servicios que presta Gente Oil"⁴⁰³. Por ello, insiste en que las obligaciones y derechos que esta asume en el Contrato son únicamente atribuibles o imputables a la parte a quien representa, lo que implica asimismo que sea el representado el que reporte por sus incumplimientos⁴⁰⁴. En caso contrario, la Demandante no se explica que en el Contrato conste que el Estado ecuatoriano comparece "por intermedio de la Secretaría” o que se defina como una de sus partes al Estado ecuatoriano⁴⁰⁵.

334. La Demandante alega que la tesis de Ecuador es una estrategia procesal para evadir su responsabilidad. Para ilustrar ese supuesto oportunismo, se refiere a los casos Perenco c. Ecuador⁴⁰⁶ y EcuadorTLC y otros c. Ecuador y otros⁴⁰⁷, en los que, alega, Ecuador adoptó posiciones contrarias a la sostenida en el presente Arbitraje.

335. Primero, afirma que en Perenco no se discutió si el contrato era bilateral o tripartito⁴⁰⁸, sino que se debatió el significado de la expresión “por intermedio de Petroecuador"⁴⁰⁹. Según la Demandante, Ecuador sostuvo que Petroecuador había comparecido sólo como agente o representante del Estado ecuatoriano, siendo únicamente el Estado parte del contrato⁴¹⁰. Según la Demandante, esta tesis fue aceptada por el tribunal⁴¹¹, que consideró que la expresión “por

⁴⁰³ Réplica, ¶ 267. ↩

⁴⁰⁴ Réplica, ¶¶ 265, 306-307. Ver también Réplica, ¶¶ 319-320; citando Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1464, Anexo CLA-20. ↩

⁴⁰⁵ Réplica, ¶ 265. En este sentido, véase también Réplica, ¶ 322. ↩

⁴⁰⁶ Perenco Ecuador Ltd. c. La República de Ecuador y Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, Caso CIADI N° ARB/08/6, Decisión sobre Jurisdicción, 30 de junio de 2011, Anexo CLA-9. ↩

⁴⁰⁷ EcuadorTLC S.A. (Ecuador), Cayman International Exploration Company S.A. (Panamá), Teikoku Oil Ecuador (Islas Caimán) c. República del Ecuador, Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP Petroecuador), Secretaría de Hidrocarburos de Ecuador, Caso PCA No. 2014-32, Laudo Final, 16 enero 2018, Anexo CLA-90. ↩

⁴⁰⁸ Réplica, ¶ 309; refiriéndose a Contestación, ¶ 293. ↩

⁴⁰⁹ Réplica, ¶ 310. ↩

⁴¹⁰ Réplica, ¶ 310; Respuesta a la Solicitud de Bifurcación Revisada, ¶¶ 30-33; Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 114. ↩

⁴¹¹ Réplica, ¶ 312. ↩

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intermedio" era evidencia de que Petroecuador no era la contraparte contractual de Perenco⁴¹² y que las menciones a Petroecuador debían de interpretarse como menciones al Estado⁴¹³.

336. Según la Demandante, la Demandada también adoptó esa posición en EcuadorTLC y otros c. Ecuador y otros⁴¹⁴, defendiendo que expresiones como “por intermedio de” o “en representación de" indicaban que el Estado formaba parte del contrato como un todo e incluso citando el caso Perenco como caso en el que “se analizó una situación idéntica a la presente”⁴¹⁵.

337. Finalmente, la Demandante considera irrelevante que los tribunales en Perenco y EcuadorTLC llegaran a conclusiones distintas respecto a si Petroecuador podía o no ser demandada. Para la Demandante, lo relevante es que (i) en ambos casos Ecuador sostuvo que expresiones idénticas a las utilizadas en el Contrato significaban que el Estado era parte del contrato “como un todo"; y (ii) en ambos casos los tribunales consideraron que el Estado era parte contractual⁴¹⁶.

vii. Las Partes del Contrato según las disposiciones del propio Contrato

338. La Demandante sostiene que no hay cláusula en el Contrato en la que las partes afirmen que el Estado ecuatoriano es parte del Contrato sólo en su carácter o manifestación de Secretaría y considera que esto es así porque “dicha expresión es desconocida por el derecho ecuatoriano”⁴¹⁷.

339. La Demandante manifiesta que el Contrato debe ser interpretado de manera integral y no aislada. Así, señala que, según el Contrato, (i) quien comparece para su celebración es “el Estado ecuatoriano por intermedio de la Secretaría de Hidrocarburos, en adelante la ‘Secretaría”⁴¹⁸; y

⁴¹² Réplica, ¶¶ 312-313; Perenco Ecuador Ltd. c. La República de Ecuador y Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, Caso CIADI N° ARB/08/6, Decisión sobre Jurisdicción, 30 de junio de 2011, ¶ 164, Anexo CLA-9. ↩

⁴¹³ Réplica, ¶ 314; Perenco Ecuador Ltd. c. La República de Ecuador y Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, Caso CIADI N° ARB/08/6, Decisión sobre Jurisdicción, 30 de junio de 2011, ¶¶ 214-215, Anexo CLA-9. ↩

⁴¹⁴ Réplica, ¶¶ 316-318; EcuadorTLC S.A. (Ecuador), Cayman International Exploration Company S.A. (Panamá), Teikoku Oil Ecuador (Islas Caimán) c. República del Ecuador, Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP Petroecuador), Secretaría de Hidrocarburos de Ecuador, Caso PCA No. 2014-32, Laudo Final, 16 enero 2018, ¶¶ 179-184, Anexo CLA-90; Respuesta a la Solicitud de Bifurcación Revisada, ¶¶ 34-35. ↩

⁴¹⁵ Réplica, ¶¶ 316-317; EcuadorTLC S.A. (Ecuador), Cayman International Exploration Company S.A. (Panamá), Teikoku Oil Ecuador (Islas Caimán) c. República del Ecuador, Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP Petroecuador), Secretaría de Hidrocarburos de Ecuador, Caso PCA No. 2014-32, Laudo Final, 16 enero 2018, ¶ 183, Anexo CLA-90. En el mismo sentido, Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 114. ↩

⁴¹⁶ Réplica, ¶ 318. ↩

⁴¹⁷ Réplica, ¶ 221. ↩

⁴¹⁸ Réplica, ¶ 229. ↩

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(ii) Parte "[s]e refiere al Estado ecuatoriano representado por la Secretaría”⁴¹⁹. Por ello, concluye que las referencias a la Secretaría en el Contrato equivalen a referencias al Estado ecuatoriano⁴²⁰.

340. A continuación, la Demandante sostiene que el pago de la Tarifa no proviene de la Secretaría, sino del Estado ecuatoriano, que es “el beneficiario directo de los servicios de Gente Oil”⁴²¹ y el que, a través del MEF, “asigna y distribuye dichos ingresos petroleros y ordena unilateralmente respecto a la liquidación de los ingresos por crudos”⁴²².

341. La Demandante señala también que, de conformidad con el artículo 100 del Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas y el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 328, el propietario de la información asociada a las licencias otorgadas por Gente Oil es el Estado ecuatoriano y no la Secretaría⁴²³.

342. Finalmente, la Demandante alega que el carácter intuitu personae se refiere a aquellos contratos en los que un parte escoge a su contraparte por sus específicas “características, habilidades, experticias y antecedentes"⁴²⁴. Para la Demandante, los contratos administrativos suelen pertenecer a esta categoría porque (i) los contratistas son seleccionados luego de haberse evaluado sus características y experticias; y (ii) al estar en juego intereses públicos, el Estado debe extremar sus esfuerzos por contratar con empresarios aptos. Por todo ello, la Demandante manifiesta que el Contrato es intuitu personae no por los especiales atributos de la Secretaría, “sino por las especiales características, experticias y antecedentes de Gente Oil –que es a quien el Estado seleccionó porque cumplió con los requisitos exigidos por el Estado mismo para prestar el servicio de exploración y explotación de hidrocarburos”⁴²⁵.

⁴¹⁹ Réplica, ¶ 230; Contrato, cláusula 4.3.60, Anexo C-6. ↩

⁴²⁰ Réplica, ¶ 229. ↩

⁴²¹ Réplica, ¶¶ 231-233 refiriéndose a Dentro de la Proforma del Presupuesto General del Estado del año 2020, Plan Anual de Inversiones, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial No. 187 del 27 de diciembre de 2019, el ítem 180711, Anexo CLA-172. ↩

⁴²² Réplica, ¶ 234; Oficio Nro. MINFIN-MINFIN-2017-0042-0, del Ministerio de Finanzas, 9 de febrero de 2017, p. 1, Anexo C-300. ↩

⁴²³ Réplica, ¶ 239 refiriéndose a Contestación, ¶¶ 259-260; Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, Acuerdo Ministerial N° MH-MH-2018-0001-AM, art. 100, Anexo C-34; Acuerdo Ministerial del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables No. 328 publicado en el Registro Oficial 675 del 3 de abril de 2012, art. 2, Anexo CLA-139. ↩

⁴²⁴ Réplica, ¶ 241; María Graciela Brantt Z, Claudia Mejías Alonzo, "El contrato de servicios como categoría general en el derecho chileno. Su contenido y rasgos distintivos", Revista Ius et Praxis, Año 24, N° 3, (Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 2018), p. 602, Anexo CLA-138. ↩

⁴²⁵ Réplica, ¶ 247. ↩

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viii. Suscripción de cláusulas arbitrales por entidades públicas bajo el derecho ecuatoriano

343. La Demandante no cuestiona la prohibición establecida en el artículo 422 de la Constitución, pero sostiene que esta no se refiere a “la inclusión del arbitraje internacional en contratos gobernados por el derecho ecuatoriano como el de Gente Oil”⁴²⁶.

344. En cuanto al artículo 190, la Demandante afirma que este no menciona la palabra “organismos”, por lo que no se puede concluir que se refiera exclusivamente a las entidades individuales que conforman el sector público⁴²⁷. Según la Demandante, lo único que exige es que los contratos públicos cuenten con el informe favorable de la Procuraduría del Estado, como sucedió en este caso⁴²⁸.

345. La Demandante sostiene que el artículo 42 de la Ley de Arbitraje únicamente requiere, para que el Estado o las instituciones del sector público puedan someterse a arbitraje internacional, que se respete lo dispuesto en la Constitución y en las leyes internas de Ecuador, tal y como habría "sucedido en este caso"⁴²⁹.

346. La Demandante considera que el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado tampoco confirma la tesis de que el Estado “a secas" no puede celebrar un convenio arbitral internacional y someterlo a la ley ecuatoriana⁴³⁰.

347. Por último, mantiene que no hay nada de “extraño” en que el informe del Procurador General del Estado aprobando el Convenio Arbitral solo se refiera a la Secretaría, ya que fue la Secretaría la que, en su papel de representante del Estado, solicitó al Procurador General su aprobación del Convenio Arbitral⁴³¹.

ix. Aceptación por la Demandante de la posición de la Demandada

⁴²⁶ Réplica, ¶ 252; Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, art. 422, Anexo CLA-22. ↩

⁴²⁷ Réplica, ¶ 253; Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, art. 422, Anexo CLA-22. ↩

⁴²⁸ Réplica, ¶ 254. ↩

⁴²⁹ Réplica, ¶¶ 256-257; Ley de Arbitraje y Mediación, art. 42. Registro Oficial No. 417 de 14 de diciembre de 2006, art. 42, Anexo CLA-136. ↩

⁴³⁰ Réplica, ¶ 259; Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado (Codificación No. 15), publicada en el Registro Oficial No. 312, 13 de abril de 2004, art. 11, Anexo RLA-45. ↩

⁴³¹ Réplica, ¶¶ 261-262 refiriéndose a Contestación, ¶¶ 283-284. ↩

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348. La Demandante considera que este argumento de la Demandada “no tiene asidero alguno", reiterando que la Secretaría actuó como representante del Estado ecuatoriano en la suscripción del Contrato. En consecuencia, afirma que todas las notificaciones o transacciones enviadas o realizadas por la Demandante con la Secretaría (o el Ministerio Sectorial) se le hicieron en calidad de tal⁴³².

x. Consecuencias lógicas de la posición de la Demandante

349. La Demandante niega que, bajo su posición, cualquier organismo del Estado ecuatoriano pudiera iniciar un arbitraje frente a Gente Oil. En su lugar, defiende que, dado que el Estado ecuatoriano es la única contraparte del Contrato y del Convenio Arbitral (y no "los organismos" del Estado), sería únicamente el Estado el legitimado para iniciar un arbitraje en contra de Gente Oil “por medio de su representante, y con la participación de la Procuraduría”⁴³³.

2. Alcance Material del Convenio Arbitral

350. La Demandada sostiene que el Convenio Arbitral sólo cubre disputas entre las partes del Contrato (según la Demandada, Gente Oil, por un lado, y el Estado ecuatoriano en su manifestación como Secretaría, por el otro) fundamentadas en supuestas violaciones de sus respectivas obligaciones contractuales y legales en el marco del Contrato⁴³⁴. La Demandada defiende que los organismos públicos distintos a la Secretaría no contrajeron obligaciones bajo el Contrato, por lo que sus actuaciones no pueden ser materia de este Arbitraje⁴³⁵.

351. La Demandante, por su parte, mantiene que el alcance del Convenio Arbitral se circunscribe a disputas derivadas del Contrato celebrado entre el Estado ecuatoriano como un todo y Gente Oil⁴³⁶. La Demandante manifiesta que sus reclamos se basan en actuaciones de órganos del Estado ecuatoriano que se originan y se explican por la existencia del Contrato y que son atentatorias contra este, por lo que se encuentran dentro del marco del Convenio Arbitral⁴³⁷.

a) Posición de la Demandada

i. Ley aplicable a la interpretación del Convenio Arbitral

⁴³² Réplica, ¶ 278. ↩

⁴³³ Réplica, ¶¶ 280-281. ↩

⁴³⁴ Contestación, ¶ 325; Dúplica, ¶ 240. ↩

⁴³⁵ Contestación, ¶¶ 320-321, 325; Dúplica, ¶ 235. ↩

⁴³⁶ Réplica, ¶ 334. ↩

⁴³⁷ Réplica, ¶ 335. ↩

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352. La Demandada señala que, de conformidad con la cláusula 4.1 del Contrato, sus disposiciones se interpretarán de acuerdo al derecho ecuatoriano, en particular, conforme a las reglas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, que (i) se establecen en los mismos términos en el Código Civil de Chile⁴³⁸; y (ii) son congruentes con los Principios de UNIDROIT para la interpretación de Contratos Comerciales Internacionales (los “Principios UNIDROIT”)⁴³⁹.

ii. Interpretación subjetiva del Convenio Arbitral: la intención de las partes

353. La Demandada sostiene que la regla principal para la interpretación del Convenio Arbitral es la contenida en el artículo 1576 CC, congruente con el artículo 4(1) de los Principios UNIDROIT: "Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más de a lo literal de las palabras” (principio de interpretación subjetiva)⁴⁴⁰.

354. La Demandada reconoce que el texto del Contrato es una fuente importante para dilucidar la intención de las partes, pero alega que la Demandante ha abordado el Contrato de manera fragmentada e ignorando lo que en el texto del Contrato no apoya su interpretación⁴⁴¹.

355. La Demandada aclara que no considera que el texto del Contrato y la intención de las Partes sea oscura o confusa⁴⁴². En su lugar, manifiesta que, de la redacción del Convenio Arbitral, es claro que la intención de los contratantes era que cubriera controversias entre las partes del Contrato (según la Demandada, el Estado ecuatoriano como Secretaría de Hidrocarburos y Gente Oil) por la violación de sus respectivas obligaciones contractuales y legales en el marco del Contrato⁴⁴³.

356. La Demandada mantiene que, dado que el Contrato no incluye obligaciones a cargo de órganos del Estado ecuatoriano, las actuaciones de estos no están cubiertas por el ámbito material del Convenio Arbitral⁴⁴⁴. Para la Demandada, es insuficiente con que los actos de dichos órganos

⁴³⁸ Contestación, ¶ 322. La Demandada manifiesta que, aunque se considerara que la ley aplicable al análisis del Convenio Arbitral es la ley de la sede del arbitraje, esto es, el derecho chileno, se llegaría a la misma conclusión de que las reclamaciones de la Demandante están por fuera del ámbito de aplicación del Convenio Arbitral. Ver Contestación, ¶¶ 159-162. ↩

⁴³⁹ Contestación, ¶ 322. ↩

⁴⁴⁰ Contestación, ¶¶ 323, 324; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1576, Anexo CLA-20; UNIDROIT, Principios UNIDROIT sobre Contratos Comerciales Internacionales (2016), Versión en español, disponible en https://www.unidroit.org/unidroit-principles-2016/unidroit-principles-2016-overview/spanish-black-letter, art. 4(1), Anexo RLA-105. ↩

⁴⁴¹ Dúplica, ¶¶ 242-243; refiriéndose a Réplica, ¶¶ 289, 292. ↩

⁴⁴² Dúplica, ¶ 237. ↩

⁴⁴³ Contestación, ¶ 325; Dúplica, ¶ 240. ↩

⁴⁴⁴ Dúplica, ¶ 248. ↩

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"incid[a]n directamente en el Contrato" o "se origin[e]n y se expliqu[e]n únicamente por la existencia del Contrato"⁴⁴⁵, pues ello no equivale a un incumplimiento⁴⁴⁶.

357. Adicionalmente, apoya su interpretación en que (i) es la Secretaría quien contrajo obligaciones bajo el Contrato⁴⁴⁷; (ii) se excluyen expresamente del alcance del Convenio Arbitral las disputas derivadas de una declaratoria de caducidad y las controversias sobre actos de la Administración Tributaria, que tienen que ver con poderes soberanos del Estado Ecuatoriano⁴⁴⁸; y (iii) de conformidad con el artículo 4(b) de la Ley de Arbitraje, la Secretaría no podía consentir al arbitraje disputas con otros organismos del Estado ecuatoriano⁴⁴⁹.

iii. Otras reglas de interpretación

358. La Demandada afirma que los principios de interpretación objetiva, de carácter secundario, pero no superfluo⁴⁵⁰, confirman la interpretación subjetiva del Convenio Arbitral⁴⁵¹.

359. Primero, la Demandada indica que, en virtud de los artículos 1577 y 1579 CC (congruente este último con el artículo 4(3) de los Principios UNIDROIT), la interpretación de un contrato debe ser conforme a su objeto y naturaleza⁴⁵². En este caso, afirma que estamos ante un contrato de servicios en la industria hidrocarburífera cuyo objeto es la prestación de servicios petroleros por parte de Gente Oil a la Secretaría⁴⁵³. Por ello, considera que el alcance del Convenio Arbitral no puede ser otro que el de cubrir disputas entre Gente Oil y el Estado Ecuatoriano en su condición de Secretaría de Hidrocarburos relacionadas con la ejecución de la prestación de servicios hidrocarburíferos⁴⁵⁴. Según la Demandada, la cláusula 8.1.5 del Contrato apoya esta

⁴⁴⁵ Dúplica, ¶ 249; refiriéndose a Réplica, ¶¶ 334-335. ↩

⁴⁴⁶ Dúplica, ¶ 250. ↩

⁴⁴⁷ Contestación, ¶ 326 refiriéndose a Contestación, ¶¶ 253-270. Ver también Dúplica, ¶¶ 243, 245, 248. ↩

⁴⁴⁸ Contestación, ¶ 327; Dúplica, ¶¶ 251-254; Contrato, cláusula 31.7, Anexo С-6. ↩

⁴⁴⁹ Contestación, ¶¶ 328-329; Dúplica, ¶ 244; Ley de Arbitraje y Mediación (Ley No. 14), publicada en el Registro Oficial No. 417, 14 de diciembre de 2006, art. 4(b), Anexo RLA-94. ↩

⁴⁵⁰ Dúplica, ¶ 256. ↩

⁴⁵¹ Contestación, ¶ 331. ↩

⁴⁵² Contestación, ¶¶ 323, 332-333; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, arts. 1577, 1579, Anexo CLA-20; UNIDROIT, Principios UNIDROIT sobre Contratos Comerciales Internacionales (2016), Versión en español, disponible en https://www.unidroit.org/unidroit-principles-2016/unidroit-principles-2016-overview/spanish-black-letter, art. 4(3), Anexo RLA-105. Ver también Dúplica, ¶ 257. ↩

⁴⁵³ Contestación, ¶ 333; Contrato, cláusulas 5.1, 5.1.1, Anexo C-6. ↩

⁴⁵⁴ Contestación, ¶ 333; Dúplica, ¶ 257. ↩

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interpretación⁴⁵⁵. En respuesta a la Demandante, la Demandada alega que esta última cláusula no sólo regula la propiedad de los hidrocarburos que recae en el Estado ecuatoriano, sino también los derechos y obligaciones de la Contratista, que según la Demandada recaen en la Secretaría⁴⁵⁶.

360. Segundo, en aplicación del artículo 1580 CC (congruente con el artículo 4(4) de los Principios UNIDROIT), afirma que el sentido que mejor conviene al Convenio Arbitral en relación a las demás disposiciones del Contrato es el propuesto por la Demandada⁴⁵⁷.

361. Además, añade que, en virtud del artículo 1578 CC (congruente con el artículo 4(5) de los Principios UNIDROIT), su interpretación debe preferirse, pues es “la única capaz de producir efectos jurídicos”⁴⁵⁸. La Demandada reitera que, dado que las entidades del sector público solamente pueden someter a arbitraje disputas de carácter contractual, la interpretación de la Demandante es contraria a la legislación ecuatoriana, conduciría a la nulidad del Convenio Arbitral y carecería de efectos jurídicos⁴⁵⁹.

362. Por último, indica que una interpretación de buena fe conforme al artículo 1562 CC lleva a favorecer la intención de las partes reflejada en la cláusula 31.4 del Contrato por encima de la literalidad del texto⁴⁶⁰. La Demandada considera que sería contrario a la buena fe y al texto del Contrato incluir disputas de organismos públicos que ni ejecutan, ni aplican, ni están a cargo del cumplimiento del Contrato⁴⁶¹.

363. Por otra parte, la Demandada rechaza los argumentos de la Demandante basados en el artículo 1582 del Código Civil, afirmando que el Contrato, en su cláusula 32.7, prevé que tal regla no será

⁴⁵⁵ Contestación, ¶¶ 334-335; Contrato, cláusula 8.1.5, Anexo C-6 ("La Contratista podrá ejercer los derechos establecidos en este Contrato únicamente en relación con las actividades referidas a los servicios contratados y no podrá ejercerlos con ningún otro fin [...]"). La Demandada afirma que el derecho a iniciar un arbitraje se incluye entre tales derechos. ↩

⁴⁵⁶ Dúplica, ¶ 262; refiriéndose a Réplica, ¶¶ 377-378; Contrato, cláusulas 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, Anexo C-6. ↩

⁴⁵⁷ Contestación, ¶¶ 323, 338; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1580, Anexo CLA-20; UNIDROIT, Principios UNIDROIT sobre Contratos Comerciales Internacionales (2016), Versión en español, disponible en https://www.unidroit.org/unidroit-principles-2016/unidroit-principles-2016-overview/spanish-black-letter, art. 4(4), Anexo RLA-105. ↩

⁴⁵⁸ Contestación, ¶¶ 323, 339; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1578, Anexo CLA-20; UNIDROIT, Principios UNIDROIT sobre Contratos Comerciales Internacionales (2016), Versión en español, disponible en https://www.unidroit.org/unidroit-principles-2016/unidroit-principles-2016-overview/spanish-black-letter, art. 4(5), Anexo RLA-105. ↩

⁴⁵⁹ Contestación, ¶ 340 refiriéndose a Ley de Arbitraje y Mediación (Ley No. 14), publicada en el Registro Oficial No. 417, 14 de diciembre de 2006, art. 4, Anexo RLA-94. ↩

⁴⁶⁰ Contestación, ¶¶ 323, 343; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1562, Anexo CLA-20. Dúplica, ¶ 268. ↩

⁴⁶¹ Dúplica, ¶ 268. ↩

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aplicable⁴⁶². Además, añade que es una regla interpretativa de carácter residual que sólo se aplica cuando el resto de “reglas aplicables de interpretación” no son aplicables⁴⁶³.

364. Por todo ello, concluye que (i) una interpretación de la cláusula 31.4 del Contrato conforme al derecho ecuatoriano confirma que el Convenio Arbitral se circunscribe a disputas entre Gente Oil y el Estado Ecuatoriano en su carácter de Secretaría, respecto a la aplicación, ejecución e incumplimiento de una obligación de estas bajo el Contrato⁴⁶⁴; y (ii) el Tribunal debe desechar las reclamaciones de la Demandante porque se fundamentan en actos de organismos públicos diferentes a la Secretaría⁴⁶⁵.

b) Posición de la Demandante

i. Ley aplicable a la interpretación del Convenio Arbitral

365. La Demandante no objeta, en principio, la aplicación de las reglas de interpretación empleadas por la Demandada, pero sostiene que la forma en que la Demandada las aplica constituye una “manifiesta tergiversación” de su texto y de su espíritu⁴⁶⁶.

ii. Interpretación subjetiva del Convenio Arbitral: la intención de las partes

366. La Demandante reconoce la importancia de la regla de la prevalencia de la intención de las partes en el derecho ecuatoriano⁴⁶⁷ pero destaca que el elemento principal para indagar tal intención debe ser el texto del contrato⁴⁶⁸.

367. La Demandante indica que sólo será necesario acudir a elementos interpretativos externos al texto cuando haya "oscuridad en su redacción o ambigüedad en sus expresiones o contradicción en sus

⁴⁶² Contestación, ¶ 346, refiriéndose a Respuesta a la Solicitud de Bifurcación Revisada, p. 11; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1582, Anexo CLA-20; Contrato, cláusula 32.7, Anexo C-6 ("Las Partes declaran y reconocen que todas las cláusulas, anexos, términos, condiciones y, en general todo el contenido de este Contrato han sido totalmente negociados, redactados y aceptados por ambas Partes de buena fe y, en consecuencia, ninguna Parte puede alegar en beneficio propio el desconocimiento de este Contrato o la autoría de ciertos términos y condiciones de este Contrato a la otra Parte"). Réplica, ¶ 271. ↩

⁴⁶³ Contestación, ¶ 347. ↩

⁴⁶⁴ Dúplica, ¶ 275. ↩

⁴⁶⁵ Contestación, ¶ 349. ↩

⁴⁶⁶ Réplica, ¶ 286. ↩

⁴⁶⁷ Réplica, ¶ 290. ↩

⁴⁶⁸ Réplica, ¶¶ 290, 292. ↩

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términos"⁴⁶⁹. En este caso, sostiene que Ecuador ha obviado el texto del Contrato y no ha señalado dónde radica tal ambigüedad u oscuridad⁴⁷⁰.

368. La Demandante afirma que no hay indicación en el texto del Contrato de que la contraparte de Gente Oil sea la Secretaría de forma aislada o el Estado "en su manifestación de Secretaría de Hidrocarburos”⁴⁷¹. En relación con esta última expresión, añade que no aparece jamás ni en el Contrato, ni en el Convenio Arbitral, ni en los documentos precontractuales o minutas de las reuniones preliminares, ni en ninguna ley relacionada con el Contrato, ni en ningún fallo de los altos tribunales ecuatorianos⁴⁷². En su lugar, sostiene que el texto del Contrato es claro en establecer que la Secretaría comparece "en representación del Estado", en un español sencillo y fácilmente comprensible⁴⁷³.

369. La Demandante mantiene que la representación es “una figura jurídica de larga data y general aceptación en el tráfico jurídico moderno”⁴⁷⁴. Manifiesta que, si los contratantes hubieran querido que la contraparte fuera la Secretaría “por sí misma”, es incomprensible que utilizaran la expresión “en representación”, tan usual en el tráfico jurídico y que lleva a la interpretación contraria⁴⁷⁵. Citando el artículo 4(2) de los Principios UNIDROIT, la Demandante indica que, si Ecuador hubiera querido que expresiones como “en representación” debían significar “la Secretaría, actuando por sí misma”, debería haberlo comunicado de forma clara e inequívoca a Gente Oil⁴⁷⁶.

370. La Demandante defiende que la posición de Ecuador es una estrategia procesal para evadir su responsabilidad y se refiere nuevamente a la posición supuestamente contraria adoptada por

⁴⁶⁹ Réplica, ¶ 290; citando Luis Claro Solar, Explicaciones de Derecho Civil y Comparado, Tomo XII, de las obligaciones III (Editorial Jurídica de Chile 1979), pp. 16-17, Anexo CLA-131; Guillermo Ospina y Eduardo Ospina, Teoría general del contrato y del negocio jurídico (Editorial Temis 2000), p. 406, Anexo CLA-130; República de Colombia. Corte Suprema de Justicia. Tomo CLXXII. Primera Parte. Sala Casación Civil No. 2411, Enero-Diciembre 1983, p. 118, Anexo CLA-128. Ver también Réplica, ¶ 301; Henri, Leon y Jean Mazeaud, Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda, Vol. 1 (Editorial Jurídicas Europea-América 1978), p. 375, Anexo CLA-126. ↩

⁴⁷⁰ Réplica, ¶¶ 289, 298, 303. ↩

⁴⁷¹ Réplica, ¶ 293. ↩

⁴⁷² Réplica, ¶¶ 295-297. ↩

⁴⁷³ Réplica, ¶ 298. ↩

⁴⁷⁴ Réplica, ¶ 306. ↩

⁴⁷⁵ Réplica, ¶ 322. ↩

⁴⁷⁶ Réplica, ¶¶ 354-355; UNIDROIT, “International Institute for the Unification of Private Law” (2016), art. 4(2) y su comentario, Anexo CLA-195. ↩

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Ecuador en Perenco y EcuadorTLC⁴⁷⁷. La Demandante añade que, en Perenco, el Tribunal consideró que la expresión “por intermedio” era lo suficientemente clara, por lo que (i) no era necesario ir más allá del texto del contrato; y (ii) era suficiente para entender que allí donde los contratos decían que Petroecuador asumía una obligación, quien en realidad las asumía era su representado, es decir, el Estado⁴⁷⁸.

371. Citando el artículo 1576 CC, reconoce que la ley permite al juez o al árbitro apartarse del texto del contrato, pero únicamente cuando se llegue a la inequívoca conclusión de que la intención de las Partes fue diferente a la allí reflejada⁴⁷⁹.

372. La Demandante añade que los Principios UNIDROIT, citados por la Demandada, confirman que sólo es posible alejarse del sentido simple, común o literal de las palabras cuando ambas partes han convenido en darles un significado distinto, situación “extraordinaria” y que debe ser probada por la parte que lo alega⁴⁸⁰.

373. En este caso, sostiene que la Demandada no ha demostrado que la intención de las partes fuera diferente a la reflejada en el texto del Contrato⁴⁸¹.

374. Primero, la Demandante defiende que es irrelevante que haya referencias exclusivas a la Secretaría, pues en el Contrato se establece claramente que la Secretaría comparece para celebrarlo en representación del Estado ecuatoriano⁴⁸². En este sentido, se refiere al ya mencionado caso Perenco⁴⁸³.

⁴⁷⁷ Réplica, ¶¶ 309-312, 316-318; Perenco Ecuador Ltd. c. La República de Ecuador y Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, Caso CIADI N° ARB/08/6, Decisión sobre Jurisdicción, 30 de junio de 2011, Anexo CLA-9; EcuadorTLC S.A. (Ecuador), Cayman International Exploration Company S.A. (Panamá), Teikoku Oil Ecuador (Islas Caimán) c. República del Ecuador, Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP Petroecuador), Secretaría de Hidrocarburos de Ecuador, Caso PCA No. 2014-32, Laudo Final, 16 enero 2018, ¶¶ 179-184, Anexo CLA-90. ↩

⁴⁷⁸ Réplica, ¶¶ 313-315; Perenco Ecuador Ltd. c. La República de Ecuador y Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, Caso CIADI N° ARB/08/6, Decisión sobre Jurisdicción, 30 de junio de 2011, ¶¶ 164, 214-215, Anexo CLA-9. ↩

⁴⁷⁹ Réplica, ¶¶ 299-302; citando Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1576, Anexo CLA-20; Ver también Réplica, ¶¶ 327-328; Jorge López Santa María, Los Contratos Parte General (Edit. Jurídica de Chile 1986), p. 312, Anexo CLA-196; Henri, Leon y Jean Mazeaud, Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda, Vol. 1 (Editorial Jurídicas Europea-América 1978), p. 379, Anexo CLA-126. ↩

⁴⁸⁰ Réplica, ¶¶ 324-326; UNIDROIT, “International Institute for the Unification of Private Law" (2016), art. 4(1) y su comentario y art. 4(2), Anexo CLA-195. ↩

⁴⁸¹ Réplica, ¶ 303. ↩

⁴⁸² Réplica, ¶¶ 330-332; refiriéndose a Contestación, ¶ 326. ↩

⁴⁸³ Réplica, ¶ 333. ↩

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375. Segundo, la Demandante defiende que las disputas que son materia de este Arbitraje se encuentran dentro del ámbito del Convenio Arbitral porque derivan de decisiones de organismos del Estado ecuatoriano que “se originan y se explican únicamente por la existencia del Contrato”⁴⁸⁴.

376. Tercero, sobre la exclusión de los actos relativos a la declaratoria de caducidad o de naturaleza tributaria, la Demandante sostiene que demuestran exactamente la interpretación contraria a la sostenida por la Demandada⁴⁸⁵. La Demandante indica que la Secretaría no tiene ningún tipo de competencia en el ámbito tributario⁴⁸⁶, por lo que la exclusión evidencia que se preveía la posibilidad de conflictos contractuales por actos de entes estatales distintos a la Secretaría⁴⁸⁷. Adicionalmente, señala que en EcuadorTLC, donde no operaba una cláusula de exclusión, Ecuador entendió que materias de carácter tributario estaban incluidas en el convenio arbitral⁴⁸⁸.

377. Cuarto, considera “irrelevante” el argumento sobre el artículo 4(b) de la Ley de Arbitraje de la Demandada⁴⁸⁹. Según la Demandante, lo único que exige dicha disposición es que la relación jurídica a la cual se refiere el convenio arbitral sea de naturaleza contractual⁴⁹⁰, requisito que según la Demandante se cumplió en el presente caso como evidencia el informe favorable de la Procuraduría para la firma del Convenio Arbitral⁴⁹¹.

iii. Otras reglas de interpretación

378. La Demandante argumenta que el resto de reglas interpretativas invocadas por la Demandada únicamente entran en operación de manera auxiliar, cuando el texto o la intención de las partes sean imposibles de discernir⁴⁹². En este caso, reitera que la intención de las partes fue manifestada

⁴⁸⁴ Réplica, ¶¶ 334-335; refiriéndose a Contestación, ¶ 326. En el mismo sentido, Réplica, ¶ 351. ↩

⁴⁸⁵ Réplica, ¶¶ 336-337; refiriéndose a Contestación, ¶ 327; Contrato, cláusula 31.7, Anexo С-6. ↩

⁴⁸⁶ Réplica, ¶ 338. ↩

⁴⁸⁷ Réplica, ¶¶ 338-339. ↩

⁴⁸⁸ Réplica, ¶ 342; EcuadorTLC S.A. (Ecuador), Cayman International Exploration Company S.A. (Panamá), Teikoku Oil Ecuador (Islas Caimán) c. República del Ecuador, Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP Petroecuador), Secretaría de Hidrocarburos de Ecuador, Caso PCA No. 2014-32, Laudo Final, 16 enero 2018, ¶ 227, Anexo CLA-90. ↩

⁴⁸⁹ Réplica, ¶ 353; Contestación, ¶¶ 328-329. ↩

⁴⁹⁰ Réplica, ¶ 349 citando Ley de Arbitraje y Mediación (Ley No. 14), publicada en el Registro Oficial No. 417, 14 de diciembre de 2006, art. 4(b), Anexo RLA-94. ↩

⁴⁹¹ Réplica, ¶ 352. ↩

⁴⁹² Réplica, ¶ 356. ↩

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de modo "claro e inequívoco" en el texto del Contrato. Por tanto, aclara que se refiere a ellas simplemente para responder al argumento de Ecuador⁴⁹³.

379. Primero, señala que la Demandada no ha demostrado la existencia de expresiones vagas o amplias que requieran la aplicación del artículo 1577 CC⁴⁹⁴.

380. Segundo, sostiene que, tal y como exige el artículo 1579, su interpretación del Convenio Arbitral es coherente con la finalidad socioeconómica; el objeto, que según la Demandante consiste en la prestación de servicios en favor del Estado ecuatoriano; y la naturaleza jurídica del Contrato⁴⁹⁵. La Demandante reitera que no pretende ejercer derechos que no estén previstos en el Contrato o en la ley ecuatoriana, e incide en que las acciones del Estado ecuatoriano en las que basa sus reclamos han tenido un impacto directo en la relación contractual, cuestionando su legalidad y poniendo en peligro su continuidad⁴⁹⁶. Por último, indica que la cláusula 8.1.5 del Contrato, citada por la Demandada, está sacada de contexto y no tiene nada que ver con el alcance o interpretación del Convenio Arbitral, pues se refiere únicamente a los derechos de la Contratista sobre los hidrocarburos⁴⁹⁷.

381. En cuanto al artículo 1580 CC, defiende que la Demandada no ha indicado qué cláusulas han sido interpretadas de forma aislada amenazando la unidad del Contrato. La Demandante agrega que su interpretación del Convenio Arbitral no es contradictoria con el hecho de que el Contrato sea un contrato petrolero⁴⁹⁸. Una vez más, señala que el Convenio Arbitral cubre “todas" las disputas derivadas del Contrato que surjan entre las partes, según la Demandante, el Estado ecuatoriano y Gente Oil, e insiste en que sus reclamos se basan en actuaciones de órganos del Estado ecuatoriano que han sido atentatorias en contra del Contrato⁴⁹⁹.

382. Sobre el artículo 1578 CC, la Demandante indica que la Demandada no ha identificado ninguna cláusula del Contrato en la que quepa una interpretación bajo la cual la cláusula surta efecto y

⁴⁹³ Réplica, ¶ 357. ↩

⁴⁹⁴ Réplica, ¶¶ 358-362 citando Carlos Ignacio Jaramillo, Principios Rectores y Reglas de Interpretación de los Contratos (Grupo Editorial Ibáñez 2016), pp. 131-133, Anexo CLA-194; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1577, Anexo CLA-20. ↩

⁴⁹⁵ Ver Réplica, ¶¶ 364-374; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1579, Anexo CLA-20. ↩

⁴⁹⁶ Réplica, ¶ 375. ↩

⁴⁹⁷ Réplica, ¶¶ 377-378; Contrato, cláusula Octava, Anexo C-6. ↩

⁴⁹⁸ Réplica, ¶¶ 379-382; refiriéndose a Contestación, ¶¶ 336-338; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1580, Anexo CLA-20; República de Colombia. Corte Suprema de Justicia. Tomo CLXXII. Primera Parte. Sala Casación Civil No. 2411, Enero-Diciembre 1983, p. 118, Anexo CLA-128. ↩

⁴⁹⁹ Réplica, ¶¶ 383-384. ↩

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otra interpretación alternativa que la torne ineficaz⁵⁰⁰. La Demandante niega que su interpretación sea contraria al derecho ecuatoriano y conlleve la nulidad del convenio arbitral⁵⁰¹. Además, señala que la Demandada confunde la legalidad de una cláusula con su eficacia, diferenciando entre el efecto de una cláusula y la invalidez de ese efecto, que considera un problema distinto al que resuelve el artículo 1578⁵⁰². En todo caso, sostiene que el solo hecho de que el Tribunal eventualmente dicte un laudo arbitral sería suficiente para demostrar que la cláusula sí surtió efecto⁵⁰³.

383. Finalmente, la Demandante indica que el artículo 1562 CC no contiene una regla de interpretación contractual, sino una regla genérica de conducta⁵⁰⁴. En todo caso, defiende que la buena fe “no tiene ni puede tener como finalidad sustituir el texto de un contrato que ha sido redactado con claridad"⁵⁰⁵.

384. Por otro lado, la Demandante se refiere al artículo 1582 CC, congruente con el artículo 4(6) de los Principios UNIDROIT, según el cual “[l]as cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes [...] se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella”⁵⁰⁶. La Demandante niega que la cláusula 32.7 del Contrato excluya su aplicación y señala (i) que la Demandada busca que se ignore esta regla porque el Contrato es un contrato de adhesión, cuyo texto fue preparado y redactado por el Estado⁵⁰⁷; (ii) que es la Demandada, y no la Demandante, quien insiste en que el tenor literal del Contrato es ambiguo⁵⁰⁸; (iii) que la cláusula 32.7 en ningún momento hace

⁵⁰⁰ Réplica, ¶ 390; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1578, Anexo CLA-20; UNIDROIT, “International Institute for the Unification of Private Law" (2016), art. 4(4) y su comentario, Anexo CLA-195. ↩

⁵⁰¹ Réplica, ¶¶ 394-395. ↩

⁵⁰² Réplica, ¶¶ 391-392; Carlos Ducci Claro, Interpretación Jurídica, (Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1989), p. 210, Anexo CLA-167; Carlos Ignacio Jaramillo, Principios Rectores y Reglas de Interpretación de los Contratos (Grupo Editorial Ibáñez 2016), pp. 131-133, Anexo CLA-194. ↩

⁵⁰³ Réplica, ¶ 396. ↩

⁵⁰⁴ Réplica, ¶¶ 399-404; Emilio Betti, Teoría General de las Obligaciones. (Editorial Revista de Derecho Privado, 1969), pp. 114, 117-118, Anexo CLA-116. ↩

⁵⁰⁵ Réplica, ¶ 407. ↩

⁵⁰⁶ Réplica, ¶ 409; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1582, Anexo CLA-20; UNIDROIT, UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (2016), Versión Comentada en inglés, disponible en https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016, art. 4(6), Anexo RLA-102; UNIDROIT, “International Institute for the Unification of Private Law" (2016), Anexo CLA-195. ↩

⁵⁰⁷ Réplica, ¶¶ 414-416; Héctor Escola, Tratado Integral de los Contratos Administrativos. Vol. I (Ed. Depalma 1977), p. 304, Anexo CLA-206. ↩

⁵⁰⁸ Réplica, ¶ 417. ↩

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referencia al artículo 1582 CC⁵⁰⁹; y (iv) que en derecho administrativo hay consenso en aceptar que esta regla es aplicable a los contratos estatales⁵¹⁰.

B. OBJECIONES JURISDICCIONALES SUBSIDIARIAS

385. En todo caso, y aun cuando el Tribunal considere que su Objeción Principal es improcedente, la Demandada alega que el Tribunal carece de competencia sobre (1) las violaciones legales por parte de organismos públicos diferentes a la Secretaría; (2) las reclamaciones de la Demandante que no fueron sometidas a negociaciones directas obligatorias; y (3) las reclamaciones de la Demandante relativas a Silvana Pástor por estar estas por fuera del alcance personal del Convenio Arbitral⁵¹¹.

386. La Demandante, por su parte, afirma la competencia del Tribunal sobre todas las reclamaciones presentadas por Gente Oil en el Arbitraje.

1. Violaciones legales de organismos públicos distintos a la Secretaría

a) Posición de la Demandada

387. La Demandada sostiene que el Convenio Arbitral sólo cubre disputas por violaciones de la ley aplicable en el marco del Contrato, y no conflictos derivados de violaciones de la ley aplicable en general⁵¹². La Demandada manifiesta que esa es la única interpretación posible del Convenio Arbitral, dado que la ley ecuatoriana prohíbe a los organismos públicos arbitrar disputas extracontractuales⁵¹³.

388. La Demandada reitera que los únicos organismos que asumieron obligaciones dentro del marco contractual fueron la Secretaría y, después de 2018, el Ministerio Sectorial⁵¹⁴. Por ello, concluye que el Convenio Arbitral solamente abarca disputas por violaciones de la ley aplicable supuestamente perpetradas por la Secretaría o el Ministerio Sectorial.

⁵⁰⁹ Réplica, ¶ 418. ↩

⁵¹⁰ Réplica, ¶ 420; Claudio Moraga Klenner, Contratación Pública (Editorial Jurídica de Chile 2007), p. 92, Anexo CLA-137. ↩

⁵¹¹ Contestación, ¶ 169. ↩

⁵¹² Contestación, ¶ 353; Contrato, cláusula 31.4, Anexo C-6. ↩

⁵¹³ Contestación, ¶ 354; Ley de Arbitraje y Mediación (Ley No. 14), publicada en el Registro Oficial No. 417, 14 de diciembre de 2006, art. 4, Anexo RLA-94. ↩

⁵¹⁴ Contestación, ¶ 356. En este sentido, la Demandada se refiere a la cláusula 8.3 del Contrato, que establece que "Son obligaciones de la Secretaría, además de otras obligaciones estipuladas en este Contrato y en la Ley aplicable [...]". Ver Contrato, cláusula 8.3, Anexo C-6. ↩

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389. La Demandada defiende que las siguientes reclamaciones de la Demandante no tienen nada que ver con la ejecución o cumplimiento del Contrato, por lo que son de carácter estrictamente extracontractual, y están por fuera del alcance del Convenio Arbitral⁵¹⁵:

Las reclamaciones por supuestas violaciones perpetradas por la Contraloría, porque cualesquiera supuestas obligaciones de la Contraloría frente a Gente Oil [...] serían en todo caso de carácter extracontractual [...].

Las reclamaciones fundamentadas en actos del MEF, porque la negativa de proveer fondos para reembolsar el costo de construir un nuevo ducto secundario que no estaba contemplado en el Contrato constituiría un incumplimiento de la Ley Aplicable no relacionado con el Contrato.

Las reclamaciones fundamentadas en actos de la Fiscalía y las reclamaciones fundamentadas en actos de la Procuraduría, porque el proceso penal promovido por la Fiscalía – en el cual se enmarcan las actuaciones de la Procuraduría – no está relacionado con el Contrato (ni con Gente Oil) sino con la supuesta conducta delictiva de ex funcionarios públicos y particulares.

Las reclamaciones fundamentadas en actos de la ARCH y el COLH, porque ninguno de dichos organismos contrajo obligaciones frente a Gente Oil [...].⁵¹⁶

390. La Demandada sostiene que, en esta cuestión, la Demandante ha optado por "no contestar a los puntos planteados por la Demandada”, sin abordar el argumento de fondo ni explicar por qué ninguna de sus reclamaciones se refiere al incumplimiento del Contrato⁵¹⁷.

b) Posición de la Demandante

391. La Demandante afirma que todos los reclamos que ha presentado están relacionados con la relación contractual, tal y como como manda el artículo 4 de la Ley de Arbitraje, porque (i) el Contrato fue celebrado entre Gente Oil y el Estado Ecuatoriano; (ii) y la conducta de los organismos señalados por la Demandada ha afectado la relación contractual⁵¹⁸.

2. Cumplimiento del requisito de negociaciones directas obligatorias

a) Posición de la Demandada

392. La Demandada sostiene que el requisito de negociaciones directas obligatorias de la cláusula 31.1 del Contrato no se cumplió en relación con (i) las alegaciones de la Demandante relacionadas con la disminución del Ingreso Disponible por el aumento de los costos de transporte de crudo a través

⁵¹⁵ Contestación, ¶ 358; Dúplica, ¶ 276. ↩

⁵¹⁶ Contestación, ¶ 358. ↩

⁵¹⁷ Dúplica, ¶ 277. ↩

⁵¹⁸ Réplica, ¶ 425. ↩

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del SOTE (las “Alegaciones por Disminución del Ingreso Disponible”); y (ii) las relativas a las restricciones a la recepción del crudo (las “Alegaciones sobre la Recepción del Crudo”)⁵¹⁹.

393. La Demandada arguye que el sometimiento a negociaciones obligatorias es condición indispensable para poder proceder al arbitraje y requisito sine qua non para la competencia del Tribunal⁵²⁰. En este sentido, se refiere a varios autores que inciden en la obligatoriedad de los requisitos de negociaciones previas al arbitraje⁵²¹. Asimismo, menciona el empleo de las palabras "Obligatorias” y “deberán” en la cláusula 31.1 del Contrato⁵²².

394. La Demandada explica que la cláusula 31.1 del Contrato establece dos requisitos: (i) la presentación, por la parte afectada por el supuesto conflicto, de una solicitud de negociaciones directas al representante legal de la otra parte indicando el desacuerdo; y (ii) la negociación entre las partes, durante un periodo de al menos 30 días, para intentar llegar a un “arreglo directo”⁵²³.

395. La Demandada afirma que, en el caso de las Alegaciones por Disminución del Ingreso Disponible, tal y como admite la Demandante⁵²⁴, no se cumplió el periodo de negociación de 30 días⁵²⁵. En este sentido, la Demandada indica (i) que Gente Oil remitió su Segunda Notificación de Disputa el 9 de septiembre de 2019, planteando la existencia de una controversia fundamentada en las Alegaciones por Disminución del Ingreso Disponible⁵²⁶; y (ii) que, el 7 de octubre de 2019, antes de que hubiese concluido el periodo de 30 días de negociaciones directas, presentó su Demanda, incluyendo reclamaciones fundamentadas en las Alegaciones por Disminución del Ingreso

⁵¹⁹ Contestación, ¶ 359; Contrato, cláusula 31.1, Anexo C-6. ↩

⁵²⁰ Contestación, ¶ 361. ↩

⁵²¹ Contestación, ¶¶ 362-366; Dyalá Jiménez Figueres, Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses in ICC Arbitration en 14 (1) ICC International Court Of Arbitration Bulletin 71 (2003), p. 72, Anexo RLA-111; Didem Kayali, Enforceability of Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses en 27 (6) Journal of International Arbitration 551 (2010), p. 569, Anexo RLA-112; James H. Carter, Issues Arising from Integrated Dispute Resolution Clauses, en Albert Jan van den Berg (ed.), New Horizons in International Commercial Arbitration and Beyond, ICCA International Arbitration Congress Series No. 12 (Kluwer Law International 2004), p. 456, Anexo RLA-113; Thomas H. Webster y Michael W. Buhler, Handbook of ICC Arbitration: Commentary, Precedents, Materials (Thomson Reuters 2014), p. 89, Anexo RLA-114; Gary B. Born, International Commercial Arbitration (Kluwer Law International 2014), p. 925, Anexo RLA-58; Gary B. Born, International Commercial Arbitration (Kluwer Law International 2014) (Extracto), p. 925, Anexo RLA-58. ↩

⁵²² Contestación, ¶ 368; Contrato, cláusula 31.1, Anexo C-6. ↩

⁵²³ Contestación, ¶ 367; Contrato, cláusula 31.1, Anexo C-6. ↩

⁵²⁴ Dúplica, ¶ 286; refiriéndose a Réplica, ¶ 434. ↩

⁵²⁵ Contestación, ¶ 369 refiriéndose a Segunda Notificación de Disputa, 9 de septiembre de 2019, Anexo R-5. La Demandada sostiene que la Demandante presentó su Demanda el 7 de octubre de 2019, sin que se hubiese concluido el periodo de 30 días de negociaciones, incluyendo reclamaciones fundamentadas en las alegaciones por disminución del Ingreso Disponible. ↩

⁵²⁶ Contestación, ¶ 369.i; Segunda Notificación de Disputa, 9 de septiembre de 2019, Anexo R-5. ↩

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Disponible⁵²⁷. La Demandada considera que la Demandante no ha probado que continuar con las negociaciones hubiera sido “infructuoso”⁵²⁸.

396. En relación con las Alegaciones sobre la Recepción del Crudo, la Demandada sostiene, en primer lugar, que el correo enviado por la Demandante a la Procuraduría el 19 de septiembre de 2018 "en el marco de las negociaciones del Acuerdo Transaccional" no constituye una “solicitud de negociaciones directas" porque (i) no identifica el “desacuerdo”⁵²⁹; y (ii) no fue enviado al representante legal de la otra parte⁵³⁰. La Demandada añade que dicho correo únicamente se refiere a supuestos límites en la recepción del crudo “después de iniciado el arbitraje", pero no menciona ninguna de las dificultades a las que luego se refirió la Demandante en su Demanda⁵³¹.

397. Asimismo, niega que se hiciera referencia a esas reclamaciones en la Segunda Notificación de Disputa, como alega la Demandante⁵³². En su lugar, manifiesta que la Segunda Notificación de Disputa se refiere solamente, “de manera tangencial", a los supuestos inconvenientes que se presentaron en la recepción del crudo del Bloque Singue y a la supuesta frustración del plan de Gente Oil para solucionarlos⁵³³. La Demandada añade que los hechos de las Alegaciones sobre la Recepción del Crudo ocurrieron en 2014, por lo que la Demandante no tiene "excusa alguna” para no haberlas incluido en su Primera Notificación de Disputa de 2018⁵³⁴.

398. Por todo ello, sostiene que el Tribunal carece de competencia para decidir sobre tales reclamaciones⁵³⁵.

b) Posición de la Demandante

⁵²⁷ Contestación, ¶ 369.i. ↩

⁵²⁸ Dúplica, ¶ 286. ↩

⁵²⁹ Contestación, ¶ 369.ii. La Demandada señala dirigió su correo a la Procuraduría porque “ese correo se produce a instancias de la propuesta de la Procuraduría para suspender el arbitraje". Ver Dúplica, ¶ 283; citando Réplica, ¶ 433. ↩

⁵³⁰ Contestación, ¶ 369.ii; Correo electrónico de Gente Oil a la Procuraduría, 19 de septiembre de 2018, Anexo C-225. En el mismo sentido, Dúplica, ¶ 281. ↩

⁵³¹ Contestación, ¶ 369.ii, nota al pie 647. La Demandada indica, además, que este punto no es materia del Contrato, tal y como determinó la Procuraduría en su respuesta al correo de la Demandante. Ver Dúplica, ¶ 282; Correo electrónico de la Procuraduría a Gente Oil, 8 de noviembre de 2018, Anexo C-226. ↩

⁵³² Contestación, ¶ 369.ii refiriéndose a Escrito de Demanda, ¶ 175; Respuesta a la Solicitud de Bifurcación Revisada ¶ 59. ↩

⁵³³ Contestación, ¶ 369.ii; Segunda Notificación de Disputa, 9 de septiembre de 2019, p. 5, Anexo R-5; Dúplica, ¶ 284. ↩

⁵³⁴ Dúplica, ¶ 285; Primera Notificación de Disputa, 12 de febrero de 2018, Anexo C-3. ↩

⁵³⁵ Contestación, ¶ 370. ↩

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399. La Demandante afirma que cumplió con el requisito de negociaciones directas establecido en el Contrato y que participó en las mismas conforme a lo contemplado en la cláusula 31.1⁵³⁶.

400. La Demandante reconoce que la Demanda se presentó a los 29 días de la notificación de arbitraje, pero defiende que ello no obsta para que el Tribunal pueda conocer de las Alegaciones por la Disminución del Ingreso Disponible porque (i) nada indica que las Partes habrían podido alcanzar un acuerdo; y (ii) cualquier intento por continuar con las negociaciones directas habría sido infructuoso⁵³⁷.

401. La Demandante afirma que existe un consenso emergente en la comunidad arbitral internacional de que el requisito de agotar negociaciones directas o aguardar periodos de espera, incluso formalmente obligatorios, se entienden como innecesarios si las circunstancias del caso razonablemente indican que estas serían inútiles o infructuosas⁵³⁸. En este caso, la Demandante manifiesta que Ecuador no ha tomado ninguna acción para resolver el agravio del Ingreso Disponible. En particular, señala que este reclamo “se ha tornado en uno generalizado de las empresas contratistas como Gente Oil" y determina que el Estado no ha dado respuestas oficiales a las "numerosas" cartas enviadas por la Comisión Petrolera de la Cámara de Comercio de Quito⁵³⁹.

402. En relación con las Alegaciones sobre la Recepción del Crudo, la Demandante señala, en primer lugar, que su correo del 19 de septiembre de 2018 a la Procuraduría no se produjo "en el marco de las negociaciones del Acuerdo de Transacción", sino que fue enviado en respuesta a la propuesta de Ecuador para suspender el arbitraje e iniciar diálogos directos⁵⁴⁰. La Demandante indica que, en dicha comunicación, puso de manifiesto un incumplimiento a la recepción del

⁵³⁶ Réplica, ¶ 428. ↩

⁵³⁷ Réplica, ¶ 434. ↩

⁵³⁸ Réplica, ¶ 435; G. Born, International Commercial Arbitration, (Kluwer Law International 2014), p. 94, Anexo CLA-211. ↩

⁵³⁹ Réplica, ¶ 436; Segunda Declaración Testimonial de Silvana Pástor, ¶¶ 21, 24; Carta de la Comisión Petrolera de la Cámara de Comercio de Quito a la Vice-Ministra de Hidrocarburos, 26 de febrero de 2020, Anexo C-245; Carta de la Comisión Petrolera de la Cámara de Comercio de Quito a la Viceministra de Energía y Recursos Naturales No Renovables, 24 de julio de 2020, Anexo C-246; Carta de la Comisión Petrolera de la Cámara de Comercio de Quito a la Subsecretaría de Hidrocarburos, 29 de septiembre de 2020, Anexo С-247. ↩

⁵⁴⁰ Réplica, ¶ 433.i; Correo electrónico de Gente Oil a la Procuraduría, 19 de septiembre de 2018, Anexo C-225. ↩

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crudo y que también lo hizo en su Segunda Notificación de Disputa, en la que “se refirió in extenso a esta misma reclamación”⁵⁴¹.

403. Sobre la alegación de la Demandada de que el correo del 19 de septiembre no fue enviado “al representante legal de la otra Parte", la Demandante explica (i) que el correo se produjo a instancias de la propuesta de la Procuraduría para suspender el arbitraje⁵⁴²; (ii) que la propia Procuraduría manifestó que en las negociaciones directas actuaría “como representante judicial del Estado ecuatoriano”⁵⁴³; y (iii) que la misma Procuraduría refirió, en su correo del 8 de noviembre de 2018, que “recabó información actualizada a otras entidades”⁵⁴⁴, incluido el contacto con el Ministerio Sectorial.

3. Reclamaciones relativas a Silvana Pástor

a) Posición de la Demandada

404. La Demandada defiende que todas las reclamaciones en este Arbitraje que tienen que ver con acciones tomadas por la Fiscalía y la Procuraduría son reclamaciones relativas a Silvana Pástor, que no es parte del Contrato ni del Convenio Arbitral, y no a Gente Oil, por lo que están fuera de la competencia del Tribunal⁵⁴⁵. Igualmente, mantiene que la pretensión de indemnización por daños morales “busca en gran medida compensar a Silvana Pástor [...]”, por lo que el Tribunal también carece de competencia para otorgarla⁵⁴⁶.

405. Primero, la Demandada indica que la Fiscalía abrió investigación y formuló cargos a Silvana Pástor y otros 14 individuos por el delito de peculado, pero no a Gente Oil, pese a contemplar el Código Orgánico Integral Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas⁵⁴⁷.

406. A continuación, señala que la Procuraduría, en el marco del proceso penal iniciado por la Fiscalía, presentó la Acusación Particular en contra de 11 de los 15 procesados, entre los que no se

⁵⁴¹ Réplica, ¶¶ 431, 433.ii; Correo electrónico de Gente Oil a la Procuraduría, 19 de septiembre de 2018, Anexo C-225; Segunda Notificación de Disputa, 9 de septiembre de 2019, p. 5, Anexo R-5. ↩

⁵⁴² Réplica, ¶ 433; refiriéndose a Correo electrónico de Gente Oil a la Procuraduría, 19 de septiembre de 2018, Anexo C-225. ↩

⁵⁴³ Réplica, ¶ 433; citando Respuesta a la Notificación de Disputa de la Procuraduría General del Estado de Ecuador, 22 de febrero de 2018, Anexo C-4. ↩

⁵⁴⁴ Réplica, ¶ 433; citando Correo electrónico de la Procuraduría a Gente Oil, 8 de noviembre de 2018, Anexo C-226. ↩

⁵⁴⁵ Contestación, ¶ 372.i. ↩

⁵⁴⁶ Contestación, ¶¶ 372.ii, 376. ↩

⁵⁴⁷ Contestación, ¶ 373; Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 180, 3 de febrero de 2014, art. 49, Anexo RLA-44. ↩

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encontraba Silvana Pástor ni mucho menos Gente Oil, dado que el proceso penal “nada tiene que ver" con esta última⁵⁴⁸.

407. La Demandada añade que Silvana Pástor ha sido declarada inocente, lo cual “confirma lo espurio de las acusaciones de destrucción del 'valor económico del Contrato' y de la supuesta 'confianza de las Partes' alegadas por la Demandante”⁵⁴⁹. La Demandada señala además que resulta contradictorio que un proceso penal haya destruido el valor económico del Contrato cuando "la base de ese valor económico”, la Tarifa, se sigue pagando⁵⁵⁰.

b) Posición de la Demandante

408. La Demandante indica que no ha solicitado al Tribunal que reconozca el estado de inocencia de Silvana Pástor. En su lugar, señala que las acusaciones de la Fiscalía, al carecer de sustento jurídico, constituyen otro elemento más que ha contribuido a destruir el valor económico del Contrato y la confianza entre las Partes⁵⁵¹.

409. La Demandante manifiesta que los cargos penales contra Silvana Pástor parten de la premisa que el Contrato adolece de ilicitud, “un vicio que afecta a su objeto”⁵⁵². Por ello, sostiene que han provocado daños en la reputación de la Demandante, lo cual tiene significación económica para esta⁵⁵³.

⁵⁴⁸ Contestación, ¶ 374. ↩

⁵⁴⁹ Dúplica, ¶ 290. ↩

⁵⁵⁰ Dúplica, ¶ 290. ↩

⁵⁵¹ Réplica, ¶ 440. ↩

⁵⁵² Réplica, ¶ 441; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, arts. 1461, 1478, Anexo CLA-20. ↩

⁵⁵³ Réplica, ¶ 441. ↩

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VI. MÉRITOS

410. La Demandante sostiene que Ecuador (i) a través de las acciones de la Contraloría, en particular, el Informe General, las Recomendaciones y la Resolución de Responsabilidad Civil Culposa, ha repudiado el Contrato y la Tarifa; (ii) ha incumplido su obligación de recibir el crudo en el CFE Sansahuari; y (iii) ha incumplido el Contrato al reducir “arbitrariamente” el Ingreso Disponible.

411. Como consecuencia de los alegados incumplimientos contractuales, la Demandante solicita al Tribunal que ordene la resolución del Contrato y que ordene a Ecuador al pago de una indemnización por daños y perjuicios.

412. A continuación, se exponen los argumentos de las Partes en relación con (A) la legislación aplicable; (B) la carga de la prueba; (C) la teoría del contrato y su incumplimiento; (D) los supuestos incumplimientos contractuales cometidos por la Demandada; y (E) las supuestas violaciones de la ley aplicable cometidas por la Demandada.

A. LEGISLACIÓN APLICABLE

413. Las Partes coinciden en que la ley aplicable al fondo de la disputa es el derecho ecuatoriano de conformidad con lo establecido en el Contrato⁵⁵⁴. En particular, las Partes coinciden en que el derecho común o civil ecuatoriano es aplicable a los contratos administrativos en aquellos aspectos que no están regulados en la normativa especial, como la cuestión del incumplimiento contractual⁵⁵⁵.

414. Igualmente, las Partes no discuten que la ley aplicable a la interpretación del Contrato es el derecho ecuatoriano, en particular, las normas de hermenéutica contractual previstas en el Título Décimo Tercero (XIII), Libro Cuarto (IV), del Código Civil⁵⁵⁶.

B. CARGA DE LA PRUEBA

a) Posición de la Demandante

415. La Demandante defiende que la responsabilidad contractual tiende a ser objetiva. Así, la Demandante sostiene que “no es el acreedor quien debe probar que el deudor es culpable", sino que es el deudor el que, para excepcionar de haber incumplido su obligación, deberá probar que

⁵⁵⁴ Demanda, ¶ 177; Contestación, ¶¶ 152-153; Contrato, cláusulas 3.1, 31.4.3, Anexo C-6. ↩

⁵⁵⁵ Demanda, ¶¶ 202-212, 228; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 4, Anexo CLA-20. ↩

⁵⁵⁶ Demanda, ¶ 241; Réplica, ¶ 286; Contestación, ¶ 157; Contrato, cláusula 4, Anexo C-6. ↩

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ha empleado la diligencia o cuidado al que estaba obligado⁵⁵⁷. En este sentido, la Demandante cita a reconocidos autores, como Valencia Zea, Alessandri y Fueyo Lanieri⁵⁵⁸.

416. Subsidiariamente, aun si se considera que "la culpa subjetiva es un elemento esencial de la responsabilidad contractual", la Demandante manifiesta que la carga de probarla no siempre recae sobre el demandante. En particular, la Demandante afirma que en las obligaciones de resultado, “que son el tipo de obligaciones que Ecuador asumió en el Contrato”⁵⁵⁹, al acreedor le es suficiente probar el hecho del incumplimiento y su atribución al deudor para que se declare resuelto el Contrato⁵⁶⁰. Por ello, concluye que Gente Oil no tiene que probar si Ecuador actuó con negligencia o dolo.

417. La Demandante no discute su obligación de probar la existencia de la obligación o vínculo jurídico “que le da derecho para exigir la abstención o prestación del deudor”⁵⁶¹. En todo caso, la Demandante sostiene que tanto las obligaciones contractuales como las legales han quedado determinadas en la Demanda y en la Réplica⁵⁶².

b) Posición de la Demandada

418. La Demandada sostiene que le corresponde a la Demandante probar el fundamento fáctico y jurídico de sus alegaciones.

419. Primero, la Demandada señala que, conforme al Reglamento CNUDMI, “[c]ada parte deberá asumir la carga de la prueba de los hechos en que se base para fundar sus acciones o defensas”⁵⁶³. Igualmente, la Demandada indica que, de conformidad con el Código Orgánico General de

⁵⁵⁷ Réplica, ¶ 449. ↩

⁵⁵⁸ Réplica, ¶ 449; Arturo Valencia Zea, Derecho Civil. Tomo III Obligaciones (Editorial Temis, Bogotá. 1974), p. 372, Anexo CLA-108; Fernando Fueyo Lanieri. Cumplimiento e Incumplimiento de Obligaciones, (Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1992), p. 416, Anexo CLA-109. ↩

⁵⁵⁹ La Demandante señala que Ecuador se obligó en el Contrato a "(i) respetar el Contrato como si fuese una ley para él, (ii) aceptar el crudo extraído en el Campo Singue, (ii) [sic] no disminuir arbitrariamente el Ingreso Disponible, y no a hacer 'sus mejores esfuerzos para lograrlo'". Ver Réplica, ¶ 450. ↩

⁵⁶⁰ Réplica, ¶ 450. ↩

⁵⁶¹ Réplica, ¶ 450; citando a Alessandri ("no es el acreedor quien debe probar que el deudor es culpable; probará solo la existencia de la obligación, de vínculo jurídico que le da derecho para exigir la abstención o prestación del deudor") (énfasis añadido). ↩

⁵⁶² Réplica, ¶ 453. ↩

⁵⁶³ Contestación, ¶ 382; Dúplica, ¶ 296; Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, art. 24(1). ↩

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Procesos de Ecuador, "[e]s obligación de la parte actora probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado la parte demandada en su contestación”⁵⁶⁴.

420. Segundo, la Demandada manifiesta que la Demandante tiene la obligación de probar la existencia de las obligaciones contractuales y legales que alega han sido violadas, de conformidad con el artículo 1715 del Código Civil⁵⁶⁵. La Demandada agrega que la Demandante tiene la obligación de probar cada uno de los requisitos que habilitan el remedio resolutorio bajo derecho ecuatoriano⁵⁶⁶.

421. La Demandada afirma que, en este caso, la Demandante no ha logrado probar la existencia de las obligaciones contractuales y legales que han sido supuestamente violadas por la Demandada, por lo que las pretensiones de la Demandante deben fracasar⁵⁶⁷.

422. La Demandada manifiesta que, de acuerdo con la jurisprudencia ecuatoriana, para que proceda la acción resolutoria, la parte que la invoca debe probar (i) la existencia de un contrato bilateral válidamente celebrado; (ii) el cumplimiento de sus obligaciones contractuales; y (iii) el incumplimiento por la otra parte de sus obligaciones contractuales respectivas⁵⁶⁸.

423. En este caso, la Demandada sostiene que la Demandante no ha señalado ninguna cláusula del Contrato que considere violada, sino que se ha limitado a realizar reclamos “vagos”.

C. TEORÍA DEL CONTRATO Y SU INCUMPLIMIENTO

424. Las Partes coinciden en que, en virtud del artículo 1561 del Código Civil, el contrato es "ley para las partes" (pacta sunt servanda)⁵⁶⁹.

425. En consonancia, ambas Partes reconocen que, ante un incumplimiento contractual, cabe la resolución anticipada del contrato, en virtud del artículo 1505 del Código Civil⁵⁷⁰ (remedio

⁵⁶⁴ Contestación, ¶ 382; Dúplica, ¶ 296; Código Orgánico General de Procesos de Ecuador, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 506, de fecha 22 de mayo de 2015, art. 169, Anexo RLA-42. ↩

⁵⁶⁵ Contestación, ¶ 384; Dúplica, ¶ 296; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1715, Anexo CLA-20. ↩

⁵⁶⁶ Dúplica, ¶ 301. Vid ¶ 422 infra. ↩

⁵⁶⁷ Dúplica, ¶ 297. ↩

⁵⁶⁸ Contestación, ¶ 397; Dúplica, ¶ 327. ↩

⁵⁶⁹ Demanda, ¶¶ 213-216; Réplica, ¶ 462; Dúplica, ¶ 308; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1561, Anexo CLA-20. ↩

⁵⁷⁰ Demanda, ¶ 228; Réplica, ¶ 469; Contestación, ¶ 388; Dúplica, ¶ 305. ↩

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resolutorio tácito⁵⁷¹). No obstante, (1) las Partes difieren en el tipo de incumplimiento frente al cual procede tal remedio resolutorio.

426. Por otro lado, las Partes no discuten que, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, las partes de un contrato son libres de regular expresamente frente a qué supuestos cabe el remedio resolutorio, más allá de lo dispuesto en el Código Civil⁵⁷². Sin embargo, (2) las Partes difieren en la interpretación de las cláusulas del Contrato relativas a su terminación.

1. Remedio resolutorio tácito

427. La Demandante defiende que el remedio resolutorio del artículo 1505 CC queda habilitado cuando el incumplimiento del deudor es tal que frustra el interés del acreedor o afecta a la economía del Contrato⁵⁷³. Para ello, sostiene que no es necesario que el incumplimiento sea efectivo, sino que basta con que existan claros indicios de que la otra parte no cumplirá sus obligaciones⁵⁷⁴.

428. La Demandada, por su parte, sostiene que el remedio resolutorio del artículo 1505 CC es una acción de carácter excepcional que procede únicamente ante un incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales que destruya el interés que tenía el acreedor al contratar⁵⁷⁵. Para ello, la Demandada mantiene que el incumplimiento debe ser actual, y no una mera posibilidad⁵⁷⁶.

a) Posición de la Demandante

i. Caracteres del contrato y su incumplimiento

429. La Demandante defiende que los contratos han dejado de ser “simples mecanismos que crean (o extinguen) derechos y obligaciones", para dar paso a una visión más “realista y funcional” que reconoce que los contratos son instrumentos a través de los cuales los operadores económicos logran finalidades prácticas⁵⁷⁷.

⁵⁷¹ Se denomina "remedio resolutorio tácito" al contemplado en el art. 1505 CC en contraposición al "remedio resolutorio expreso", que es el pactado expresamente por las partes en el contrato más allá de la regulación del Código Civil. ↩

⁵⁷² Réplica, ¶ 473; Demanda, ¶ 232. ↩

⁵⁷³ Réplica, ¶ 470. ↩

⁵⁷⁴ Réplica, ¶ 471. Ver también Demanda, ¶ 237. ↩

⁵⁷⁵ Dúplica, ¶ 307; Contestación, ¶ 392. ↩

⁵⁷⁶ Dúplica, ¶ 309. ↩

⁵⁷⁷ Réplica, ¶¶ 454-457; Alfredo Bullard González, Derecho y Economía, El análisis económico de las instituciones legales. 2da edición Editorial Palestra Lima 2006, pp. 278-279, Anexo CLA-214; Claudia Mejías Alonzo, Resolución por Incumplimiento: su Procedencia y Efectos (Cuadernos Jurídicos de la Academia Judicial, Santiago, 2018) pp. 9-15, Anexo CLA-111; Enrico Gabrielli, Operación Económica y Teoría del Contrato, (Editorial Astrea Buenos Aires 2017), pp. 1-6, Anexo CLA-112; Álvaro Vidal ↩

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430. La Demandante manifiesta, por tanto, que el interés de los contratantes es un elemento fundamental de los contratos⁵⁷⁸ y defiende que solo en la medida en que el acreedor vea satisfecho su interés es que el motivo que lo llevó a contratar se ve logrado⁵⁷⁹.

431. Bajo esta concepción, la Demandante afirma que el cumplimiento tendrá efectos liberatorios para el deudor en la medida en que el acreedor vea satisfecho el interés que le llevó a contratar⁵⁸⁰. La Demandante indica que, en consonancia, (i) el artículo 1585 CC advierte que la obligación no quedará extinguida aun cuando el deudor entregue algo de igual o mayor valor que lo pactado; y (ii) el artículo 1572 CC deja en claro que el deudor habrá incurrido en incumplimiento cuando la obligación no se haya cumplido o se haya cumplido “imperfectamente”⁵⁸¹.

432. Por todo ello, la Demandante concluye que el incumplimiento se produce cuando el interés del acreedor se ve frustrado, en particular, cuando se verifica que “no existe una coincidencia entre el programa u objeto ideal que prometió el deudor al contratar con lo sucedido en la práctica”⁵⁸².

433. Según la Demandante, esta “visión realista del contrato” (i) ha sido incorporada en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (la "CISG"), de la cual Ecuador es parte; y (ii) ha logrado adhesión por la doctrina jurídica más reconocida en América Latina⁵⁸³.

ii. Incumplimiento que habilita el remedio resolutorio

434. La Demandante sostiene que, bajo la visión realista del contrato "que hoy predomina", no es necesario analizar si el tipo de obligación insatisfecha es de carácter esencial para determinar si

Olivares, La Construcción de la Regla Contractual en el Derecho Civil de los Contratos, Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, XXI (Chile 2000), pp. 209-212, Anexo CLA-113; Jaime Alcalde Silva, La Causa de la Relación Obligatoria en Guzmán Brito (Estudios de Derecho Civil III, Santiago, 2008), pp. 342-358, Anexo CLA-114.

⁵⁷⁸ Réplica, ¶ 457. ↩

⁵⁷⁹ Réplica, ¶ 460; Alejandro Guzmán Brito, La Doctrina de la "Consideration" en Blackstone y su Relación con la "Causa" del "Ius Comune" en Revista de Estudios Histórico Jurídicos XXV (Valparaíso, Chile, 2003), Anexo CLA-117. La Demandante señala que el “motivo”, “término que usa el Código Civil para definir la causa del contrato", debe entenderse como aquello que impulsó al acreedor a contratar con el deudor. Ver Réplica, ¶ 460; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1483, Anexo CLA-20. ↩

⁵⁸⁰ Réplica, ¶ 463. ↩

⁵⁸¹ Réplica, ¶¶ 463-464; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, arts. 1585, 1572, Anexo CLA-20. ↩

⁵⁸² Réplica, ¶ 465. ↩

⁵⁸³ Réplica, ¶ 466; Í de la Maza, C. Pizarro, Á. Vidal, Los Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos, Boletín Oficial del Estado, Madrid 2017, pp. 15-26, Anexo CLA-51. ↩

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el remedio resolutorio queda habilitado. En su lugar, defiende que lo relevante es considerar el impacto que ese incumplimiento tiene o puede tener en el interés del acreedor⁵⁸⁴.

435. Así, la Demandante manifiesta que el remedio resolutorio tácito del artículo 1505 CC queda habilitado cuando el incumplimiento del deudor es tal que frustra el interés del acreedor o afecta a la economía del contrato⁵⁸⁵.

iii. Incumplimiento previsible

436. Adicionalmente, la Demandante indica que el remedio resolutorio está habilitado cuando existen claros indicios de que la otra parte no cumplirá sus obligaciones, lo cual, afirma, ha sido aceptado por la jurisprudencia y la doctrina bajo la noción de incumplimiento previsible⁵⁸⁶. En este sentido, la Demandante se refiere a los Principios Latinoamericanos del Derecho de los Contratos⁵⁸⁷, la CISG⁵⁸⁸ y los Principios UNIDROIT⁵⁸⁹.

437. De entre los supuestos que tornan viable la resolución por el repudio anticipado del contrato, la Demandante menciona la hipótesis planteada por el tratadista Luis Díez Picazo: “el que discute la validez del contrato y lo quiere anular, imponga una novación modificativa o nuevas condiciones inadmisibles para la otra parte”⁵⁹⁰.

438. La Demandante afirma que el Código Civil también contiene varios ejemplos ilustrativos acerca del incumplimiento previsible, en particular, (i) según el artículo 1766 CC, cuando la situación económica del comprador se deteriore al punto de ser evidente que no va a pagar el precio pactado,

⁵⁸⁴ Réplica, ¶ 470. ↩

⁵⁸⁵ Réplica, ¶ 470. La Demandante considera que "[m]antener una relación contractual en términos tales que el acreedor vea frustradas las expectativas provocaría un desperdicio de recursos económicos e ineficiencias". ↩

⁵⁸⁶ Réplica, ¶ 471. Ver también Demanda, ¶ 237. ↩

⁵⁸⁷ Demanda, ¶ 237; Réplica, ¶ 471; Í de la Maza, C. Pizarro, Á. Vidal, Los Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos, Boletín Oficial del Estado, Madrid 2017, pp. 55-56, Anexo CLA-51 (“Se entiende que el incumplimiento es esencial cuando: [...] La conducta del deudor incumplidor hace perder razonablemente al acreedor la confianza en el cumplimiento posterior del contrato"). ↩

⁵⁸⁸ Demanda, ¶ 238; Réplica, ¶ 472; Convención De Las Naciones Unidas Sobre Contratos De Compraventa Internacional De Mercaderías, art. 72.1, Anexo CLA-53 ("si antes de la fecha de cumplimiento fuera patente que una de las partes incurrirá en incumplimiento esencial del contrato, la otra parte podrá declararlo resuelto"). ↩

⁵⁸⁹ Réplica, ¶ 472; UNIDROIT, UNIDROIT Principles Of International Commercial Contracts (2016), Versión Comentada en inglés, disponible en https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016, art. 7.3.1, Anexo RLA-102 (“Una parte puede resolver el contrato si [...] el incumplimiento da a la parte perjudicada razones para desconfiar de que la otra cumplirá en el futuro"). ↩

⁵⁹⁰ Demanda, ¶ 237; Luis Diez Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, T. II, Sexta Edición, 2008, p. 830, Anexo CLA-52. ↩

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el comprador no podrá exigir la entrega sino pagando o asegurando el pago⁵⁹¹; y (ii) el artículo 1568 CC, que permite a la parte en un contrato bilateral suspender sus obligaciones contractuales mientras la otra no cumpla o se allane a cumplir⁵⁹².

b) Posición de la Demandada

i. Caracteres del contrato y su incumplimiento

439. La Demandada sostiene que la teoría contractual propuesta por la Demandante no encuentra sustento en el derecho ecuatoriano y va en contra de los principios fundamentales del derecho de las obligaciones y de responsabilidad de cualquier legislación de derecho civil⁵⁹³.

440. La Demandada señala que, conforme al Código Civil ecuatoriano, la voluntad es la fuente de las obligaciones⁵⁹⁴, e indica que tal voluntad, así como el interés que llevó a las partes a contratar, queda plasmado en los derechos y obligaciones establecidos en el contrato que celebren⁵⁹⁵.

441. Por ello, la Demandada sostiene que aquellos intereses o expectativas económicas que no formen parte del contenido del Contrato son “irrelevantes para el Derecho"⁵⁹⁶, por lo que un incumplimiento no puede derivar de intereses o expectativas económicas sin fundamento contractual o legal⁵⁹⁷.

442. La Demandada manifiesta que la posición de la Demandante implica interpretar contrario sensu los artículos 1561, 1567 y concordantes, 1585 y 1572 del Código Civil⁵⁹⁸. Además, la Demandada indica que ninguna de tales disposiciones se refiere al “interés” o “expectativa” de una de las partes, sino que hablan del cumplimiento de obligaciones y de las condiciones de pago para el cumplimiento de obligaciones⁵⁹⁹.

⁵⁹¹ Demanda, ¶ 238; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1766, Anexo CLA-20. ↩

⁵⁹² Demanda, ¶ 238, nota al pie 510; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1568, Anexo CLA-20. ↩

⁵⁹³ Dúplica, ¶¶ 525, 527. ↩

⁵⁹⁴ Dúplica, ¶ 529; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, arts. 1453, 1576, Anexo CLA-20. ↩

⁵⁹⁵ Dúplica, ¶¶ 529, 313. ↩

⁵⁹⁶ Dúplica, ¶ 529; Claudia Mejías Alonzo, Resolución por Incumplimiento: su Procedencia y Efectos (Cuadernos Jurídicos de la Academia Judicial, Santiago, 2018), pp. 9-15, Anexo CLA-111. ↩

⁵⁹⁷ Dúplica, ¶ 529. ↩

⁵⁹⁸ Dúplica, ¶ 532; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, arts. 1561, 1567, 1583, 1584, 1585 y 1572, Anexo CLA-20. ↩

⁵⁹⁹ Dúplica, ¶¶ 534-535. ↩

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443. Por último, la Demandada indica que la Demandante no ha citado ninguna disposición de la CISG que incorpore su teoría contractual y niega igualmente que los Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos apoyen la teoría de la Demandante. Por el contrario, señala que, conforme a estos últimos, el cumplimiento del contrato es "la ejecución del contrato en los términos en que fue acordado” y la resolución contractual procede por "[l]a frustración definitiva de la causa"⁶⁰⁰.

ii. Incumplimiento que habilita el remedio resolutorio

444. En consonancia con lo anterior, la Demandada sostiene que la resolución anticipada de un contrato sólo puede derivarse de la falta de cumplimiento de obligaciones establecidas en el contrato mismo, y no en la supuesta frustración de intereses o expectativas económicas “de carácter puramente subjetivo que no encuentran ningún fundamento contractual”⁶⁰¹.

445. Concretamente, la Demandada indica que la doctrina y jurisprudencia ecuatorianas han entendido que la acción resolutoria es de carácter excepcional⁶⁰² y procede únicamente ante un incumplimiento relevante o esencial de las obligaciones contractuales que destruya el interés que tenía el acreedor al contratar⁶⁰³.

446. La Demandada sostiene que esa posición encuentra fundamento en el principio de conservación del negocio jurídico y manifiesta que, si se adoptara la postura de que cualquier incumplimiento puede conllevar la resolución del contrato, se vulnerarían la estabilidad y seguridad del contrato y, a la postre, el principio pacta sunt servanda⁶⁰⁴.

⁶⁰⁰ Dúplica, ¶ 536; Í de la Maza, C. Pizarro, Á. Vidal, Los Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos, Boletín Oficial del Estado, Madrid 2017, arts. 77, 85, Anexo CLA-51. ↩

⁶⁰¹ Dúplica, ¶ 313. ↩

⁶⁰² Dúplica, ¶ 307; Nicolás Esteban Larrea Fradejas, La relevancia del incumplimiento contractual como presupuesto para el ejercicio de la acción resolutoria (Tesis) Universidad San Francisco de Quito USFQ-Colegio De Jurisprudencia (2017), pp. 53-54, Anexo RLA-180; Corte Nacional de Justicia, Fallos de Triple Reiteración, Sistema de Precedentes Judiciales (lera ed. Corte Nacional de Justicia 2014), pp. 57, 139, Anexo RLA-181. ↩

⁶⁰³ Dúplica, ¶ 307; Contestación, ¶ 392. ↩

⁶⁰⁴ Dúplica, ¶ 308; Anteo Ramella. La resolución del contrato: incumplimiento, imposibilidad, en Félix A. Trigo et. Al. Contratos (Ediciones La Rocca, 1989), citado en Nicolás Esteban Larrea Fradejas, La relevancia del incumplimiento contractual como presupuesto para el ejercicio de la acción resolutoria (Tesis) Universidad San Francisco de Quito USFQ- Colegio de Jurisprudencia (2017), p. 29, Anexo RLA-180. ↩

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447. Finalmente, la Demandada subraya que, en caso de resolución de un contrato de tracto sucesivo, las prestaciones intercambiadas hasta ese momento no se restituyen, sino que el contrato deja de tener efectos hacia el futuro⁶⁰⁵.

iii. Incumplimiento previsible

448. La Demandada sostiene que la normativa ecuatoriana no reconoce la posibilidad de habilitar el remedio resolutorio ante un incumplimiento “posible, potencial o supuestamente previsible”⁶⁰⁶.

449. La Demandada mantiene que la posición afirmativa de la Demandante en cuanto al incumplimiento previsible constituye una “admisión tácita” de que no existe en la actualidad un incumplimiento del Contrato por parte de la Demandada⁶⁰⁷.

450. La Demandada arguye que las fuentes citadas por la Demandante no apoyan su tesis. En particular, indica que los Principios Latinoamericanos del Derecho de los Contratos no permiten acudir al remedio resolutorio sobre la base de un riesgo de incumplimiento futuro sin más, sino que exigen que exista un incumplimiento contractual previo que lleve al acreedor a concluir razonablemente que el contrato volverá a ser quebrantado en el futuro⁶⁰⁸.

2. Remedio resolutorio expreso

451. La Demandante defiende que, bajo la cláusula 29.1.8, el Contrato puede ser terminado por la declaración de un tribunal ante el incumplimiento de una obligación no principal.

452. Por el contrario, la Demandada mantiene que, bajo la cláusula 29.1.8, la terminación sólo cabe por la declaración de un tribunal ante el incumplimiento de una obligación principal.

a) Posición de la Demandante

453. La Demandante afirma que el Contrato contiene dos cláusulas resolutorias expresas⁶⁰⁹:

(29.1) Terminación.- Este Contrato terminará a más de las causales previstas en la Ley de Hidrocarburos y en este Contrato, por las siguientes causas: [...] (29.1.8) Por sentencia ejecutoriada o por laudo arbitral que declare la terminación de este Contrato.

⁶⁰⁵ Contestación, ¶ 394; Fernando Fueyo Laneri, Cumplimiento e Incumplimiento de las Obligaciones (Editorial Jurídica de Chile 2004), p. 338, Anexo RLA-125; Fabricio Mantilla y Francisco Ternera, La resolución de los contratos en el derecho colombiano, 5 Revista Chilena de Derecho Privado 43 (2005), p. 46, Anexo RLA-124. En el mismo sentido, Dúplica, ¶ 310. ↩

⁶⁰⁶ Dúplica, ¶ 309. ↩

⁶⁰⁷ Dúplica, ¶ 319. ↩

⁶⁰⁸ Dúplica, ¶ 320; Í de la Maza, C. Pizarro, Á. Vidal, Los Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos, Boletín Oficial del Estado, Madrid 2017, pp. 55-56, Anexo CLA-51. ↩

⁶⁰⁹ Demanda, ¶ 240; Réplica, ¶¶ 474, 479. ↩

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(29.1.9) Por opción de cualquiera de las Partes, cuando la otra Parte hubiese incumplido sus principales obligaciones contractuales estipuladas en este Contrato [...].⁶¹⁰

454. La Demandante destaca que el segundo supuesto (cláusula 29.1.9) impone un requisito específico: que se haya incumplido una obligación principal; mientras que el primero (cláusula 29.1.8) únicamente requiere que la terminación sea declarada por un tribunal. En ese caso, señala que la terminación puede fundarse en un incumplimiento que no sea principal⁶¹¹.

455. Pese a todo, la Demandante afirma que los incumplimientos de Ecuador “satisfacen cualquier estándar que se les aplique”⁶¹².

b) Posición de la Demandada

456. La Demandada sostiene que las cláusulas 29.1.8 y 29.1.9 deben leerse en conjunto, e indica que la segunda establece la obligación de acudir a un tribunal para terminar el Contrato por el incumplimiento de alguna obligación principal por la otra parte⁶¹³.

D. DE LOS SUPUESTOS INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

1. Consideraciones generales sobre el Contrato

a) Posición de la Demandante

457. La Demandante manifiesta que Gente Oil asume prácticamente todos los riesgos de la actividad petrolera, en particular, los riesgos geológicos, operacionales, tecnológicos, laborales y financieros⁶¹⁴.

458. En primer lugar, la Demandante manifiesta que, mediante el cálculo del Ingreso Disponible y la cláusula carry forward⁶¹⁵, Ecuador queda protegido prácticamente de todo riesgo y, en especial, de las variaciones del precio del crudo⁶¹⁶.

459. Segundo, la Demandante afirma que, conforme al Contrato, el riesgo operativo de Gente Oil termina con la entrega del crudo en el CFE, momento a partir del cual Ecuador asume la

⁶¹⁰ Contrato, cláusula 29.1, Anexo C-6. ↩

⁶¹¹ Demanda, ¶ 242. ↩

⁶¹² Demanda, ¶ 243. ↩

⁶¹³ Dúplica, ¶ 325. ↩

⁶¹⁴ Réplica, ¶ 481. ↩

⁶¹⁵ Réplica, ¶¶ 481-482. Sobre el Ingreso Disponible y la cláusula carry forward, vid ¶ 153 supra. ↩

⁶¹⁶ Réplica, ¶ 483. ↩

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obligación de recibirlo, el riesgo de su transporte y de su ulterior comercialización⁶¹⁷. Además, la Demandante indica que la recepción del crudo es una condición sine qua non para que Gente Oil pueda percibir la Tarifa. Por todo ello, afirma que la obligación de Ecuador de recibir el crudo es de carácter esencial⁶¹⁸.

460. La Demandante señala que, a cambio de los riesgos y obligaciones que asume, la garantía que recibe Gente Oil es la Tarifa. Por ello, la Demandante sostiene que el equilibrio económico del Contrato se logra únicamente en la medida en que "la fórmula tarifaria funcione sin ninguna interferencia"⁶¹⁹. La Demandante manifiesta que el equilibrio económico financiero del Contrato fue quebrado por Ecuador al (i) repudiar el Contrato negándole validez; y (ii) imponer a Gente Oil la Resolución de Responsabilidad Civil Culposa, un pasivo que no estuvo jamás calculado como parte de la ecuación económica financiera del Contrato⁶²⁰.

461. La Demandante afirma que el Contrato es un contrato bilateral, conmutativo, de tracto sucesivo y larga duración⁶²¹. En vista de la larga duración del Contrato y de los múltiples riesgos asumidos por Gente Oil, la Demandante sostiene (i) que los deberes de cooperación y buena fe adquieren una enorme intensidad; y (ii) que se requiere un considerable grado de lealtad de Ecuador respecto de sus obligaciones contractuales⁶²².

462. Finalmente, la Demandante subraya que las obligaciones asumidas por Ecuador son obligaciones de resultado en las que el cumplimiento se verifica por el hecho fáctico de su ocurrencia, sin que sea suficiente con que el deudor haya realizado sus mejores esfuerzos para el cumplimiento⁶²³.

b) Posición de la Demandada

463. La Demandada indica que, tal y como reconoce la Demandante, el interés de la Demandante al celebrar el Contrato era la obtención de un “beneficio económico”, que se materializa a través de la Tarifa⁶²⁴. La Demandada manifiesta que ese interés no se ha visto destruido ni se ha dejado de

⁶¹⁷ La Demandante recuerda que la propiedad del crudo es en todo momento de Ecuador y señala que la distribución de los riesgos operativos se refleja en la distribución de los costos de transporte, que son asumidos por Gente Oil desde los campos de producción hasta el CFE y por Ecuador desde el CFE hasta los terminales de exportación. Ver Réplica, ¶¶ 484, 486-487. ↩

⁶¹⁸ Réplica, ¶ 485. ↩

⁶¹⁹ Réplica, ¶ 488. ↩

⁶²⁰ Réplica, ¶ 489. ↩

⁶²¹ Réplica, ¶¶ 490-492. ↩

⁶²² Réplica, ¶ 493. ↩

⁶²³ Réplica, ¶ 494. ↩

⁶²⁴ Dúplica, ¶¶ 328, 315; refiriéndose a Demanda, ¶ 3; Réplica, ¶¶ 480-483. ↩

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cumplir la obligación esencial que lo protege, pues la Tarifa se sigue pagando conforme a los términos del Contrato⁶²⁵. Según la Demandada, los mismos testigos de la Demandante confirmaron lo anterior en la Audiencia⁶²⁶. Por ello, niega que haya habido ningún incumplimiento contractual de carácter esencial.

2. Del supuesto repudio del Contrato y de la Tarifa

a) Posición de la Demandante

464. La Demandante sostiene que, a través de las acciones de la Contraloría, en particular, el Informe General, las Recomendaciones y la Resolución de Responsabilidad Civil Culposa, Ecuador ha repudiado el Contrato al modificar unilateralmente la Tarifa y tachar el Contrato de ilegal⁶²⁷.

465. Primero, la Demandante sostiene que las acciones de la Contraloría carecen de fundamento jurídico (vid sección i infra) y alega que su único pretexto ha sido lograr la modificación de la Tarifa y asegurar mayores ingresos a Ecuador⁶²⁸, luego de que la inversión realizada por Gente Oil en el campo Singue confirmara el potencial del mismo⁶²⁹.

466. A continuación, manifiesta que el Informe General, al tachar el Contrato de ilegal, entraña efectos jurídicos “devastadores” para el Contrato, que se materializan en (i) la posibilidad de declarar la caducidad del Contrato sin necesidad de declaración judicial previa; y (ii) la nulidad absoluta del Contrato (vid sección ii infra). Igualmente, la Demandante afirma que la Resolución de Responsabilidad Civil Culposa tiene efectos económicos “devastadores” para el Contrato y supone una modificación unilateral de la Tarifa (vid sección iii infra).

467. Por todo ello, la Demandante concluye que las acciones de la Contraloría implican un incumplimiento y repudio por Ecuador de sus obligaciones contractuales (vid sección iv infra).

468. Finalmente, la Demandante añade que Ecuador también ha repudiado el Contrato a través de la Procuraduría y la Fiscalía (vid sección v infra).

i. Fundamento de las acciones de la Contraloría

⁶²⁵ Dúplica, ¶¶ 315, 328. ↩

⁶²⁶ Escrito Post-Audiencia de la Demandada, ¶ 58; Transcripción, Día 2, 246:11-12 (Al Sholy); Transcripción, Día 2, 454:3-5, (Pástor). ↩

⁶²⁷ Demanda, ¶ 244. ↩

⁶²⁸ Demanda, ¶ 96. ↩

⁶²⁹ Réplica, ¶ 16. ↩

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469. La Demandante afirma que las acciones de la Contraloría, en particular (i) el Informe General y sus conclusiones y (ii) la consecuente imposición de una Resolución de Responsabilidad Civil Culposa, carecen de fundamento jurídico⁶³⁰. La Demandante señala que Ecuador no ha refutado ninguna de las alegaciones que se desarrollan a continuación⁶³¹ y aclara que la presunción de legalidad de los actos administrativos no se extiende a la sede arbitral⁶³².

470. Sobre las alegaciones de la Contraloría en cuanto al cálculo de la Tarifa⁶³³, la Demandante (a) sostiene que la consideración del riesgo exploratorio fue correcta; (b) niega que existiera una obligación de desglosar la Tarifa; o (c) una obligación de negociar sobre la base del 100% de las reservas probadas; y (d) señala que la Tarifa es producto de negociaciones contractuales y no de una “simulación económica-financiera”.

471. En cuanto a la transferencia del Contrato a Gente Oil⁶³⁴, la Demandante sostiene (e) que Gente Oil sí justificó su capacidad operativa y financiera; y (f) que se cumplió con el requisito de mejoramiento de las condiciones económicas del Contrato.

472. Finalmente, la Demandante manifiesta que (g) no existía fundamento alguno para considerar que los funcionarios públicos debían exigir la reducción de la Tarifa con ocasión de la cesión del Contrato, tal y como sugería la primera de las Recomendaciones⁶³⁵.

473. Adicionalmente, la Demandante defiende que (h) las acciones de la Contraloría se derivan de un acto inválido, el Informe General, pues este último fue emitido extemporáneamente.

a. Consideración del riesgo exploratorio

474. La Demandante sostiene que la consideración del riesgo exploratorio en la negociación de la Tarifa fue correcta⁶³⁶. La Demandante señala que la obligación de la contratista de realizar tareas

⁶³⁰ Réplica, ¶ 496. ↩

⁶³¹ Réplica, ¶¶ 43-46, 506-508. ↩

⁶³² Réplica, ¶¶ 502-505; Gabriel Doménech Pascal, El principio de presunción de validez en Juan Alfonso Santa María Pástor (director), Los principios jurídicos de derecho administrativo (Edit La Ley, Madrid 2010), pp. 1031-1060, Anexo CLA-141. En el mismo sentido, Réplica, ¶¶ 451-452; David Blanquer, Hechos, ficciones, pruebas y presunciones del derecho administrativo “Taking facts seriously” (Editorial Tirant lo Blanch, Valencia 2006), pp. 305-306, Anexo CLA-110. ↩

⁶³³ Demanda, ¶ 102; Oficio de la Contraloría General del Estado No. 21110-DASE, 18 de julio de 2017, p. 26, Anexo C-12; Informe General DASE-045-2017, Dirección de Auditoría de Sectores Estratégicos de la Contraloría General del Estado, 1 de agosto de 2017, pp. 37-38, Anexo C-7. Vid ¶ 212 supra. ↩

⁶³⁴ Demanda, ¶ 102; Informe General DASE-045-2017, Dirección de Auditoría de Sectores Estratégicos de la Contraloría General del Estado, 1 de agosto de 2017, pp. 40-41, 53, Anexo C-7. Vid ¶ 212 supra. ↩

⁶³⁵ Demanda, ¶ 102; Informe General DASE-045-2017, Dirección de Auditoría de Sectores Estratégicos de la Contraloría General del Estado, 1 de agosto de 2017, p. 57, Anexo C-7. Vid ¶ 213 supra. ↩

⁶³⁶ Réplica, ¶ 509. ↩

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exploratorias estaba contemplada en el modelo de contrato y estaba prevista en la legislación petrolera ecuatoriana⁶³⁷. La Demandante defiende que la posterior sustitución del pozo exploratorio por pozos de desarrollo fue el resultado de una reinterpretación de la información sísmica, está prevista en el Contrato y fue aceptada por los funcionarios de Ecuador⁶³⁸.

b. Supuesta obligación de desglosar la Tarifa

475. La Demandante mantiene que ni el artículo 16, ni ninguna otra norma aplicable o las bases de la licitación establecen una obligación de desglosar la Tarifa⁶³⁹, tal y como reconoció la propia Secretaría ante la Fiscalía⁶⁴⁰.

476. Adicionalmente, la Demandante señala que la Contraloría ha emitido informes sobre otros contratos adjudicados durante la Décima Ronda, sin cuestionar que la tarifa no hubiera sido desglosada en esos contratos⁶⁴¹.

c. Supuesta obligación de negociar sobre el 100% de las reservas probadas

477. La Demandante manifiesta que la propia Contraloría ha reconocido la ausencia de “lineamientos, parámetros, elementos y cálculos” para que los integrantes de los equipos de negociación se guiaran en las negociaciones de contratos petroleros⁶⁴².

478. Por otra parte, la Demandante alega que es imposible esperar la extracción del 100% de las reservas probadas, dado que todo cálculo de reservas conlleva un grado de incertidumbre⁶⁴³. A

⁶³⁷ Réplica, ¶ 509; Ley de Hidrocarburos anterior a la reforma de 2010 (Decreto Supremo No. 2967), publicada en el Registro Oficial No. 711, 15 de noviembre de 1978, art. 25, Anexo CLA-18. ↩

⁶³⁸ Réplica, ¶ 510; Demanda, ¶ 99; citando Contrato, cláusula 11.3, Anexo C-6. ↩

⁶³⁹ Demanda, ¶ 103; Réplica, ¶¶ 511-512; Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 244, 27 de julio de 2010, art. 7, Anexo C-8, (“Esta tarifa [...] se fijará contractualmente tomando en cuenta un estimado de amortización de las inversiones, los costos y gastos, y una utilidad razonable que tome en consideración el riesgo incurrido”). ↩

⁶⁴⁰ Demanda, ¶ 104; citando Oficio Nro. SH-SCH-2018-0306-OF, 8 de marzo de 2018, pp. 2, 3 Anexo C-168. ↩

⁶⁴¹ Demanda, ¶ 104; Contrato Prestación de Servicios Para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos (Petróleo Crudo), en el Bloque ENO-RON de la Región Amazónica Ecuatoriana, 30 de abril de 2012, cláusula 14.3, Anexo C-20; Informe General DNA6-0022-2018 a los Bloques Eno Ron y Ocano Peña Blanca, Contraloría General del Estado, 27 de febrero de 2018, Anexo C-184. ↩

⁶⁴² Demanda, ¶ 105; Informe General DNA6-0022-2018 a los Bloques Eno Ron y Ocano Peña Blanca, Contraloría General del Estado, 27 de febrero de 2018, pp. 17 y 18, Anexo C-184. ↩

⁶⁴³ Demanda, ¶ 107; Primer Peritaje de Gaffney Cline, p. ii, Anexo CER-2; Versión Libre y Sin Juramento del Dr. Octavio Scacco Franco, Gerente General de Dygoil, 06 de septiembre de 2017, Anexo C-185; Versión libre y Sin Juramento del Dr. Andrés Donoso, Ex Secretario de Hidrocarburos, 06 de septiembre de 2017, Anexo C-186; Versión Libre y Sin Juramento del Ing. Alfonso Jiménez, Ex Miembro del Equipo Negociador de Ecuador, 13 de noviembre de 2017, Anexo C-188. Ver también Réplica, ¶¶ 513-515. ↩

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mayor abundamiento, la Demandante indica que el Equipo de Negociación no consideró el 80% de las reservas entonces probadas, sino el 93%⁶⁴⁴.

d. Parámetros para la determinación de la Tarifa

479. La Demandante alega que, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos, la Tarifa es producto de negociaciones contractuales y no de un modelo o “simulación económica-financiera”⁶⁴⁵.

480. La Demandante indica que la “simulación económica-financiera del Bloque Singue” a la que se refieren el Informe General y el borrador del Examen Especial⁶⁴⁶ fue utilizada por el equipo negociador para calcular la tasa interna de retorno (“TIR”), pero no determinó la Tarifa⁶⁴⁷. Además, mantiene que ni la ley ni las bases de la licitación exigen el uso de tal simulación para calcular la Tarifa⁶⁴⁸.

481. La Demandante añade que “[e]s una mera especulación creer que el Consorcio DGC hubiese acordado una Tarifa inferior a US$ 33.50 por barril sobre todo cuando la tarifa ofertada en la licitación era de US$ 34.50”⁶⁴⁹.

e. Justificación de la capacidad operativa y financiera de Gente Oil

482. La Demandante afirma que Gente Oil presentó información respecto de su experiencia técnica y operativa previa (incluyendo la de sus accionistas y directores), así como sobre su capacidad económica, incluyendo los estados financieros de su casa matriz y su compañía relacionada⁶⁵⁰.

f. Mejoramiento de las condiciones económicas con el Contrato Modificatorio

⁶⁴⁴ Demanda, ¶ 106; Respuesta de Gente Oil Ecuador a Resolución de Responsabilidad Civil, pp. 6-7, Anexo C-200. Ver también, Réplica, ¶ 517. ↩

⁶⁴⁵ Demanda, ¶ 108; Réplica, ¶ 522; Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 244, 27 de julio de 2010, art. 7, Anexo C-8. ↩

⁶⁴⁶ Informe General DASE-045-2017, Dirección de Auditoría de Sectores Estratégicos de la Contraloría General del Estado, 1 de agosto de 2017, p. 36, Anexo C-7; Oficio de la Contraloría General del Estado No. 21110-DASE, 18 de julio de 2017, p. 24, Anexo C-12. ↩

⁶⁴⁷ Demanda, ¶ 110; Escrito de Alfonso Jiménez, Anexo C-183. ↩

⁶⁴⁸ Demanda, ¶ 110. ↩

⁶⁴⁹ Demanda, ¶ 111; Réplica, ¶ 523. ↩

⁶⁵⁰ Demanda, ¶ 113; Informe técnico, económico y legal Secretaría de Hidrocarburos, 22 de julio de 2013, Anexo C-172. Ver también Réplica, ¶ 518. ↩

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483. La Demandante afirma que para cumplir con el requisito de mejoramiento de las condiciones económicas del artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos es suficiente con el pago, por el cesionario, de la tasa prevista en el artículo 2(b) del Reglamento para la Transferencia o Cesión de Derechos y Obligaciones de Contratos de Hidrocarburos, de cinco mil dólares de Estados Unidos (US$ 5.000,00) por cada uno por ciento de participación⁶⁵¹.

484. La Demandante indica que así lo reconoció el Ministerio Sectorial durante el proceso de investigación criminal⁶⁵² y añade que así se ha considerado en todas las transferencias de contratos petroleros aprobadas desde el 2001⁶⁵³.

485. La Demandante señala que Gente Oil pagó US$ 5.000 por cada uno por ciento de participación transferida, lo que arrojó un monto total de US$ 500.000, por lo que se cumplió enteramente el requisito del artículo 79⁶⁵⁴.

g. Reducción de la Tarifa con motivo de la cesión del Contrato

486. La Demandante afirma que no existe fundamento alguno para considerar que los funcionarios públicos debían exigir la reducción de la Tarifa con ocasión de la cesión del Contrato⁶⁵⁵. Por el contrario, el Contrato únicamente contempla la posibilidad de incrementar la Tarifa, no de reducirla, en caso de una mayor inversión por parte de la Contratista⁶⁵⁶.

h. Extemporaneidad del Informe General

487. La Demandante explica que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, los informes de auditoría gubernamental, como el Informe General, deben ser tramitados en el plazo improrrogable de 210 días⁶⁵⁷. En este caso, la Demandante señala que el Examen Especial se inició con una orden de trabajo emitida el 12 de

⁶⁵¹ Demanda, ¶ 116; Reglamento para la Transferencia o Cesión de Derechos y Obligaciones de los Contratos de Hidrocarburos, Art. 2 (b), Anexo C-19. ↩

⁶⁵² Demanda, ¶ 116; Oficio N° MERNNR-VH-2019-0386-OF, 9 de julio de 2019, Anexo C-84. ↩

⁶⁵³ Demanda, ¶ 117; Escrito de Escrito de la Dra. Yvonne Fabara, Ex Secretaria de Hidrocarburos, presentado ante la Contraloría General Estado, 2 de octubre de 2017, pp. 25-26, 32, Anexo C-190. ↩

⁶⁵⁴ Demanda, ¶ 115. ↩

⁶⁵⁵ Demanda, ¶ 118. ↩

⁶⁵⁶ Demanda, ¶ 118; Réplica, ¶ 520; Contrato, cláusula 5.3, Anexo C-6. ↩

⁶⁵⁷ Demanda, ¶ 265; Réplica, ¶ 563; Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 595, 12 de junio de 2002, art. 26, Anexo CLA-23. ↩

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septiembre de 2016 y finalizó con el Informe General, emitido el 1 de agosto de 2017, lo cual suma un total de 221 días hábiles⁶⁵⁸.

488. Como evidencia adicional, la Demandante indica que la Resolución de Responsabilidad Civil Culposa ha sido declarada nula por los tribunales ecuatorianos en “al menos” dos ocasiones⁶⁵⁹, en vista de que el acto del que se deriva dicha Resolución, el Informe General, fue emitido extemporáneamente⁶⁶⁰. La Demandante sostiene que las decisiones mencionadas solo tienen efectos inter-partes en relación conla persona impugnante de la Resolución de Responsabilidad Civil Culposa, puesto que se trata de acciones en el recurso contencioso subjetivo de plena jurisdicción⁶⁶¹. La Demandante añade que tales sentencias han sido impugnadas por la Contraloría, en procesos que siguen pendientes de resolución definitiva ante la Corte Nacional de Justicia⁶⁶².

ii. Supuestos efectos jurídicos del Informe General

489. La Demandante manifiesta que el Informe General tiene por efecto (a) la caducidad del Contrato y (b) la afectación de la licitud del objeto del Contrato, lo cual tiene como consecuencia la imposibilidad de que el Contrato sobreviva jurídicamente.

490. Además, la Demandante señala que el informe de la Secretaría sobre los supuestos “incumplimientos legales en los procesos de licitación y transferencia” del Contrato, exigido en las Recomendaciones, sigue “en elaboración”⁶⁶³. Para la Demandante, “esta conducta genera una presión insoportable en la Demandante y es contraria con la buena fe”⁶⁶⁴.

a. Caducidad del Contrato

⁶⁵⁸ Demanda, ¶ 265; Informe General DASE-045-2017, Dirección de Auditoría de Sectores Estratégicos de la Contraloría General del Estado, 1 de agosto de 2017, p. 2, Anexo C-7. ↩

⁶⁵⁹ Réplica, ¶ 31; Sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, Juicio 17811201800285, Casillero Judicial 4959, 1 de octubre de 2020, Anexo C-256; Sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, Juicio 17811201801187 (iniciado por Jiménez López Milton Alfonso), 13 de octubre de 2020, Anexo C-257. Ver también Réplica, ¶¶ 558-564. ↩

⁶⁶⁰ Réplica, ¶¶ 32, 558. La Demandante aclara que las decisiones mencionadas solo tienen efectos inter-partes en relación a la persona impugnante de la Resolución de Responsabilidad Civil Culposa. Ver Réplica, ¶ 33. ↩

⁶⁶¹ Réplica, ¶ 33. Ver también, Transcripción, Día 4, 1059:2-13, (Pérez-Loose). ↩

⁶⁶² Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 75; Transcripción, Día 4, 1058:13-22 (Torres). ↩

⁶⁶³ Réplica, ¶ 38; Informe General DASE-045-2017, 1 de agosto de 2017, p. 57, Anexo C-7; Declaración de Silvana Pástor, ¶ 84, Anexo CWS-2. ↩

⁶⁶⁴ Réplica, ¶ 39. ↩

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491. La Demandante señala que, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos, la caducidad del Contrato puede ser declarada por el Ministro “si el contratista [...] [h]ubiese empleado fraude y medios ilegales en la suscripción del contrato”⁶⁶⁵.

492. La Demandante explica que la caducidad es una sanción administrativa que consiste en declarar terminado el contrato anticipadamente⁶⁶⁶ y que tiene graves consecuencias económicas para el contratista, en particular, la devolución al Estado de las áreas contratadas, la entrega de todas las instalaciones y activos dedicados a operar el bloque, y la pérdida automática de las cauciones y garantías rendidas⁶⁶⁷. Asimismo, la Demandante señala que la empresa deberá ingresar a la lista de contratistas incumplidores y quedará inhabilitada de contratar con el sector público del Ecuador por cinco años⁶⁶⁸.

493. La Demandante afirma que, en este caso, la declaración de caducidad es inevitable porque el Estado ecuatoriano, a través del Informe General de la Contraloría, ha concluido que ocurrieron los hechos tipificados como infracción por el artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos⁶⁶⁹. Además, agrega que, dado que las Recomendaciones son de carácter vinculante y obligatorio, “la determinación de los hechos que hizo la Contraloría es una decisión vinculante que no podrá ser puesta en duda por el respectivo Ministro”⁶⁷⁰.

b. Objeto ilícito del Contrato

494. La Demandante manifiesta que la Contraloría, al determinar que la celebración del Contrato y del Contrato Modificatorio violaron disposiciones de derecho público (la Ley de Hidrocarburos), habría afectado a la ilicitud del objeto del Contrato⁶⁷¹. La Demandante sostiene que ello tiene

⁶⁶⁵ Réplica, ¶¶ 566-568; Codificación de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Registro Oficial No. 711, Art. 2, 24 de noviembre de 2011, art. 74, Anexo C-70. ↩

⁶⁶⁶ Réplica, ¶ 572; Julio Roballo, De la cláusula de Caducidad, (Editorial Temis, Bogotá, 1984), p. 9, Anexo CLA-154; Gastón Jéze, Principios Generales de Derecho Administrativo, Trad. Julio San Millán Almagro, (Edit. Depalma, Buenos Aires. 1950 T. VI), p. 66, Anexo CLA-155. ↩

⁶⁶⁷ Réplica, ¶ 573; Codificación de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Registro Oficial No. 711, Art. 2, 24 de noviembre de 2011, Art. 75, Anexo C-70; Los Recursos Administrativos, (Edit. Depalma, Buenos Aires, 1967), pp. 139-140, Anexo CLA-151. ↩

⁶⁶⁸ Réplica, ¶ 575; citando Registro Oficial Suplemento 588, 12 de mayo de 2009, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, art. 98, Anexo C-321. ↩

⁶⁶⁹ Réplica, ¶ 568. ↩

⁶⁷⁰ Réplica, ¶ 568. ↩

⁶⁷¹ Réplica, ¶ 566; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1478, Anexo CLA-20. ↩

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como consecuencia la nulidad absoluta del Contrato bajo el artículo 1698 del Código Civil, que no puede ser saneada y que podrá ser declarada por el juez, de oficio o a petición de parte⁶⁷².

iii. Supuestos efectos económicos de las acciones de la Contraloría

495. La Demandante afirma que Ecuador, a través de la Contraloría, ha determinado la reducción arbitraria y unilateral de la Tarifa⁶⁷³.

496. En primer lugar, la Demandante se refiere a la Recomendación de la Contraloría de renegociación de las condiciones económicas del Contrato, que debe cumplirse de manera inmediata y con carácter obligatorio⁶⁷⁴. La Demandante defiende que, pese a haber fracasado el primer intento de renegociación, la Secretaría en ningún momento dio por satisfecha la Recomendación de renegociación⁶⁷⁵. En este sentido, la Demandante señala que, en febrero de 2018, la Secretaría manifestó que “empleará todos los medios legales en defensa de los intereses del Estado ecuatoriano”⁶⁷⁶ y, en agosto de 2018, informó que la Contraloría, la Procuraduría y la Presidencia de Ecuador habían exhortado a la Secretaría “para que las recomendaciones efectuadas, sean aplicadas lo antes posible, en defensa de los intereses del Estado ecuatoriano”⁶⁷⁷.

497. Por ello, sostiene que la orden de renegociación de la Tarifa es “una amenaza que de no remediarse acechará a Gente Oil hasta el final”⁶⁷⁸.

498. A contrario de lo alegado por la Demandada, la Demandante sostiene que la Recomendación de la Contraloría no implica una mera directriz de carácter general, sino que contiene instrucciones concretas sobre cómo debe modificarse la Tarifa⁶⁷⁹. En este sentido, la Demandante se refiere a

⁶⁷² Réplica, ¶ 566; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, arts. 1698 y 1699, Anexo CLA-20; Arturo Alessandri y Manuel Somarriva, CURSO DE DERECHO CIVIL redactado y puesto al día por Antonio Vodanovic H., Tomo I, Volumen I, Parte General, (Editorial Nascimento Santiago 1961) pp. 425-430, Anexo CLA-152. ↩

⁶⁷³ Demanda, ¶ 245. ↩

⁶⁷⁴ Demanda, ¶¶ 119, 195-196; Réplica, ¶ 19; Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 595, 12 de junio de 2002, art. 92, Anexo CLA-23. ↩

⁶⁷⁵ Réplica, ¶ 20; Oficio Nro. SH-SH-2018-0096-OF, Secretaría de Hidrocarburos, 23 de febrero de 2018, p. 2, Anexo C-195; Secretaría de Hidrocarburos, Informe de Gestión, junio 2017 – agosto 2018, p. 27, Anexo C-232. Ver también Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶¶ 8, 76, 78; Transcripción, Día 2, 511:14-22, 512:1-9 (Pástor). ↩

⁶⁷⁶ Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 79; citando Oficio Nro. SH-SH-2018-0096-OF, Secretaría de Hidrocarburos, 23 de febrero de 2018, p. 2, Anexo C-195. ↩

⁶⁷⁷ Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 79; citando Secretaría de Hidrocarburos, Informe de Gestión, junio 2017 – agosto 2018, p. 28 (por error, la Demandante cita la p.2), Anexo C-232. ↩

⁶⁷⁸ Réplica, Tabla de Contenidos, Sección II.B.2. ↩

⁶⁷⁹ Réplica, ¶ 24. ↩

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(i) la orden de renegociar en “conocimiento de los barriles efectivamente extraídos del Bloque Singue”⁶⁸⁰; (ii) la conclusión del Informe General de que la Tarifa debía haber sido negociada sobre la base del 100% de las reservas probadas⁶⁸¹; y (iii) la Resolución de Responsabilidad Civil Culposa que “pretende recuperar US$ 1,05 por cada barril extraído”⁶⁸². Para la Demandante, todo ello permite descartar cualquier margen de autonomía de los funcionarios públicos en la renegociación de la Tarifa⁶⁸³.

499. Más allá de la Recomendación de renegociación, la Demandante señala que el Informe General trajo como consecuencia la imposición de la Resolución de Responsabilidad Civil Culposa a Gente Oil por más de US$ 5.243.132,38 más intereses⁶⁸⁴, convirtiéndose así el Estado ecuatoriano -“arbitrariamente”– en acreedor de Gente Oil⁶⁸⁵. La Demandante reconoce nuevamente que la Resolución de Responsabilidad Civil Culposa ha sido declarada nula por los tribunales ecuatorianos en “al menos” dos ocasiones⁶⁸⁶, pero reitera que tales decisiones solo tienen efectos inter-partes⁶⁸⁷.

500. Sobre las alegaciones de la Demandada en cuanto a la solidaridad de la deuda⁶⁸⁸, la Demandante sostiene que, en virtud del artículo 1527 CC, el total de la deuda podrá exigirse a cada uno de los deudores, a elección del acreedor, que podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios juntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio⁶⁸⁹.

⁶⁸⁰ Réplica, ¶ 24; Informe General DASE-045-2017, Dirección de Auditoría de Sectores Estratégicos de la Contraloría General del Estado, 1 de agosto de 2017, pp. 57-58, Anexo C-7. ↩

⁶⁸¹ Réplica, ¶ 25. ↩

⁶⁸² Réplica, ¶ 26; Resolución de la Contraloría General del Estado, Resolución N° 12431, 4 de diciembre de 2017, p. 60, Anexo C-23. ↩

⁶⁸³ Réplica, ¶ 25. ↩

⁶⁸⁴ Réplica, ¶¶ 576-580. La Demandante manifiesta que la cuantía es superior a US$ 5.243.132,38 porque a esta hay que sumarle los intereses, que comenzaron a correr desde el 30 de septiembre de 2016, fecha en que se estableció la responsabilidad, así como los supuestos daños que la Tarifa habría irrogado a Ecuador desde ese momento. Ver Réplica, ¶¶ 576-577; Oficio de la Contraloría General del Estado No. 5815, 3 de agosto de 2017, p. 1, Anexo C-22. ↩

⁶⁸⁵ Réplica, ¶ 578. ↩

⁶⁸⁶ Réplica, ¶ 31; Sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, Juicio 17811201800285, Casillero Judicial 4959, 1 de octubre de 2020, Anexo C-256; Sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, Juicio 17811201801187 (iniciado por Jiménez López Milton Alfonso), 13 de octubre de 2020, Anexo C-257. Ver también Réplica, ¶¶ 558-564. ↩

⁶⁸⁷ Réplica, ¶ 33. ↩

⁶⁸⁸ Contestación, ¶ 410. ↩

⁶⁸⁹ Réplica, ¶ 579; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, arts. 1527 y 1530, Anexo CLA-20. ↩

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501. La Demandante añade que Ecuador ha continuado pagando la Tarifa únicamente “[s]oon after we filed our arbitration”, en palabras del Sr. Al Sholy⁶⁹⁰.

iv. Supuestos incumplimientos contractuales derivados de las acciones de la Contraloría

502. La Demandante afirma que las acciones de la Contraloría implican un incumplimiento y un repudio de sus obligaciones contractuales y constituyen un desconocimiento y violación del artículo 1561 CC, según el cual “el contrato es ley para las partes” (pacta sunt servanda)⁶⁹¹.

503. La Demandante defiende que (i) la principal y esencial obligación que se deriva del artículo 1561 CC es la de proteger el interés del acreedor en la relación contractual⁶⁹²; y (ii) en este caso, el interés de la Demandante había sido el de obtener un retorno estable a su inversión⁶⁹³. La Demandante afirma que las acciones de la Contraloría han destruido ese interés, al eliminar la fuerza obligatoria del Contrato y atacar el elemento esencial que asegura al acreedor la satisfacción de su interés económico: la Tarifa⁶⁹⁴.

504. Adicionalmente, la Demandante mantiene que las acciones de la Contraloría constituyen una violación del artículo 1562 CC, que obliga a la ejecución de los contratos de buena fe, así como del derecho de propiedad y de igualdad de cargas pública de Gente Oil⁶⁹⁵.

505. Finalmente, la Demandante sostiene que, aun si aceptase la posición de la Demandada de que la única contraparte de Gente Oil en el Contrato es la Secretaría, “la evidencia es igualmente clara que para la Secretaría el Contrato dejó de ser ley”, pues esta “no hizo ningún intento para que la Contraloría aplique adecuadamente la Ley de Hidrocarburos y su normativa correlativa”⁶⁹⁶.

v. Supuesto repudio adicional del Contrato por la Procuraduría y la Fiscalía

506. La Demandante finalmente afirma que Ecuador también ha repudiado el Contrato a través de (i) la Procuraduría, tachando el Contrato de ilegal al adoptar la teoría legal de la Contraloría⁶⁹⁷ y

⁶⁹⁰ Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 85; Transcripción, Día 2, 246:4-5 (Al Sholy). ↩

⁶⁹¹ Réplica, ¶ 581; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1561, Anexo CLA-20. Ver también Réplica, ¶ 606. ↩

⁶⁹² Réplica, ¶ 582. ↩

⁶⁹³ Réplica, ¶ 584. ↩

⁶⁹⁴ Réplica, ¶¶ 583-585. En el mismo sentido, Réplica, ¶¶ 606-607. ↩

⁶⁹⁵ Réplica, ¶ 581. ↩

⁶⁹⁶ Réplica, ¶¶ 40-42, 607. ↩

⁶⁹⁷ Réplica, ¶¶ 52-53. ↩

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reconociendo un supuesto perjuicio al Estado de US$ 28,5 millones⁶⁹⁸; y (ii) la Fiscalía, que ha sostenido que el Contrato es el resultado de una trama delictiva y ha aportado como prueba en el proceso el peritaje de la Sra. Almeida⁶⁹⁹.

507. Adicionalmente, la Demandante llama la atención sobre la posición supuestamente contradictoria adoptada por la Procuraduría en el arbitraje y en el proceso penal. La Demandante manifiesta que, en el arbitraje, la Procuraduría defiende la legitimidad del Contrato e incide en que la Tarifa se sigue pagando⁷⁰⁰, mientras que en el proceso penal afirma que el Contrato es el resultado de una trama delictiva y reconoce un supuesto daño al Estado⁷⁰¹.

508. Por último, la Demandante niega que Ecuador pudiera haber formulado acciones penales contra Gente Oil, como afirma la Demandada⁷⁰². La Demandante sostiene que (i) el Código Penal vigente a la fecha en la que ocurrieron los hechos no contemplaba la responsabilidad penal de la persona jurídica y (ii) que el Código Orgánico Integral Penal, que entró en vigor luego de los hechos relevantes, no contempla la responsabilidad de las personas jurídicas para el delito de peculado⁷⁰³. Además, manifiesta que una condena penal contra la Sra. Pástor podría conllevar una responsabilidad civil a Gente Oil, bajo la teoría de que la Demandante sería la beneficiaria de sus actuaciones criminales⁷⁰⁴.

509. La Demandante añade que, pese a que se ratificó la inocencia de la Sra. Pástor, la sentencia todavía es susceptible de ser apelada por la Fiscalía y las medidas cautelares aún no han sido levantadas⁷⁰⁵.

b) Posición de la Demandada

510. La Demandada niega que exista un incumplimiento contractual en relación con las actuaciones de la Contraloría, el COLH, la Fiscalía o la Procuraduría. En primer lugar, la Demandada sostiene que no existe ninguna obligación contractual a cargo de estas instituciones frente a Gente Oil, ni

⁶⁹⁸ Réplica, ¶¶ 50-51. ↩

⁶⁹⁹ Réplica, ¶ 607. ↩

⁷⁰⁰ Réplica, ¶ 602; refiriéndose a Contestación, ¶ 492. ↩

⁷⁰¹ Réplica, ¶ 603. ↩

⁷⁰² Réplica, ¶ 59; refiriéndose a Contestación, ¶ 373. ↩

⁷⁰³ Réplica, ¶¶ 60, 594; Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para complementar la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en Actos de Corrupción, presentado por el Legislador Vicente Taiano, p. 3, Anexo C-261; Registro Oficial No. 180, 10 de febrero de 2014, Código Orgánico Integral Penal, Disposición Final y arts. 254-258, 278, Anexo C-262. Ver también Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 82. ↩

⁷⁰⁴ Réplica, ¶¶ 596, 600. ↩

⁷⁰⁵ Escrito Post Audiencia de la Demandante, ¶ 83; Transcripción, Día 2, 405:2-6 (Pástor). ↩

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tampoco disposición alguna que impida el ejercicio por parte de los organismos públicos del Estado de sus respectivas competencias. En todo caso, la Demandada defiende que las supuestas “espadas de Damocles” que recaen sobre el contrato son especulaciones y carecen de fundamento fáctico⁷⁰⁶.

i. Fundamento de las acciones de la Contraloría

511. La Demandada aclara que no analiza la legalidad de los actos de la Contraloría porque el presente procedimiento no es un procedimiento impugnatorio ante tribunales contenciosos administrativos en el que se pueda determinar la validez o legalidad de los actos administrativos⁷⁰⁷. La Demandada sostiene que la propia Demandante ha admitido este último extremo⁷⁰⁸.

ii. Supuestos efectos jurídicos del Informe General

512. De forma preliminar, la Demandada señala que, tal y como ha indicado la Demandante, los tribunales ecuatorianos en dos ocasiones han declarado el Informe General nulo por haber sido emitido extemporáneamente⁷⁰⁹. Por ello, la Demandada manifiesta que, de ejecutoriarse las sentencias, no se podrá exigir el cumplimiento de las Recomendaciones o del resto de resoluciones emitidas con base en el Informe General⁷¹⁰.

513. Por otro lado, la Demandada señala que la Contraloría no se ha pronunciado sobre la legalidad o ilegalidad del Contrato, sino que lo hizo sobre los incumplimientos legales de la Demandante y otras personas físicas en el proceso de licitación y transferencia del Contrato⁷¹¹. La Demandada aclara que, tal y como señala la Demandante, (i) la ilegalidad de un contrato debe ser determinada por los tribunales, y (ii) la caducidad de un contrato debe ser determinada por el Ministerio Sectorial⁷¹², en ejercicio de un poder discrecional del Estado, dentro del marco del derecho ecuatoriano, por lo que no puede constituir un incumplimiento contractual ni de la buena fe⁷¹³. La Demandada manifiesta que, consecuentemente, la Contraloría ordenó a la Secretaría en sus Recomendaciones que “analice los incumplimientos legales” a fin de determinar si hay lugar a la

⁷⁰⁶ Escrito Post-Audiencia de la Demandada, ¶ 106. ↩

⁷⁰⁷ Dúplica, ¶ 331. ↩

⁷⁰⁸ Dúplica, ¶ 331; citando Réplica, ¶ 273. ↩

⁷⁰⁹ Dúplica, ¶ 331; citando Réplica, ¶¶ 32, 564. ↩

⁷¹⁰ Dúplica, ¶ 331; Código Orgánico Administrativo, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 31, de fecha 7 de julio de 2017, art. 108, Anexo RLA-46. ↩

⁷¹¹ Dúplica, ¶ 341. ↩

⁷¹² Dúplica, ¶ 341; citando Réplica, ¶ 727. ↩

⁷¹³ Escrito Post-Audiencia de la Demandada, ¶ 106. ↩

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“aplicación de los procedimientos legales”⁷¹⁴, pero en ningún momento declaró la invalidez del Contrato.

iii. Supuestos efectos económicos de las acciones de la Contraloría

514. La Demandada reconoce que el pago de la Tarifa es la obligación contractual principal a cargo de la Demandada, pero reitera que esta se sigue pagando conforme a los términos y condiciones del Contrato⁷¹⁵.

515. Sobre la Recomendación de renegociación de la Contraloría, la Demandada niega que esta imponga un resultado o suponga una instrucción concreta para la Secretaría, tal y como se desprende del propio texto de la Recomendación⁷¹⁶. Además, la Demandada añade que la Contraloría, la Secretaría y el COLH no pueden actuar más allá de la Ley de Hidrocarburos, que establece que “los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos [únicamente] podrán ser modificados por acuerdo de las partes contratantes”⁷¹⁷.

516. La Demandada indica que, en aplicación de la Recomendación, se convocó a reuniones a Gente Oil para la renegociación de la Tarifa, pero añade que, en vista de su negativa a negociar, la Tarifa no se modificó y se sigue pagando tal y como establece el Contrato⁷¹⁸.

517. En cuanto a la Resolución de Responsabilidad Civil Culposa, la Demandada reitera que esta ha sido declarada nula y afirma que la nulidad de un acto administrativo lo deja sin efectos⁷¹⁹. La Demandada niega que las decisiones de los tribunales sobre la nulidad sólo tengan efectos inter-partes en relación con la persona impugnante⁷²⁰. En su lugar, señala que, conforme al artículo 108 del Código Orgánico Administrativo, “[l]as personas no están obligadas al cumplimiento de un acto administrativo declarado nulo” y “[l]os servidores públicos deben oponerse a la ejecución

⁷¹⁴ Dúplica, ¶ 341; Informe General DASE-045-2017, Dirección de Auditoría de Sectores Estratégicos de la Contraloría General del Estado, 1 de agosto de 2017, pp. 57-58, Anexo C-7. ↩

⁷¹⁵ Dúplica, ¶ 345. ↩

⁷¹⁶ Dúplica, ¶¶ 347-348; citando Contestación, ¶ 130; Dirección de Auditoría de Sectores Estratégicos de la Contraloría General del Estado, 1 de agosto de 2017, p. 57, Anexo C-7. ↩

⁷¹⁷ Dúplica, ¶ 350. ↩

⁷¹⁸ Dúplica, ¶ 352; Oficio Nro. SH-SH-2018-0096-OF, Secretaría de Hidrocarburos, 23 de febrero de 2018, p. 2, Anexo C-195. Ver también Escrito Post-Audiencia de la Demandada, ¶ 106; citando Transcripción, Día 2, 506:5-22, 507:1-10, (Pástor). ↩

⁷¹⁹ Dúplica, ¶ 361. ↩

⁷²⁰ Dúplica, ¶ 367; refiriéndose a Réplica, ¶ 33. ↩

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del acto nulo, motivando su negativa”⁷²¹. Por todo ello, la Demandada concluye que todo apunta a que la Resolución de Responsabilidad Civil Culposa no será ejecutada en contra de Gente Oil⁷²².

518. En todo caso, la Demandada niega que la Resolución de Responsabilidad Civil Culposa constituya una modificación de la Tarifa ya que: (i) la Tarifa se sigue pagando; y (ii) la Resolución establece la responsabilidad civil solidaria de quince individuos y otras dos compañías⁷²³. Sobre este último punto, la Demandada indica que la Resolución no puede entenderse como una modificación unilateral de un término contractual contenido en un Contrato del que esos otros responsables no son parte⁷²⁴.

519. En cuanto al régimen de las obligaciones solidarias, la Demandada indica que el deudor que eventualmente pague la deuda, aunque sea en su totalidad, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades⁷²⁵. Finalmente, la Demandada señala que, de exigirse el pago a Gente Oil, este podría presentar las excepciones correspondientes y en particular señalar que el acto ha sido declarado de nulidad absoluta⁷²⁶.

iv. Supuestos incumplimientos contractuales derivados de las acciones de la Contraloría

520. La Demandada manifiesta que no existe ninguna obligación contractual que prevenga a las Partes cuestionar la validez del Contrato⁷²⁷, por lo que la Demandada no puede haber incurrido en un incumplimiento de una obligación inexistente⁷²⁸.

521. En todo caso, la Demandada defiende que el “interés” de la Demandante no puede haber sido frustrado porque el “beneficio económico” que la Demandante pretendía obtener con la

⁷²¹ Dúplica, ¶¶ 368-369; Código Orgánico Administrativo, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 31, de fecha 7 de julio de 2017, art. 108, Anexo RLA-46; Cuadernos de Jurisprudencia Contencioso Administrativa, Colección: Gestión Jurisprudencial, Serie: Cuadernos de trabajo, Corte Nacional de Justicia 2012 – 2014 (Primer edición septiembre 2014), p. 49, Anexo RLA-184. ↩

⁷²² Dúplica, ¶ 370. ↩

⁷²³ Contestación, ¶ 410; Dúplica, ¶ 361. ↩

⁷²⁴ Dúplica, ¶ 361. ↩

⁷²⁵ Dúplica, ¶ 372; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1538, Anexo CLA-20. ↩

⁷²⁶ Dúplica, ¶ 373; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1536, Anexo CLA-20. ↩

⁷²⁷ Contestación, ¶ 414; Dúplica, ¶ 333. ↩

⁷²⁸ Contestación, ¶¶ 412-415; Dúplica, ¶ 334. ↩

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celebración del Contrato, la Tarifa, se sigue pagando conforme a los términos contractuales⁷²⁹. La Demandada añade que no existe ninguna enmienda forzada al Contrato ni ninguna indicación por su parte de que va a dejar de cumplir el Contrato⁷³⁰.

522. Adicionalmente, la Demandada señala que la Contraloría no se ha pronunciado sobre la ilegalidad del Contrato en ningún momento (vid sección ii supra), y afirma que el Contrato se sigue cumpliendo en los términos pactados por las Partes⁷³¹.

523. Por último, la Demandada indica que el mero ejercicio por las diversas entidades del sector público ecuatoriano de sus facultades constitucionales y legales no puede constituir un incumplimiento contractual “porque el Contrato sencillamente no contiene ninguna de las obligaciones supuestamente violadas”⁷³². La Demandada enfatiza que la Contraloría estaba facultada para emitir el Informe General, las Recomendaciones y la Resolución de Responsabilidad Civil Culposa, y agrega que un contrato no puede limitar el ejercicio de las facultades de control de la Contraloría, las cuales están reconocidas por la propia Constitución⁷³³.

524. Finalmente, la Demandada alega que la Demandante no ha identificado ningún acto claro en el que la Secretaría haya repudiado efectivamente el Contrato. Asimismo, señala que tampoco ha identificado ninguna obligación contractual o fundamento legal por el que la Secretaría debía haber defendido el Contrato frente a las actuaciones de otros organismos públicos⁷³⁴.

v. Supuesto repudio adicional del Contrato por la Procuraduría y la Fiscalía

525. La Demandada manifiesta que un proceso penal contra un funcionario, ni siquiera contra la Demandante, no puede constituir una violación contractual⁷³⁵. La Demandada indica que sostener lo contrario impediría a la Fiscalía y a la Procuraduría ejercer sus facultades constitucionales y legales porque eso supondría “poner en duda la legitimidad del Contrato”⁷³⁶. La Demandada

⁷²⁹ Dúplica, ¶¶ 334, 338; Facturas e Instrucciones de pago del Bloque Singue para los meses de julio a diciembre de 2020, Anexo R-84. Ver también Contestación, ¶ 403. ↩

⁷³⁰ Dúplica, ¶ 339. ↩

⁷³¹ Dúplica, ¶¶ 339, 341. ↩

⁷³² Dúplica, ¶ 378. ↩

⁷³³ Dúplica, ¶ 381. ↩

⁷³⁴ Dúplica, ¶ 392. ↩

⁷³⁵ Dúplica, ¶¶ 382-384. ↩

⁷³⁶ Dúplica, ¶ 386. ↩

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agrega que las medidas cautelares que pesaban en contra de la Sra. Pástor fueron levantadas “tras el cumplimiento de los trámites legales correspondientes”⁷³⁷.

526. La Demandada aclara que la Sra. Pástor ha sido absuelta en el proceso penal y califica de puras “hipótesis y conjeturas” las afirmaciones de la Demandante de que una condena penal a la Sra. Pástor podría conllevar responsabilidad civil a la compañía⁷³⁸.

527. La Demandada niega que la Procuraduría haya adoptado posiciones contradictorias en el Arbitraje y el proceso penal. La Demandada señala que se trata de procesos distintos en los que se tratan temas completamente distintos, a saber, el cumplimiento del Contrato en el Arbitraje y la supuesta comisión de un delito en el proceso penal. La Demandada agrega que en ninguno de los procesos se está cuestionando la validez del Contrato, por lo que es imposible que la Procuraduría esté adoptando una posición contradictoria a este respecto⁷³⁹.

3. Del supuesto incumplimiento de la obligación de recibir el crudo

528. La Demandante afirma que Ecuador ha incumplido su obligación principal de recibir el crudo en el CFE Sansahuari, incumplimiento que es negado por la Demandada.

529. En líneas generales, las Partes coinciden con el relato establecido en la sección de “Antecedentes Fácticos” en relación con la recepción del crudo en el CFE Sansahuari. En particular, las Partes no discuten (i) que en 2013 se produjo el cambio de CFE de Sansahuari a Tipishca; (ii) que, a continuación, fue necesaria la ubicación de un CFE adicional en Mariann 4A Battery; (iii) que, como posible solución a la limitada capacidad del Oleoducto Cuyabeno-Lago Agrio, se propuso la Solución Integral, que finalmente no fue implementada; (iv) que, adicionalmente, también se consideró la denominada Solución Definitiva, que tampoco fue implementada.

530. No obstante, las Partes discrepan en (i) las razones del primer cambio de CFE a Tipishca; (ii) la causa de las posteriores supuestas dificultades en la recepción del crudo; (iii) las razones por las que la producción debió ser trasladada mediante autotanques y las consecuencias de ello; (iv) la existencia (o no) de una obligación de implementar la Solución Integral y reembolsar los gastos incurridos a Gente Oil; (v) la existencia de restricciones adicionales en 2020; y (vi) la relevancia del Contrato Modificatorio en relación con el supuesto incumplimiento.

⁷³⁷ Escrito Post-Audiencia de la Demandada, ¶ 106; Transcripción, Día 1, 37:11-18 (Aguirre). ↩

⁷³⁸ Dúplica, ¶ 385; Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, Juicio No. 17721201900002, Sentencia, 26 de enero de 2021, p. 359; Anexo RLA-182. ↩

⁷³⁹ Dúplica, ¶ 390. ↩

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a) Posición de la Demandante

531. La Demandante arguye que Ecuador incumplió la obligación principal de recibir el crudo en el CFE designado por el Contrato y evacuar la totalidad de la producción de crudo del Campo Singue, rompiendo “sistemáticamente la palabra dada”; impidiendo a GOE implementar “planes de desarrollo previamente aprobados por Ecuador”; haciéndole incurrir en “mayores costos”; y priorizando la recepción de crudo de terceros y de su propia empresa Petroamazonas⁷⁴⁰.

532. La Demandante sostiene que la razón por la que Gente Oil no decidió iniciar el arbitraje hasta el momento en que lo hizo “se traduce en la buena fe con la que ha obrado Gente Oil durante toda la ejecución contractual con el fin de que se cumpla su objeto”, hasta alcanzar un punto en el que “enough is enough”⁷⁴¹.

i. Caracteres de la obligación de recibir el crudo

533. La Demandante afirma que, de conformidad con la cláusula 8.3.11 del Contrato, Ecuador asumió la responsabilidad y riesgo de recibir todo el crudo proveniente del Campo Singue en el CFE Sansahuari⁷⁴², así como de hacerse cargo de su evacuación y transporte a partir de su entrega en el CFE⁷⁴³. La Demandante sostiene que tal extremo ha sido reconocido por la Demandada en numerosas ocasiones⁷⁴⁴.

534. La Demandante defiende que esta obligación es una obligación de carácter esencial porque asegura el interés económico de Gente Oil⁷⁴⁵, al ser condición sine qua non para que GOE pueda recibir la Tarifa⁷⁴⁶. La Demandante añade que ninguna “persona razonable” hubiera contratado con la Demandada de no haberse asegurado la recepción del crudo en el lugar asignado⁷⁴⁷.

⁷⁴⁰ Demanda, ¶ 249; Réplica, ¶¶ 62-63. ↩

⁷⁴¹ Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 66; citando Transcripción, Día 2, 274:24-25, (Al Sholy). ↩

⁷⁴² Réplica, ¶¶ 69-72; Contrato, cláusulas 8.3.11, 4.3.13, Anexo C-6. ↩

⁷⁴³ Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 15. ↩

⁷⁴⁴ Réplica, ¶¶ 76-80; Oficio Nro. SHE-2014-0226-OF, Secretaría de Hidrocarburos, 18 de febrero de 2014, p. 2, Anexo C-268; Oficio de la Secretaría de Hidrocarburos, No. SHE-2015-0105-OF, 11 de febrero de 2015, p. 5, Anexo C-94; Carta del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables a Petroamazonas EP y GOE, No. MERNNR-VH-2019-0070-OF, 6 de febrero de 2019, Anexo C-106. ↩

⁷⁴⁵ Réplica, ¶ 615; Demanda, ¶ 251. ↩

⁷⁴⁶ Réplica, ¶ 485. ↩

⁷⁴⁷ Demanda, ¶ 251. Ver también, Réplica, ¶ 620; Planiol, Marcel y Ripert, Georges, Tratado Elemental de Derecho Civil, Teoría General de los Contratos Especiales, Volumen V, Segunda Edición, 1991, p. 53, Anexo CLA-49. ↩

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535. La Demandante indica asimismo que la obligación de recibir el crudo es una obligación de resultado, en la que Ecuador se obligó a cumplir un objetivo claramente identificado, la recepción de la producción fiscalizada en la Estación Sansahuari⁷⁴⁸, y en la que el incumplimiento se acredita sin necesidad de probar la negligencia⁷⁴⁹. En todo caso, la Demandada alega que el incumplimiento contractual de Gente Oil fue deliberado⁷⁵⁰. Adicionalmente, la Demandante defiende que la obligación de recepción del crudo no tiene restricciones en cuanto a cantidad establecida en el Contrato⁷⁵¹.

536. La Demandante añade que no se trata de una obligación sometida a plazo, sino que está condicionada a la entrega del crudo por Gente Oil en el CFE⁷⁵². Por ello, sostiene que Ecuador estuvo en mora desde el momento en que debiendo recibir el crudo no lo hizo⁷⁵³.

ii. Razones del primer cambio de CFE a Tipishca

537. La Demandante señala que Gente Oil tuvo problemas para entregar el crudo en el CFE Sansahuari desde que se obtuvo la Producción Temprana en 2013, cuando Petroamazonas le comunicó a Gente Oil que “debía interrumpir la producción del [Campo Singue] por razones de índole operativo”⁷⁵⁴. La Demandante manifiesta que, ante dichos problemas, Gente Oil prestó colaboración de manera inmediata, instalando, primero, 10 tanques de almacenamiento de 500 barriles cada uno en el CFE Sansahuari y, segundo, solicitando autorización para entregar la producción en el CFE Tipishca⁷⁵⁵. La Demandante indica que, como consecuencia de ello, tuvo que transportar su producción hasta Tipishca mediante autotanques por un camino no

⁷⁴⁸ Réplica, ¶¶ 616-619; Contrato, cláusulas 8.2.5, 8.3.11, Anexo C-6. ↩

⁷⁴⁹ Réplica, ¶¶ 610, 450. ↩

⁷⁵⁰ Réplica, ¶ 611. ↩

⁷⁵¹ Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶¶ 19-21. ↩

⁷⁵² Réplica, ¶ 622. ↩

⁷⁵³ Réplica, ¶¶ 622-624; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1567.2, Anexo CLA-20; Arturo Alessandri Rodríguez, Derecho Civil, Teoría de las Obligaciones, (Ediciones Librería del Profesional. Bogotá, 1983), pp. 108-109, Anexo CLA-163; Fernando Fueyo Lanieri. Cumplimiento e Incumplimiento de Obligaciones. (Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1992), pp. 416 y 441, Anexo CLA-109. ↩

⁷⁵⁴ Demanda, ¶ 62. ↩

⁷⁵⁵ Demanda, ¶ 62; Carta del Consorcio DGC a la SH, 21 de mayo de 2013, ¶ 1.5, Anexo C-35; Declaración de Silvana Pástor, ¶ 23, Anexo CWS-2; Oficio de la Secretaría de Hidrocarburos, No. 2280-SH-SCH-ULG-2013, 3 de junio de 2013, p. 2, Anexo C-178. Sobre esta cuestión, ver también Escrito Post-Audiencia sobre Quantum de la Demandante, ¶¶ 71-73. ↩

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acondicionado, lo cual según la Demandante entrañaba riesgos ambientales y sociales⁷⁵⁶ y “cuantiosos costos adicionales” (vid Sección iv infra).

iii. Causa de las supuestas dificultades a la recepción del crudo en Sansahuari

538. La Demandante manifiesta que, tal y como ha aceptado la Demandada, como consecuencia de la actuación de Ecuador, un total de 1,32 millones de barriles entre junio de 2014 y enero de 2017 inclusive no pudieron ser entregados en el CFE Sansahuari y debieron ser entregados en la estación Mariann 4A Battery⁷⁵⁷.

539. En cuanto a las causas de tales dificultades, la Demandante sostiene que “lo que primero eran problemas temporarios del CFE asignado, luego se supo eran problemas estructurales relacionados al Ducto Principal por donde Ecuador transportaba la producción”⁷⁵⁸.

540. Primero, la Demandante (a) niega que las dificultades en la recepción del crudo fueran consecuencia del incremento de producción producido por las supuestas “actividades adicionales” de Gente Oil, como asegura la Demandada⁷⁵⁹. Por otro lado, la Demandante (b) señala que la perforación de pozos adicionales fue autorizada por Ecuador en todo momento con el objetivo de obtener una mayor producción, pese a conocer sus deficiencias de transporte⁷⁶⁰.

541. En su lugar, la Demandante defiende que las restricciones de transporte se debieron a (c) la negligencia de Ecuador en no mejorar su infraestructura de transporte⁷⁶¹; y (d) la decisión de Ecuador de priorizar la recepción del crudo de su propia empresa Petroamazonas y de terceros⁷⁶².

a. Impacto de las “actividades adicionales” de Gente Oil en la recepción del crudo

542. La Demandante sostiene que Ecuador rechazó la recepción del crudo del Campo Singue antes de que existiera producción proveniente de pozos adicionales al plan base establecido en el Contrato⁷⁶³. Además, de forma preliminar, la Demandante señala que la Estación Sansahuari fue

⁷⁵⁶ Demanda, ¶ 62; Oficio de la Secretaría de Hidrocarburos, No. SHE-2015-0105-OF, 11 de febrero de 2015, p. 3, Anexo C-94. ↩

⁷⁵⁷ Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 23; refiriéndose a Dúplica, ¶ 87. ↩

⁷⁵⁸ Demanda, ¶ 61. ↩

⁷⁵⁹ Réplica, ¶ 81; citando Contestación, ¶ 427. ↩

⁷⁶⁰ Réplica, ¶ 89; citando Contestación, ¶ 427. ↩

⁷⁶¹ Demanda, ¶¶ 249-250. ↩

⁷⁶² Demanda, ¶ 250. ↩

⁷⁶³ Réplica, Tabla de Contenidos, Sección II.D.2. ↩

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determinada como CFE en la etapa de licitación, antes de que Ecuador conociera cualquier oferta de los interesados⁷⁶⁴.

543. La Demandante indica que, al tiempo de la negociación del Contrato, se había estimado que la producción para el año 2014 sería de 418.753 barriles (es decir, un promedio a lo largo del año de 1.147 BPPD). Según la Demandante, ello “supone un pico de producción diaria muy superior a 1.140 BPPD si se considera la declinación natural que tienen los pozos”⁷⁶⁵. Adicionalmente, la Demandante afirma que la proyección del volumen de producción se basa en las actividades que la contratista debe realizar sólo como base⁷⁶⁶.

544. En todo caso, la Demandante sostiene que las deficiencias de transporte de Ecuador se manifestaron (i) en junio de 2013, cuando ni siquiera se había perforado el primer pozo de desarrollo de los comprometidos como base; y (ii) en 2014, antes de que se obtuviera producción de pozos no incluidos en las actividades de base.

545. La Demandante explica que, conforme al plan de actividades reflejado en el Anexo B del Contrato, Gente Oil se comprometió a (i) el reacondicionamiento del pozo Singue A-1; (ii) la perforación de dos pozos de desarrollo; (iii) la perforación de un pozo exploratorio; y (iv) la perforación de un pozo inyector que, según la Demandante, no tiene incidencia directa en el aumento de producción⁷⁶⁷. La Demandante aclara que el pozo exploratorio fue sustituido por la perforación de dos pozos de avanzada (Singue B-4 y Singue B-5), sustitución y perforaciones aprobadas por Ecuador⁷⁶⁸.

546. La Demandante afirma que, en cumplimiento de dicho plan, Gente Oil finalizó la perforación del último de estos pozos, el pozo Singue B-5, en agosto del 2014. No obstante, la Demandante señala que, en junio de 2013, Petroamazonas ya indicaba que “es necesario considerar la capacidad de bombeo actual” y que “[e]l incremento de producción proyectado por el Consorcio DGC para el Campo Singue en el año 2014 [...] eleva los volúmenes de transferencia posiblemente en 2.000

⁷⁶⁴ Réplica, ¶ 82. ↩

⁷⁶⁵ Réplica, ¶ 83; Memorando Secretaría de Hidrocarburos, No. 006-CCE-2012, 3 febrero 2012, p. 21, Anexo C-169. ↩

⁷⁶⁶ Réplica, ¶¶ 83, 630; Bases de Contratación para la Décima Ronda Petrolera, p. 5, Anexo C-156 (“[l]as contratistas estarán obligadas al cabal cumplimiento de las actividades e inversiones comprometidas en los planes mínimos de exploración [...]”) (énfasis en el original). ↩

⁷⁶⁷ Réplica, ¶ 84; Contrato, Anexo B, Anexo C-6. ↩

⁷⁶⁸ Réplica, ¶ 84; citando Contestación, ¶ 107. ↩

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BPPD adicionales, los cuales ya no se podrían transportar en las condiciones actuales”⁷⁶⁹. Adicionalmente, la Demandante indica que GOE debió entregar el crudo en Mariann 4A Battery ya en agosto de 2014, recién finalizado el pozo Singue B-5 y con un volumen de producción de 2.000 barriles promedio por día⁷⁷⁰.

547. La Demandante niega que la cláusula 4.3.13 del Contrato permita a Ecuador desentenderse de su obligación de asegurar la recepción del crudo en el lugar asignado en el Contrato y que le permita recibir el crudo proveniente del Bloque Singue, a su discreción, en cualquier CFE existente.

548. En primer lugar, la Demandante reitera que la cláusula 4.3.13 del Contrato establece que el CFE de la producción fiscalizada bajo el Contrato es el CFE Sansahuari⁷⁷¹. La Demandante sostiene que, conforme al artículo 1580 CC, los Contratos deben interpretarse “por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra”⁷⁷². La Demandante señala que, en este caso, ambas Partes han entendido que el CFE Sansahuari era el único en el que Ecuador debía recibir el crudo, como se evidencia por (i) el aseguramiento por Ecuador en la etapa licitatoria, en al menos dos ocasiones, de que el CFE Sansahuari era el único en el que Ecuador debía recibir el crudo⁷⁷³; y (ii) el reconocimiento “explícit[o] y en reiteradas ocasiones” por parte de Ecuador de su obligación de recibir el crudo en el CFE Sansahuari durante la ejecución del Contrato⁷⁷⁴. La Demandante añade que la interpretación de la Demandada deja sin efecto la frase “la Contratista someterá a consideración de la Secretaría”, lo cual es contrario al principio de interpretación del efecto útil, recogido también en el artículo 1580 CC⁷⁷⁵.

⁷⁶⁹ Réplica, ¶ 86; Oficio N. 4268-PAM-EP-GCY-2013, 26 de junio de 2013, p. 3, Anexo C-37. Sobre esta cuestión, ver también Declaración Testimonial de Khalil Boutros Al-Sholy, ¶ 26, Anexo CWS-1; Declaración Testimonial de Silvana Pástor, ¶ 24, Anexo CWS-2. ↩

⁷⁷⁰ Réplica, ¶ 87; Reporte Diario de la Producción Fiscalizada Gente Oil Ecuador Pte. Ltd. Del Bloque Singue entregado a Andes Petroleum Ecuador Ltd. en la Estación Mariann 4A Battery, Bloque Tarapoa, agosto 2014, Anexo C-269. ↩

⁷⁷¹ Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 42; Contrato, cláusula 4.3.13, Anexo C-6. ↩

⁷⁷² Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 43; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1580, Anexo CLA-20. ↩

⁷⁷³ Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 44; Respuestas a Preguntas Realizadas por las Compañías Inscritas en la Décima Ronda Petrolera, preguntas No. 25 y 24, Anexo C-267. ↩

⁷⁷⁴ Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 45; Oficio Nro. SHE-2014-0226-OF, Secretaría de Hidrocarburos, 18 de febrero de 2014, p. 2, Anexo C-268; Carta de Petroamazonas, Nro. Oficio-PAM-EPGCE-2014-03156, 15 de abril de 2014, Anexo C-179; Oficio de la Secretaría de Hidrocarburos, No. SHE-2015-0105-OF, 11 de febrero de 2015, p. 5, Anexo C-94; Correo electrónico del Subsecretario de Administración de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera, Alfonso Jiménez, 17 de abril de 2015, Anexo C-51. ↩

⁷⁷⁵ Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 46; Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 1580, Anexo CLA-20 (“[e]l sentido en que una cláusula puede surtir algún efecto deberá preferirse a aquél en que no sea capaz de surtir efecto alguno”). ↩

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549. Finalmente, la Demandante mantiene que la interpretación propuesta por Ecuador atenta contra el sentido económico del Contrato, ya que la contratista debe correr con los gastos de transporte hasta el CFE. La Demandante concluye que “no es económicamente razonable que Gente Oil negocie un Contrato, en donde, además de correr prácticamente con todos los riesgos, este otorga una facultad discrecional a Ecuador para decidir dónde debe entregar el crudo generando una incertidumbre sobre los costos de transporte hasta el CFE que designe la Demandada”⁷⁷⁶.

550. La Demandante defiende que la única interpretación razonable es que si Gente Oil encontrase crudo comercialmente explotable en otros sectores del Bloque Singue podría solicitar a Ecuador que autorice la construcción de un nuevo CFE que sea más conveniente por temas geográficos y de costos⁷⁷⁷.

551. En todo caso, la Demandante señala que la producción incremental de GOE no puede liberar a Ecuador de responsabilidad porque no constituye un supuesto de fuerza mayor⁷⁷⁸. En particular, defiende que (i) no es un hecho imprevisto, al haber sido Ecuador alertado con suficiente antelación del incremento de crudo; (ii) no es irresistible, porque Ecuador podría haber evacuado el crudo por otros medios y, pese a la supuesta imposibilidad respecto a la capacidad de transporte, continuó transportando el crudo de Petroamazonas “en cantidades muy superiores a las aceptadas a Gente Oil”⁷⁷⁹; y (iii) es un hecho que dependía de la voluntad de Ecuador, “pues estaba en sus manos mejorar las condiciones técnicas [...]” de la infraestructura de recepción del crudo⁷⁸⁰.

b. Conocimiento por Ecuador del incremento en los volúmenes de producción

552. La Demandante defiende que, tal y como exigen la ley y el Contrato⁷⁸¹, Ecuador aprobó la perforación de pozos de desarrollo en el Bloque Singue que derivaron en el incremento de los

⁷⁷⁶ Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 49. ↩

⁷⁷⁷ Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 50. ↩

⁷⁷⁸ Réplica, ¶ 641; citando Código Civil, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46, 24 de junio de 2005, art. 30, Anexo CLA-20. ↩

⁷⁷⁹ Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 38. ↩

⁷⁸⁰ Réplica, ¶¶ 642-645; en base a los elementos constitutivos de la fuerza mayor o el caso fortuito enumerados en Pablo Rodríguez Grez, Responsabilidad Contractual, (Editorial Jurídica de Chile Santiago 2005, p. 181, Anexo CLA-164. Ver también, Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶¶ 36-38. ↩

⁷⁸¹ Réplica, ¶ 91; Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, Acuerdo Ministerial No. MH-MH-2018-0001-AM, Registro Oficial No. 254, 2 de febrero de 2018, art. 38, Anexo C-270; Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, Acuerdo Ministerial N° MH-MH-2018-0001-AM, art. 38, Anexo C-34; Contrato, cláusula 18.3.2, Anexo C-6. ↩

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volúmenes de producción⁷⁸², pese a conocer sus deficiencias en el transporte del crudo⁷⁸³. Así, la Demandante indica que Ecuador autorizó:

(i) la perforación de los pozos Singue B2 y Singue B3 en julio y octubre de 2013⁷⁸⁴, después de haber informado de las limitaciones de capacidad del oleoducto Cuyabeno-Lago Agrio en junio de 2013⁷⁸⁵;

(ii) la perforación de los pozos Singue B-6, Singue B-7 y Singue B-9 entre junio y diciembre de 2014⁷⁸⁶, tras (i) mantener en noviembre de 2013 una reunión con el Consorcio DGC con el objetivo de analizar la capacidad de recepción de la producción y las proyecciones a futuro⁷⁸⁷; y (ii) reconocer nuevamente sus limitaciones en abril de 2014 y plantear la Solución Integral⁷⁸⁸.

553. Adicionalmente, la Demandante explica que la Ley de Hidrocarburos busca la maximización de la producción del crudo⁷⁸⁹ y, en la misma línea, el Contrato incentiva a la contratista a hacerlo⁷⁹⁰. Según la Demandante, ello ha sido reconocido por el propio Ecuador, a través de la Secretaría, así como por el perito presentado por la Demandada durante la Audiencia⁷⁹¹. La Demandante sostiene que, en consonancia con estas provisiones, la inversión realizada por GOE, que fue

⁷⁸² Réplica, ¶¶ 90, 632. ↩

⁷⁸³ Réplica, ¶ 96. ↩

⁷⁸⁴ Réplica, ¶ 93; Oficio-0106-SHE.SCH.UTE-2013, 9 de octubre de 2013, Anexo C-271; Oficio-3212-SH-SCH-UTE-DPF-2013 de 29 de julio de 2013, Anexo C-272. ↩

⁷⁸⁵ Réplica, ¶ 86; Oficio N. 4268-PAM-EP-GCY-2013, 26 de junio de 2013, p. 3, Anexo C-37 ↩

⁷⁸⁶ Réplica, ¶ 96; Oficio Secretaría de Hidrocarburos No. SHE-SCH_UTE-2014-2150-OF, 6 de agosto de 2014, Anexo C-275; Oficio Secretaría de Hidrocarburos No. SHE-SCH_UTE-2014-2166-OF, 6 de agosto de 2014, Anexo C-319; Oficio Secretaría de Hidrocarburos No. SHE-SCH_UTE-2014-3037-OF, 5 de noviembre de 2014, Anexo C-320. ↩

⁷⁸⁷ Réplica, ¶ 94; Oficio del Consorcio DGC, No. DGC-GOE_SP_2013-268 de 5 de diciembre de 2013, pp. 1 y 2, Anexo C-273. ↩

⁷⁸⁸ Réplica, ¶ 95; Carta de Petroamazonas, Nro. Oficio-PAM-EPGCE-2014-03156, 15 de abril de 2014, p. 4, Anexo C-179. ↩

⁷⁸⁹ Réplica, ¶ 73 citando Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 244, 27 de julio de 2010, Exposición de Motivos, Anexo C-8. ↩

⁷⁹⁰ Réplica, ¶ 73; Contrato, cláusulas 11.1, 5.3, Anexo C-6. Ver también, Transcripción, Día 2, 253:22-25, (Al Sholy). ↩

⁷⁹¹ Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 26; refiriéndose a Oficio de la Secretaría de Hidrocarburos, No. SHE-2015-0105-OF, 11 de febrero de 2015, p. 2, Anexo C-94; Transcripción, Día 3, 743:3-11, (Montesinos). ↩

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aprobada por Ecuador y que superó en más del 444% la inversión originalmente comprometida⁷⁹², permitió la extracción de más de 8.8 millones de barriles hasta enero de 2020⁷⁹³.

c. Supuesta negligencia de Ecuador en la mejora de su infraestructura de transporte

554. La Demandante defiende que la Demandada reconoció en varias ocasiones su responsabilidad por solucionar las deficiencias de evacuación del crudo. La Demandante señala que Ecuador le prometió a la Demandante una serie de obras o adecuaciones para solucionar dichas deficiencias, en particular, (i) la construcción de “loops” y estaciones intermedias de bombeo; (ii) la Solución Integral; (iii) la Solución Definitiva; y (iv) la construcción de la Estación Chiritza. No obstante, la Demandante manifiesta que esas soluciones nunca fueron implementadas⁷⁹⁴.

555. Primero, la Demandante explica que, para noviembre de 2013, Petroamazonas “le representó” a la Contratista que estaba evaluando, entre otras, la construcción de “loops” y estaciones intermedias de bombeo que permitirían alcanzar un volumen de transporte de “42.000 a 45.000 bls”⁷⁹⁵, y que lo mismo hizo en enero de 2016⁷⁹⁶. La Demandante asegura que dichas obras nunca fueron implementadas⁷⁹⁷.

556. Segundo, la Demandante indica que Petroamazonas recomendó, en abril de 2014, considerar la construcción de un nuevo oleoducto, en vista de los volúmenes de producción esperados del Bloque Singue y dada la antigüedad del Oleoducto Cuyabeno-Lago Agrio⁷⁹⁸. La Demandante explica que, en línea con tal recomendación, propuso la Solución Integral “para solucionar de forma definitiva las limitaciones de evacuación del Bloque Singue”⁷⁹⁹. La Demandante indica que, con ello, pretendía asistir proactivamente a la Demandada para que resolviese sus exclusivos problemas de infraestructura, pese a que no tenía ninguna obligación de hacerlo⁸⁰⁰. A continuación, la Demandante señala que, pese a que la Secretaría reconoció que la construcción

⁷⁹² Réplica, ¶ 75. En el mismo sentido, Réplica, ¶ 626. ↩

⁷⁹³ Réplica, ¶ 75; citando Contestación, ¶ 120. ↩

⁷⁹⁴ Réplica, ¶ 112. ↩

⁷⁹⁵ Réplica, ¶ 113; Carta de Petroamazonas, Nro. Oficio-PAM-EPGCE-2014-03156, 15 de abril de 2014, p. 4, Anexo C-179. ↩

⁷⁹⁶ Réplica, ¶ 113; Oficio de Petroamazonas EP para la Secretaría de Hidrocarburos, No. PAM-EP-GCY-2016-00908, 29 de enero de 2016, p. 2, Anexo C-181. ↩

⁷⁹⁷ Réplica, ¶ 113. ↩

⁷⁹⁸ Réplica, ¶ 103; Carta de Petroamazonas, Nro. Oficio-PAM-EPGCE-2014-03156, 15 de abril de 2014, p. 4, Anexo C-179. ↩

⁷⁹⁹ Réplica, ¶ 104; Oficio del Consorcio DGC, No. DGC-GOE-SP-2014-217, 14 de julio de 2014, Anexo C-180. ↩

⁸⁰⁰ Réplica, ¶ 104. ↩

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del ducto a Mariann 4A Battery obedecía “exclusivamente a la insuficiencia de capacidad de transporte para evacuar la producción del Bloque Singue”, responsabilidad del Estado⁸⁰¹, el MEF no asignó los recursos necesarios para reembolsar a la Contratista los recursos empleados para la construcción del ducto, frustrando así la Solución Integral⁸⁰².

557. Tercero, la Demandante afirma que, en abril de 2015, después de que el MEF hubiera “saboteado” la Solución Integral, Ecuador “le representó” a la Demandante que “PETROAMAZONAS EP construirá la interconexión del oleoducto Cuyabeno-Lago Agrio [...] hasta el [OCP]”⁸⁰³, con el mismo propósito que la Solución Integral, y asegurándole que recibiría en el CFE Sansahuari hasta 10.000 BPPD⁸⁰⁴. La Demandante sostiene que, pese a que (i) esta vez el Estado ecuatoriano admitió estar en mora de la obligación de recibir el crudo en el CFE Sansahuari⁸⁰⁵; y (ii) el compromiso fue ratificado por el Ministro de Hidrocarburos Pedro Merizalde⁸⁰⁶; el compromiso nunca fue cumplido⁸⁰⁷.

558. Finalmente, la Demandante señala que, en enero de 2016, Ecuador ofreció llevar a cabo otras acciones para solucionar las limitaciones del Oleoducto Cuyabeno-Lago Agrio, entre ellas, la construcción de una estación intermedia de transferencia: la Estación Chiritza⁸⁰⁸. La Demandante indica que esta no fue construida hasta dos años más tarde, en el tercer trimestre de 2018, y únicamente en beneficio de terceros⁸⁰⁹ (vid Sección d infra).

d. Supuesta prioridad al transporte del crudo de Petroamazonas y otros terceros

559. La Demandante indica que, según la Demandada, el “cronograma de aumento de la producción proyectada” de Gente Oil no permitió a Ecuador “absorber” la producción debido a “compromisos

⁸⁰¹ Réplica, ¶ 106; Oficio de la Secretaría de Hidrocarburos, No. SHE-2015-0105-OF, 11 de febrero de 2015, p. 5, Anexo C-94. ↩

⁸⁰² Réplica, ¶ 114; Letter from the Ministry of Finance to the Secretary of Hydrocarbons, Oficio MINFIN-DM-2015-0014, 14 de enero de 2015, p. 5, Anexo C-48. ↩

⁸⁰³ Réplica, ¶ 115; Correo electrónico del Subsecretario de Administración de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera, Alfonso Jiménez, 17 de abril de 2015, Anexo C-51. ↩

⁸⁰⁴ Escrito Post-Audiencia de la Demandante, ¶ 65; Correo electrónico del Subsecretario de Administración de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera, Alfonso Jiménez, 17 de abril de 2015, Anexo C-51. ↩

⁸⁰⁵ Réplica, ¶ 637. ↩

⁸⁰⁶ Réplica, ¶ 115; Informe Final, Disposición: Informe – Que Sucedió Verdaderamente con la Inversión Catari en Sector Petrolero (23476) enviado por el Ministro de Hidrocarburos a la Presidencia de Ecuador, 20 de abril de 2015, Anexo C-52; Demanda, ¶ 83. ↩

⁸⁰⁷ Réplica, ¶ 115. ↩

⁸⁰⁸ Réplica, ¶ 116; Oficio de Petroamazonas EP para la Secretaría de Hidrocarburos, No. PAM-EP-GCY-2016-00908, 29 de enero de 2016, p. 2, Anexo C-181. ↩

⁸⁰⁹ Réplica, ¶¶ 117-118. ↩

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de transporte previos”⁸¹⁰. La Demandante niega la veracidad de tal afirmación y señala (i) que Ecuador adquirió compromisos de transporte con terceros en 2015 y 2018⁸¹¹; y (ii) que Ecuador privilegió el transporte de la producción de Petroamazonas sobre la del Bloque Singue⁸¹².

560. Primero, la Demandante se refiere al acuerdo firmado entre Petroamazonas y Amerisur en junio de 2015 para el transporte del crudo de esta última por el SOTE⁸¹³. La Demandante explica que el acuerdo implicaba el transporte de 5.000 BPPD desde Colombia hasta Lago Agrio, empleando el ramal Cuyabeno Lago-Agrio, el mismo ducto por el que se evacúa la producción del Bloque Singue⁸¹⁴. La Demandante sostiene que la firma de dicho acuerdo proporcionó a Ecuador un ingreso económico adicional por barril transportado (el cobro de la tarifa por el uso del SOTE, ya que el crudo de Amerisur no es propiedad de Ecuador⁸¹⁵), una vez que se había desplazado el crudo del Bloque Singue a Mariann 4A Battery⁸¹⁶.

561. Adicionalmente, la Demandante indica que, en enero de 2018, Petroamazonas EP y Amerisur alcanzaron un nuevo acuerdo, que permitió a Amerisur llevar a cabo la construcción de la Estación Chiritza para “descongestionar” el Oleoducto Cuyabeno-Lago Agrio⁸¹⁷. La Demandante señala que el acuerdo incluía la obligación de Petroamazonas EP de reembolsar a Amerisur la inversión asociada y aseguraba a Amerisur la posibilidad de transportar su crudo en un volumen de hasta 9.000 barriles por el Oleoducto Cuyabeno-Lago Agrio⁸¹⁸. La Demandante sostiene que “es claro que estos compromisos [...] incidieron en las restricciones impuestas a la producción del Bloque Singue”⁸¹⁹. En este sentido, la Demandante señala que, en mayo de 2018, Gente Oil le solicitó a

⁸¹⁰ Réplica, ¶ 119; Contestación, ¶ 427. ↩

⁸¹¹ Réplica, ¶ 119. ↩

⁸¹² Réplica, ¶ 125. ↩

⁸¹³ Réplica, ¶ 122; Comunicado de Prensa de Petroamazonas EP, Petroamazonas EP firma acuerdo con empresa colombiana Amerisur Resources para transporte de producción por líneas ecuatorianas, 11 de junio de 2015, Anexo C-281. ↩

⁸¹⁴ Réplica, ¶ 122; Comunicado de Prensa de Petroamazonas EP, Petroamazonas EP firma acuerdo con empresa colombiana Amerisur Resources para transporte de producción por líneas ecuatorianas, 11 de junio de 2015, p. 2, Anexo C-281; Oficio No. 33586-TOL-2017 de Petroecuador a la ARCH, 22 de diciembre de 2017, p. 2, Anexo R-52. ↩

⁸¹⁵ La Demandante señala que no es posible establecer el monto exacto de la tarifa percibida por Ecuador, puesto que Ecuador evitó dar esa información, apelando a una “supuesta cláusula de confidencialidad”. Ver Réplica, ¶ 121, nota al pie 261. ↩

⁸¹⁶ Réplica, ¶¶ 120-121. ↩

⁸¹⁷ Réplica, ¶ 123; “Amerisur Resources Plc, Ecuador Update”, 22 enero 2018, RNS No. 4632C, Anexo C-280; Presentación Inversionistas, febrero 2017, pp. 14, 33, Anexo C-285. ↩

⁸¹⁸ Réplica, ¶ 123; “Amerisur Resources Plc, Ecuador Update”, 22 enero 2018, RNS No. 4632C, Anexo C-280. ↩

⁸¹⁹ Réplica, ¶ 124. ↩

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Ecuador que asegurase la recepción de 6.000 BPPD, a lo que Petroamazonas señaló que solo podía recibir hasta 4.000 BPPD⁸²⁰. La Demandante manifiesta que, para esa misma fecha, Petroamazonas transportó 4.000 BPPD de Amerisur⁸²¹.

562. Por último, la Demandante sostiene que Ecuador privilegió el transporte de la producción de Petroamazonas sobre la de Gente Oil. Como evidencia, la Demandante indica que, tanto en noviembre de 2013 como en enero de 2016, Petroamazonas EP dejó constancia de la limitada disponibilidad de volumen que asignaba a la Demandante, en comparación con la capacidad asignada a su propia producción⁸²².

563. La Demandante concluye que, dado que la capacidad del oleoducto Cuyabeno-Lago Agrio es de al menos 30.000 BPPD, Ecuador siempre pudo haber evacuado la producción del Bloque Singue⁸²³, pero decidió privilegiar la producción de su empresa, Petroamazonas, y la de terceros⁸²⁴ sobre la de Gente Oil⁸²⁵. Para la Demandante, ello es evidencia de un incumplimiento doloso⁸²⁶.

564. Con carácter general, la Demandante sostiene que “[l]as excusas que ha dado Ecuador para incumplir su obligación de recibir el crudo [...] no lo liberan de responsabilidad”⁸²⁷, pues estas no demuestran que el incumplimiento sea atribuible a (i) fuerza mayor o caso fortuito⁸²⁸; (ii) el hecho de un tercero⁸²⁹; o (iii) el hecho o culpa del acreedor⁸³⁰.

iv. Transporte de la producción mediante autotanques

565. La Demandante reconoce que, conforme al Contrato, la Contratista debía “construir o ampliar a su costo” un ducto que conectase el Campo Singue con el CFE Sansahuari⁸³¹. Asimismo, la

⁸²⁰ Réplica, ¶ 124. ↩

⁸²¹ Réplica, ¶ 124; Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, Producción Mensual Nacional de Petróleo Fiscalizado, Período Enero-Diciembre 2018, Anexo C-286. ↩

⁸²² Réplica, ¶ 125; Oficio del Consorcio DGC, No. DGC-GOE_SP_2013-268 de 5 de diciembre de 2013, Acta de Reunión entre representantes de Petroamazonas EP y el Consorcio DGC, p. 4, Anexo C-273; Carta de PAM a la SH, 29 de enero de 2016, p. 1, Anexo C-56. ↩

⁸²³ Réplica, ¶ 126. ↩

⁸²⁴ Réplica, ¶¶ 125-126, 633. Ver también Demanda, ¶¶ 87-88. ↩

⁸²⁵ Réplica, ¶ 126. ↩

⁸²⁶ Réplica, ¶ 633. ↩

⁸²⁷ Réplica, ¶ 638. ↩

⁸²⁸ Vid. ¶ 551 supra. ↩

⁸²⁹ Réplica, ¶¶ 646-648. ↩

⁸³⁰ Réplica, ¶¶ 649-653. ↩

⁸³¹ Réplica, ¶ 127; Contrato, cláusula 8.2.4, Anexo C-6. ↩

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Demandante explica que el Contrato prevé que, excepcionalmente, el crudo se entregue mediante autotanques, sólo para el caso de que se obtenga producción temprana antes de que la Contratista haya construido las instalaciones para el transporte de la producción⁸³².

566. La Demandante indica que, en consonancia con tales disposiciones, planificó la construcción del ducto secundario en el año 2013⁸³³. No obstante, la Demandante manifiesta que la construcción del ducto debió ser postergada para el año 2014 porque, durante ese año, en vista del cambio de CFE a Tipishca, “no se pudo definir dónde se establecer[ía] el [CFE] definitivo, lo cual afecta[ba] la definición del diseño y trazado definitivo de las facilidades permanentes”⁸³⁴. Consecuentemente, la Demandante señala que la instalación del ducto formó parte del programa de actividades y presupuesto del 2014, aprobado por Ecuador⁸³⁵.

567. La Demandante sostiene que, a fin de cumplir con su obligación contractual, el 15 de enero de 2014 Gente Oil entregó a Petroamazonas EP el estudio de factibilidad para la “línea de transferencia de crudo producido en el campo Singue”, que contemplaba la construcción del ducto hasta Sansahuari y el punto de conexión con el Oleoducto Cuyabeno-Lago Agrio⁸³⁶.

568. La Demandante manifiesta que la instalación del ducto tampoco se pudo llevar a cabo en 2014 porque Petroamazonas informó de que las restricciones del Campo Singue en el CFE Sansahuari continuarían y el crudo debía ser evacuado en Mariann 4A Battery⁸³⁷. Igualmente, la Demandante señala que la Solución Integral implicó postergar la conexión del ducto a Sansahuari.

569. La Demandante afirma que no sería hasta la Solución Definitiva que Ecuador finalmente confirmó que recibiría la totalidad de la producción en Sansahuari, lo que hizo que Gente Oil procediera finalmente con la conexión del ducto secundario con el CFE Sansahuari⁸³⁸. La Demandante indica

⁸³² Réplica, ¶ 127; Contrato, Anexo L, p. 5, Anexo C-6 ↩

⁸³³ Réplica, ¶ 128; Carta del Consorcio DGC a la Secretaría de Hidrocarburos No. DGC-NOB-2013-006, 18 de enero de 2013, p. 5, Anexo C-288. ↩

⁸³⁴ Réplica, ¶ 128; Carta del Consorcio DGC a la Secretaría de Hidrocarburos No. DGC-GOE-SP-2013-243, 31 de octubre de 2013, pp. 5, 7, Anexo C-289. ↩

⁸³⁵ Réplica, ¶ 129; Carta del Consorcio DGC No. DGC-NOB-2014-110, 14 de abril de 2014, p. 5, Anexo C-290. ↩